viernes, 4 de mayo de 2012

La Asociación de Militares critica los "contratos basura" de tropa y marinería

GIJÓN.- El presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, ha criticado este viernes  los "contratos basura" a los que están sometidos el personal de tropa y marinería, y ha reprochado que sean ellos, "eslabón más débil" de las Fuerzas Armadas en la protección de sus derechos, los que vayan a tener que soportar más recortes retributivos, de acuerdo al último anuncio del Gobierno Central.

   El representante de la asociación militar ha indicado que además también va a recaer sobre la tropa y marinería un recorte de personal de 2.000 efectivos, sin que se conozca los criterios que se van a seguir.
   Según él, quieren dejar este Cuerpo en 81.000 personas, en lugar de los 83.000 actuales, algo que se hará de forma "inminente", aunque ha sospechado que en el futuro habrá más. En el ámbito estatal, la tropa y marinería representa el 60 por ciento.
   Ha explicado, asimismo, que la tropa y marinería son los únicos "semifuncionarios" a contrato temporal y que en cualquier momento, sin que medie ningún procedimiento judicial, le pueden echar "simplemente porque cae mal a un jefe". En esta situación de contrato temporal pueden estar hasta los 45 años, mientras que el tope de inmigrantes es del 9 por ciento -ahora ronda un 7%--.
   Unido a ello, ha indicado que desde hace unos seis años los militares están imbuidos en dos leyes que les están "machacando", que son la Ley de Tropa y Marinería y la de la Carrera Militar, hechas de espalda a los propios militares y con desconocimiento de la verdadera problemática que tienen.
   La Ley de Carrera Militar frustró las expectativas que tenían "muy claras" de hasta dónde podían ascender, al establecer una nueva progresión para los militares que afecta "negativamente" a un 80 por ciento de los integrantes de las Fuerzas Armadas
   Ha destacado que en 2011, gracias al impulso de AUME, se aprobó la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas, por la que, entre otras cosas, se les reconoce el derecho a manifestarse y se les permite contar con representación en los órganos que les afectan.
   No obstante, ha reprochado algunos incumplimientos, como la constitución del órgano de interlocución con el Ministerio -Consejo de personal--, la creación del Observatorio de la vida militar y la modificación de la Ley de la Carrera Militar. "Son tres incumplimientos claros por parte del Gobierno de un mandato parlamentario", ha apostillado.
   Ha advertido sobre que "hay una clara intención por parte de los cuarteles generales de tratar de reducir e incluso anular el asociacionismo profesional". Como ejemplo, ha citado la creación de las llamadas Comisiones Técnicas, de forma paralela al Consejo de personal, y que emulan a unos antiguos consejos asesores de personal cuyo cometido era estudiar las quejas de los militares, pero que estaban controlados por los mandos, según él. "Ni las quejas ni las propuestas llegaban a ningún sitio", ha dicho.
   También ha mostrado su preocupación respecto a que la Subsecretaría de Defensa haya dictado unas recomendaciones para cómo hacer valer el derecho de reunión dentro de los cuarteles, cuando ya está regulado. Tratan de controlar de alguna forma estas reuniones, a su juicio, al dejar a criterio de los mandos el que pueda prohibirla o no autorizarla. "No nos quieren", ha dicho sobre el asociacionismo militar.
   Por todo ello, la asociación ha reclamado ser oídos por el Gobierno para poder aportar soluciones. "No entendemos que se nos empiece a ningunear", ha señalado, al tiempo que ha reprochado que los cuarteles generales sigan haciendo normativas que sean ataques directos al asociacionismo profesional mientras que a ellos se les sigue sin recibir. Es por ello, que no ha descartado el manifestarse si no se les atiende y escucha.

S&P rebaja la calificación de Andalucía


MADRID.-   La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) ha rebajado la calificación a nueve comunidades autónomas después de que la semana pasada recortara de 'A' a 'BBB+' el rating de España, según informó la agencia en un comunicado. 
   En concreto, S&P ha recortado en dos escalones las calificaciones de Madrid, Galicia, Canarias, desde 'A' a 'BBB+', así como las de País Vasco y Navarra, que pasan desde 'AA-' a 'A'. Por su parte, ha rebajado en tres escalones los ratings de Andalucía y Aragón, desde 'A' a 'BBB'.
   Asimismo, deja al borde de la categoría denominada 'bono basura' las calificaciones de Baleares, que baja tres escalones desde 'A-' a 'BBB-', y de Cataluña, que ha recortado en cuatro escalones, desde 'A' a 'BBB-'.
   En el informe sobre todas las autonomías excepto País Vasco y Navarra, S&P considera que la capacidad del Gobierno de prestar apoyo a las regiones en el largo plazo se ha "debilitado", en un contexto en el que espera una suave recesión en 2012 de la economía española y una "lenta actividad económica" hasta 2015.
   Asimismo, cree que las bases tributarias de las regiones, que ya se vieron afectadas por la recesión de 2009, es probable que sigan disminuyendo en 2012 y se enfrenten a un período de "crecimiento mediocre" en los próximos tres años.
   En el caso de País Vasco y Navarra, la agencia destaca que tienen perfiles crediticios "fuertes", pese a la "sustancial concentración de sus actividad económica en España", debido a su autonomía fiscal, su sólida gestión financiera, su moderadamente baja carga de deuda y sus economías altamente orientadas a las exportaciones. Por estos motivos, sus ratings son dos escalones superiores al de España.
   La agencia ha situado la perspectiva de las calificaciones de estas nueve autonomías, además de la de la Comunidad Valenciana, que mantiene en 'BB', en coincidencia con la perspectiva del rating de España ante el riesgo de que un comportamiento económico más débil de lo previsto afecte a sus perfiles de crédito.
   En concreto, cree que algunas comunidades autónomas podrían desviarse de los objetivos presupuestarios establecidos por el Gobierno central, lo que se traduciría en un peor comportamiento presupuestario y en una mayor acumulación de deuda, debido bien a un comportamiento económico más débil que reduzca los ingresos fiscales o bien a una pérdida de control de los gastos.
   Asimismo, la perspectiva negativa también refleja el riesgo de que los mecanismos de apoyo de liquidez y financiación establecidos por el gobierno central no funcionen de la forma que se espera.
   Por otra parte, la agencia también ha recortado en dos escalones la calificación de Vizcaya, desde 'AA-' a 'A', así como los de la provincia de Barcelona y las ciudades de Madrid y Barcelona, desde 'A' a 'BBB+'. La perspectiva de todas estas notas también es 'negativa'.

Fomento plantea un plan para "ganar eficiencia" en tren y aeropuertos

MADRID.- El Consejo de Ministros ha "abordado" un informe presentado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, sobre las "reformas estructurales" que prevé abordar en su Departamento en ámbitos como el transporte aéreo y el ferroviario, con el fin de "mejorar la eficiencia de estos servicios y ahorrar costes".

   Así lo indicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda posterior a la reunión del Consejo, en la que aseguró que el Ejecutivo no abordó "el asunto de las autovías", esto es, la eventual articulación de un peaje en estas carreteras para sufragar su mantenimiento.
   "No se ha abordado el asunto de las autovías y sí se han abordado asuntos de reordenación de servicios aeroportuarios y determinadas medidas para garantizar mayor seguridad jurídica en vivienda y alquiler", detalló la vicepresidenta.
   Según Sáenz de Santamaría, a partir de este informe, la titular de Fomento "irá presentando al Consejo de Ministros distintos proyectos normativos para mejorar la eficacia y racionalizar los ámbitos de su competencia", insistió.
   En relación a la eventual entrada de capital privado en la prestación de determinados servicios, se limitó a indicar que "se concretará cuanto se presenten dichos proyectos normativos", si bien apuntó que se abordará en línea "con lo habitual en estos sectores" y con lo que se viene realizando en otros países.  
   En cuanto al informe que Pastor llevó a la reunión del Consejo de Ministros de este viernes, la vicepresidenta indicó que versa "sobre reformas estructurales en el ámbito de su Departamento".
   "Una necesaria reordenación para ganar en eficiencia y en eficacia, y reducir costes en determinados servicios públicos de gran interés para los ciudadanos como pueden ser aeropuertos y servicios ferroviarios y en determinadas políticas, como la de la vivienda", explicó.
   "A raíz de este informe, el Ministerio de Fomento está trabajando en distintas normas que permitirán reformas estructurales en el ámbito de un Departamento crucial para ganar en eficiencia en la prestación de unos servicios públicos que debe hacerse con criterios de racionalidad y mayor eficacia de lo que se venía haciendo", concluyó.

