ROMA.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado este jueves al Estado italiano por la expulsión hacia Libia en 2009 en contra de su voluntad de un grupo de inmigrantes ilegales que habían sido interceptados en alta mar por las autoridades italianas cuando al frente de Italia estaba el Gobierno de Silvio Berlusconi.
El Tribunal, con sede en Estrasburgo, ha emitido hoy su veredicto en el llamado 'casi Hirsi', tras la denuncia presentada por 24 de dichos inmigrantes, y ha considerado que Italia violó el artículo 3 de la Convención de Derechos Humanos relativo al trato degradante y la tortura, así como el derecho de las víctimas a apelar ante la justicia italiana.
El Gobierno italiano ha sido condenado a pagar una compensación de 15.000 euros así como los gastos del juicio a 22 de las 24 víctimas, ya que dos de los recursos no han sido admitidos a trámite por este tribunal que depende del Consejo de Europa.
Desde el actual Ejecutivo de Mario Monti se ha asegurado que la sentencia será "valorada con gran atención". El ministro de Cooperación, Andrea Riccardi, ha dicho que "nos hará pensar y replantear nuestra política hacia la inmigración". El Gobierno tiene como objetivo "hacer una política clara, transparente y correcta en materia de inmigración", ha asegurado.
Según ha indicado el Consejo Italiano para los Refugiados (CIR), "el 6 de mayo de 2009, a 35 millas al sur de Lampedusa, en aguas internacionales, las autoridades italianas interceptaron un barco con unas 200 personas a bordo de nacionalidad somalí y eritrea, entre ellas niños y mujeres embarazadas".
"Los inmigrantes fueron trasladados a embarcaciones italianas y acompañados de regreso a Trípoli contra su voluntad, sin haber sido indentificados previamente, escuchados ni informados previamente de su destino final", explica el CIR. Además, "no tuvieron ninguna posibilidad de solicitar protección internacional en Italia".
El CIR consiguió localizar y asistir en Libia a 24 de estas 200 personas --once somalíes y trece eritreos-- y con la ayuda de dos abogados "presentaron un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos" para denunciar que la mayoría de ellos pasaron "meses recluidos en centros de detención libios" donde fueron objeto de "abusos".
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