MADRID.- Greenpeace estima en 7.320.646 euros el coste
de desmantelar de forma selectiva la construcción de Azata del Sol en
el paraje de El Algarrobico, en Carboneras. Se trata de una
cifra en la que también está incluida la recuperación posterior de la
playa y que difiere de los 8,5 millones de euros que calculó la Junta de
Andalucía que costaría el derribo y que no incluía esa restauración
medioambiental.
El colectivo ecologista y el equipo técnico de arquitectos y
expertos en medio ambiente n'UNDO han presentado este jueves un informe
con el que se pretende demostrar que "el peor ejemplo del ladrillazo en
la costa española puede pasar a ser ejemplo de creación de empleo y de
sostenibilidad ambiental", según ha explicado la responsable de Costas,
Pilar Marcos.
Y es que el informe, elaborado durante seis meses en base a
más de planos de la construcción, prevé que en la demolición se podrían
generar 379 puestos de trabajo, 530 horas de cursos, 150 personas
formadas y casi 40.000 metros cúbicos de material recuperado, es decir,
el 98 por ciento del edificio.
Esto se podría llevar a cabo gracias a lo que denominan una
"demolición selectiva" que, frente a la tradicional que genera "una gran
cantidad de residuos no seleccionados", pasa por el "aprovechamiento
máximo de los recursos" y una reducción de los vertidos. Calculan que se
tardaría unos 24 meses y permitiría ahorrar un 11 por ciento de los
costes.
El miembro de n'UNDO Alejandro del Castillo ha explicado que
el informe, 'El Algarrobico, la oportunidad bajo los escombros',
pretende que el edificio se convierta en "un centro de pruebas" de
recuperación de entornos y un punto de encuentro de la I+D en el que se
podrían ensayar técnicas contra incendios o de demolición ordenada.
Además se convertiría en un proyecto educativo en el que implicar a
colegios, institutos o universidades para enseñar campañas de
recuperación ambiental.
En definitiva, se trata de "revertir la imagen negativa de El
Algarobico y de Carboneras" y, tras la demolición, la gestión y
reciclaje de los residuos, la recuperación de la playa, el arroyo y el
perfil de la montaña, tener un nuevo enfoque de cómo el turismo
sostenible y medioambientalmente respetuoso es "un sector con futuro".
Permitiría convertir este caso en "referencia aplicable a
otros muchos casos del litoral español" y que esos algo más de siete
millones de euros "no fueran un gasto sino una inversión", han
subrayado.
Marcos ha explicado que la diferencia entre la estimación del
coste que propone el informe, que ha sido enviado a la Junta de
Andalucía, el Gobierno central y el Ayuntamiento de Carboneras, y los
entre 100 y 300 millones de euros que calculó la Administración General
del Estado es que estas cantidades incluyen las indemnizaciones a Azata,
algo con lo que no está de acuerdo Greenpeace ya que la promotora
"sabía que estaba construyendo en la playa".
La responsable de Costas de la organización ecologista tiene
claro que si el Algarrobico no se derriba es "por falta de voluntad
política".
"Si la hubiera, en lugar de dar cifras al tuntún se habría
tirado ya y Cañete y Griñán son los responsables de hacer desaparecer el
edificio", ha subrayado Marcos, que ha criticado que las únicas
actuaciones de las administraciones públicas en este sentido se hayan
producido en época electoral.
A su juicio, no hay que esperar a que se resuelva el pleito
sobre la licencia de obras porque con las sentencias del Tribunal
Supremo y del TSJA, conocida esta misa semana, se demuestra que "la
licencia es ilegal".
"Lo que hay que hacer es darle la vuelta a la
tortilla, que la promotora y el Ayuntamiento sean perseguidos en los
tribunales y si éstos siguen manteniendo que obraron de buena fe y que
tuvieron todos los parabienes de la Junta y del Estado para construir,
deben denunciar y justificar que creían que era un solar urbanizable",
ha añadido.
Además, sobre la moción de los alcaldes de la Mancomunidad del
Valle del Almanzora debaten este jueves en favor del Algarrobico, y que
se suma a la aprobada por unanimidad por los catorce municipios de la
Mancomunidad del Levante Almeriense, Marcos ha dicho que la presión de
los alcaldes "no es vinculante" y ha rechazado su propuesta para insta a
la Administración andaluza y la central a que reactiven el proyecto con
el objetivo de crear empleo.
"Nos sobran ejemplos de temporalidad en hoteles de la zona y
de toda España por sobreoferta de camas hoteleras, de hoteles cerrados,
de ERE's, de proyectos a medio construir por falta de liquidez", ha
señalado Marcos, para quien si el hotel llegara a abrirse supondría,
además, que las arcas públicas tendrían que costear aspectos como el
abastecimiento de agua dulce, la gestión de residuos o los accesos.
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