Fomento presentará un proyecto de ley para el sector inmobiliario

MADRID.- El Ministerio de Fomento prevé tener listo "antes del verano" el anteproyecto de Ley de Regeneración Urbana y Fomento del Alquiler, un texto que abordará un conjunto de reformas destinadas a reactivar el sector de la vivienda, según anunció el secretario general de Infraestructuras, Gonzalo Ferre.

   Entre las medidas que prevé impulsar destaca la eliminación de "cargas injustificadas en materia de suelo y urbanismo", la supresión de "trabas" en la renovación y generación urbana, y el fomento del alquiler para garantizar el acceso a la vivienda.
   "Los instrumentos que Fomento tiene actualmente en materia de vivienda y suelo se han demostrado claramente insuficientes para la recuperación del sector y por ello resulta necesario un conjunto de reformas", detalló Ferre.
   Durante su intervención en la Comisión de Infraestructuras de la CEOE, el alto cargo de Fomento indicó que este cambio normativo irá acompañado con un nuevo Plan Estatal de Vivienda, para el que Fomento también reclamará la colaboración del capital privado.
   "Es preciso abordar medidas para reactivar el sector", indicó Ferre quien detalló que "desde que en 2007 se pinchó la burbuja especulativa" se construyen un 90% menos de viviendas, casi un tercio del actual parque de pisos tiene más de treinta años de antigüedad y existe un 'stock' de pisos sin vender de unas 700.000 viviendas.

Valderas afirma que el propio Sánchez Gordillo sabe que se ha "deslizado por un terreno que no es prudente"

SEVILLA.- El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha manifestado este viernes que el propio Juan Manuel Sánchez Gordillo, diputado autonómico de Izquierda Unida por Sevilla, sabe que "se ha deslizado por un terreno que no es prudente", en referencia a la decisión que adoptó ayer que de no votar sí a la investidura del socialista José Antonio Griñán como presidente de la Junta, rompiendo así la disciplina de voto de la federación de izquierdas.

   En declaraciones a los periodistas tras mantener una reunión con Griñán en el Palacio de San Telmo, Diego Valderas no ha querido aclarar qué tipo de medida se  podría imponer a Sánchez Gordillo por su decisión de romper la disciplina de voto, apuntando que es algo que corresponde abordar al grupo parlamentario y a la Comisión Ejecutiva de IULV-CA.
   Como se recordará, Sánchez Gordillo expresó ayer, en el momento en que le tocaba votar por llamamiento ante el Pleno de la Cámara, que no participaba en la votación de investidura "porque no puedo votar a mi candidato", lo que convertía este voto en "nulo".

Valderas garantiza que los futuros consejeros de IU-CA aportarán "solvencia y capacidad" al Gobierno andaluz

SEVILLA.- El coordinador de IULV-CA y futuro vicepresidente de la Junta andaluza, Diego Valderas, garantiza que los consejeros que Izquierda Unida tendrá en el Gobierno andaluz fruto del pacto con el PSOE-A, tres contándolo a él, es gente "muy cabal" que aportará solvencia y capacidad al Ejecutivo. 

   Valderas ha realizado estas declaraciones a los periodistas tras mantener una reunión, durante más de una hora en el Palacio de San Telmo, con el recién elegido presidente de la Junta en la IX legislatura, el socialista José Antonio Griñán, a quien ha trasladado la propuesta de nombres de los futuros consejeros de IULV-CA en el Gobierno andaluz.
   Diego Valderas no ha querido desvelar ante los medios de comunicación los nombres de los otros dos consejeros de IULV-CA, que serán, según han confirmado a Europa Press fuentes de la federación de izquierdas, Rafael Rodríguez, que estará al frente de la Turismo y Comercio, y Elena Cortés, al frente de Obras Públicas y Vivienda, consejería que podría denominarse finalmente de Fomento.    
   Ha querido dejar claro que corresponde al presidente hacer públicos los nombres de los consejeros de su Gobierno, algo que se producirá públicamente este sábado.
   No obstante, en cuanto a las características de los futuros consejeros de IULV-CA, ha señalado que son personas con un perfil de "solvencia, de gestión, político y de capacidad". Ha señalado que sobre todo tienen un perfil que es el que presidirá en el futuro Gobierno: es gente "muy cabal". Valderas tampoco ha querido confirmar el número de consejerías que finalmente tendrá el Gobierno andaluz.
   Según Diego Valderas, la reunión que ha mantenido con José Antonio Griñán, en la que ambos han estado solos, ha sido tremendamente "cordial, grata, muy sincera y de mucha y estrecha colaboración" sobre los pasos que a partir de ahora tiene que dar el nuevo Gobierno andaluz.
   Ha indicado que ambos han abordado algunos "flecos" que quedaron pendientes en la negociación que llevaron a cabo PSOE e IU, confiando en que se resolverán bien. Dichos flecos, según ha explicado, se refieren a cómo perfilar adecuadamente algunos elementos de denominación y acerca de algunas responsabilidades residenciadas en el marco de la vicepresidencia que él ostentará.
   Valderas ha confiado en que el decreto sobre el Gobierno lleve aparejado todo lo que han abordado porque eran cuestiones "superables". No ha querido dar más detalles al respecto porque es algo que corresponde al presidente.  
   Para el dirigente de IU-CA, a partir de ahora se trata de caminar desde la colaboración más estrecha para servir de la forma más útil a los andaluces.
   Ha estimado que a la mayor brevedad habrá que establecer un calendario oportuno de todo lo que significa el desarrollo y cumplimiento del importante acuerdo programático que PSOE e IU ofrecen a los andaluces, sabiendo que va a ser un instrumento fuerte para esa Andalucía que marca un nuevo tiempo político.
   Ha aprovechado para poner en valor, al hilo de los datos del paro conocidos este viernes, que hay datos positivos que ponen de manifiesto que Andalucía crece en este momento y aporta al crecimiento del empleo en el país "más que nadie". Ha manifestado que esta es una tarea colectiva del conjunto del país, apuntando que no sería correcto plantear que ese tema solo corresponde a la acción de la comunidad, aunque se ha mostrado convencido de que en gran medida es así y a que posiblemente haya un nuevo "tiempo político de ilusión" que lo empezó a marcar el 25 de marzo.    
   En este nuevo camino, según ha trasladado Valderas a Griñán, hay que poner "muy en valor todo lo que representa ese caudal positivo y humano que tiene la administración andaluza" y hay que ser capaces de situarlo en el máximo valor para ponerlo a la máxima disposición de los ciudadanos. Ha explicado que cuando uno entra en la gestión de un gobierno, tiene que saber aplicar y diseñar las políticas necesarias y ser consciente de que un sostén importante de esas políticas son los funcionarios y la función pública.

IU se queda con la vicepresidencia y tres consejerías en Andalucía

SEVILLA.- Diego Valderas, Rafael Rodríguez y Elena Cortés serán los tres representantes de IULV-CA en el nuevo Gobierno andaluz de coalición presidido por el socialista José Antonio Griñán, según han informado hoy fuentes de la federación de izquierdas.

   El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, será vicepresidente de la Junta y estará al frente de la Consejería de Gobernación, que se quedaría sin las competencias de Justicia y podría pasar a denominarse Política Institucional.
   Por su parte, el malagueño Rafael Rodríguez, que llegó a ser portavoz adjunto de IULV-CA en el Parlamento en la IV legislatura, será el nuevo consejero de Turismo y Comercio, mientras que la cordobesa Elena Cortés, responsable de Política Institucional de IULV-CA, se situará al frente de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, que podría pasar a denominarse Fomento.
   Rodríguez es consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía a propuesta de IULV-CA desde septiembre del año 2004 y ahora deberá renunciar a esta responsabilidad para incorporarse como consejero al Gobierno andaluz, en el que volverá a coincidir con Valderas, con el que ya compartió grupo parlamentario en la legislatura de la 'pinza', en la que el actual coordinador general de IULV-CA ocupó la Presidencia de la Cámara autonómica.
   También cuenta con experiencia de gestión conjunta con el PSOE-A porque ya fue vicepresidente de la Diputación de Málaga bajo presidencia socialista.
   Elena Cortés, de 39 años de edad, ha sido concejal en el Ayuntamiento de Córdoba durante los mandatos de Rosa Aguilar y, con posterioridad, portavoz de IULV-CA en la Diputación Provincial de Córdoba. Además fue miembro de la Asamblea General de CajaSur.

