jueves, 3 de mayo de 2012

Bankia y Mare Nostrum, una losa para De Guindos / José Hervás *

Tras la caída de Lehman Brothers, las dificultades de Mare Nostrum podrían suponer un segundo tropiezo para De Guindos


Expertos conocedores del informe íntegro del Fondo Monetario Internacional sobre el sector financiero español dan por hecho que las dos entidades a las que se refería el resumen ejecutivo del organismo internacional, colocado en la página web del Ministerio de Economía y Competitividad, son, además de la siempre mencionada Bankia, la SIP Mare Nostrum. De ser como dicen algunos expertos vendría a poner en una situación incómoda al ministro de Economía, que fuera consejero de Mare Nostrum y quien ejercía un gran ascendiente sobre las decisiones del todavía presidente del grupo y presidente de Caja Murcia, Carlos Egea Krauel. La solución no parece sencilla. Frente a quienes demandan decisiones rápidas sobre las cajas con problemas para acabar con la incertidumbre internacional sobre el sector, la respuesta de Economía es que el Banco de España no le apoya en las decisiones. 
Ordóñez querría no tener que intervenir ninguna otra entidad antes de agotar su mandato. Total le quedan 15 días. Y la intervención de Bankia o Mare Nostrum supondría el reconocimiento explícito del fracaso de su labor de supervisión. Y de paso un segundo tropiezo sonado de De Guindos. En el propio grupo parlamentario popular, además, algunos reiteran que al día de hoy la reforma financiera sigue sin hacerse o que se trata de una reforma fallida. El objetivo fundamental de la misma, volver a facilitar el crédito a particulares y para que las empresas puedan mantener su actividad, no se ha conseguido.
 
No todos se muestran críticos con De Guindos. Existen algunos que consideran que, pese deberle toda su carrera política y parte de la personal al ex vicepresidente del Gobierno, se han pasado al enemigo, cuestionando incluso la meritoria labor que está desempeñando la Oficina Económica del Gobierno para tratar de encontrar una solución adecuada. 
Lo de solución rápida sería más complicado conseguirlo. Los más de 200.000 millones de activos tóxicos de muy difícil cobro que calculan se mantienen en los balances de los bancos y cajas españoles exigirán más de un quinquenio para ser absorbidos. La sugerencia cada vez más invocada es apelar al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera que entrará en vigor el próximo 1 de julio, pese a que hasta ahora se ha considerado tabú. 
El talón de Aquiles 
En cuanto al grupo Banco Mare Nostrum, Sistema Institucional de Protección (SIP) formado por Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedés y la balear Sa Nostra, ya admitía que necesitaba más de 1.000 millones para hacer frente a las nuevas provisiones exigidas por el Gobierno tras aprobarse el pasado 3 de febrero el Real Decreto de reforma del sistema financiero.
En la nota enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BMN cifraba en concreto en 1.039 millones sus necesidades en relación con la cobertura de las provisiones referidas a los activos en riesgo del grupo.
De ellos, 674 millones de euros corresponden a las nuevas exigencias relativas al reforzamiento del capital, mientras que los 256 millones restantes hacen referencia a las provisiones que el grupo debe alcanzar para cubrir así los activos tóxicos vinculados al sector del ladrillo.
Como ha venido siendo habitual desde la promulgación del decreto entre todas las entidades que necesitaban alcanzar los nuevos requisitos, también los gestores de BMN han confiado en que los excedentes redujeran en parte las necesidades de capital. Sus esperanzas se cifraban además en el saneamiento de las cuentas con la siempre socorrida apelación a la optimización de los recursos, el recorte de gastos y otras medidas para mejorar la eficacia de sus activos.
Y por supuesto confían en la prórroga a la que quieren agarrarse como clavo ardiendo si se hacen en la subasta con el Banco de Valencia. 
Las dificultades del grupo para poder cumplir con las nuevas exigencias no son nuevas. Ya hace ahora un año, cuando el Banco de España dio a conocer en marzo del 2011 las necesidades más modestas de recapitalización del grupo, según el plan ideado por Elena Salgado, llegó a hablarse de la renuncia de Carlos Egea que daría paso al prestigioso economista Luis de Guindos. Medios murcianos recordaban entonces que De Guindos era en ese momento consejero de la entidad y hombre muy cercano a Rodrigo Rato, con el que ocupó altos cargos en el Ministerio de Economía durante los gobiernos de Aznar. 
El relevo, decían entonces, tendría ya el visto bueno del propio Banco de España y de la sede central del PP en Génova 13, ante la no objeción del presidente del PP murciano y de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, en aras de un entendimiento posible para incorporar a Caja Duero y Caja España, ambas radicadas en Castilla-León, feudo del PP, al banco 'Mare Nostrum'. 
Los directivos de ambas entidades castellanas parecían esgrimir su falta de entendimiento con Egea Krauel para no terminar de rematar un acuerdo y verse obligadas a negociar con 'Unicaja', en la órbita del PSOE. 
Es evidente que se trata de un capítulo no cerrado. Cuando un ministro dice que no descarta que las entidades creen sociedades intermedias para depositar sus activos inmobiliarios, es que ya están en ello. Y será un proceso de más de un día.

