SEVILLA.- La Junta Directiva de la Sociedad Andaluza
de Enfermedades Infecciosas (SAEI) ha asegurado, ante el RDL 16/2012 que
modifica las actuales prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de
Salud (SNS), que, "en ningún caso", dejarán de dar en su práctica médica
habitual en los hospitales públicos la asistencia sanitaria "a ningún
ciudadano que se encuentre en situación de marginación social", como los
inmigrantes 'sin papeles', al menos en lo que "a procesos infecciosos
transmisibles se refiere".
Esta Junta de Personal, que se ha reunido recientemente para
analizar los cambios que este real decreto introduce en el
funcionamiento del SNS, ha tildado dicha norma de "absoluto
despropósito, desde un punto de vista humanitario, sanitario y de salud
pública", sumándose así a las quejas y posibles desobediencias de la
norma estatal, tal cual está redactada actualmente, esgrimida ya por
otros colectivos de facultativos y profesionales sanitarios.
Por ello, esta sociedad médica ya ha avanzado en su escrito
que recoge Europa Press que demandará del Gobierno andaluz "la adopción
de las medidas legislativas necesarias que impidan la discriminación en
la asistencia sanitaria por nivel económico o razón social de las
personas".
De hecho, esta sociedad científica ya ha avisado que "al
contrario" de lo recogido en este RDL 16/2012, "promoveremos que sea
atendido (el usuario), no solo en necesidades urgentes, sino también de
forma ordinaria en régimen de hospitalización o ambulatoria, tal como
venía siendo hecho hasta ahora, siguiendo criterios estrictamente
médicos".
Pese a reconocer que esta actitud de los galenos "es
individual", esta Junta Directiva ha avanzado que "promoverá que sea
adoptada por la mayoría de los profesionales pertenecientes a la
Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas y, de igual manera, en
otros colectivos y sociedades sanitarias".
Para estos médicos, "excluir" de la actual cobertura sanitaria
a determinados colectivos de personas, "sobre todo a los más deprimidos
económicamente", es "contrario a la ética de la práctica médica e
injusto socialmente".
"En la España actual, es un logro social irrenunciable el
hecho de que la asistencia sanitaria sea un derecho de toda persona y el
sistema sanitario público español proporciona una asistencia universal y
equitativa en todo momento", prosiguen en su escrito, en el que incluso
sostienen que el decreto estatal, "visto desde un punto de vista
económico, puede ser ineficaz y torpe".
Así, y a modo de ejemplo, alegan que en procesos como la
tuberculosis o la infección por el VIH, "un adecuado tratamiento anula
prácticamente la posibilidad de que esa infección pueda ser transmitida a
otras personas".
Por el contrario, continúan, "resulta mucho más caro el
tratamiento de múltiples personas infectadas en el entorno de un caso
concreto, que podrían haberse evitado tiempo atrás con el control de
éste".
"El Real Decreto sólo autoriza a atender a extranjeros no
registrados ni autorizados en caso de urgencias; es decir, no podemos
asistir a una persona enferma en condiciones normales, debemos permitir
que la enfermedad progrese, que pueda matar al que la padece y además
pueda transmitirse a la población general, estando sólo autorizados para
atenderlos cuando la enfermedad condicione una urgencia médica",
concluyen desde la SAEI.
Según publica este lunes el rotativo Diario de Sevilla, los
médicos dedicados a tratar estas patologías infecciosas serán así en la
práctica insumisos a algunas de las disposiciones del mencionado
decreto-ley del Gobierno central, especialmente en lo referente a la
limitación de la asistencia a quienes no tengan tarjeta sanitaria y, más
en concreto, a los inmigrantes en situación irregular.
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