El Gobierno recupera las competencias sancionadoras en las cuencas hidrográficas

MADRID.- El Consejo de Ministros ha derogado la anterior normativa en materia de agua y ha aprobado un Real Decreto Ley que establece que será el Estado el que asuma "directamente" las competencias de policía hidráulica en las cuencas hidrográficas intercomunitarias con el objetivo de conseguir una gestión "mucho más eficiente en materia de agua".

   Según ha informado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es el Estado "para evitar duplicidades y solapamientos", el que asume las competencias también en el procedimiento sancionador, ya que, según ha insistido esta ha sido "siempre" una competencia del Estado.
   Concretamente, ha precisado que se deroga la normativa anterior en materia de agua y se establece que será el Estado el encargado de asumir "íntegramente" la gestión y las competencias de policía hidráulico en las confederaciones hidrográficas de las cuencas hidrográficas intercomunitarias.
   En este sentido, ha recordado que el pasado mes de marzo, el Tribunal Constitucional "dejó sentado" el principio de unidad de cuenca, especialmente en las intercomunitarias, que pasan por distintas comunidades autónomas. A raíz de esta sentencia, ha dicho que el Gobierno anterior aprobó un RDL que permitía a las comunidades autónomas asumir las competencias de gestión del dominio público hidráulico en aquellas cuencas intercomuntiarias, lo que significaba  que cada comunidad autónoma asumía competencias de policía hidráulica, fundamentalmente sancionadoras, en la parte de la cuenca que correspondía a su territorio.
   Sin embargo, Sáez de Santamaría ha subrayado que para el Ejecutivo "es más necesario que nunca" que en el ámbito de organización territorial del Estado se proceda a una "clara delimitación de competencias" entre las distintas administraciones a fin de ser eficientes y, en la medida de lo posible, garantizar la unidad de mercado, evitar los solapamientos y duplicidades y una "mayor eficiencia y eficacia" en beneficio de los ciudadanos.
   La vicepresidenta ha manifestado que se trata de "no multiplicar costes por 3, lo que evitará muchos problemas a los ciudadanos y ahorrará mucho dinero al Estado".
   Así, ha añadido que el Real Decreto tiene "mucho que ver" con la necesidad de lograr una gestión "más eficiente" de las aguas y evitar procedimientos sancionadores en el ámbito medioambiental con duplicidades y para evitar la ruptura de la unidad de mercado que va en perjuicio de los ciudadanos y de la calidad del medio ambiente.
   Además, ha dicho que el Gobierno estima que el agua es un "recurso escaso" y que es un dominio público "de todos los españoles", por lo que el Estado asume "todas las funciones de policía en la gestión de las confederaciones hidrográficas.
   "De acuerdo con el principio de unidad de cuenca establecido por la Constitución, entendemos que debe ser el Estado para evitar duplicidades, solapamientos, actuaciones contradictoras o diferentes en algo como el procedimiento sancionador del mal uso del agua quien asuma íntegramente esa gestión de policía en las confederaciones hidrográficas", ha sentenciado.
   Por otro lado, la vicepresidenta ha explicado que el Real Decreto también simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta "especialmente" a la Red Natura 2000 para que los usuarios y municipios "tengan claras" las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.
   Esta modificación que se incluye en el Real Decreto Ley pretende evitar "duplicidades y solapamientos" que estaban perjudicando a la gestión municipal y de los usuarios en las zonas protegidas, ya que en un mismo espacio natural se podían dar a la vez distintas figuras de protección, lo que provocaba una "gran complejidad" sobre el régimen jurídico aplicable o la administración competente en su gestión.
   "El Real Decreto Ley establece una coordinación de todas esas calificaciones con participación de los municipios afectados en la calificación y la gestión que puede hacerse", ha apuntado.
   Por otro lado, Sáez de Santamaría ha manifestado que el Real Decreto Ley "abre la senda" a la simplificación de los procedimientos administrativos en garantía de la unidad de mercado.
   De este modo, ha dicho que este es el caso "paradigmático" de los residuos, y ha puesto de ejemplo que un traslado de residuos que pasara por varias comunidades autónomas, necesitaba permiso notificado de la comunidad autónoma de salida y de llegada, un procedimiento que considera "complejo" para el traslado de residuos dentro del espacio español, lo que supone "múltiples dificultades" para empresas, usuarios o quienes llevan a cabo la gestión ordinaria de ese traslado, a la hora de obtener las autorizaciones de los sistemas colectivos o de responsabilidad ampliada del productor.
   Con el nuevo texto, se modifica también la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para "simplificar y reducir" las cargas administrativas que estaban provocando "incertidumbre e inseguridad" en la aplicación de la norma.
   Concretamente las principales modificaciones que se refieren a este ámbito son las relativas a los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), con el objetivo de evitar "imprecisiones, incoherencias e interpretaciones ambiguas" de la normativa. Por ello, se modifica su redacción y se precisa el alcance de la aplicación de los SDDR.
   Asimismo, se establece en los casos en los que las características del residuo, sus dificultades de valorización o eliminación o el incumplimiento de los objetivos de gestión determinen que la aplicación de estos sistemas resulte la más adecuada.
   En cuarto lugar, el Real Decreto Ley adapta también la normativa para la subasta de derechos de emisión, con lo que se reforma la Ley del Mercado de Valores con el objetivo de adaptar la normativa española a la europea y permitir de este modo el nuevo sistema de subasta de derechos de emisión de CO2.
   Finalmente, la adaptación normativa impulsa el acceso de las empresas españolas al futuro sistema de reparto de emisiones de una manera "competitiva e igualitaria" con el resto de Europa, todo ello en el marco del objetivo general de lucha contra el cambio climático.
   Las primeras subastas de derechos de emisión comenzarán durante el segundo semestre de 2012, aunque cobrarán mayor importancia a partir de 2013. La UE en su conjunto subastará en 2012 un volumen de 120 millones de derechos de emisión, de los cuales a España le corresponde subastar algo más de 10 millones.

El Gobierno convoca a las CC.AA. para analizar sus planes de ajuste

MADRID.- La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado que el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiero (CPFF), en el que se analizarán los planes de ajuste económico y financiero de cada una de las comunidades autónomas, se reunirá "probablemente el 16 de mayo" y, en todo caso, en esa semana.

   En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría reiteró que las comunidades autónomas "tienen que ser muy responsables en el objetivo común de salir de la crisis" y, para ello, "deben cumplir los objetivos de déficit", que obligan a reducirlo al 1,5% en 2012.
   Todas las comunidades autónomas han cumplido hasta ahora con su obligación de entregar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sus planes de ajuste y lo han hecho en tiempo y hora, antes de las 00:00 del pasado 30 de abril.
    Ahora habrá que ver si estos planes son suficientes para situarlas en la senda de cumplimiento de los objetivos o si, por el contrario, el Gobierno pone en marcha el engranaje previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que en última instancia contempla la posibilidad de intervenciones ya en el mes de septiembre.
   Fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro aseguraron que los gobiernos autonómicos al completo han pedido al Gobierno ayuda para confeccionar estos planes y han descartado que haya que poner en marcha estos mecanismos de intervención forzosa.
   De ello se desprendería que Hacienda espera dar el visto bueno a todos los planes. De hecho, el Gobierno cree que entre los 10.000 millones de ahorro que se recogen en estos planes y los 10.000 millones adicionales por los recortes en sanidad y educación, las comunidades autónomas tienen capacidad financiera para cumplir con esos objetivos de déficit.
   Sin embargo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha recordado esta semana a las comunidades autónomas que en caso de no poder hacer frente a estos compromisos pueden recurrir al mecanismo voluntario recogido en las misma Ley de Estabilidad para pedir ayuda especial al Gobierno, lo que en la práctica supone una intervención voluntaria.