(*) Periodista

Reflexiones sobre la Universidad / César García *

Una de las pruebas irrebatibles que se ha hecho imprescindible a la hora de denunciar la falta de calidad de las universidades españolas es la baja clasificación que obtienen en los rankings internacionales, donde siempre aparecen del puesto 200 para arriba. Aunque la metodología que utilizan estos rankings, basada fundamentalmente en la publicación de artículos en revistas académicas de ciencias y tecnología en detrimento de las humanidades o de otros aspectos relacionados con la enseñanza, pueda ser discutible, son una buena orientación. Llorar y lamentarse, como hace la Comisión Europea, de que estos criterios siempre favorecen a las universidades norteamericanas, no sirve de mucho cuando el resto del mundo los sigue a pies juntillas.
Sin embargo, en esta ocasión, me gustaría hablar de otros aspectos que se suelen dejar de lado acerca de la experiencia universitaria en España y que contribuyen activamente a su desprestigio.

El primero de ellos tiene que ver con el escaso interés que tiene como experiencia vital. Mientras, por ejemplo, en Estados Unidos, ir a la universidad supone un rito de paso, ya que suele implicar abandonar el hogar paterno y enfrentarse a los desafíos de la vida cotidiana (convivencia con otras personas, sexo, alcohol, trabajo, etcétera) en solitario, en España ir a la universidad apenas supone para una mayoría de estudiantes trasladarse a otro barrio y bajarse en otra parada de autobús o estación de Metro. El resto de las constantes vitales, como seguir viviendo en casa de los padres o salir con los mismos amigos, permanecen inalterables. El riesgo en términos monetarios o coste de oportunidad también es mínimo, ya que los alumnos españoles sólo vienen a pagar el 15% de la matrícula (desde ahora el 30%). Un hieratismo que se traslada a una enseñanza que empieza y termina en el aula y fundamentalmente basada en atender a las explicaciones del profesor, realizar exámenes y quizá escribir algún trabajo.

Esta capacidad de decidir por parte del universitario también se manifiesta dentro del aula, donde la percepción de la autoridad del profesor no liquida la posibilidad de un intercambio de ideas u opiniones acerca de un determinado tema. El estudiante no siente complejo de recoger el guante de una determinada pregunta del profesor en voz alta y existe en general una buena predisposición a embarcarse en el método socrático de búsqueda de la verdad, algo lejano en la universidad española en la que el estudiante protege su libertad marcando distancias con los profesores.

El escaso entusiasmo que en España suscita la experiencia universitaria se agudiza por la inexistencia de un auténtico mercado universitario y la ausencia de competencia entre los centros, ya que los estudiantes no encuentran ningún motivo para ir a una universidad fuera de su ciudad o región, ya que todas ofrecen más o menos lo mismo. Los campus tienen todos más o menos la misma estética y el marketing y la construcción de marca huelgan por su ausencia al tener una clientela cautiva. No deja de llamarme la atención, en una de las universidades con más estudiantes del mundo como es la Complutense, no ver ni una sola sudadera con su logotipo por las calles o que en la facultad de Ciencias de la Información la librería todavía tenga un formato de ventanilla en el que los estudiantes ni siquiera tienen la oportunidad de tener contacto físico con los libros.

