martes, 24 de enero de 2012

Antes de junio se tipificarán como delitos infracciones en la gestión pública

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este martes que el Ejecutivo promoverá en este periodo de sesiones, que concluye el 30 de junio, la reforma del Código Penal para tipificar como delito "las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos".

   Durante su intervención ante la Comisión Constituciónal del Congreso de los Diputados, la primera de un miembro del Gobierno en la X Legislatura, Sáenz de Santamaría ha precisado que, junto a la Ley de Buen Gobierno que el Ejecutivo quiere presentar, habrá otra ley orgánica complementaria para introducir reformas en el Código Penal.
   "La mala gestión de los recursos públicos no puede seguir perjudicando únicamente a quien paga, sino que tiene que generar consecuencias a quién malgasta", ha defendido la 'número dos' del Gobierno.
   En concreto, ha explicado que a la hora de tipificar los nuevos delitos se tendrán en cuenta "criterios de intencionalidad, grave negligencia en el ejercicio de sus funciones, quebranto a la Hacienda Pública o claro perjuicio de los servicios que financia".
   Según ha dicho, se trata de que aquellos gestores que "irresponsablemente causen perjuicios a los ciudadanos en su gestión, gasten más allá de lo razonable, hipotequen el futuro de las generaciones siguientes, lleven a cabo una gestión deficiente" respondan ante los ciudadanos y "si es necesario, ante la justicia".
   Por lo que se refiere a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, Sáenz de Santamaría ha anunciado que será remitida al Congreso de los Diputados "en este periodo de sesiones".
   En ella, entre otras cosas, se pretende "elevar a rango de ley los valores que deben regir las tareas de Gobierno" y que ha fijado en la transparencia en la gestión, la imparcialidad en las decisiones o el deber de "sigilo en las informaciones de que tengan conocimiento por razón de su cargo y que no deban ser divulgadas con arreglo a la ley".
   La portavoz del Gobierno ha explicado que con esta ley y con otra serie de herramientas con las que se pretende "hacer de la transparencia una ley de referencia" en el ordenamiento jurídico", el Gobierno quiere demostrar que va a ser "un Gobierno abierto".
   Por ello, ha defendido que esta ley "marcará un antes y un después en la forma en la que se entiende el Gobierno y en la forma en que lo perciben los ciudadanos", porque incrementará la trasparencia, y reforzará "la responsabilidad de los gobernantes".
   Sáenz de Santamaría ha asegurado que ya se ha comenzado a trabajar sobre el texto y han comenzado las consultas con la sociedad civil. En concreto, ha asegurado que ha habido reuniones "con las distintas asociaciones promotoras de la transparencia y el buen gobierno".
   La vicepresidenta ha adelantado que con esta ley y otras medidas que abundarán en el mismo camino el Gobierno quiere que España forme "parte activa" de la propuesta que los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y Brasil, Dilma Rousseff, impulsaron en julio de 2010 en Nueva York, conocida como 'Iniciativa mundial para un Gobierno Abierto'.
   Para ello, ha explicado que España deberá suscribir un compromiso de transparencia, presentar un plan de acción estatal abierto a consulta pública y aceptar la evaluación externa del cumplimiento del proyecto, además de cumplir con "estándares mínimos" en asuntos como transparencia fiscal, publicidad de los ingresos y bienes de los cargos públicos y participación de los ciudadanos.
   Sáenz de Santamaría también ha avanzado otros cambios que el Gobierno quiere impulsar en aras de la transparencia, a través de la Ley en la que ya trabaja. En concreto, ha anunciado que se creará un 'Portal Digital de la Transparencia' al que los ciudadanos podrán dirigir su solicitud de información.
   Según ha dicho, será "una verdadera ventanilla de información de la Administración General", que sólo tendrá como limitaciones de acceso una "lista cerrada" de asuntos relacionados con cuestiones como la seguridad nacional o el derecho fundamental a la protección de datos.
   A través de este portal, ha dicho, los ciudadanos podrán conocer, por ejemplo, "a quién y por qué se conceden las subvenciones públicas, cuánto cuesta organizar una cumbre internacional, cuántos funcionarios trabajan en un Ministerio o en un organismo público o cuánto cobran los altos cargos".
   En este sentido, la vicepresidenta ha recalcado que el Gobierno quiere "armonizar las obligaciones de transparencia en la publicación de actividades y bienes entre parlamentarios, miembros del Gobierno y otros altos cargos", de manera que sean "las máximas" para todos.
   Además, ha avanzado cambios en el Boletín Oficial del Estado y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que también pretende garantizar el derecho de los ciudadanos a la transparencia.
   Por lo que se refiere al BOE, ha apuntado que se buscará un boletín "más personalizado", a través de "mecanismos de selección de contenidos y de comunicación de alertas", que respondan a "las necesidades individuales de los interesados".
   Respecto al CIS, ha dicho que se quiere avanzar en "una mayor transparencia de los datos de análisis de la coyuntura social" y ha precisado que, para ello, se ampliarán las bases de datos del centro y se incorporarán "estudios de otros centros o institutos.

