miércoles, 30 de mayo de 2012

Bruselas cree que la ley de estabilidad es insuficiente para controlar gasto regional

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha dicho este miércoles que la ley de estabilidad presupuestaria presentada por el Gobierno es un "paso positivo" pero insuficiente para controlar el gasto de las comunidades autónomas, a las que atribuye la responsabilidad de los desvíos en materia de déficit público de España en 2011.

   "La ley es un paso positivo, ya que obliga no sólo al parlamento nacional, pero también a los parlamentos regionales, a respetar la estabilidad presupuestaria", explica el Ejecutivo comunitario en su evaluación de las reformas españolas.
   "No obstante, la ley prevé un periodo de transición muy largo, hasta 2020. Es más, las partes preventiva, correctiva y coercitiva del nuevo marco presupuestario incluyen plazos relativamente largos y podrían ser insuficientes para garantizar una corrección a tiempo de desviaciones presupuestarias", resalta el Ejecutivo comunitario.
   Bruselas también critica que la ley no prevé la creación de una oficina presupuestaria "independiente".

El PSOE tacha de "incongruente" y "cínica" la postura del PP a favor de "abrir las puertas" de El Algarrobico

ALMERÍA.- El secretario provincial de Organización del PSOE de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha calificado de "incongruentes" y "cínicas" las palabras del secretario provincial del PP de Almería, Javier Aureliano García, quien ha afirmado este martes que al hotel de El Algarrobico "hay que buscarle las formas necesarias para que se convierta en un hotel legal y abrir las puertas", ya que, según el dirigente socialista, estas palabras "van en contra de sus actos y postura durante la campaña electoral de Javier Arenas" en las pasadas elecciones autonómicas andaluzas. 

    Pérez Navas ha incidido en que durante el periodo previo a las elecciones regionales el presidente del PP-A manifestó en repetidas ocasiones que con el PP "sería más fácil derribar" el hotel promovido por Azata del Sol situado en el paraje de Carboneras.
   Igualmente, se ha referido a las declaraciones sobre el inmueble efectuadas la pasada semana por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, quien señaló ante los portavoces de Ecologistas en Acción, WWF y Amigos de la Tierra que su Ministerio "no va a ser un obstáculo" si finalmente se decide demoler el hotel.
   Con esto, el secretario de Organización socialista almeriense ha considerado que las palabras de García son "demagógicas" en cuanto que "sabe que no van a ningún sitio" dado el volumen de sentencias judiciales que dicen "que hay de derribar tarde o temprano", por lo que le ha acusado de actuar a favor de los intereses de "grupos de presión en materia urbanística e inmobiliaria" así como del propio Gicar, partido independiente al que pertenece el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández.
   En este sentido, ha mostrado su "preocupación" por que cada martes la sede de la Diputación Provincial --lugar en el que García ha efectuado las declaraciones-- se convierta "en tres lugares a la vez: la sede del PP, una sede inmobiliaria y en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar", en relación al presidente de la institución y alcalde de la citada localidad, Gabriel Amat; también presidente del PP de Almería.
   "Pedimos un respeto para la institución, que conforman 103 municipios", ha dicho Pérez Navas, quien también ha exigido un "proyecto claro" para la provincia que se aleje de "presiones urbanísticas" e "intereses" similares. Igualmente, ha recordado que El Algarrobico aún está "en el ámbito del juzgado" como aspecto a tener en cuenta antes de realizar manifestaciones.

La Mancomunidad del Almanzora llevará a pleno la moción que aboga por la apertura del hotel del Algarrobico

VERA.- La Mancomunidad del Valle del Almanzora, integrada por 26 municipios, llevará a debate en su próxima asamblea la moción que aboga por reactivar el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras, y que recibió el pasado día 3 el apoyo unánime de las corporaciones locales de la Mancomunidad del Levante almeriense.

