jueves, 22 de marzo de 2012

Los 27 incluyen el Corredor Mediterráneo entre sus prioridades

BRUSELAS.- Los ministros de Transporte de la Unión Europea han alcanzado este jueves un acuerdo político sobre la nueva lista de proyectos prioritarios de las redes transeuropeas de transportes, que se beneficiarán de financiación de la UE a cambio del compromiso de estar terminados en 2030. Para España, la lista incluye el Corredor Ferroviario Atlántico y, por primera vez el Mediterráneo desde Algeciras a Portbou.

   La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha sido la única en oponerse al acuerdo al no incluir infraestructuras consideradas fundamentales por el nuevo Gobierno, especialmente el Corredor Central, que conectará España y Francia a través de un túnel por el centro de los Pirineos. Pastor reclamaba también la incorporación a la lista de los aeropuertos de Canarias, Alicante y Málaga, así como el puerto de Vigo.
   En su intervención final, Pastor se ha mostrado confiada en que estos proyectos acabarán siendo aceptados en la negociación que se inicia ahora con el Parlamento Europeo, que también tiene poder de decisión en la materia. También Italia ha pedido que se incorporen más proyectos, pero ha dicho explícitamente que aceptaba el compromiso, según fuentes europeas.
   Durante el debate en el Consejo de Transportes, la ministra de Fomento dejó claro que "el actual Gobierno de España no puede compartir la propuesta actual al quedar excluidos itinerarios principales y vertebradores de nuestro país".
   Pastor reclamaba especialmente a la UE "la introducción en la red básica de la Travesía Central a través de los Pirineos, que es un proyecto esencial para las comunicaciones en Europa que ya figuraba como prioritario en la planificación europea del año 2004".
   "España seguirá trabajando incansablemente a lo largo de este proceso legislativo para que la importancia de la Travesía Central sea reflejada en el texto final", ha agregado.
   La ministra de Fomento ha solicitado también "la inclusión en la red básica del puerto de Vigo, que es el primer puerto pesquero de Europa y clave del desarrollo de toda la vertiente Atlántica", así como de los aeropuertos de Málaga, Alicante, Gran Canaria y Tenerife Sur "tanto por su volumen de pasajeros como por su importancia estratégica dentro de una industria de gran peso estratégico europeo como es la turística".
   Finalmente, Pastor ha defendido la incorporación de Zaragoza "como plataforma logística por su ubicación estratégica y nodo central de distribución de mercancías".
   Pero el comisario de Transportes, Siim Kallas, se ha mostrado inflexible y ha rechazado incorporar a la lista ningún nuevo proyecto por considerar que ello sentaría un "precedente diabólico" al dejar sin valor una lista que se elaboró tras dos años de consultas previas.
   "No podemos iniciar estas negociaciones de nuevo", ha dicho Kallas al término del debate público sobre redes de Transporte con los ministros de los Veintisiete.
   En su opinión, si se aceptan las peticiones de un país "otro Estado miembro se presentará con otra propuesta, y si aceptamos ésta los Estados miembros vendrán con otras propuestas. Esto no puede llevarnos lejos". Kallas ha señalado que durante los dos años de consulta ha habido "varias rondas de negociaciones, muchas posibilidades de discutir y de ajustar la metodología y propuestas concretas".
   La nueva norma incluye una cláusula de revisión que estipula que la Comisión tendrá en cuenta la situación económica y presupuestaria en la UE y en los Estados miembros cuando evalúe los progresos realizados en los proyectos a finales de 2023.
   Bruselas quiere que todas las infraestructuras incluidas en la red básica, incluidos el Corredor Mediterráneo y el Atlántico, estén completadas en 2030. Para ello, ha propuesto movilizar 32.000 millones de euros del presupuesto comunitario durante el periodo 2014-2020. Con estos fondos se costeará entre el 20% y el 40% de los proyectos, especialmente los tramos transfronterizos.
   En el caso del corredor Central, la Comisión está financiando el estudio preliminar del túnel que atravesará los Pirineos y calcula, basándose en experiencias anteriores, que una vez iniciadas las obras tardará en construirse "más de 20 años", lo que incumpliría el requisito de que la infraestructura esté finalizada en 2030. De ahí su rechazo a incorporarlo a la lista de prioridades.