Rosa Díez: al Gobierno le interesa más "evitar tensiones" que controlar el déficit

MADRID.- La líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha asegurado que parece que al Gobierno "le interesa más evitar tensiones con sus barones territoriales" que controlar el déficit en las comunidades autónomas porque lo "primero" que debería de haber hecho es pedirles "sus presupuestos".

   "En la legislatura pasada no se tomaron las decisiones que se debían de tomar pero es que en esta tampoco. El primer Consejo de Ministros que se celebró lo primero que tenía que haber decidido es pedir a las comunidades que desviaran los presupuestos. Parece que le importa mas evitar tensiones con sus barones territoriales que responder a la necesidad de 47 millones de ciudadanos", ha denunciado hoy en una entrevista en TVE.
   En este sentido, Díez se ha preguntado por qué el Gobierno no hace lo mismo que hace la Unión Europa con sus Estados miembros, es decir, "controlar el presupuesto antes de que se apruebe y pedir permanentemente un control y un cumplimiento".
"Parece absurdo y es completamente necesario. La primera decisión debía haber sido pedir a las autonomías los presupuestos", ha señalado.
   Según Díez, el Gobierno actual es igual de responsable que el anterior de no abordar el cumplimiento del déficit de manera efectiva, ya que aunque fue Ejecutivo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el que, a su juicio, no tomó decisiones y no alertó a los ciudadanos de la situación, "a sabiendas de lo que se estaba produciendo", el de Mariano Rajoy tampoco está tomando decisiones "para enfrentarse de verdad con el problema".
   No obstante, ha aclarado que aunque los ciudadanos tienen interés en saber "quién tiene la culpa" y que "está bien hacer el diagnóstico para evitarlo y que no se vuelva a producir", lo importante , a su parecer, es "tomar medidas" para solucionar el problema, algo que, ha apuntado, no está haciendo el PP.
   Asimismo, ha señalado que aunque son las comunidades autónomas "las que más déficit han generado", esto se ha debido a que "no se les ha impedido que lo generaran". 
"Si desde el Gobierno se hubieran controlado los presupuestos antes de que se aprobaran y si no se les hubiera dado más dinero en anticipos que lo que se sabía que iban a recaudar, no hubiéramos llegado a esta situación", ha afirmado.
   Preguntada sobre si hay que rebajar el cumplimiento del objetivo de déficit, Díez ha asegurado que "si se revisan las expectativas de crecimiento, también hay que revisar el déficit y el plazo para cumplirlo", al tiempo que ha advertido de los costes que puede suponer cumplir con dichas exigencias, algo que, tal y como ha recordado, el Gobierno de Rajoy ya ha anunciado que tiene previsto hacer.
   "La pregunta es cuánto nos va a costar cumplir en términos de más destrucción de empleo y de más recesión. El Gobierno ha dicho que se va a cumplir sí o sí, el problema es a qué precio. Gobernar es decidir, y va a haber que decidir", ha aseverado.
   Por otro lado, la portavoz de UPyD en el Congreso ha matizado que para atajar esta situación, además de controlar el techo de gasto en las comunidades autónomas, es preciso "garantizar una cierta redistribución", porque están haciendo recortes "sin ningún tipo de control", lo que lleva, ha alertado, "a que se profundice cada vez más en la desigualdad"
. "Además del techo hay que garantizar una cohesión para que los derechos fundamentales estén garantizados para todos los españoles", ha defendido.
   Por ello, Díez ha abogado por "repensar el modelo territorial del Estado, con un criterio nacional y general, y pensando en el interés de todos los ciudadanos", ya que, aunque "ha servido para mucho durante todos estos años", hoy ha demostrado ser, a su juicio, "inviable desde el punto de vista político e insostenible desde el punto de vista económico".
   "Eso hay que repensarlo. Por eso nosotros venimos sosteniendo que España necesita reformar su modelo territorial. No creo que se trate de que las Comunidades que no tienen dinero para gestionar competencias las devuelvan. Hay que caminar hacia un modelo Federal Cooperativo en el que el Gobierno tenga competencias que hoy no tiene como la Educación y la Sanidad, como competencias exclusivas e indelegables", ha explicado.
   En esta misma línea, ha manifestado que es necesario llevar a cabo un proceso de "fusión de municipios" porque muchos de ellos son pequeños y al no tener capacidad para prestar servicios, obligan a mantener las Diputaciones provinciales, las cuales, según su criterio, "hay que suprimirlas todas".
   Dicho esto, ha subrayado que es "urgente" iniciar un debate sobre esta cuestión, ya que si se abordara podría conseguirse un ahorro que ha cifrado en unos 15.000 millones de euros, "que podrían dedicarse al déficit, además de a prestar mejores servicios a los ciudadanos".