   Así lo ha indicado el presidente de la entidad y alcalde de Alcóntar, Antonio Ramón Salas, quien ha señalado que 16 de los regidores de la comarca --15 del PP y uno del Partido Socialista de Andalucía (PSA) ya le han trasladado su respaldo al escrito elaborado por el Ayuntamiento de Carboneras a la espera de que se pronuncien en pleno los primeros ediles del PSOE.
   Salas ha subrayado que comparte la tesis de que apostar por la demolición del hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones constituye un "disparate" y una "animalada" dado el grado de ejecución de la obra, que fue paralizada en 2005 a unos cuatro meses vista de su inauguración, y ha remarcado que su apertura supondría la creación de entre 450 y 500 puestos de trabajo.
   "Nos guste más o nos guste menos, ya está hecho y acabado, por lo que creo que repartiría  beneficios en toda la provincia y contribuiría a apuntalar un turismo de calidad", según ha asegura el regidor 'popular', para quien las bondades del establecimiento son "indudables".
   Al hilo de esto, ha considerado que la demolición del hotel de Azata del Sol "a día de hoy" generaría un "mayor impacto medioambiental en la zona", a su juicio, "irreparable y desafortunado" y, por lo tanto, derivaría en un "daño medioambiental de proporciones nunca vista en el litoral".
   Salas ha afirmado, asimismo, que la resolución del conflicto generado por esta obra haría que la provincia "dejase de estar en el punto de mira", además de "ahorrar una indemnización multimillonaria dado que cuando se construyó tenía el beneplácito de las administraciones implicadas".
   La Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense, integrada por 14 ayuntamientos de los que tres están gobernados por el PSOE, respaldó por "unanimidad" la moción de la corporación local de Carboneras (Gicar-PP) en la que se insta a alcanzar un acuerdo que "posibilite la conclusión y reactivación" del hotel de El Algarrobico en aras de la creación de "cientos de puestos de trabajo de forma inmediata en la construcción y otros muchos, a medio plazo y de forma estable, en el sector turístico" en la comarca.
   La citada moción, que recoge el sentir de "decenas de pymes y centenares de trabajadores de la zona que confían ante la que está cayendo" en poder superar con esta reactivación "la falta de actividad y el paro", sostiene que la Junta de Andalucía creó las "condiciones urbanísticas adecuadas con instrumentos de planeamiento urbanístico" para programar el desarrollo turístico del municipio "carente de infraestructuras hoteleras dignas" y que el polémico inmueble debía ser la primera consecuencia de ese plan.
   El escrito lamenta, asimismo, que "la paralización de la obra y la consiguiente y sistemática propaganda mediática hayan cortado de raíz esas posibilidades con perjuicios irreparables" y cuestiona que el derribo del establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones suponga la recuperación del entorno natural.
   En esta línea, señala que "no hay nada que recuperar porque realmente no hay nada" y se pregunta si existe "algún estudio técnico fiable que garantice la restauración medioambiental" ya que, según subraya, la "reversibilidad de espacio construido a natural ha sido descartada por todos los técnicos y expertos cualificados que han visitado la construcción".
   En concreto, alude como problemas la escasa consistencia del terreno, el tratamiento dado al cerro en bancadas para el asentamiento de la edificación escalonada, la disposición de los cimientos de la edificación anchos y profundos, la imposibilidad de efectuar recubrimientos artificiales por las pronunciadas pendientes y "sobre todo" la fuerte acción erosiva en esta zona del viento y las lluvias torrenciales, lo que, sumado --señala--, haría que persistiese tras la demolición "una imagen de ruinas a perpetuidad, antagónica con el fin ecológico y naturista perseguido".

IU pedirá al Parlamento andaluz proteger Marinas de Aguamarga y que recurra la decisiones que dañen el parque

ALMERÍA.- El grupo municipal de IU de Níjar ha anunciado este martes su intención presentar una propuesta a través de su grupo en el Parlamento andaluz para proteger Marinas de Aguamarga desde la Junta de Andalucía e instar a que se recurran las decisiones que "van a dañar" el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulara el nivel de protección ambiental dado a la zona en 2008 en el lugar en que se proyectaba la macrourbanización de 350 viviendas en parcelas de uso residencial y un hotel con 300 habitaciones, por lo que la zona vuelve a ser urbanizable.