Salir de la austeridad / Ignacio Ramonet *

“La mejor fortaleza de los tiranos,
 es la inacción de los pueblos”

Maquiavelo

Como una sensación de asfixia. Es lo que padecen muchos ciudadanos en varios países de la Unión Europea (UE), afectados por tanta reducción, tanto recorte y tanto ajuste. Una sensación agudizada por la comprobación de que la alternancia política no modifica la “furia austeritaria” de los gobernantes. 

En España, por ejemplo, a una sociedad vapuleada por las brutales ­medidas de ajuste adoptadas a partir de mayo de 2010 por el Presidente (socialista) José Luis Rodríguez Zapatero, el candidato del conservador Partido Popular (PP) Mariano Rajoy prometió, durante la campaña de las elecciones generales del pasado 20 de noviembre, el “cambio” (1) y “devolver la felicidad”. Venció con mayoría absoluta. Pero nada más tomar posesión de su cargo, emprendió a su vez la más agresiva operación de recortes sociales de la historia reciente de ­España.

Lo mismo ocurrió en otros Estados; en Grecia, por ejemplo, o en Portugal. Recordemos que, en este país, en junio de 2011, el socialista José Sócrates, después de imponer cuatro impopulares programas de “disciplina fiscal” y aceptar un no menos detestado plan de rescate de la troika (2), perdió las elecciones. Pero el vencedor conservador, Pedro Passos Coelho, ­actual Primer Ministro, muy crítico antes con las políticas de recortes de los socialistas, no tardó en afirmar, una vez elegido, que para cumplir con las exigencias de la UE, su objetivo era “aplicar una dosis aún mayor de austeridad” (3)...

¿De qué sirven entonces las elecciones si en lo esencial, o sea las políticas económicas y sociales, los nuevos gobernantes hacen lo mismo (incluso en peor grado) que los precedentes? Quienes se hacen esta pregunta dudan, de hecho, de la democracia. En el marco de la Unión Europea, se ha perdido el control ciudadano sobre una serie de decisiones que determinan la vida de la gente. En realidad, las exigencias –prioritarias– de los mercados están limitando seriamente el funcionamiento democrático. Muchos gobernantes (de izquierda y de derecha) están convencidos de que los mercados tienen siempre razón. Y de que el problema, según ellos, es precisamente la democracia, el debate público. Prefieren inversores competentes a “electores inconscientes”.

Por su parte, los ciudadanos tienen el sentimiento de que, dictada por los mercados, existe en Europa hoy una agenda oculta con dos objetivos concretos: reducir al máximo la soberanía de los Estados y desmantelar por completo el Estado de bienestar. Si quedan dudas a este respecto, basta leer las recientes declaraciones de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), en las que afirma: “El modelo social europeo está muerto y quien dé marcha atrás en los recortes presupuestarios provocará una sanción inmediata de los mercados (...) En cuanto al Pacto Fiscal europeo (4), se trata en realidad de un avance político mayor porque gracias a ese tratado los Estados pierden una parte de su soberanía nacional” (5). Más claro, imposible.

En realidad vivimos en una suerte de despotismo ilustrado en el que la democracia se define menos por el voto o por la posibilidad de escoger, que por el respeto de reglas y tratados (Maastricht, Lisboa, MEDE (6), Pacto Fiscal) adoptados ­hace tiempo o en vías de rati­ficación ante la indiferencia ­general, y que resultan verdaderas cárceles jurídicas sin posible evasión.

De ahí, de nuevo, las preguntas de tantos ciudadanos defraudados: ¿sirve de algo votar, si estamos condenados a elegir gobernantes cuya función consistirá en aplicar reglas y tratados definidos una vez por todas? (7).

Tenemos un caso de “disimulación democrática” ante los ojos: ­precisamente el del Pacto Fiscal europeo. ¿Por qué no existe un debate público sobre este Pacto, actualmente en vías de adopción, que va a condicionar la vida de millones de ciudadanos? Como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) del que depende, ese Pacto constituye un ataque brutal contra los derechos de los ciudadanos. Obligará para siempre a los Estados firmantes (entre ellos España) a reducir gastos sociales, salarios  y pensiones. Priorizará además la autoridad de la Unión Europea sobre las ­políticas presupuestarias de los ­Estados miembros. Y limitará las competencias de los Parlamentos nacionales, restándoles soberanía y convirtiendo a veces a algunos países en meros protectorados europeos (8).  

¿Se puede salir de semejante situación? Las elecciones presidenciales en Francia abren quizás una perspectiva. No tanto por los millones de electores que, hartos y desesperados, votaron por una extrema derecha antieuropeísta y xenófoba. Sino porque el propio candidato socialdemócrata François Hollande –favorito según todas las encuestas–, ha prometido, a ese respecto, cambiar las cosas. 

Consciente de que la elección del presidente de Francia afecta el curso de Europa, Hollande exige, en particular, añadir al Pacto Fiscal un paquete de medidas de estímulo, solidaridad y crecimiento. Y también que el BCE baje los tipos de interés y preste directamente a los Estados (y no a los bancos privados) para abrir de inmediato la senda de la recuperación. 

Aunque los cambios demandados son mínimos y sin duda insuficientes, Hollande se opone a la canciller alemana Angela Merkel y al Bundesbank, quienes dictan en realidad las políticas económicas y financieras de la UE. Pero el socialista francés precisó que si Alemania no aprueba estas modificaciones, Francia no ratificará el Pacto Fiscal.

¿Qué pasará si, una vez elegido, Hollande mantiene su idea de sacar a Europa de la “opresión austeritaria” y de la recesión, impulsando reformas estructurales y estimulando el crecimiento? Dos cosas pueden ocurrir. Primera posibilidad: los mercados, como avisó Mario Draghi, atacan de inmediato a Francia y la ponen contra las cuerdas; Hollande se acobarda,  da marcha atrás, acaba inclinándose como sus amigos socialdemócratas Zapatero, Sócrates y Papandreu ante la especulación y se convierte a su vez en el líder de izquierda más impopular de la historia de Francia.

Segunda posibilidad: sabiendo que en la UE nada se puede hacer sin Francia, segunda economía de la zona euro (y quinta del mundo), Hollande mantiene su posición y la radicaliza.  Decide  apoyarse en la movilización de las fuerzas populares europeas (empezando por las del Frente de Izquierda de Jean-Luc Mélenchon), recibe el soporte de muchos gobiernos europeos partidarios asimismo de políticas de estímulo y de crecimiento; ­consigue modificar la línea del BCE-Bundesbank. Y acaba por demostrar que cuando, en una democracia, el mandato del pueblo coincide con una firme voluntad política no hay objetivo que no se pueda alcanzar.

(1) “Súmate al cambio” fue su lema de campaña, copiado del que utilizó el Presidente chileno Sebastián Piñera (derecha) en su carrera electoral victoriosa de 2010.
(2) Constituida por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional.
(3) Jornal de Noticias, Lisboa, 29 de febrero de 2012. Las políticas austeritarias de Passos Coelho están conduciendo a Portugal a una catástrofe social semejante a la de Grecia; el 15% de la población activa está sin empleo (35% de los jóvenes), 25% de los portugueses se halla bajo la línea de la pobreza, y se calcula que, este año,  la recesión será del 3,3%. En los últimos seis meses ha habido ya dos huelgas generales: el 24 de noviembre de 2011 y el 22 de marzo de 2012.
(4) Impulsado por Alemania, el Pacto Fiscal o Tratado para la Estabilidad, la Coordinación y la Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, fue firmado el 2 de marzo de 2012 en Bruselas, con la excepción del Reino Unido y de la República Checa, por 25 Estados de la UE. Obliga a cada país firmante a incluir en su Constitución un límite de déficit estructural del 0,5% y contempla sanciones automáticas para quienes sobrepasen el 3%. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2013.
(5) The Wall Street Journal, Nueva York, 23 de febrero de 2012.
(6) Mecanismo Europeo de Estabilidad, organismo intergubernamental creado por el Consejo Europeo (los 27 jefes de Estado y de gobierno de la UE) en marzo de 2011. Entrará en vigor el 1 de julio de 2012. Sustituye al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF).
(7) Léase: Christophe Deloire, Christophe Dubois, Circus politicus, Albin Michel, París, 2012.
(8) Léase: Ignacio Ramonet, “Nuevos protectorados”, Le Monde diplomatique en español, marzo de 2012.

