MOTRIL.- La Fiscalía de Granada ha decidido "a la vista de las pruebas practicadas" durante el juicio que comenzó el pasado 1 de febrero en Motril retirar su acusación contra los once imputados por el accidente en el viaducto que se construía en el tramo La Herradura-Taramay, en Almuñécar, el 7 de noviembre de 2005, y que costó la vida a seis obreros.
El Ministerio Público pedía inicialmente hasta cuatro años de cárcel para los once acusados, entre ellos el ingeniero director del proyecto, por la posible comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, seis de homicidio imprudente, y otros tres de lesiones imprudentes, por los que, además de la pena de prisión, solicitaba inhabilitación para el ejercicio de sus respectivas profesiones si estaban relacionadas con la construcción.
No obstante, y dado que tanto la declaración de los propios inculpados, como la de los testigos y los peritos no han revelado causas concretas sobre el desplome, sino probables, como el aflojamiento de tornillos o la rotura de soldaduras de la cimbra, ni han apuntado posibles responsables, el fiscal ha decidido desechar su petición de pena inicial, que habrá de justificar el próximo miércoles, cuando el juicio quedará visto para sentencia.
Durante la octava sesión de la vista oral, que ha incluido además la realización de dos pruebas periciales a instancias de parte, las acusaciones populares, ejercidas por los sindicatos CCOO y UGT, han informado también de sus conclusiones, rebajando sus solicitudes de condena y eliminando de sus imputaciones los delitos por homicidio imprudente y lesiones imprudentes. Las defensas han mantenido por su parte que en este caso procede la libre absolución, han informado a Europa Press fuentes del caso.
El sindicato UGT de Granada, representado por el letrado Manuel Fernández Casares, ha retirado su petición de clausura definitiva de las empresas Estructuras y Montajes de Prefabricados S.A., que fue contratada para la ejecución de la obra, y también para la fabricante de la cimbra siniestrada, Puentes y Calzadas, líder del grupo al que pertenece Estructuras.
UGT pedía en un principio un total de 52,5 años de prisión y 45 de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión para todos los procesados excepto el ingeniero director del proyecto, Pablo Jiménez, y ahora ha rebajado su solicitud hasta un total de 2 años y dos meses de prisión y multas de 48.000 euros, para seis de ellos.
Concretamente, ha retirado su acusación para J.M.O.C., encargado de obra de Estructuras, M.C.C., capataz de la obra, J.M.F.T, gerente de la UTE La Herradura, y para J.A.C., jefe de obra de la UTE La Herradura, a los que le imputaba inicialmente los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes y contra la seguridad de los trabajadores. Para el resto, seis procesados, retira también los delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes, pero mantiene el del delito contra la seguridad de los trabajadores.
Al coordinador de seguridad y salud que fue designado por el Ministerio de Fomento, Juan Mena Delfa, UGT solicita una pena inferior en grado de 6 meses menos un día de prisión y multa de 4.800 euros; para la técnico de Seguridad y Salud de la UTE La Herradura, una pena inferior en grado de 4 meses de prisión y multa de 2.700 euros; para el técnico de Prevención de Riesgos Laborales de Estructuras, una pena inferior en grado de 3 meses de prisión y multa 1.800 euros; para el jefe de Obra de Estructuras una pena inferior en grado de 3 meses de prisión y 2.700 euros; para el administrador único y representante legal de Estructuras una pena inferior en grado de 5 meses de prisión y multa 18.000 euros; y para el representante legal de Puentes y Calzadas una pena inferior en grado de 5 meses de prisión y multa de 18.000 euros.
La acción popular de CCOO, representada por el abogado Elías Porras, también ha modificado su petición, retirando sus acusaciones por homicidio imprudente y lesiones imprudentes, y manteniendo los delitos contra la seguridad y la salud laboral. El sindicato solicitaba inicialmente un total de 288 años de cárcel, incluyendo al que fuera el jefe de Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental, Juan Martín Enciso, que ya fue apartado de la causa al comienzo del juicio, y ahora ha decidido acusar sólo a ocho de los once procesados, exculpando al capataz de la obra, de la empresa Estructuras, y al representante legal de Puentes y Calzadas.
Mantiene así su acusación por el artículo 316 del Código Penal, por un delito contra la seguridad y la salud laboral, y solicita un total 20 años de prisión para el resto de inculpados, dos años y medio de cárcel y multas de 12.000 euros para cada uno de ellos. Asimismo, alternativamente, pide que los hechos se enmarquen en el 317, en cuyo caso la pena se quedaría en multas de 6.000 euros para cada uno.
La sesión de este lunes, la octava desde que comenzó la vista oral en el Palacio de Justicia de Motril, ha comenzado con una advertencia del juez contra la persona del público que el pasado miércoles se levantó dando un portazo, prohibiéndole su entrada en la Sala por su "mala educación" demostrada y su falta de respeto hacia el juez, fiscal y abogados, aunque sin dar su nombre, y también se ha referido al individuo que llamó "mamón" al magistrado, contra el que no tomará medidas al no haber sido identificado.
El juicio quedará visto para sentencia el próximo miércoles, que será cuando las partes tendrán que exponer sus informes y justificar sus peticiones de pena. Especialmente importante será la argumentación que ofrezca la Fiscalía después de haber decidido retirar todas sus acusaciones contra los once imputados.
UGT denuncia impunidades
El sindicato UGT, que ejerce la acción popular ha valorado "positivamente" este lunes el desarrollo de las distintas sesiones de la vista oral, aunque considerando que los máximos responsables del siniestro no han sido enjuiciados porque su imputación no fue admitida por la juez sustituta que instruyó parte de la causa ni por la Audiencia Provincial.
Según ha recordado en rueda de prensa el secretario general de la Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT Granada, Francisco Ruiz Ruano, el sindicato pidió la imputación de las empresas Norcontrol y Proes Consultores, que fueron las encargadas de la declaración de conformidad de la cimbra que se desplomó, y que, para el sindicato, son "aquellos sobre los que debería de haber recaído la máxima responsabilidad penal".
Respecto a las peticiones de pena formuladas por el sindicato, Ruiz Ruano ha justificado el mantenimiento de la acusación contra los representantes de las empresas Estructuras y Montajes de Prefabricados S.A. (EMP) y Puentes y Calzadas Empresa Constructora S.A. (PYC), ya que, según la normativa vigente, corresponde al empresario la evaluación de los riesgos y la planificación de la acción preventiva, con la consiguiente facilitación a los trabajadores de equipos de trabajo y de medios de protección individual adecuados para el cumplimiento de sus funciones.
Por su parte, la secretaria general de UGT Granada, Manuela Martínez, ha valorado en general "de forma positiva" el desarrollo del juicio por el accidente laboral, ya que, en su opinión, ha dado respuesta a las tres aspiraciones que el sindicato planteó desde el comienzo de este procedimiento judicial. En concreto respecto a las causas del accidente, las dos hipótesis barajadas por los peritos han sido el fallo en las soldaduras y el fallo en las uniones atornilladas, coincidiendo "plenamente" con la postura que desde UGT se mantuvo desde el inicio de la instrucción de este proceso, ha afirmado.
Asimismo, Martínez ha señalado que una de las reivindicaciones más importantes del sindicato era la de adoptar medidas que evitaran un siniestro de similares características y ha indicado que durante el juicio ha quedado acreditado que no existían normas en España anteriores al accidente y que, a raíz del mismo, Fomento impuso una nueva normativa para evitar el colapso de cimbras.
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