   En un comunicado, la formación se ha mostrado en contra del resort, una "urbanización de lujo fuera de todo contexto y lejos del objetivo de desarrollo sostenible y turismo que necesita la provincia de Almería", según entiende el portavoz del grupo municipal de IU en Níjar, Alexis Pineda. Así, consideran que el Alto Tribunal andaluz "no ha tenido en cuenta la sentencia dictada anteriormente por el Tribunal Supremo en la que declaraba nula esa construcción en base al impacto ambiental".
   Para IU esta es "una mala noticia" pero, pese a ello, ha avanzado su propósito de instar "a organismos y colectivos a trabajar unidos para proteger este espacio y justificar esta protección".
 "IU no comparte este tipo de urbanismo, basado en la especulación y el 'ladrillazo' que va a dañar aún más nuestro medioambiente y buscaremos la colaboración necesaria para evitar que se ejecute esta sentencia y finalmente se construya la macrourbanización". Igualmente, esperan que el alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodriguez (PP), "cumpla con la sentencia anterior del Tribunal Supremo y respete la protección del paraje".

El PP aboga por buscar la forma de hacer "legal" El Algarrobico

ALMERÍA.- El secretario general del PP de Almería, Javier Aureliano García, ha afirmado este martes que al hotel de El Algarrobico "hay que buscarle las formas necesarias para que se convierta en un hotel legal y abrir las puertas" con lo que cree que sería una "aberración" demoler el establecimiento situado en la paraje de Carboneras ejecutado a más del 90 por ciento por la promotora Azata del Sol en lugar de ponerlo en marcha para crear "más de 300 puestos de trabajo". 

    García se ha pronunciado a favor de la apertura del hotel en apoyo a los alcaldes de los 14 municipios de la Mancomunidad del Levante de Almería, quienes respaldaron por unanimidad una moción del Ayuntamiento de Carboneras (Gicar-PP) para abrir el establecimiento y se defiende su "legalidad incuestionable" y que podría ser refrendada por los regidores de otros municipios almerienses.
   Así, el dirigente 'popular' ha apostado por "buscar las formas que sean más adecuadas" y que "estén dentro de los parámetros legales" para poner en marcha el hotel. "Hay que tener en cuenta que El Algarrobico tiene su licencia de obras" y "tiene una subvención tramitada por la Junta de Andalucía de no sé cuantos millones de euros para construirlo", ha defendido García, quien ha criticado que sea la propia Junta y los miembros del PSOE quienes "pongan pegas" cuando el hotel "está casi terminado".
   En esta línea, cree que los almerienses y los andaluces "no tienen que pagar el pato" de la "inseguridad jurídica que da la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras cuando estaba gobernado por el partido socialista" ante una posible demolición del inmueble que, según ha cifrado, estaría valorada en unos 300 millones de euros.
   García ha instado a "arreglar" la situación jurídica del hotel para "cumplir la normativa" y poder acondicionar el establecimiento a la vez que ha reclamado "mecanismos de control" a la hora de levantar edificaciones que impidan su destrucción si cuentan con todos los permisos y licencias. "Eso crea una inseguridad jurídica a los inversores en la comunidad autónoma", ha dicho el también vicepresidente de la Diputación de Almería, quien se ha referido a la demolición de la vivienda del matrimonio Prior en Vera como un derribo "que estamos pagando todavía".
   "Parece que estamos en una republica bananera", ha dicho García, quien ha achacado la situación de hotel a los dirigentes de la Junta y al anterior gobierno municipal de Carboneras al tiempo que ha respaldado "que se arregle de la manera que fuera la legalización" de El Algarrobico y que se intente "sentar a todas las partes" para que el inmueble pueda abrir al público y cree "riqueza".

Ecologistas acusa a la Junta de "ocultar" al TSJA un fallo firme que declara no urbanizable Marinas de Aguamarga

ALMERÍA.- La organización Ecologistas en Acción ha acusado a la Junta de Andalucía de "ocultar" al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la sentencia de diciembre de 2007 por la que se revocó en firme la calificación de suelo urbanizable del sector en el que se proyecta la macrourbanización 'Marinas de Aguamarga', en el parque natural de Cabo de Gata, y ha subrayado que la resolución del Alto Tribunal andaluz que deja la puerta abierta a su construcción "se basa en un hecho erróneo".