Del endeudamiento insostenible a los presupuestos inviables / Ángel Tomás Martín *

La reciente aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, sin que haya existido voluntad unánime de debate constructivo, tan necesario como exigía la peor crisis económica española soportada en el último medio siglo, y que desde el último trimestre del 2007 viene progresivamente agravándose y en recesión, no ha resuelto ni va a corregir el desorden en el funcionamiento de los mercados, las valoraciones de los activos, la regeneración y potenciación de las Entidades de Crédito, la reactivación de la economía y de la actividad laboral, la balanza negativa comercial y el imprescindible incremento de la actividad exportadora y expansión internacional.

Pero es aún más grave desaprovechar los espacios de bonanza y optimismo colectivo e invertir, gastar, y administrar de manera indiscriminada y, casi siempre sin talento. Hemos olvidado durante demasiado tiempo los errores cometidos en las últimas crisis del siglo pasado, consintiendo políticas económicas torpes y egoístas, despreciando el obligado "equilibrio presupuestario" y el de las cuentas Públicas, que nos han llevado al actual estado de deterioro interno y exterior. No hemos sabido librarnos de los mal llamados "talentos de la política económica", que solo albergaban grandes dosis de pretenciosa vanidad, sin asumir la gran responsabilidad que se les otorgaba.

Obligados por la necesidad inaplazable de un cambio de ciento ochenta grados que pueda salvarnos del precipicio a cuyo borde nos encontramos, se han adoptado medidas previas urgentes para hacer posible el gran cambio de medidas estructurales armónicas con la economía global de la que formamos parte. Todo ello, obliga a volver a una escrupulosa disciplina presupuestaria, cuya confección entraña un problema de dificilísima solución integradora: EL ENDEUDAMIENTO GIGANTESCO INASUMIBLE, (ni a corto ni a medio plazo), CON UN PRESUPUESTO DE INGRESOS POSIBLE, que aun en el caso del mayor optimismo recaudatorio, no podrá cumplirse en el estado de recesión en que nos encontramos. Tengamos presente que una solución basada solamente en la presión fiscal dura, ni recaudará más, ni propiciará el crecimiento económico. Solo el progreso de la economía puede permitir el crecimiento del Presupuesto de Ingresos.

No es posible en el corto espacio de este artículo hacer un análisis profundo de los recientemente aprobados Presupuestos Generales del Estado, pero intentaremos en un esfuerzo de síntesis, demostrar, a nuestro juicio, la incompatibilidad de su contenido con la atención al servicio de la deuda pública, considerando el notable incremento del pago de intereses, en el marco del deterioro de la calificación de las agencias, y la angustiosa prima de riesgo. En suma, teniendo en cuenta las dificultades crediticias que ya encontramos en los mercados financieros.

El crecimiento de stock de deuda pública es explosivo. En 2008 partimos de 456.000 millones de € y que ha venido incrementándose, año tras año, hasta alcanzar 849.000 millones de € en el 2011, más la de este año, no inferior a 50.000 millones de €. Por tanto, en cinco años hemos visto subir nuestras obligaciones financieras en más de 400.000 millones de €. Seguimos sin administrarnos bien, aunque suenan fuertemente las alarmas, y persiste el peligro de alto desequilibrio y de posible intervención.

Resumamos diciendo: el endeudamiento sigue subiendo sin haber aplicado fórmulas de contención, sube el desempleo y las obligaciones sociales; tenemos una prima de riesgo cada vez más alta e indigerible presupuestariamente, un gasto corriente mantenido o incrementado, mientras se desmorona la inversión pública; no se promueven medidas de impulso a la economía, no se sanea el sistema Bancario, ni hay liquidez para la economía real. Y siendo cierto todo esto, ¿Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que los Presupuestos recientemente aprobados son viables, impulsan la riqueza, y cumplen con la extraordinaria trascendencia y alta misión de la política económica de los gobiernos?

Pese a los antecedentes y hechos reales adversos con los que se contaba, sin poner en duda el esfuerzo y buena voluntad, el proceso operativo no parece que haya venido marcado por el sistema mundialmente reconocido y aplicado como el mejor, el más drástico y efectivo: "El Presupuesto Base Cero", ya que los acuerdos y reglamentación del Tratado de Maastricht han resultado incompletos, permisivos e ineficaces. Tampoco será posible cumplir con el servicio de la deuda ya contraída, y con los presupuestos posibles, si no se emite o consigue deuda a muy largo plazo, con una economía en recesión.

Los Gobiernos, en la mayoría de los casos, no están ciñéndose con la obligada disciplina presupuestaria; esa es una de las razones de la debilidad de Europa.

(*) Economista y empresario

La mancomunidad del Levante respalda por unanimidad la moción que pide "reactivar" el hotel del Algarrobico

ALMERÍA.- La Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense, integrada por 14 ayuntamientos, ha respaldado en la tarde de ayer jueves por "unanimidad" la moción de la corporación local de Carboneras (Gicar-PP) en la que se insta a alcanzar un acuerdo que "posibilite la conclusión y reactivación" del hotel de Azata en el paraje de El Algarrobico en aras de la creación de "cientos de puestos de trabajo de forma inmediata en la construcción y otros muchos, a medio plazo y de forma estable, en el sector turístico" en la comarca.

   El presidente de la entidad y alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha informado de que el plenario ha acordado, asimismo, por unanimidad remitir el manifiesto "que recoge las inquietudes" del municipio carbonero a la Junta de Andalucía por ser la administración "competente" en materia de Costas de acuerdo al Estatuto de Autonomía y en disciplina urbanística.
   Fernández ha precisado que el escrito aprobado por la mancomunidad, en la que figuran los ayuntamientos gobernados por el PSOE de Los Gallardos, Bédar y Lubrín frente a una decena del PP, incluye una mención al "respeto a la legalidad vigente y a las resoluciones judiciales" que se han dictado en torno al establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones. El manifiesto original incluía la expresión "partiendo de la legalidad incuestionable" del hotel.
   En esta línea, ha indicado que los integrantes de la institución han coincidido con los argumentos que ha defendido en el pleno el portavoz del equipo de gobierno carbonero y edil de Urbanismo, Salvador Alarcón (PP), quien ha señalado la necesidad de que se analicen las "responsabilidades políticas" derivadas del caso.
   En concreto, se ha hecho referencia a las "expectativas sociales y laborales" que generó en el municipio y la comarca la construcción del hotel, que "no se paralizó" hasta que las obras estaban ejecutadas a más de 90 por ciento, al "impacto mediático negativo" y a la falta de seguridad jurídica que transmitiría la demolición del inmueble promovido por Azata del Sol.
   La moción presentada por el Ayuntamiento Carbonero recoge el sentir de "decenas de pymes y centenares de trabajadores de la zona" que, según sostiene, "confían ante la que está cayendo" en poder superar con esta reactivación "la falta de actividad y el paro".
   Al hilo de esto, subraya que tanto del Plan de Desarrollo Sostenible del parque natural de Cabo de Gata-Níjar como del Plan de Desarrollo y Empleo 'Carboneras Viva' lo contemplaba y que ambos impulsados por la Junta de Andalucía que creó las "condiciones urbanísticas adecuadas con instrumentos de planeamiento urbanístico" para programar el desarrollo turístico del municipio "carente de infraestructuras hoteleras dignas".
   Así, tras subrayar que la construcción y entrada en funcionamiento del hotel "debía ser la primera consecución de toda esta planificación para servir de muestra y reclamo" y lamentar que "la paralización de la obra y la consiguiente y sistemática propaganda mediática hayan cortado de raíz esas posibilidades con perjuicios irreparables", cuestiona que el derribo del establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones suponga la recuperación del entorno natural y, por tanto, deba justificarse en razones medioambientales.
   En esta línea, señala que "no hay nada que recuperar porque realmente no hay nada" y se pregunta si es posible retornar a su estado primitivo natural el monte sobre el que se asienta, si deben los contribuyentes asumir el coste total de la operación, incluida la expropiación, en "aras del interés general" o qué compensaciones deben recibir los perjudicados, entre los que cita, además de las empresas que participaban en la obra, al municipio.
   El escrito demanda, por este motivo, a las entidades y grupos que se han posicionado a favor del derribo que revelen si existe "algún estudio técnico fiable que garantice la restauración medioambiental" ya que, según subraya, la "reversibilidad de espacio construido a natural ha sido descartada por todos los técnicos y expertos cualificados que han visitado la construcción".
   En concreto, alude como problemas la escasa consistencia del terreno, el tratamiento dado al cerro en bancadas para el asentamiento de la edificación escalonada, la disposición de los cimientos de la edificación anchos y profundos, la imposibilidad de efectuar recubrimientos artificiales por las pronunciadas pendientes y "sobre todo" la fuerte acción erosiva en esta zona del viento y las lluvias torrenciales, lo que, sumado --señala--, haría que persistiese tras la demolición "una imagen de ruinas a perpetuidad, antagónica con el fin ecológico y naturista perseguido".
   "Resulta del todo imprescindible este asesoramiento especializado para apostar por la demolición estando en juego la proyección medioambiental que se dice defender, los intereses privados empresariales amparados en el Estado de Derecho que nos hemos dado, los limitados recursos públicos sufragados por los contribuyentes y el interés general de todo un pueblo, Carboneras", concluye.