Hortyfruta alerta de la desventaja de la comercialización frente a la distribución

ALMERÍA.- La Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía (Hortyfruta) ha señalado este miércoles que el actual mapa de empresas comercializadoras que operan en la comunidad deja en "desventaja" al sector frente al "aumento" del poder de negociación de las grandes distribuidoras y ha instado a apostar por un sistema "más unido y representativo" que "concentre la oferta y permita ganar dimensión".

   En un comunicado, Hortyfruta ha trasladado que el sector hortofrutícola andaluz tiene que someterse a una "profunda reestructuración" en cuanto al número de comercializadoras que actualmente lo componen como condición indispensable "para lograr que el sector sobreviva ante la unión de las cadenas de distribución".
   En está línea, ha indicado que la interprofesional se ha propuesto como "reto" incluir en el seno de la organización a las cadenas de distribución ya que son un "elemento clave" para el buen funcionamiento del sector bajo abrigo de Andalucía aunque, para ello, según remarca, sea "necesaria una modificación del marco legislativo actual".
   Hortyfruta ha hecho referencia al informe 'Estudio sobre las relaciones entre fabricantes y distribuidores en el sector alimentario' elaborado por la Comisión Nacional de la Competencia que constata un aumento "notable" del poder de negociación de los distribuidores frente a sus proveedores en España.
   Así, la concentración de la distribución ha crecido en los últimos siete hasta hacer que la cuota de mercado de las cuatro primeras empresas --Grupo Carrefour, Mercadona, Grupo Eroski y Grupo Auchan-- ha aumentado en casi diez puntos porcentuales copando el 58 por ciento del mercado.
   "La tendencia es continuar con el proceso de concentración, así como con el aumento del gran supermercado frente a hipermercados y puntos de venta tradicionales, y lograr así reducir los costes de abastecimiento", ha apuntado la organización que ha advertido, sin embargo, de que este proceso es "totalmente opuesto" a lo que sucede en origen, donde son "cada vez más las empresas comercializadoras que existen en Andalucía, dando lugar a una oferta totalmente atomizada y dispersa, carente de ningún poder para poder intervenir en las relaciones comerciales".
   La Comisión Nacional de la Competencia, en su informe, hace una serie de recomendaciones al sector tales como la necesidad de adaptarse a los nuevos formatos; la concentración por parte del sector productor y la puesta en marcha de contratos tipo donde se desarrollen diferentes cláusulas "siempre que los precios se negocien libremente entre las partes y se formalicen y eleven a público".
   Hortyfruta ha concluido recordando que ha solicitado en varias ocasiones un cambio en el modelo actual que permita que se establezcan contratos tipo para las frutas y hortalizas, "logrando que el sector siga siendo rentable y evite que los agricultores tengan que vender sus productos a precios por debajo de los costes de producción".

El Obispado pide amparo al TC ante el fallo que le obliga a readmitir a Resurrección Galera

ALMERÍA.- El Obispado de Almería ha presentado a través de los servicios jurídicos de Conferencia Episcopal un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) contra la sentencia que declaró la nulidad del despido de la profesora de Religión Resurrección Galera, a quien no se renovó para el curso 2001-2002 después de que contrajese matrimonio civil con un hombre casado, y, por tanto, le obliga a su readmisión.