   "Lo grave de este caso es que la Junta andaluza y, por supuesto el promotor, han ocultado al TSJA un fallo firme del Tribunal Supremo que clasifica el sector SAU-AA5 no urbanizable", ha indicado en un comunicado el colectivo, que ha indicado sería "impensable" una sentencia a favor del residencial de 350 viviendas y un hotel de 300 habitaciones si la Junta "como en tantos otros pleitos, no hubiese ocultado datos fundamentales al tribunal".
   Cabe recordar que la resolución hecha pública el lunes en la que se anula la protección medioambiental de la que gozaba el paraje de Marinas de Aguamarga desde 2008 no hace alusión en ningún momento a este fallo del Supremo, que declaró nulas las Normas Subsidiarias (NNSS)del Ayuntamiento de Níjar con respecto a este sector urbanístico ya que tenían un informe desfavorable del Gobierno andaluz.
   Por este motivo, Ecologistas en Acción ha remarcado que el Alto Tribunal andaluz basa su sentencia en que el planeamiento urbanístico de Níjar recoge la zona como urbanizable, lo que "no es cierto", y hace referencia a que el nivel de protección ambiental como área de interés natural por uso forestal que se le dio al paraje en el Plan de Ordenacion de Recursos Naturales (PORN) del Cabo de Gata en 2008 se debe precisamente al citado fallo del TS. En su sentencia, en TSJA califica de "arbitraria" y "carente de razones" el cambio de categoría.
   Al hilo de esto, la organización conservacionista, que ha mostrado su rechazo "rotundo" a la legalización de "una mole de cemento en pleno corazón del parque natural" que se encontraba paralizada desde hace cuatro años, ha exigido al Gobierno andaluz que "explique públicamente los motivos" por lo que "ha ocultado esta resolución" al Alto Tribunal "ignorando" lo dicho por el Supremo.
   El TSJA ha anulado el nivel de protección ambiental dado por la Junta de Andalucía en 2008 al paraje del parque natural de Cabo de Gata-Níjar en el que se proyectaba la macrourbanización 'Marinas de Aguamarga' con 350 viviendas en parcelas de uso residencial y un hotel con 300 habitaciones, por lo que la zona vuelve a ser urbanizable.
   La sentencia del Alto Tribunal, contra la que no cabe recurso ordinario, estima de forma parcial el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la promotora al considerar que el cambio de calificación del sector conocido como SAU AA-5 de área urbanizable sin interés ambiental específico --D2-- a área natural de interés general y marcado carácter forestal fue "arbitraria" y carente de "razones".
   Señala, así, que la normativa ambiental en vigor desde su publicación en el BOJA en febrero de 2008 "no constan las razones por las que ahora se prevé que el desarrollo urbanístico sí afecta a hábitats naturales ni tampoco constan las especies naturales que motivaron la inclusión de este espacio en la Red Natura 2000 ya que carecían de interés ambiental específico cuando fueron considerados suelo urbanizable en la normativa de 1994 y en 2005, cuando fue redactado el proyecto de PORN actual"

Las empresas concesionarias de la Autovía del Almanzora asumen la inversión de Detea, en concurso de acreedores

ALMERÍA.- Las empresas miembro de la sociedad concesionaria Autovía del Almanzora S.A., cuyo objetivo es la construcción, conservación y explotación del tramo de la Autovía del Almanzora y la Autovía del Mediterráneo (A-7), han indicado este martes que asumen la inversión de la constructora Detea, participante en un 7,5 por ciento, después de que la misma anunciara la pasada semana que presentaba un concurso de acreedores voluntario en los juzgados de Sevilla. 