García Lorca, subdelegado del Gobierno, señala la "necesidad" de infraestructuras de una provincia "históricamente ignorada"

ALMERÍA.- El subdelegado del Gobierno central en Almería, Andrés García Lorca, ha señalado este lunes la "necesidad de equipamientos e infraestructuras" que padece la provincia y se ha comprometido a hacer llegar al Ejecutivo las "demandas sociales" de una tierra que "fue irredenta e históricamente ignorada".

   En su intervención durante el acto de presentación tras asumir el cargo, en el que ha estado acompañado por la delegada del Gobierno en Andalucía, la almeriense Carmen Crespo, ha subrayado la "voluntad de motor de desarrollo" de Almería "pese a la crisis de nos lacera" y ha trasladado que trabajará para generar "alternativas de producción y empleo".
   García Lorca, quien ha demandado "opiniones, consejos e iniciativas" para desarrollar esta tarea, ha asegurado que, en su gestión "dedicada e intensa", buscará la "eficiencia" en el "servicio al bien común", por lo que, ha añadido, "siempre estaré abierto a la crítica y al diálogo".
"No hay nada más peligroso para un gobernante que el aplauso de los incondicionales", ha indicado.
   Al hilo de esto, ha instado, en un discurso en el que ha garantizado que mantendrá la coherencia ideológica con los principios del humanismo cristiano, a "trabajar bien, esforzándonos y con perseverancia" y se ha fijado como objetivo "promover las condiciones necesarias para el ejercicio de un orden social justo, que permita el desarrollo integral e integrado de las personas y de la sociedad a la que servimos".
   Por su parte, Crespo ha expresado su "máxima confianza" en García Lorca, de quien ha destacado unas "cualidades y aptitudes importantísimas", y ha asegurado que "no defraudará" dada su trayectoria profesional marcada por el "análisis, la seriedad, y un amor increíble a su tierra".
   En esta línea, ha asumido como suyos los restos planteados por el nuevo subdelegado en materia de "déficit de infraestructuras, seguridad, inmigración y agricultura" y ha señalado que, ante la "dificultad del momento económico", debe primar la "lealtad".
"Todos debemos ir de la mano", ha apuntillado.
   Posteriormente, Crespo y García Lorca han cursado la primera visita oficial al presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, y al alcalde de la ciudad, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador.
   En este primer encuentro con el primer edil, "distendido" según han informado desde el Consistorio, se han abordado temas relativos al inicio de las nuevas responsabilidades públicas y los ajustes en las diferentes agendas de cara a una mayor eficacia en la gestión. 
Crespo ha dedicado unas palabras en el Libro de Honor del Ayuntamiento, valorando la gestión municipal y expresando su satisfacción por la visita.

Teruel llama a la "unidad" del PSOE en torno a un candidato y alerta de que "dividir debilita a Andalucía"

ALMERÍA.- El líder del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha abogado este lunes por lograr la "mayor unidad" en torno a uno de los precandidatos que optan a la Secretaría General de los socialistas y ha advertido de que "dividir" la delegación que va a acudir al Congreso Federal "debilita" la posición de Andalucía en el partido.

