ALMERÍA.- La organización ecologista Greenpeace ha
urgido este jueves a la Junta de Andalucía y al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (Magrama) a que hagan público el
contenido del informe que, según anunciaron ambas administraciones, iba a
ser encargado a la empresa Tragsa para evaluar el coste y las
características técnicas del derribo del hotel de Azata del Sol en el
paraje de El Algarrobico, en Carboneras, y diseñar el proceso
para el tratamiento de los residuos y la posterior regeneración de la
zona.
Al hilo de esto, el colectivo ha avanzado en un comunicado que el
director ejecutivo de Greenpeace España solicitará en el transcurso de
un encuentro con el ministro Miguel Arias Cañete que se va a celebrar el
9 de octubre una copia del citado estudio, así como "fecha concreta"
para el desmantelamiento del establecimiento hotelero de una veintena de
plantas y 411 habitaciones.
Este asunto se abordará en la reunión después de que el Tribunal
Supremo (TS) dictaminase el miércoles en firme que el hotel de Azata del
Sol contraviene la Ley de Costas e invade de manera parcial la zona de
servidumbre del dominio marítimo-terrestre fijada en 100 metros y
después de que la Junta haya resuelto no interponer recurso de casación
contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)
que anulaba la normativa medioambiental en la zona al considerar que
podría reactivar el uso turístico del hotel y obligaba a devolver al
paraje la calificación de espacio protegido no urbanizable.
"Por fin la Junta de Andalucía es coherente con sus declaraciones
públicas y sus acciones en los órganos judiciales y no ha recurrido la
sentencia, reconociendo la triquiñuela que en 2008 realizó sobre la
planimetría del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) para
legalizar el hotel", ha señalado la responsable de la campaña de Costas,
Pilar Marcos, quien ha subrayado que se trata de la primera vez que el
Gobierno autonómico "no va a recurrir un pronunciamiento judicial
desfavorable ya que daba la razón a Greenpeace frente a ellos".
Cabe recordar que la citada sentencia en la sentencia, el TSJA
reprochaba a la Junta que hubiese cambiado el nivel de protección
"cuando sin ningún género de dudas" se veía que se localizaba en subzona
no urbanizable y concluyía que este cambio "más bien" parecía "haber
sido una triquiñuela" para adaptar la normativa medioambiental del
parque natural de Cabo de Gata-Níjar al planeamiento urbanístico de
Carboneras, lo que abría la puerta a legalizar el hotel.
Greenpeace, además de reclamar el "desmantelamiento inmediato" del
inmueble "ilegal", ha indicado que, a su juicio, el informe encargado a
Tragsa y cofinanciado por Junta y Magrama "no es necesario" y ha
remitido al elaborado por la organización y N'UNDO arquitectos en el que
se cuantifica el coste del desmantelamiento en alrededor de 7,3
millones de euros y se cifran en 400 los puestos de trabajo que
generaría.
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