La creación de universidades a la puerta de casa ha promovido el localismo hasta niveles inimaginables hace décadas cuando al menos había universitarios que se desplazaban a Madrid, Barcelona u otras ciudades a ampliar horizontes. Este localismo también es favorecido por la disponibilidad de fondos públicos de carácter regional que hacen que el profesorado se centre en no pocas ocasiones en investigaciones de ámbito muy local como requisito para acceder a los mismos.

En Estados Unidos la competencia se manifiesta en varios aspectos fundamentales: la existencia de un mercado de profesores dispuestos a moverse y que pueden contratarse con la misma libertad con la que una empresa contrata a cualquier tipo de empleado; un mercado de estudiantes que buscan recibir la mejor educación posible; y un mercado de empresas y agencias que, en su mayoría con dinero privado, desarrollan actividades investigadores en campos diversos.

Frente al complejo entramado burocrático que requiere la contratación de profesores en la universidad española, la estadounidense se caracteriza por la libre contratación de docentes. Enviar un currículum y unas publicaciones, pasar una serie de entrevistas y realizar una demostración docente son los requisitos para optar a una plaza de profesor en cualquier universidad. La contratación es al 100% realizada a gusto de los departamentos y el porcentaje de doctores que suelen terminar en la misma universidad en la que realizaron el doctorado es mínimo, justo al contrario de lo que sucede en la universidad española donde la endogamia y las relaciones personales siguen poseyendo un alto valor añadido. Mientras que en España la vida universitaria se asemeja a la de un árbol, es decir, nacer, desarrollarse y morir en el mismo sitio, en Estados Unidos el aperturismo genera una dinámica de competencia entre las universidades por contratar a los mejores profesores y entre profesores por realizar los méritos suficientes para trabajar en los mejores centros.

La burocracia afecta fundamentalmente a la función pública, donde la política de ascensos y los plazos están fijados de antemano. Me pregunto qué motivación puede tener un profesor titular de universidad si tiene garantizada una plaza de por vida y unos suplementos salariales que se perciben en función de la antigüedad y con independencia de la calidad de las clases o el número de publicaciones. Es, como casi todo en España, una cuestión de dejar que pase el tiempo. Ello sin entrar en el tema del tipo de incentivos que se ofrecen: las promociones una vez que se tiene la plaza suponen 200 o 300 euros mensuales de diferencia. Al no existir mercado por las altas barreras burocráticas se da la circunstancia de que todos los profesores titulares cobran más o menos lo mismo en cualquier universidad. ¿Se imaginan un profesor laureado de la Universidad de Berkeley cobrando igual que otro en la Universidad estatal de West Virginia?

Al igual que sucede en el mundo de la empresa, en el mundo de la educación las universidades americanas tratan de ofrecer los mejores productos, es decir, programas más interesantes y la mayor cantidad y calidad de actividades posibles para captar los mejores estudiantes. Es un fenómeno que se retroalimenta y recíproco, cuanto más prestigio tienen los profesores de los departamentos, atraen mejores estudiantes y viceversa. El resultado es una alta capacidad innovadora y gran flexibilidad para adaptar los programas académicos a las necesidades de los estudiantes y de toda la sociedad .

No en vano, en Norteamérica existen multitud de rankings que establecen el prestigio de cada universidad según un conjunto de parámetros como relación calidad-precio, atención al alumno, la calidad del profesorado e incluso la calidad de vida en el campus. A diferencia de España, los universitarios americanos no saben en qué universidad van a terminar después de acabar high school (bachillerato). Lo normal es solicitar plaza en varias universidades al mismo tiempo teniendo como único criterio la calidad y no necesariamente la cercanía a su domicilio. De hecho, toda aquella familia que puede permitírselo suele enviar a sus hijos a estudiar a universidades fuera del área normal de residencia al entender que favorece el crecimiento individual.

Una experiencia vital más rica y un mercado más abierto redundaría en una mayor diversidad de estudiantes y de profesores que elevaría el nivel académico general. España, gracias al idioma, al clima y a la calidad de vida, podría tener opciones de atraer talento académico como sucede en EEUU, donde no siempre el salario es lo más importante para atraer a los mejores profesores. Pero para ello hay que tener el liderazgo necesario para hacer reformas de verdad y no sólo recortes.