   Así se lo ha trasladado el abogado de la diócesis al titular del Juzgado de lo Social nº 3, Juan Carlos Aparicio, durante la vista que se ha celebrado este miércoles para resolver la ejecución del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que dicta que Galera debe volver a dar clases de Religión en las mismas condiciones que regían cuando fue despedida y obliga al Ministerio de Educación al pago de los salarios atrasados desde entonces.
   El juez ha desestimado la petición del Obispado de suspender la comparecencia ya que el escrito que acredita la interposición del recurso el pasado mes de febrero era una fotocopia aunque, finalmente, y tras escuchar las alegaciones tanto del ministerio como de diócesis, Junta de Andalucía y abogada de la profesora, ha acordado emplazar a las partes a una nueva vista el 11 de abril para citar a la Fiscalía, cuyo informe ha considerado necesario para dictar resolución.
   Ha dispuesto, asimismo, que la Consejería andaluza de Educación aporte un informe para determinar si hay plazas disponibles en el sistema o, por el contrario, es "imposible" hacer efectiva la readmisión de Galera después de que el letrado de la Junta afirmase desconocer tal extremo, y que la letrada de CCOO, Amalia Robles, presente a la sala un cómputo de la cuantía total que debería percibir su patrocinada en concepto de salarios atrasados.
   En su recurso de amparo el Obispado de Almería argumenta, como sostuvo ante el Alto Tribunal andaluz, que le asiste el derecho reconocido por tratados internacionales y por el propio Constitucional como a "todas las confesiones religiosas" a designar a los profesores por su "idoneidad" y pide que al TC que se pronuncie sobre la "cuestión de fondo".
 Alude, en esta línea, a un procedimiento ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo pendiente de resolver contra una sentencia del Constitucional que se pronunció "en sentido contrario" al caso de Galera ante un supuesto "muy similar".
   Por su parte, el letrado de la Abogacía de Estado ha indicado que se ha dado cumplimiento parcial a la sentencia y ha reproducido ante la sala el contenido del informe remitido a principios de febrero al Juzgado de lo Social en respuesta al escrito de ejecución de la abogada de la profesora en el que se señalaba que desde el ministerio no se había dado cumplimiento a la sentencia, firme, se que solicitaba que se instase a la Administración central a que le diese cumplimiento.
   El citado informe sostenía que la sentencia que declara nulo el despido sólo le obliga al pago de los salarios, incluidas las pagas extraordinarias, que dejó de percibir en el curso 2001-2002 y de una indemnización por extinción de contrato de trabajo de ocho días por año de servicio. Justificaba, asimismo, en el citado escrito su  no readmisión en que, para  ello, "hubiera sido necesaria" una propuesta al respecto del Ordinario eclesiástico.
   Argumentaba que los contratos de los profesores de Religión eran "temporales de duración determinada por el curso escolar" y que la readmisión se debía producir en un contrato temporal "vinculado" al curso 2001-2002, por lo que la declaración de nulidad no lo podría "tornar en indefinido ni extenderse a cursos posteriores" al no haber demandado por despido Galera en los cursos posteriores.
   Por este motivo, comunicaba al juzgado que iba a abonar los salarios dejados de percibir en el curso 2001-2002 --desde septiembre hasta agosto--, incluyendo pagas extraordinarias a las que "hubiera tenido derecho de haber prestado servicios, descontándole el IRPF que corresponda y cotizando al Régimen General de la Seguridad Social por ese periodo".
   Con respecto a la readmisión, indicaba que el ministerio daba por concluida la relación laboral de la docente con fecha 1 de septiembre de 2002 y alegaba que para que la nueva contratación "se pudiera llevar a efecto" hubiera sido "necesaria" una propuesta al respecto del Ordinario Diocesano -- en alusión la concesión por parte del Obispado de la declaración eclesiástica de idoneidad--- conforme a lo establecido en el Convenio de 1999.
   Subrayaba, en esta línea, que, en este caso, "no es de aplicación evidentemente" el nuevo marco jurídico del Real Decreto 696/2007 por el que se regula la relación laboral de los profesores de Religión y que es de obligado cumplimiento la normativa laboral que dicta que la readmisión "no puede producirse en condiciones distintas a las que regían antes de producirse el despido".
   Tras dos sentencias anteriores que avalaron el despido, el Tribunal Constitucional (TC) concedió once años después a Galera, que impartía clases en el CEIP 'Ferrer Guardia' de la capital, amparo y reconoció sus derechos a no sufrir discriminación por sus circunstancias personales, a la libertad religiosa en conexión con el derecho a contraer matrimonio y a la intimidad personal y familiar.
   En cumplimiento de la orden de retrotraer las actuaciones, el Juzgado de lo Social nº 3 dictó una nueva sentencia, en este caso favorable a Galera al declarar el despido nulo, que fue recurrida al TSJA por la diócesis almeriense. El Alto Tribunal andaluz, pese a que ratificó el fallo y desestimó el recurso, señaló en los fundamentos de derecho el carácter "surrealista" de la problemática que plantea el caso ya que, según subrayó, el ministerio "se ve condenado por una conducta que, conforme a Tratado, venia compelido a realizar y, por otro lado, el Obispado podía, por reconocérselo el Convenio Estado/Iglesia proponer a quien considerase más idóneo".
   En esta línea, el TSJA sostenía que la sala se veía "compelida, por la forma no adecuada de planteamiento del recurso a desestimarlo y a confirmar la decisión judicial "combatida" al tiempo que advertía de que "podrían darse muchas razones, desde el punto de la legalidad ordinaria e incluso de la Constitucional, para resolver el problema de forma diferente a como lo ha sido" en fallos anteriores.