   En rueda de prensa, Sánchez Teruel ha señalado que la dirección provincial "sólo" tiene conocimiento de un único, de entre 23 delegados, que haya hecho pública su preferencia ya que hay que recordar que los dos socialistas almerienses que tienen un papel activo en los equipos de Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón, la diputada nacional, Consuelo Rumí, y el exalcalde de Olula del Río, Antonio José Lucas, han quedado fuera de la representación.
   "Primero hablaré con todos los secretarios generales en las provincias andaluzas buscando que Andalucía tenga la delegación más numerosa, unida en torno a un candidato", ha afirmado para, a continuación, mostrar su convencimiento de que la citada "unión puede hacer que Andalucía salga reforzada" y que el presidente de la Junta de Andalucía y secretario general del PSOE-A, Jose Antonio Griñán, "haga valer su fuerza".
   En esta línea, Sánchez Teruel ha señalado que buscará el "máximo consenso" en el seno de la delegación del PSOE de Almería, que, tras el congreso provincial, ha quedado conformada por 16 integrantes de la lista presentada por la Ejecutiva y siete miembros de la lista alternativa liderada por Joaquín Jiménez, quien alcanza el respaldo del 30 por ciento de asistente. Así, el exconsejero andaluz Martín Soler estará presente en el cónclave federal.
   Sobre la ausencia de Rumí y Lucas, el líder de los socialistas almerienses la ha achacado precisamente a la concurrencia de esa lista alternativa. "Entendimos, al confeccionarla, que debía incluirse a las personas que están defendiendo el proyecto de cada uno de los candidatos pero, al incluirlos, debimos ordenar la lista para que ambos tuviesen la misma suerte si se presentaba una lista alternativa y conseguía más del 20 por ciento de votos", ha explicado.
   La lista final, que irá encabezada por el secretario provincial del PSOE almeriense, incluirá, además de al propio Jiménez, a la exdiputada nacional del PSOE Ana Cano, el exvicepresidente de la Diputación Provincial y secretario local del PSOE de Adra, Luis Pérez Montoya, el exdelegado de Obras Públicas Luis Caparrós, la concejal del Ayuntamiento de Almería, Déborah Serón, el exconsejero Martín Soler, y la alcadesa de Las Tres Villas, Virtudes Pérez.
   Entre los miembros que concurrirán al cónclave por esta circunscripción pertenecientes a la lista oficial se encuentran el secretario provincial de Organización, Juan Carlos Pérez Navas, la delegada provincial de Iguadad, Adela Segura, el presidente del PSOE de Almería, Antonio Bonilla, la secretaria de la ejecutiva local del PSOE de Almería, Pepa Requena, el exalcalde de Almería Fernando Martínez, la portavoz del grupo del PSOE en la Diputación, Esperanza Pérez Felices y la coordinadora provincial del IAM, Águeda Cayuela, entre otros.
   Sánchez Teruel ha hecho referencia, asimismo, al "intenso debate" que se generó en el congreso provincial gracias a las 373 enmiendas presentadas, entre las que ha destacado aquella en la que se insta al 38º Congreso Federal a adquirir el compromiso de que, ante cualquier negociación de la UE con terceros países, "se haga sin perjudicar al sector agrícola".
"No podemos tolerar la entrada de producto por parte de países que compiten de manera desleal ya que no se les exige lo mismo", ha remarcado.
   De este modo, se ha reafirmado en la postura de los socialistas en contra de la aprobación del acuerdo de asociación UE-Marruecos y ha trasladado que harán "todo lo posible" para impedir que se apruebe dicho acuerdo si bien ha subrayado que es el PP el que "decidirá si se aprueba o no, al tener mayoría en el Parlamento Europeo".
   Ha recordado que el PSOE de Almería está presentado mociones en contra del acuerdo en todos los ayuntamientos de la provincia y en la Diputación Provincial y ha instado al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, a que "deje de confundir a la opinión pública y clarifique de una vez su postura, a poder ser antes de la visita a Marruecos que tiene prevista para el próximo 9 de febrero".

La Junta destaca que la deuda pública andaluza se sitúa tres puntos por debajo de la media de las CCAA

SEVILLA.- La deuda pública andaluza se situó en el tercer trimestre de 2011 en el 9,5 por ciento del Producto Interior Bruto, 3,1 puntos inferior a la media de las comunidades autónomas españolas (12,6 por ciento), según la información del Banco de España extraída y hecha pública por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