(*) César García (Madrid, 1970), doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, es actualmente profesor de comunicación en la Central Washington University

Gobierno y Obispado recurren la readmisión de la docente de Religión que se casó con un divorciado


ALMERÍA.- El Ministerio de Educación y el Obispado de Almería han resuelto interponer sendos recursos de reposición contra el auto que ordena la readmisión en el plazo de cinco días y hasta el 31 de agosto de la profesora de Religión Resurrección Galera, quien fue despedida por contraer matrimonio civil con un hombre divorciado, y el pago de 42.374,68 euros en concepto de salarios de tramitación e indemnización.

   Así lo han indicado el letrado de la diócesis almeriense, Luis Docavo, y el abogado del Estado Demetrio Carmona. La letrada de Galera, Amalia Robles, ya anunció que impugnaría la resolución del Juzgado de lo Social número 3 al considerar que, entre otros aspectos, "desvirtúa" el concepto de despido nulo y no da respuesta a la cuantía que le corresponde en concepto de indemnización.
   Según ha explicado Carmona, el Ministerio, parte a la que aún no le ha sido notificado el auto, fundamentará su recurso en el que el magistrado Juan Carlos Aparicio reconoce el carácter temporal de la relación laboral de la docente, limitada al curso escolar 2001-2002, por lo que "se entiende que se extinguió en esa fecha y la reposición en su puesto supondría otra infracción".
   En esta línea, la administración estima que si se da cumplimiento al auto, que es ejecutivo pese a la presentación de recursos, resultaría "perjudicado un tercero" --en referencia a la persona que ocupa actualmente la plaza en el CEIP 'Ferrer Guardia'-- a quien no se ha dado traslado "ni siquiera en fase de ejecución", por lo que "estaríamos en un caso manifiesto de indefensión".
   Para Carmona, este extremo, que supone "poner en la calle a una persona con contrato legal e indefinido" junto al hecho de que Galera no cuenta con el preceptivo "visado de aptitud" expedido por parte del Obispado de Almería "con arreglo a las dos legislaciones", supone que el MEC "incumpliría claramente la ley".
   El recurso cuestionará, asimismo, la cuantía estipulada por el juzgado en concepto de salarios de tramitación ya que, según ha señalado, "no pueden cubrir un plazo superior al del contrato temporal que sí reconoce como tal". Al hilo de esto, ha recordado que el Ministerio de Educación ya procedió a ejecutar de manera provisional la sentencia que declaró la nulidad del despido y abonó casi 33.000 euros por el año de duración del contrato, incluyendo el finiquito.
   Ante el "incumplimiento manifiesto" que supondría la ejecución en los términos dictados por el juez, ha apuntado que el Gobierno se plantea optar, en lugar del llamamiento a clase, por abonar "aunque pensamos que también indebidamente" una indemnización hasta el 31 de agosto de 2012 tal y como recoge el propio auto al hacer referencia en el apartado de razonamientos jurídicosal artículo 284 de la Ley de Procedimiento Laboral que abre la puerta a que se dé por ejecutada la sentencia en esta forma.
   Por su parte, Docavo ha confirmado la decisión ya avanzada de interponer un recurso de reposición en los mismos términos argumentados en su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) y a lo largo de las dos sesiones en las que se dirimió la manera de ejecutar la sentencia mientras que, según han informado fuentes de la Fiscalía y a la espera de que les sea notificado el auto, el Ministerio Público no impugnará la resolución.
   El Juzgado de lo Social número 3 ordenó la readmisión porque es "evidente" que sigue existiendo su puesto de trabajo al no haber sido amortizada la plaza por el MEC aunque, en este caso, se aviene al informe de la Abogacía del Estado, que considera que la relación laboral que tenía la profesora era de naturaleza temporal "por cada curso escolar" y no tenía, pues, carácter indefinido ya que el Obispado, según remarca, "no tenía obligación de proponerla como docente para el curso siguiente ni tampoco el MEC de contratarla".
   "Es evidente que la resolución judicial no puede alterar el carácter de la relación laboral y convertir la misma en indefinida", ahonda para, a continuación, hacer alusión al Real Decreto 696/07  de 1 de junio que establece que los profesores de Religión Católica no pertenecientes a los cuerpos de funcionarios que estuvieran contratados en esa fecha pasaría a tener una relación laboral de carácter indefinido siempre que cumplieran los requisitos. "Como la demandante no estaba trabajando en esa fecha, no sabemos si reuniría o no esos requisitos", concluye.
   Con respecto al segundo pronunciamiento de la sentencia que declaró nulo el despido, el magistrado se aviene a los argumentos expuestos en su sala por la fiscal, quien solicitó que se descontará de la cuantía calculada por la letrada de Galera en concepto de salarios de tramitación --157.287,10 euros-- los importes recibidos como salarios desde la fecha de su despido como consecuencia de la prestación de servicios a otras empresas.
   Determina de este modo que, a la citada cantidad, a la que ya se habían restado casi 33.000 euros abonados por el Ministerio en el trámite de ejecución provisional de la sentencia, hay que descontarle el importe de 114.912,12 euros que cobró como trabajadora de la Junta de Andalucía de forma interrumpida desde noviembre de 2003 hasta noviembre de 2011 ya que, en caso contrario, "se daría lugar a un enriquecimiento injusto de la demandante por duplicidad parcial de retribuciones".