IU de Roquetas de Mar cree un "descalabro educativo" que los escolares vayan a un tentadero

ALMERÍA.- El grupo municipal de IU de Roquetas de Mar ha tildado de "descalabro educativo" la actividad organizada para este jueves por el Consistorio roquetero en la que más de un millar de escolares acudirán a la Plaza de Toros para participar en un tentadero didáctico al que asistirá también David Fandila 'El Fandi'.

   Según ha planteado la formación en un comunicado, esta actividad incluye la prueba con la garrocha, que se practica para apreciar la bravura de los becerros. "Desde luego, no nos parece nada apropiado que desde el Ayuntamiento se inste a los maestros a llevar a los niños a semejante acto. Entendemos que el dinero que cuesta esa salida se podría invertir en llevarles de excursión lugares donde puedan aprender otros valores que no sea el maltrato a los animales".
   La concejal de IU de Roquetas de Mar Encarnación Moreno ha indicado que este martes trasladó al gobierno local esta cuestión en la comisión informativa de Servicios a los Ciudadanos, en la que habló "ya no sólo como concejal de este Ayuntamiento, sino como maestra y directora de un centro educativo".
   Así, ha incidido en que en los centros educativos se llevan adelante "unos programas en los que tratamos de inculcar valores de respeto a los animales, a la naturaleza y a las personas", de forma que también expresó su temor a que la actividad suponga "una utilización de los escolares". 
"Si el ejecutivo local quiere inculcarle esa tradición, que lo haga por la tarde y las familias pueden llevar a sus hijos donde crean oportuno, pero no nos parece correcto hacerlo en horario escolar y menos a tres días de las elecciones", ha manifestado.
   Con esto, Moreno ha afirmado que en su trayectoria profesional acumula 30 años como maestra en los que ha trabajado en lugares como Ubrique y Arcos de la Frontera (Cádiz) o Ronda (Málaga) en donde existe "tradición taurina" y en los que "nunca se ha realizado una actividad como ésta". Para la edil, esta tradición "que quiere inculcar el equipo de gobierno del PP no es real", por lo que se ha pedido que esta inversión se realice para excursiones a otros lugares como el Aquario de Roquetas o el Castillo de Santa Ana.
   Por su parte, según informó el Consistorio, el encuentro "combinará la formación, la historia, la tradición, el espectáculo y la cultura" a través de una de las figuras más representativas del toreo. Y es que, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó, en sesión plenaria, la propuesta de incluir a los toros como Patrimonio Cultural Inmaterial.
   Este tentadero didáctico viene a "reforzar" el compromiso que la corporación adoptó, ya que esta catalogación "debía ir inexorablemente unida al fomento, divulgación y promoción de la tauromaquia entre la ciudadanía, y los jóvenes son un parte fundamental y esencial de la misma como futuro de la sociedad".