ALMERÍA.- La Abogacía del Estado considera que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente "carece de competencia alguna" para actuar sobre el hotel construido por Azata del Sol en la playa de El Algarrobico y señala que las decisiones sobre el futuro del establecimiento "corresponden" a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Carboneras.
Así se desprende de un informe emitido por este organismo a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que confirmó que el establecimiento contraviene la Ley de Costas al invadir de forma parcial la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre que el deslinde ejecutado en 2005 situó en 100 metros.
La Abogacía del Estado indica que la citada orden ministerial, a la espera de que el Alto Tribunal se pronuncie "presumiblemente" en el mismo sentido con respecto a los dos recursos de la empresa promotora contra el deslinde, supone que el Plan Parcial del Sector ST-1 sobre el que se levanta el hotel es contrario a derecho y, por tanto, "debiera modificarse".
Matiza, no obstante, que la modificación de este Plan Parcial, que contó con la anuencia de la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta andaluza y fue promovido por el gobierno municipal de Carboneras, está "condicionada" por lo que resulte de los procesos judiciales pendientes de resolución ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
En concreto, hace referencia al recurso interpuesto por el Consistorio contra el fallo del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de Almería que, en septiembre de 2008, declaró nula de pleno derecho la licencia municipal de obras, así como a la impugnación por parte de colectivos ecologistas de la normativa medioambiental y urbanística que afecta al parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
Así, el informe subraya que, una vez se resuelvan los citados procesos o se proceda a su ejecución provisional, las decisiones sobre la construcción se harían "encardinadas", por un lado, en materia de Costas, cuya competencia corresponde a la Junta de Andalucía de acuerdo al Estatuto de Autonomía y, por otro, en materia urbanística, competencia que también sería de la administración andaluza o del Ayuntamiento carbonero "en virtud de la Ley Autonómica 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía".
La Abogacía del Estado extrae estas "consecuencias" tras detallar en más de tres páginas de antecedentes de hecho los procesos judiciales abiertos en torno al hotel de Azata del Sol y analizar, en concreto, la sentencia del Supremo sobre la orden ministerial de noviembre de 2005 que dio lugar al proceso de expropiación del inmueble del que se desistió tras el fallo que consideró ilegal la licencia municipal de obras.
Advierte, en esta línea, que la ejecución provisional de esta sentencia, que fue pedida por las organizaciones ecologistas y denegada por el juez al estimar que podría producir perjuicios "ciertamente irreversibles o irreparables" a la promotora, significaría iniciar la revisión de oficio de la licencia concedida por la corporación local carbonera pero "no la demolición" del establecimiento.
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