El marido de la docente de Religión despedida ve un "disparate" el caso y reclama seguridad jurídica


ALMERÍA.- El marido de la profesora de Religión Resurección Galera ha considerado este miércoles un "auténtico disparate" el devenir del procedimiento judicial para dirimir la legalidad de su despido en el curso 2001-2002 por parte del Obispado tras casarse por lo civil con un hombre divorciado y ha cuestionado la "seguridad jurídica" del sistema español.

   En un escrito remitido a los medios, Johannes Romes ha criticado que, ante la sentencia firme del Juzgado de lo Social 3, ratificada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se esté discrepando ahora "sobre cómo, en qué término, por cuanto tiempo y sobre cantidades dinerarias" cuando "solo caben dos supuestos legales en el caso de despido nulo por violación de derechos constitucionales".
   Así, ha subrayado, que, tras "once años de pleitos", la legislación estipula que Galera debe ser readmitida "de forma inmediata en el mismo puesto y en las mismas condiciones que regían anteriormente al despido" y le deben ser abonados los salarios "dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la readmisión tenga lugar".
   "Últimamente, sobre todo por parte de los representantes del Gobierno, nos explican que por ejemplo en Argentina y más recientemente en Bolivia no hay seguridad jurídica. ¿Dónde está la seguridad jurídica en el caso de Resurrección Galera?", se pregunta Romes para quien sería necesario, a la vista de este caso, que el Tribunal Constitucional (TC) decidiese y ejecute como en Alemania frente a lo que ocurre en España "donde no resuelve y devuelve el procedimiento al principio de modo que se inicia todo el procedimiento de nuevo".
   En esta línea, ha hecho referencia a los plazos temporales para resolver y ha remarcado que "si en España, para juzgar un despido se necesitan por ahora 11 años y hasta que concluya el procedimiento previsiblemente uno o dos años mas, ¿dónde está el sentido común tantas veces reclamado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy?".
   El marido de Galera se ha preguntado, asimismo, y después de que Obispado y MEC hayan anunciado recurso de reposición al auto de ejecución de la sentencia que declara nulo el despido, que "cuál de los artículos de la Constitución Española obliga al Estado sufragar con dinero público los desmanes de la Iglesia Católica o de cualquier otra?" y "¿Por qué se dejó votar al pueblo español la Constitución sin incluir los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede?".

Griñán anuncia un Instituto Público de Crédito Andaluz

SEVILLA.- El candidato a la Presidencia de la Junta en la IX legislatura y presidente en funciones, José Antonio Griñán, ha anunciado durante su discurso de investidura la creación de un Instituto Público de Crédito Andaluz que tendrá como principal objetivo mejorar la financiación para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