Rajoy plantea "repensar" la coordinación y el reparto de competencias entre administraciones públicas

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostró hoy convencido de que no se debe "desandar" ni la configuración autonómica del Estado, ni la inclusión de España en la UE, pero sí cree que se debe "repensar" y "evaluar" la coordinación entre las instituciones administrativas del Estado y el reparto de competencias, con la supresión de "duplicidades innecesarias".

   El jefe del Ejecutivo realizó estas afirmaciones durante la toma de posesión de José Manuel Romay Beccaría como presidente del Consejo de Estado. Un acto al que han acudido, además de los presidentes del Congreso y el Senado, los ministros de Justicia, Exteriores, Sanidad, la presidenta de la Comunidad de Madrid y la secretaria general del PP.
   En su discurso, Rajoy defendió las reformas que está llevando a cabo porque se asientan en un "mandato inequívoco" de los ciudadanos en las urnas y aseguró que tienen una doble orientación, por una parte, consolidar los logros del Estado del bienestar y, por otra, "potenciar el ámbito de autonomía de las personas y erradicar las cortapisas externas a la libertad con que deben regir su destino, su vida y su vocación profesional".
   En su intervención, apeló al espíritu con el que se realizó la Constitución de Cádiz y dijo que su ejemplo debe servir de "estímulo" y de "guía" para afrontar con "valentía, determinación y equilibrio" los "profundos cambios" que necesita el país. En este punto, aseguró que estos cambios sólo se pueden llevar a cabo desde el "espíritu de concordia" que tuvo su "más elevada cima en la Constitución de 1978".
   Y refiriéndose a ésta última, dejó clara su opinión de que la Constitución Española dio un "paso original, decisivo y de gran calado" que, añadió, "en modo alguno debe ser desandado". Se trata, señaló de la "configuración autonómica del Estado". Tampoco, puntualizó, se debe desandar el camino de la inserción de España en la UE, "que ha sido el motor de algunas de nuestras modificaciones constitucionales".
  Sin embargo, considera que ambas circunstancias "invitan", ahora que son tiempos de crisis, a "repensar y evaluar" la estructuración más adecuada de los poderes públicos.
   Para ello y buscar "mayor eficacia" en las instituciones administrativas "a todos los niveles" dijo que "será preciso arbitrar fórmulas más eficientes, de coordinación y reparto de competencias, de eliminación de duplicidades innecesarias, de solapamientos indeseables, con supresión incluso, de entidades y organismos que no resisten una prueba objetiva de utilidad o cuyo coste resulte desproporcionado para los ciudadanos".
   Rajoy considera que esta será una tarea "delicada" y que requerirá el conocimiento de la realidad y la "intuición de la evolución futura, viable y deseable" de las estructuras institucionales públicas. Por ello, dijo que cuenta con el "saber acumulado" del Consejo de Estado, al que se comprometió a consultar, y con el Centro de Estudios Constitucionales.
   En este contexto, deseó al nuevo presidente y a los consejeros de Estado "mucha suerte y mucho tesón" porque, dijo, en esta Legislatura van a "tener mucho trabajo" y la asistencia de este órgano al Gobierno "va a ser más necesaria que nunca" y destacó la "privilegiada reputación de autoridad" que ha logrado el Consejo de Estado.
   El jefe del Ejecutivo destacó los valores de Romay Beccaría como un hombre de "diálogo, consenso y conciliación", así como su "altura como jurista de reconocido prestigio" que se une a una "experiencia vital y laboral singularmente rica".

Los periodistas almerienses trasladan a la sociedad local la ruina de su profesión


ALMERÍA.- Los periodistas almerienses han vuelto a reivindicar hoy, como lo hicieron el 1 de marzo, junto a la estatua del presidente de la I República, el almeriense Nicolás Salmerón, gran defensor de la Libertad de Prensa, en Puerta Purchena, que “Sin periodistas, no hay periodismo; sin periodismo, no hay democracia”, lema de todas las concentraciones celebradas en cuarenta y seis provincias con participación de cientos de profesionales de la comunicación y trabajadores de los medios.

 Un Día Mundial de la Libertad de Prensa histórico en España porque por vez primera al unísono, coordinados por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), los informadores han tomado la calle. 

 En Almería, convocados por la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa (AP-APAL) y con la adhesión expresa de la Federación Andaluza de Asociaciones de Periodistas (FAAP) y del Colegio de Periodistas de Andalucía, se han concentrado pacíficamente doscientos profesionales entre periodistas, reporteros gráficos, cámaras, técnicos y otros trabajadores de medios, arropados por diferentes representaciones de sindicatos, partidos políticos, colegios profesionales, y distintos colectivos de la sociedad en general.

 Una pancarta con el texto “Sin periodistas no hay periodismo ni democracia” ha presidido el encuentro, que coincidía también con el LXXXI Aniversario de la fundación de la AP-APAL. 

El periodista Pablo Requena, miembro de la coordinadora que ha organizado la convocatoria, ha dado lectura al Manifiesto "Sin periodistas no hay periodismo, sin periodismo no hay democracia", del que se han repartido fotocopias. 

En el texto, se denuncia que “en España coincide este momento con una grave crisis en el sector periodístico,  que se ha traducido en los últimos cuatro años en la pérdida de unos 6.000 empleos, el cierre de decenas de medios, el aumento del intrusismo, la precariedad laboral generalizada y el acoso de los poderes a nuestro trabajo”.

Hoy denunciamos la existencia de contratos de trabajo leoninos y las ofertas de empleo indignas;  la negativa de los gobernantes a asumir públicamente las explicaciones ante los ciudadanos,  practicada reiteradamente con las convocatorias de prensa sin derecho a preguntas o la  utilización política de concesiones de publicidad institucional o de licencias de radio y televisión”, añade el manifiesto.

Y al final un compromiso: “Subrayamos nuestro más firme compromiso con la defensa de la libertad de prensa y entendemos que la mejor forma de fortalecerla es el ejercicio responsable del periodismo por los periodistas y los editores, basado en el estricto cumplimiento de las normas éticas y deontológicas y en valores como la integridad y el rigor profesional”.
 

Otras concentraciones en Andalucía

Alrededor de novecientos periodistas andaluces se han manifestado hoy en las capitales de provincia en defensa de la profesión y de la libertad de prensa, y en protesta por la precariedad laboral, la reducción de las redacciones y las presiones a los medios de comunicación.

Y se han concentrado este jueves, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, en las calles de las ciudades de Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Almería y Jaén en defensa de la profesión y bajo el lema 'Sin periodistas, no hay periodismo. Sin periodismo, no hay democracia'. 

De esta manera, centenares de periodistas han participado en los diferentes actos convocados en Andalucía por las asociaciones de la prensa locales para reivindicar que "no exista más despido ni empleos precarios" en la profesión y "en defensa del periodismo". 

Durante las concentraciones celebradas en las distintas capitales de provincia, a las que hay que sumar la desarrollada el miércoles en Málaga y la que tendrá lugar este viernes en Granada, se ha leído el manifiesto de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) 'Sin periodistas, no hay periodismo. Sin periodismo, no hay democracia'. 

En concreto, en Huelva, entre 120 y 140 profesionales de los medios onubenses han secundado el llamamiento de la Asociación de la Prensa de Huelva y han acudido a las 12,00 horas a la plaza de las Monjas de la capital para protestar contra la "grave" situación de crisis que atraviesa el sector. 