   Así lo han confirmado fuentes de la Junta de Andalucía después de que el delegado provincial de Obras Públicas en Almería, José Manuel Ortiz Bono, haya mantenido una reunión este martes en la sede de la Delegación con representantes de las empresas Meridian y Cintra (filial de Ferrovial), miembros de la sociedad concesionaria así como con miembros de la propia constructora andaluza Detea, que mantiene una deuda acumulada por impago de clientes "cercana a los 40 millones de euros", según la propia empresa.
   Ortiz Bono ha señalado que "durante el transcurso del encuentro ha quedado de manifiesto que en ningún caso, la situación de la citada constructora andaluza, que participa en la Unión Temporal de Empresas con un 7,5 por ciento, afectará al desarrollo del contrato. El proyecto sigue y seguirá avanzando, siendo la viabilidad del mismo exactamente igual que el día de la firma del mismo", ha precisado.
   La Junta suscribió el pasado mes de marzo el contrato de concesión administrativa para la construcción, conservación, mantenimiento y explotación del tramo de la Autovía del Almanzora citado anteriormente, que discurre exclusivamente por la provincia almeriense. La infraestructura supone una inversión de 123 millones de euros y las obras se iniciarán antes de que finalice el presente año, una vez concluya la redacción de los proyectos constructivos por parte de la concesionaria y sean aprobados por la Agencia de Obra Pública de la Junta.
   La firma del contrato con la sociedad concesionaria, denominada Autovía del Almanzora S.A, se efectuó después de la adjudicación el pasado 29 de diciembre del concurso de concesión mediante fórmulas de colaboración público privado a la oferta integrada por Meridiam, Acciona, Cintra (filial de Ferrovial) y las constructoras andaluzas Detea, Montealto y Felipe Castellanos. Dichas empresas constituyeron el pasado 2 de marzo la sociedad concesionaria, dotada de un capital social de 14,52 millones de euros, cuyo objetivo será la construcción, conservación y explotación del mencionado tramo.
   Esta sociedad dispone desde la firma del contrato de un plazo de ocho meses para concluir los proyectos constructivos de los nuevos tramos, una vez resuelto este trámite se podrá iniciar la construcción de la infraestructura, a finales de este mismo año. El periodo de ejecución, de acuerdo a su oferta, tiene un plazo de 36 meses, durante el cual se generará un empleo asociado de unos 2.000 puestos de trabajo.
   Una vez concluida la infraestructura, a finales de 2015 según las previsiones, la sociedad explotará durante un periodo de 30 años este tramo de autovía durante el que tiene previsto invertir, de acuerdo con su oferta, un total de 59,35 millones de euros (IVA incluido) en la conservación, reposición y operación de la infraestructura.

El TC admite el recurso del Gobierno a las oposiciones de docente en Andalucía

MADRID.- El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno de la Nación a la convocatoria de 2.389 plazas docentes en Educación Secundaria realizada por el Gobierno andaluz y que dejaba en suspenso la orden de la Consejería de Educación, según ha anunciado la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo.

   El Ejecutivo decidía el pasado 20 de abril impugnar la convocatoria de oposiciones presentando un conflicto positivo de competencias, cuando apenas faltaban dos días para que concluyera el plazo límite para el recurso, el 22 de abril, justo dos meses después de que se publicara en BOJA esta convocatoria docente.
   Según argumentaba el Gobierno de la Nación cuando anunció el recurso, el número de plazas convocadas "contraviene" las limitaciones que estableció el Real Decreto Ley de 30 de diciembre de 2011 que prohibió la incorporación de nuevo personal, salvo excepciones en servicios esenciales, y la posibilidad de incorporar personal docente, al fijar en un 10 por ciento la tasa de reposición de efectivos en el sector educativo.
   La delegada del Gobierno en Andalucía, que se ha mostrado convencida de que el TC dará la razón al Ejecutivo central, ha insistido en el error del Gobierno andaluz, que convocó las oposiciones con una tasa de reposición del 30 por ciento, cuando lo establecido por ley era del diez por ciento. "Y eso no es posible porque no se puede saltar la legislación a la torera", ha apuntado.
   De igual modo, Crespo ha animado a la Junta de Andalucía a que convoque otras oposiciones ajustándose a la ley, al considerar que ello es posible y que, en ningún momento, puede provocar "un caos jurídico". Además, ha recordado que hay otras comunidades, como es el caso de Madrid, que ha convocado oposiciones adecuándose al 10 por ciento de la tasa de reposición.