   Griñán ha detallado que esta nueva entidad financiera pública, prevista en el acuerdo programático entre PSOE-A e IULV-CA, comenzará su andadura, "sin perjuicio de posteriores iniciativas financieras", poniendo a disposición de las pymes "fondos reembolsables para articular préstamos, préstamos participativos, entradas en capital y avales", además de poner en marcha un "sistema de compensación de deudas entre pagos y cobros recíprocos".
   En su opinión, la creación de este Instituto se hace necesaria por la "innegable dimensión financiera de la crisis", que provoca que "uno de los grandes problemas que estrangula la actividad económica de miles de pymes viables y con capacidad para generar empleo es que no encuentran dinero para mantener o impulsar su negocio" como consecuencia de que "los bancos no les dan crédito".
   "La economía cotidiana necesita combustible para seguir funcionando, dinero para la inversión empresarial", ha subrayado Griñán, que ha asegurado que su objetivo es configurar un gobierno "que dé seguridad al ciudadano frente a la dureza e insolidaridad de los mercados" y ha criticado que "los mercados nos atacan por el lado del déficit pero nuestro problema es el paro y la falta de financiación de la economía".
   El candidato socialista, que ha citado durante su intervención al excanciller alemán socialdemócrata Helmut Schmidt para defender su propuesta de regular los mercados financiero que tienen como "rehén" a las instituciones democráticas y señalar que la política de ajuste promovida por Merkel en Alemania es un "error", ha lamentado que se haya "subvertido de la política económica", de forma que "no se está tratando de combatir el paro o la desigualdad, sino de reducir el gasto público".

La Ejecutiva de IULV-CA mandata a Valderas que cierre con Griñán "los últimos flecos" del futuro gobierno

SEVILLA.- La Comisión Ejecutiva de IULV-CA ha aprobado una resolución este miércoles, --con 23 votos a favor y cuatro en contra, del sector del CUT-BAI--, en la que mandata al coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, que cierre con el candidato a la Presidencia de la Junta en la IX legislatura y presidente del Gobierno andaluz en funciones, José Antonio Griñán, los "últimos flecos que están en el aire" en relación a la composición del futuro gobierno de coalición.

   Según ha explicado a los periodistas momentos después de que finalizara la Comisión Ejecutiva, el diputado por la provincia de Málaga y portavoz adjunto en el grupo parlamentario, José Antonio Castro, dicha resolución muestra la confianza de la organización en el proceso negociador que se ha seguido hasta ahora y también de "construcción de trabajo" con el PSOE para el futuro gobierno.
   Tras asegurar que Griñán y Valderas mantendrán un encuentro el próximo viernes para cerrar el futuro gobierno, ha indicado que lo que sí es "seguro" es que el coordinador general de IULV-CA será vicepresidente del Gobierno andaluz y que dicha vicepresipresidencia llevará aparejadas las competencias de Gobernación. Sobre el resto de consejerías, ha dicho que "no hay nada cerrado", aunque las prioritarias pueden ser Turismo y Obras Públicas y Vivienda, barajándose también áreas como Salud, Educación, Igualdad o Medio Ambiente.
   En relación a los nombres que IULV-CA podría proponer para dirigir las consejerías que finalmente se gestionen, el diputado andaluz ha manifestado que las direcciones provinciales le han hecho llegar a Diego Valderas un listado de posibles candidatos y candidatas que se ajustan al "perfil" que busca la federación de izquierdas para esta responsabilidad. "Me consta que Valderas lleva dos días hablando con interesados", ha asegurado Castro, quien no ha descartado que dos de las consejerías puedan ser dirigidas por mujeres.
   En relación al anuncio realizado por parte del parlamentario de IULV-CA por Sevilla y líder del CUT-BAI, Juan Manuel Sánchez Gordillo, de que votará 'no' a la investidura de Griñán, Castro ha explicado que la Comisión Ejecutiva le ha pedido que no rompa la disciplina de voto. No obstante, ha dicho que si ello ocurre, se tomarán las decisiones que correspondan en los órganos de la federación de izquierdas, dejando claro que dicho incumplimiento "seguramente traerá consecuencias".
   Sobre cuál ha sido la respuesta que Sánchez Gordillo ha dado a la Ejecutiva sobre esta petición, Castro ha indicado que el alcalde Marinaleda había solicitado la palabra para intervenir en este órgano y que "finalmente la retiró". Asimismo, el CUT-BAI había demandado que se votara apoyar o no la investidura de Griñán, una petición que no fue aceptada por la dirección, que argumentaba que las bases ya se han pronunciado sobre esta materia, en el marco del referéndum celebrado el martes de la semana pasada.
   Otros de los asuntos que se han abordado en la Comisión Ejecutiva han sido las líneas generales del discurso que Valderas pronunciará este jueves en la sesión de investidura y la elección del senador en representación de la Comunidad que le corresponde a IULV-CA y que será nombrado en el próximo Pleno ordinario del Parlamento. La Ejecutiva ha decidido consultar a la dirección federal sobre el perfil para este cargo, aunque la decisión recaerá finalmente en Diego Valderas.

