SEVILLA.- El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo,
ha abierto una queja de oficio para pedir a la Junta que impulse medidas
de protección al derecho a la vivienda frente a los desahucios.
En su queja el Defensor recuerda que
los defensores del pueblo se reunieron la semana pasada, el pasado 14
de diciembre, en Oviedo para estudiar medidas que ayuden a los afectados
por procesos de desahucios y pérdida de sus viviendas con motivo de la
crisis económica, un problema "de enorme calado social" que, a su
juicio, "requería una respuesta específica de las instituciones de los
defensores del pueblo".
Por ello, en función de las conclusiones que se elaboraron, el
Defensor del Pueblo Andaluz ha traslado a la Consejería de Fomento y
Vivienda una serie de medidas propuestas, a través de una queja de
oficio.
En dicha queja detalla que el pasado 14 de diciembre se celebró la
jornada de trabajo junto a los demás defensores sobre 'Las medidas para
la protección eficaz del derecho constitucional a la vivienda en un
entorno de crisis económica', donde se llegaron a una serie de
conclusiones encaminadas a "proponer medidas para la protección eficaz
del derecho constitucional a la vivienda".
Entre esas conclusiones se apunta que la actual crisis "está
teniendo unos efectos muy negativos en un amplio sector de la población,
que no sólo ve frustradas sus expectativas de acceder al derecho
constitucional a una vivienda digna y adecuada, sino que también se está
viendo abocado a la privación de la vivienda en la que estaban
residiendo, como consecuencia del sobreendeudamiento y la consiguiente
ejecución hipotecaria".
Agregan que esta realidad "dramática", se exige y demanda,
conforme al mandato de la Constitución, que "los poderes públicos
aborden, con carácter urgente, las necesarias reformas normativas, que
se vienen demandado desde distintas instancias públicas y privadas,
asociaciones y foros, de la legislación hipotecaria, de Enjuiciamiento
Civil, Concursal y del Código Civil, con objeto de garantizar, de forma
efectiva, el derecho a la vivienda".
Consideran que las distintas normas que se han aprobado con objeto
de evitar o limitar los efectos de la ejecuciones hipotecarias "son
insuficientes", tras lo que aluden, entre otras cuestiones, a los
resultados sobre la aplicación del Código de Buenas Prácticas por parte
de entidades financieras y que "son concluyentes de su escasa
efectividad". En ese sentido, indican que tales normas "no contemplan la
situación en que pueden encontrarse los avalistas de los créditos, y en
algunos casos la deuda principal acaba extendiendo sus efectos a éstos y
les conduce a la exclusión social".
Asimismo, apuntan que "muchas personas se han visto abocadas al
impago de las cuotas de los préstamos hipotecarios que suscribieron en
un momento" y se alude a las "circunstancias sobrevenidas" tras la
formalización del contrato de préstamo hipotecario, tales como
desempleo, fallecimiento, enfermedad, separación, unidos a una
"inadecuada" valoración de los inmuebles y de la solvencia de los
prestatarios por parte de las entidades financieras, lo que "las
convierte en corresponsables de la situación de sobreendeudamiento".
Consideran que en el caso de las entidades financieras que hayan
sido rescatadas, los defensores ven conveniente que el Gobierno articule
medidas para que estas ayudas públicas "también reviertan en la
ciudadanía, bien a través de una renegociación de los préstamos
hipotecarios que los ciudadanos tienen con estas entidades, o bien
destinando parte de los inmuebles adquiridos a viviendas sociales".
Por tanto, las defensorías del pueblo hacen una llamada a los
poderes públicos para que, "con carácter de urgencia y desde el consenso
y la responsabilidad que la sociedad española está exigiendo, adopten
cuantas medidas, legislativas, sociales y económicas, sean necesarias
para garantizar, de manera real y efectiva, el derecho constitucional a
la vivienda".
Los defensores en ese sentido, han propuesto una serie de medidas a
las administraciones, como son "ampliar los supuestos de beneficiarios
de las normas que han sido aprobadas recientemente para proteger a los
deudores en riesgo de ejecución hipotecaria; promover el alquiler social
de las viviendas como alternativa al desahucio; o incrementar los
supuestos de acogimiento a las medidas de reestructuración de las deudas
hipotecarias".
También propone "establecer los supuestos en los que se podrían
acoger a la dación en pago los deudores como uno de los medios para
liquidar la deuda hipotecaria; extender las medidas de protección a los
locales de negocio donde se desarrolla la actividad que constituye el
medio de vida del deudor; regular un sistema de reestructuración de
deudas, articulando mecanismos que busquen soluciones cuando se generen,
de buena fe, situaciones de sobreendeudamiento".
Asimismo, proponen "instar a la Sareb (Sociedad de Gestión de
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), para que adopte
las medidas necesarias para que las entidades financieras destinen todas
las viviendas protegidas al fin para el que fueron construidas,
previendo alternativas, incluida la expropiación, ponderando su
valoración en función de su amortización, la dificultad de venta, las
ayudas públicas recibidas y la valoración de su inclusión en la Sareb,
valorando, asimismo, la adquisición de inmuebles de las entidades
beneficiarias a los precios socialmente ponderados como alternativa a la
construcción de VPO en los planes públicos de vivienda y suelo para
destinarlos al alquiler social".
Los defensores proponen además "determinar un protocolo de
intervención para evitar los lanzamientos de familias y personas que
puedan acogerse a los supuestos de suspensión previstos en la norma
aprobada", además de "poner en marcha de forma urgente el Fondo Social
de Viviendas y dotarlo de los suficientes inmuebles para dar respuesta a
los adquirentes de buena fe que sean desahuciados por circunstancias
sobrevenidas".
Plantean asimismo "reformar la normativa fiscal y tributaria para
evitar que los deudores de buena fe vean agravada su situación por las
cargas impositivas, como el impuesto de transmisiones o de plusvalías y
otros impuestos; crear o reforzar servicios públicos de asesoramiento,
orientación y mediación entre entidades financieras y los propietarios
que se encuentren en dificultades de pago; o sugerir el aplazamiento del
pago del precio o en su caso, del alquiler, ante la entidad financiera
en determinados supuestos y condiciones".
Ante esto, el Defensor andaluz ha "sugerido" que la Consejería de
Fomento y Vivienda ponga en marcha las medidas propuestas por las
defensorías del pueblo estatal y autonómicas con la finalidad de que,
"si total o parcialmente las comparte, impulse su puesta en marcha y
ejecución, ya sea directamente en lo que sea competencia andaluza, ya
proponiendo su adopción al Gobierno, a través de la Comisión
Interterritorial Estado-Comunidades Autónomas".
"El deterioro que está sufriendo la garantía efectiva de este
derecho constitucional exige un esfuerzo sin precedentes, pero
inaplazable, para que los poderes públicos, en el marco de un Pacto por
la Vivienda, ejerzan sus competencias para la protección de este
derecho", ha aseverado el Defensor andaluz.
No hay comentarios:
Publicar un comentario