Por su parte, los periodistas almerienses han vuelto a reivindicar, como lo hicieron el 1 de marzo, junto a la estatua del presidente de la República Nicolás Salmerón en Puerta Purchena, que "sin periodistas, no hay periodismo; sin periodismo, no hay democracia". 

Igualmente, un centenar de profesionales del periodismo se han concentrado Cádiz,  donde recientemente se produjo el cierre de "La Voz de Jerez" y se presentó un ERE en "La Voz de Cádiz", y alrededor de 150 personas en el paseo central del Parque de la Victoria de Jaén. En la capital andaluza, del mismo modo, se han reunido unas 300 personas entre trabajadores del sector y estudiantes bajo el lema 'Sin periodistas, no hay periodismo. Sin periodismo, no hay democracia', en defensa de la libertad de expresión y en defensa de la profesión.

Los periodistas han protestado contra la reducción de las redacciones, las rebajas salariales y la "sustitución de periodistas experimentados por becarios o contratados a los que se paga un salario indigno", así como por la existencia de "contratos de trabajo leoninos" en los que se exige la cesión de los derechos de autor y "ofertas de empleo indignas", entre otras cuestiones.

Además, han criticado la aplicación de normas penales "desproporcionadas" contra quienes informan sobre actividades presuntamente ilícitas, los juicios paralelos, "la compra de testimonios y la anulación de la presunción de inocencia".
Durante las concentraciones se ha hecho público el manifiesto de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), al que se ha sumado el Sindicato de Periodistas de Andalucía, y donde se hace un llamamiento a los poderes e instituciones públicas y a la sociedad española en general para que defiendan y promuevan la libertad de prensa, como "garantía imprescindible" del régimen democrático.

El manifiesto recoge la "grave" crisis que atraviesa el sector periodístico en la actualidad, que ha provocado que en los últimos cuatro años "se hayan perdido alrededor de 6.000 empleos, así como el cierre de decenas de medios, el aumento del intrusismo, la precariedad laboral generalizada y el acoso de los poderes a nuestro trabajo". Por otra parte, la Federación de Asociación de Periodistas subraya su compromiso con la defensa de la libertad de prensa, "un pilar fundamental de la democracia y motor imprescindible de la convivencia, el diálogo y el debate cívico".

De otro lado, el manifiesto resalta que la libertad de prensa es "un valor supremo de las democracias que ha de conjugarse con otros derechos individuales; que la mejor manera de fortalecer la libertad de prensa es el ejercicio responsable del periodismo por los periodistas y los editores; o que la libertad de expresión se debilita cuando el periodismo se convierte en una fuente de manipulación, de sensacionalismo, de promoción de odios y prejuicios y de defensa de intereses espurios". 

Igualmente, advierte de que los periodistas tienen "la ineludible exigencia de promover los más altos estándares éticos en el ejercicio diario de la profesión".

"La libertad de prensa es una conquista de nuestra sociedad democrática, pero en los últimos tiempos comprobamos un alarmante aumento de las restricciones, como son las ruedas de prensa sin preguntas, los contenidos enlatados elaborados por los partidos, los bloques electorales y las iniciativas de distintas instituciones de limitar el derecho de información en las coberturas de sus actividades", ha criticado. 

Además, entre otras restricciones, ha apuntado "la reducción de las redacciones, las rebajas salariales y la sustitución de periodistas experimentados por becarios y contratados a los que se paga salarios indignos y que difícilmente podrán resistir las presiones de los poderes si su puesto de trabajo pende de un hilo; la aplicación de normas penales desproporcionadas contra quienes, en el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de opinión y expresión, informan sobre actividades presuntamente ilícitas de determinadas autoridades públicas; la aprobación por parte de las instituciones de instrucciones y normas que cercenan la libertad de expresión y el derecho de información; o la existencia de contratos de trabajo leoninos, en los que se exige la cesión total de los derechos de autor, y las ofertas de empleo indignas, algunas de ellas procedentes de medios dirigidos por periodistas".

Por último, el manifiesto avisa de que "la libertad de prensa pierde su fuerza cuando periodistas y medios abandonan las normas éticas y deontológicas y rompen su compromiso con la sociedad de ejercer el control del funcionamiento estatal, de la gestión pública y de la corrupción, esencial en todo sistema democrático".

La manifestación más numerosa se ha producido en Sevilla, donde unos trescientos profesionales del sector han pedido un periodismo "digno, honesto, que defienda la verdad", en palabras del presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Rafael Rodríguez.

Ha destacado que es la profesión con más parados en España de forma porcentual y ha resaltado que todos los portavoces políticos hayan defendido hoy la labor periodística en sus intervenciones en la sesión de investidura de José Antonio Griñán en el Parlamento.

En Málaga ayer se manifestaron medio centenar de periodistas, además de representantes de partidos políticos y de sindicatos, mientras que en Córdoba los asistentes hoy han sido unos treinta.

En Granada, para no hacerla coincidir con la celebración de la fiesta local del Día de la Cruz, la concentración se celebrará mañana, cuando se leerá el manifiesto y se hará una ofrenda floral en recuerdo a los periodistas fallecidos en actos violentos durante el último año.

El PSOE iniciará contactos con PP e IU para articular la personación conjunta en el caso 'Poniente'

ALMERÍA.- El PSOE de El Ejido va a iniciar una "ronda de contactos" con el PP e IULV-CA para ver cómo se puede articular su personación en el caso Poniente', que investiga una presunta trama de corrupción municipal y empresarial bajo la anterior corporación local, y, por tanto, la manera de tener acceso al sumario y a las actuaciones que se practiquen en la causa.

   Así lo ha trasladado el secretario general de la Agrupación municipal de los socialistas ejidenses, Manuel García Quero, después de que la Audiencia Provincial haya confirmado la resolución del juzgado instructor en la que acordó que el PSOE debía ejercer la acción popular con el PP o IU, cuya personación como acusación en la causa por separado sí fue admitida.
   García Quero, quien ha mostrado su disconformidad con la decisión adoptada en su día por la magistrada Montserrat Peña aunque ha descartado que vayan a desistir, ha indicado que la intención es propiciar un acercamiento con ambas formaciones ya que el auto judicial establece que deben participar en el proceso bajo la misma postulación y defensa letrada.
   Ha recordado, sin embargo, que en mayo del pasado año ya contactaron con el PP para poder tener acceso a las partes liberadas del sumario aunque no fructificó. Cabe recordar que aún continúan bajo secreto tres piezas separadas referidas al exalcalde Juan Enciso (PAL), el exinterventor municipal José Alemán y la empresa 'Gestora Ejidense'
   El auto de la Sección Primera desestima el recurso de apelación de 19 integrantes de la Agrupación municipal socialista y rechaza que lo dispuesto por la extitular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Almería suponga una vulneración de, entre otros, del principio de igualdad y del derecho a una tutela judicial efectiva.
   El tribunal comparte el criterio de que admitir la personación "independiente" del PSOE favorecería "la artificial complejidad en la tramitación de la causa con 33 partes" y estima que se "violentaría el derecho de los acusados a un juicio sin dilaciones indebidas".
   Coincide, asimismo, en que en este caso se dan los supuestos recogidos en jurisprudencia por el Tribunal Constitucional (TC) y Tribunal Supremo (TS) para la acción popular y remarca que es "evidente" que existe "convergencia de intereses" en la acción de los tres partidos políticos ya que --ahonda-- persiguen que se "imparta justicia".
   El sumario de caso 'Poniente', que mantuvo encarcelado durante ocho meses al exregidor tras su detención en octubre de 2009 junto a otras 19 personas, divide la presunta trama de corrupción política y municipal investigada en El Ejido por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental y contra la Hacienda Pública en seis clanes y el grupo Abengoa.
   De este se desprende que las sociedades de los principales implicados facturaron de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), considerada eje de la supuesta trama, con subcontrataciones en su mayoría "irregulares" al menos 93,3 millones de euros entre los años 2002 y 2007. Señala, asimismo, que los principales imputados constituían un "grupo criminal perfectamente organizado" que "detrajo" dinero de las arcas municipales a través de las citadas subcontrataciones con Elsur.
La Audiencia Provincial de Almería ha confirmado la resolución del juzgado instructor del caso 'Poniente' que investiga una presunta trama de corrupción política y empresarial con la antigua corporación municipal de El Ejido y ha considerado que tiene un "perfecto encaje legal" la decisión que obliga a PSOE a ejercer la acción popular con el PP o IULV-CA, cuya personación como acusación en la causa por separado sí fue admitida.
   El auto de la Sección Primera desestima el recurso de apelación interpuesto por 19 integrantes de la Agrupación municipal socialista y rechaza que lo dispuesto por la extitular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Almería suponga una vulneración de, entre otros, del principio de igualdad y del derecho a una tutela judicial efectiva.
   El tribunal comparte el criterio de que admitir la personación "independiente" del PSOE favorecería "la artificial complejidad en la tramitación de la causa con 33 partes" y estima que se "violentaría el derecho de los acusados a un juicio sin dilaciones indebidas". En esta línea, subraya que la desigualdad sólo se produciría si se impidiese que estos "fuesen representados y dirigidos por profesionales libremente designados por ellos".
   Coincide, asimismo, en que en este caso se dan los supuestos recogidos en jurisprudencia por el Tribunal Constitucional (TC) y Tribunal Supremo (TS) para la acción popular y remarca que es "evidente" que existe "convergencia de intereses" en la acción de los tres partidos políticos ya que --ahonda-- persiguen que se "imparta justicia".
   Al hilo de esto, considera la Audiencia Provincial que "existe semejanza" tanto en los "hechos denunciados" como en las "personas contra las que se dirige la acción penal" como presuntos autores y la posible calificación jurídica de las conductas enjuiciadas", lo que sumado a que no se reclaman perjuicios concretos ya que el PSOE "no ostenta la condición de perjudicado por el delito" hace que esté "suficientemente justificada la resolución" del juzgado instructor de acuerdo a lo que dicta el TC. 
   La jueza Montserrat Peña, que se encargó de las diligencias del caso 'Poniente' hasta el pasado mes de septiembre, justificó la decisión de que los socialistas ejerzan la acción popular de forma conjunta con alguna de las dos formaciones políticas ya personadas en la causa bajo una misma postulación y defensa letrada en que es "patente la convergencia de intereses" de PP, IULV-CA y los miembros de la Agrupación municipal del PSOE en El Ejido y en que los tres escritos de personación "son de todo punto coincidentes".
   Remarco, así, en su auto que el proceso penal era "independiente de los intereses y móviles políticos que ello genere extramuros del juzgado" al tiempo que consideró que, si bien "no pueden ser evitados en el contexto de una macrocausa de estas características, tampoco pueden ser auspiciados" por ella "permitiendo así su instrumentalización".