   Según indica la Junta en una nota, la actuación de los gobiernos para hacer frente a la recesión económica "ha supuesto la adopción de medidas de estímulo fiscal, que han generando un deterioro de las finanzas públicas". En concreto, los datos del Banco de España señalan que entre comienzos de 2008 y el tercer trimestre de 2011 --última información disponible--, la ratio de deuda pública respecto al PIB en el conjunto de comunidades autónomas ha pasado del 5,8 por ciento al 12,6 por ciento, el nivel más alto desde que se tiene información (1994).
   La Junta en su nota apunta que "todas las comunidades autónomas han experimentado crecimientos de la deuda, aunque existen diferencias entre ellas". Así, destaca que Andalucía es una de las regiones que registra una ratio deuda inferior a la media, siendo la segunda que ha experimentado el avance más moderado (4,7 puntos), inferior a los 6,8 puntos que de media ha aumentado en el conjunto de regiones.
   Teniendo en cuenta el nivel de deuda y el perfil de acumulación de la misma durante los últimos trimestres, Andalucía se encuentra "en una mejor situación relativa respecto al resto de comunidades autónomas en el proceso de consolidación fiscal acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en respuesta a la estrategia de sostenibilidad presupuestaria fijada por España en el marco de la Unión Europea".  
   Junto a Andalucía, se mantienen por debajo de la media las comunidades de Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja y Madrid.
   En el lado opuesto, las comunidades que presentan un balance más negativo, con una ratio deuda PIB superior a la media, y un incremento relativamente más intenso en el período, han sido Comunidad Valenciana (19,9 por ciento del PIB en el tercer trimestre de 2011), Cataluña (19,7 por ciento), Castilla-La Mancha (18,3 por ciento) y Baleares (16,8 por ciento), con aumentos que oscilan entre los 8,1 y los 12,8 puntos, según ha apuntado la Junta.

Griñán apoya la petición del sector hortofrutícola de no refrendar un nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos

SEVILLA.- El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha mostrado este sábado su acuerdo "prácticamente en todo" con el sector hortofrutícola andaluz en su petición de no refrendar un nuevo acuerdo en materia agrícola entre la Unión Europea y Marruecos, por lo que ha apelado a la "unidad de acción más allá del partidismo político" en la votación que tendrá lugar en el Parlamento Europeo entre los próximos días 13 y 16 de febrero. 

   El jefe del Ejecutivo andaluz ha realizado estas declaraciones en Sevilla después de mantener un encuentro con representantes de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (Fepex), en el que también ha participado la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera.
   Así, el presidente de la Junta ha manifestado que el acuerdo con Marruecos ya vigente "no se está cumpliendo", puesto que "no hay control de fronteras" y las exigencias de seguridad alimentarias "no son las mismas" para las frutas y hortalizas marroquíes que para los productos procedentes de otros países de la UE.
   Por tanto, el líder del Gobierno andaluz ha señalado que "Andalucía no va a seguir aceptando" estas condiciones, de modo que se pretende "conseguir que el Parlamento Europeo no refrende este acuerdo" hasta que no se consigan los "objetivos" del sector.  
   Griñán ha destacado que las empresas hortofrutícolas andaluzas "son empresas competitivas que investigan, innovan, aportan e introducen nuevas tecnologías, que no pueden arruinarse por una competencia desleal".
   Por su parte, el director general de Fepex, José María Pozancos, ha incidido en la importancia de que no se siga "maltratando" a un sector que representa en España 450.000 empleos directos, por lo que ha incidido en que el protocolo planteado, que califica como "desequilibrado", sea devuelto a la Comisión para su renegociación. Pozancos ha señalado que este acuerdo tendría un impacto "muy negativo" sobre las principales zonas productoras como Almería, Granada, Huelva o Sevilla.
   Este encuentro celebrado en Sevilla ha contado también con la presencia de miembros de las entidades andaluzas Asociafruit, Asociación Onubenses de Productores y Exportadores de Fresa (Freshuelva) y Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal).
   El sector viene denunciando el continuo incumplimiento de los precios de entrada preferenciales los productos procedentes de Marruecos -en el caso del tomate, por ejemplo, está fijado en 0,46 euros por kilo- y, en consecuencia, la necesidad de reformar un sistema regulador de los mismos que resulta "ineficaz"; así como la vulneración de las cantidades asignadas para cada producto, plasmada en el crecimiento de las exportaciones hortofrutícolas de Marruecos por encima de lo establecido en el acuerdo en vigor -120 por ciento y 37 por ciento más en octubre y noviembre de 2011, respectivamente-.
   En cuanto a las normas europeas de calidad, las condiciones exigidas a los productos de la Unión Europea son más exigentes en materia de calidad, seguridad alimentaria y residuos fitosanitarios que las aplicables a otros que se producen en Terceros Países. Una circunstancia que, sumada a que los costes de producción en Marruecos son inferiores, coloca a los productores europeos de frutas y hortalizas en una situación de desventaja al ser víctimas de una competencia desleal.