MÁLAGA.- La defensa del empresario Cristóbal Peñarroya,
acusado en el caso 'Malaya', ha asegurado este lunes que fue la Junta
de Andalucía la que "creó el caldo de cultivo ideal para todo tipo de
arbitrariedad o corruptela" en el ámbito del urbanismo, al dejar a la
localidad "sin norma urbanística". Además, ha apuntado, junto a otros
letrados defensores, que el fiscal al hablar de una sentencia ejemplar
se refiera a "más dura que justa" y que "sirva de escarmiento".
Así, el letrado de Peñarroya ha asegurado que la actuación de
la administración andaluza, personada como acusación en esta causa,
"produjo un efecto terriblemente nocivo, que es que dejó a Marbella sin
norma urbanística", ya que, ha dicho, el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) de 1986 no estaba publicado y "no era aplicable", y la
revisión del plan de 1998 "estaba formalmente suspendida" por dicha
administración.
También se ha referido al Ayuntamiento marbellí, también
acusación, del que ha dicho que tenía "una desesperada necesidad
económica", por lo que "se inició una carrera de suscripción de
convenios urbanísticos con finalidades exclusivamente recaudatorias",
insistiendo en que "se utilizaba el urbanismo para recaudar no para
ordenar" y en que el Consistorio "recaudaba compulsivamente" e "impuso"
como planeamiento la revisión del plan.
"A esta actitud no fueron ajenos los servicios jurídicos, los
técnicos, el interventor y el tesorero", ha manifestado el letrado
defensor del promotor, quien ha reiterado que todas estas actuaciones en
el ámbito del urbanismo se hicieron "a la vista, ciencia y paciencia de
todos los servicios municipales".
Ha considerado que "nos estamos enfrentando a un simple caso
de presunta corrupción política en este caso municipal como ha habido
decenas de ellas en España, sin necesidad de detenciones masivas,
juicios multitudinarios ni daños económicos y sociales a una zona
privilegiada de España que tardará años en recuperarse de estas
actuaciones".
Sí se ha mostrado de acuerdo con el ministerio fiscal en la
necesidad de mandar un mensaje a la sociedad de que hay determinados
comportamientos que no pueden quedar impune, pero también "en mandar el
mensaje de la preeminencia del Estado de Derecho sobre desproporcionadas
y alarmistas actuaciones que han vulnerado, en mi opinión, derechos
fundamentales y básicos".
"Se han sometido innecesariamente a determinadas personas a
sufrimientos morales, desprestigios personales, profesionales y sociales
con la dudosa finalidad de dar un escarmiento por unos hechos o unas
corruptelas urbanísticas que si se hubieran abordado con la prontitud,
la mesura y la prudencia necesarias habrían evitado injustos daños", ha
apostillado.
También se ha referido a la expresión del fiscal de esperar
una sentencia ejemplar y ha señalado que "el diccionario recoge dos
acepciones de la palabra, la primera, es modélica, justa y adecuada a
derecho, y si es así, este letrado la comparte", mientras que la
segunda, "y me temo que es a la que se refería el señor fiscal, es una
sentencia que sirva de escarmiento, es decir, una sentencia más dura que
justa, algo que este letrado no puede compartir".
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