El alcalde de Carboneras anuncia recurso y dice estar "cogido de pies y manos" por la Junta en El Algarrobico

CARBONERAS.- El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar), ha asegurado este viernes que el Ayuntamiento está "cogido de pies y manos" por la "Justicia y la Junta de Andalucía" en su actuación con respecto al paraje de El Algarrobico y ha subrayado que la adaptación a de las Normas Subsidiarias (NNSS) a la legislación autonómica, por la que se mantiene para el sector la calificación de urbanizable, contó "con el beneplácito" de la Junta.

   Hernández ha anunciado, asimismo, la interposición de un recurso de reposición contra la providencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que requiere tanto al Consistorio como a la Junta andaluza para que adopten medidas encaminadas a "restablecer" el nivel de protección del que gozaba El Algarrobico en el año 1994 como "espacio protegido no urbanizable" en el plazo de diez días.

   En este sentido, ha considerado que "ha quedado al descubierto" el Gobierno andaluz ya que la resolución del Alto Tribunal andaluz deriva de la sentencia por la que el Tribunal Supremo (TS) suspendió provisionalmente y de forma parcial el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar aprobado por la Junta en 2008.

   El fallo ratificó uno previo del TSJA en el que se señalaba que el nivel de protección dado a la zona en este plan como "núcleo habitado existente o zona transformada" dejaba la puerta abierta a la rehabilitación de inmuebles con uso turístico y, por tanto, "uso efectivo" del hotel de Azata del Sol con "efecto devastador" medioambiental.

   Al hilo de esto, el regidor ha señalado que "corresponde" a la Junta "tomar las decisiones" y ha subrayado que los "controles urbanísticos" debía haberse "efectuado con anterioridad" a la construcción del inmueble de una veintena de plazas y 411 habitaciones, "que no se hizo de hoy para mañana".

   Tras remarcar que el Ayuntamiento apuesta por la "apertura" del hotel y que un juez de lo contencioso-administrativo rechazó hace dos meses ejecutar provisionalmente la sentencia que declaró nula la licencia de obras y proceder a su derribo al considerar que podría causarse "daños irreparables" a la promotora, ha abogado por alcanzar una "solución consensuada" a un conflicto que "puede prolongarse seis años más, con fallos judiciales distintos cada dos meses".