Registrado un seísmo de 3,1 en Alborán Norte sentido en Motril, Vícar, Roquetas de Mar y Almería

ALMERÍA.- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 3,1 cuyo epicentro se ha detectado en Alborán Norte y que ha sido sentido en las poblaciones de Motril y las almerienses Vícar, Roquetas de Mar y la propia capital, según han informado fuentes del propio organismo dependiente del Ministerio de Fomento. 

   El seísmo, que ha tenido lugar a las 14,10 horas de este miércoles, se ha producido a nueve kilómetros de profundidad, por lo que ha tenido incidencia notable en la zona costera epicentral. No obstante, según informa el servicio unificado de emergencias 112, no se ha producido llamadas de los ciudadanos a causa de este temblor.
   El terremoto ha sido identificado en un primer momento por la unidad móvil que el IGN desplazó hasta Roquetas de Mar tras la serie sísmica registrada desde el pasado 17 de abril. En este sentido, han confirmado que el origen de este terremoto es el mismo que la cadena anterior, en la que se registraron casi medio centenar de réplicas.

Un mínimo de 5.000 habitantes, una de las opciones para agrupar ayuntamientos

MADRID.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha trabajado con la cifra de un mínimo de 5.000 habitantes como una de las opciones para agrupar ayuntamientos, según informaron fuentes del Ejecutivo, con el fin de ahorrar gastos en la prestación de los servicios a los ciudadanos. 

   Esta, la posible fusión de municipios, es una de las cuestiones que podrían estar mañana sobre la mesa en la reunión que tendrán el grupo de trabajo creado entre Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para abordar el catálogo de competencias de los ayuntamientos españoles.
   La determinación de las competencias que podrán ejercer las corporaciones locales, así como a partir de qué umbral de habitantes se podrá ejercer cada una de ellas, es una de las cuestiones clave a resolver en los próximos días. Y esto es así por varios motivos, uno de ellos porque hasta la fecha los ayuntamientos estaban ejerciendo una serie de competencias que no tenían asignadas, pero también lo es porque dada la autonomía municipal, no se puede obligar a los ayuntamientos a fusionarse.
   Sin embargo, sí se puede hacer por la vía de los hechos, es decir, que el Ejecutivo podría decidir que las competencias de las localidades más pequeñas sean ejercidas por otra entidad, por ejemplo las diputaciones, y que esos ayuntamientos, al carecer de competencias, tengan menos sentido y se vean obligados a asociarse.
   Por ello, una de las opciones con las que ha estado trabajando el Ministerio, aunque no hay ninguna decisión tomada al respecto, es la de aplicar el corte en los municipios de 5.000 habitantes. Es decir, que los menores de esta población se vean obligados a agruparse por no poder prestar determinados servicios o por no poder ejercer competencias en solitario. En la actualidad el número de municipios españoles asciende a más de 8.000, pero esta cifra es considerada elevada por el Ejecutivo y así lo ha manifestado en público alguno de los ministros.
   Lo que parece tener meridianamente claro el Ejecutivo es que mantendrá las diputaciones provinciales. De hecho, Mariano Rajoy siempre ha defendido con intensidad su permanencia. Lo que no está tan claro es qué ocurrirá con las mancomunidades.
   La reordenación en profundidad de la administración local y sus competencias se viene abordando entre Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que trabajan desde hace tiempo para acordar las reformas que el Gobierno quiere llevar adelante, aunque hasta la fecha no se había concretado.
   Sin embargo, ahora se perfila como una cuestión de cierta urgencia, teniendo en cuenta que esta, además, es una de las reformas que ha citado el Gobierno en su Plan de Reformas que ha enviado a la Unión Europea. De hecho, mañana está previsto que un grupo de trabajo creado entre Administraciones Públicas y la FEMP se reúnan para abordar estas cuestiones y revisar también el informe que ha concluido la Federación Española de Municipios y Provincias sobre cómo reformar el catálogo de competencias siguiendo el principio establecido por Mariano Rajoy de "una administración, una competencia".
   Hasta ahora, los municipios españoles están destinando una media del 25 por ciento del gasto a lo que se llaman "competencias impropias", es decir, las desempeñadas por las corporaciones locales aunque no les corresponda ejercerlas. Se trata en su mayoría de cuestiones sociales. Para todo ello, el Gobierno reformará la Ley de Bases de Régimen Local, que regula la vida de los municipios y del resto de entidades locales, como diputaciones y comarcas.

