martes, 5 de junio de 2012

Médicos que atenderán a 'sin papeles' piden apoyo legal de la Junta

SEVILLA.-   La Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas (SAEI) ha asegurado, ante el RDL 16/2012 que modifica las actuales prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud (SNS), que, "en ningún caso", dejarán de dar en su práctica médica habitual en los hospitales públicos la asistencia sanitaria "a ningún ciudadano que se encuentre en situación de marginación social", como los inmigrantes 'sin papeles', al menos en lo que "a procesos infecciosos transmisibles se refiere".

   Esta Junta de Personal, que se ha reunido recientemente para analizar los cambios que este real decreto introduce en el funcionamiento del SNS, ha tildado dicha norma de "absoluto despropósito, desde un punto de vista humanitario, sanitario y de salud pública", sumándose así a las quejas y posibles desobediencias de la norma estatal, tal cual está redactada actualmente, esgrimida ya por otros colectivos de facultativos y profesionales sanitarios.
   Por ello, esta sociedad médica ya ha avanzado en su escrito que recoge Europa Press que demandará del Gobierno andaluz "la adopción de las medidas legislativas necesarias que impidan la discriminación en la asistencia sanitaria por nivel económico o razón social de las personas".
   De hecho, esta sociedad científica ya ha avisado que "al contrario" de lo recogido en este RDL 16/2012, "promoveremos que sea atendido (el usuario), no solo en necesidades urgentes, sino también de forma ordinaria en régimen de hospitalización o ambulatoria, tal como venía siendo hecho hasta ahora, siguiendo criterios estrictamente médicos".
   Pese a reconocer que esta actitud de los galenos "es individual", esta Junta Directiva ha avanzado que "promoverá que sea adoptada por la mayoría de los profesionales pertenecientes a la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas y, de igual manera, en otros colectivos y sociedades sanitarias".
   Para estos médicos, "excluir" de la actual cobertura sanitaria a determinados colectivos de personas, "sobre todo a los más deprimidos económicamente", es "contrario a la ética de la práctica médica e injusto socialmente".
   "En la España actual, es un logro social irrenunciable el hecho de que la asistencia sanitaria sea un derecho de toda persona y el sistema sanitario público español proporciona una asistencia universal y equitativa en todo momento", prosiguen en su escrito, en el que incluso sostienen que el decreto estatal, "visto desde un punto de vista económico, puede ser ineficaz y torpe".
   Así, y a modo de ejemplo, alegan que en procesos como la tuberculosis o la infección por el VIH, "un adecuado tratamiento anula prácticamente la posibilidad de que esa infección pueda ser transmitida a otras personas".
   Por el contrario, continúan, "resulta mucho más caro el tratamiento de múltiples personas infectadas en el entorno de un caso concreto, que podrían haberse evitado tiempo atrás con el control de éste".
   "El Real Decreto sólo autoriza a atender a extranjeros no registrados ni autorizados en caso de urgencias; es decir, no podemos asistir a una persona enferma en condiciones normales, debemos permitir que la enfermedad progrese, que pueda matar al que la padece y además pueda transmitirse a la población general, estando sólo autorizados para atenderlos cuando la enfermedad condicione una urgencia médica", concluyen desde la SAEI.
   Según publica este lunes el rotativo Diario de Sevilla, los médicos dedicados a tratar estas patologías infecciosas serán así en la práctica insumisos a algunas de las disposiciones del mencionado decreto-ley del Gobierno central, especialmente en lo referente a la limitación de la asistencia a quienes no tengan tarjeta sanitaria y, más en concreto, a los inmigrantes en situación irregular.

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