La FEMP propone ceder competencias en municipios de menos de 20.000 habitantes

MADRID.- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha defendido la pervivencia de los municipios como instituciones políticas, aunque acepta que los de pequeño tamaño puedan perder su estructura administrativa para que sean otras entidades, como las diputaciones, las que la asuman.

   Según la FEMP, la supresión de municipios no va a cambiar "la realidad en cuanto al asentamiento de la población en nuestro país", por lo que, con independencia de su tamaño, "deben ser respetados como institución política básica", ya que, además, los ayuntamientos son sobre todo "expresión de la voluntad política de sus vecinos".
   No obstante, reconoce que "no todos tienen capacidad suficiente para la prestación de servicios", pero que existen soluciones a este problema, ya que "la solución a las carencias de los municipios de insuficiente capacidad de gestión pasa por la disociación entre su entidad política y su estructura administrativa".  
   Por un lado, propone que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes puedan ceder competencias "que no puedan ser ejercidas por ellos mismos" a entidades mayores, como diputaciones, cabildos o consejos insulares.
   Por otro lado, sugiere la prestación conjunta de servicios con la que los municipios puedan suplir esas insuficiencias de gestión, "sin que ello supusiera la necesidad de crear nuevas instituciones", de modo que advierte de que una nueva ley de gobierno local debería "arbitrar y potenciar" los mecanismos adecuados para ello.
   Así figura en un documento que la FEMP ha enviado a Administraciones Públicas, en el que explica su criterio sobre cómo ordenar las competencias de las entidades locales, una aportación al trabajo que realiza el Gobierno para reordenar el sector público español bajo la exigencia de evitar duplicidades y cumplir la premisa de una competencia, una administración.
   En el texto, de nueve folios, se hace un diagnóstico de la situación de las entidades locales y se proponen vías para reconocerles una serie de competencias y una financiación suficiente, en una ley orgánica de obligado cumplimiento.
   La FEMP dice ser "consciente" de que la Constitución "se olvidó de unas de las instituciones básicas de la configuración" del Estado, al no hacerlas "merecedoras de una regulación de carácter orgánico". En el caso de que esto no cambie, y se siga viendo a las entidades locales como las "hermanas pobres" de las instituciones al no dotarles de una ley orgánica que regule sus competencias, pide que se modifique la regulación del conflicto en defensa de la autonomía local contenido en la Ley del Tribunal Constitucional para "relajar los requisitos de legitimidad para su interposición".
   Además, reclama un "pacto político" que comprometa tanto a Estado como a comunidades autónomas a "respetar la configuración que la ley básica establezca y a los principios en los que se fundamenta el sistema", como son autonomía local, descentralización o suficiencia financiera.
   Así pues, considera que las relaciones entre las administraciones públicas deberían basarse en el "principio de lealtad institucional", garantizando la "autonomía local" frente a lo que ve como "posibles pretensiones de tutela que se pretendan ejercer desde otros ámbitos, eliminando los controles de conveniencia y oportunidad, que estarán expresamente prohibidos".
   Un ejemplo que pone es que la construcción de infraestructuras de competencia estatal autonómica "no puede conllevar la imposición al ayuntamiento donde se ubique de cargas u obligaciones económicas de ningún tipo que le obliguen, bajo mecanismos de naturaleza coactiva, a confinanciarlas a través de distintas fórmulas".
   En el documento enviado al Gobierno, la FEMP viene a insistir, como lleva haciendo desde anteriores legislaturas, en una financiación adecuada a las competencias de las entidades locales, una condición sin la que, según argumenta, "no estarán obligadas a asumir la competencia ni a prestar los servicios o realizar las actividades que de ella se derivan".
   Para la FEMP, existe una "absoluta desconexión del sistema de financiación con el sistema de competencias" de las corporaciones locales, razón a la que atribuye directamente la "escasez de recursos municipales".
   Así pues, reclama que las leyes que supriman o modifiquen cualquier tributo de percepción municipal, provincial o insular que mengüe los ingresos de las haciendas locales arbitrarán "medidas de compensación", además de dotar de "carácter incondicionado" a las transferencias que se reconozcan a las entidades locales por otras administraciones públicas".
   Para evitar duplicidades en la prestación de servicios públicos, la FEMP sugiere atenerse a los principios de estabilidad presupuestaria expuestos en la ley aprobada en el Senado la semana pasada, pero también a "mecanismos de colaboración" entre administraciones para, "desde la lealtad institucional, evitar la duplicidad del servicio".
   En cuanto a la concreción de las competencias que, para la FEMP, deben ejercer las entidades locales, el documento explica en una serie de puntos los requisitos para fijar esos servicios y actividades de los que, a su juicio, deben encargarse estas administraciones.
   A su juicio, no existe en la actual Ley de Bases de Régimen Local una "concreción suficiente de las competencias locales", ya que el listado de materias que incluye está "vacío de contenido competencial", lo que ha llevado a la "confusión en la realización de actividades y prestación de servicios".
   Así, propone que una futura ley de bases que sustituya a la actual reconozca la competencia de los municipios para intervenir en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra entidad, además de la inclusión en esa norma de una listado de materias en las que se reconoce un interés local relevante.
   Entre otras, la FEMP considera que deben ser competencia local las materias relacionadas con urbanismo, medio ambiente, abastecimiento de agua potable, asistencia social primaria, seguridad, protección civil, tráfico y movilidad, promoción turística, políticas activas de empleo o padrón municipal.
   También sugiere que las leyes sectoriales estatales o autonómicas puedan ampliar las competencias establecidas, siempre previo estudio sobre la idoneidad de las mismas basándose en los "principios de autonomía, descentralización, proporcionalidad, subsidiariedad y suficiencia financiera".
   La FEMP cree que también hay que tener en cuenta las características demográficas, geográficas u organizativas del municipio, además de dotar de la financiación adecuada a estas corporaciones para que puedan ejercer dichas competencias.