CHA "estará enfrente del Gobierno" si recupera el trasvase del Ebro"

ZARAGOZA.- El diputado de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón, Joaquín Palacín, ha asegurado que su partido "estará enfrente del Gobierno español en caso de que recupere el trasvase del Ebro", después de que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, "no nos ha dicho que no se iba a hacer".

   En declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en la comisión de seguimiento del Pacto del Agua de Aragón, presidida por el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y el presidente de las Cortes autonómicas, José Ángel Biel, Palacín ha mostrado su "indignación" y una "preocupación importante".
   "Pensamos que es una tomadura de pelo a los aragoneses que se vuelva a hablar de recuperar el trasvase del Ebro", ante al cual "salimos infinidad de veces a la calle y que creo que tendremos que volver a salir" porque CHA "tendrá una oposición frontal" al mismo.
   Asimismo, ha preguntado al Gobierno de Aragón "cómo permite que el señor ministro no niegue el trasvase del Ebro, cuando, en estas Cortes hemos aprobado hace escasas fechas una iniciativa que decía que las Cortes estaban en contra de ese próximo trasvase del Ebro".
   Palacín también ha criticado que "estamos volviendo a vivir un ataque frontal a nuestros ríos" y el ministro "no nos ha querido contestar nada del caudal ecológico" por lo que "nuestros ríos van a tener serios problemas en las próximas fechas con la bajada del caudal ecológico que marca el plan de cuenca".
   Joaquín Palacín ha argumentado, respecto a las obras hidráulicas del recrecimiento del embalse de Yesa y de la construcción de Biscarrués, que "estamos viviendo el enfrentamiento de dos modelos, uno que apuesta por el despilfarro de recurso ambientales, del agua, una de las mayores riquezas que tendremos en el futuro los aragoneses" y también "por el despilfarro de recursos económicos".
   En este sentido, ha apuntado que Yesa se licitó en un primer momento por "109 millones de euros y vamos por 300 millones", mientras que desde CHA "apostamos por un aprovechamiento adecuado de los ríos" y de los recursos económicos, especialmente en un momento de crisis.
   Sin embargo, ha manifestado, se quiere impulsar "una política que rompe la equidad territorial", en la que "unos están por encima de otros", sin que se resuelvan los problemas porque "los regantes siguen sin poder regar y los habitantes del territorio siguen con esa espada de Damocles que les está coartando su desarrollo con la posible pérdida de trabajo en algunas zonas, como la Galliguera".
   Por eso, ha esgrimido que "se habla de consenso, cuando existen soluciones mucho más técnicas y baratas", y en el caso de Yesa "existen otras soluciones mucho mejores" y "no estamos de acuerdo con la respuesta sobre la inseguridad de los desprendimientos de laderas", que "no es un pequeño problema", sino que "desde hace tiempo se está produciendo y aquí parece que es algo normal".
   Además, "no entendemos cómo se están quitando tierras" para "carreteras que no serían necesarias, si no se recupera la cota máxima" de forma que "parece una tramitación oscura y compra de voluntades".
   El diputado de CHA ha subrayado que "tampoco existe consenso" respecto a Biscarrués ya que es una obra con "muchos problemas medioambientales" y "se pierde un desarrollo en la zona y puestos de trabajo", si bien hay "soluciones más baratas y más sostenibles, como los embalses de Valcuerna y Almudévar, que solucionarían los problemas de los regantes de forma más rápida".
   Finalmente, ha expuesto que su modelo en política hidráulica es el embalse de San Salvador, en el que "ha habido diálogo y participación del territorio" y "sí ha habido un consenso de regantes y de los territorios que se van a ver afectados" por la obra.