viernes, 7 de octubre de 2011

Fitch rebaja dos escalones el 'rating' de Cajamar

MADRID.- Fitch ha degradado la calidad crediticia a largo plazo de Cajamar Caja Rural en dos escalones, al asiganarle un 'rating' de BBB+, con lo que deja de considerarla una inversión de calidad buena (media-alta) y pasa a ser de calidad aceptable (media). 

   La agencia de calificación además abre la puerta a una nueva rebaja de la calidad de la deuda a largo plazo de Cajamar, al colocar el 'rating' en perspectiva negativa, lo que le dejaría cerca del 'bono basura'.
   Para Fitch, la rebaja refleja los "débiles" indicadores de rendimiento del grupo cooperativo Cajamar (GCC), del que Cajamar Caja Rural controla el 95% de los activos. La nota de calificación del nuevo grupo fruto de la reeestructuración será también de 'BBB+'.
   La atonía de la actividad económica en España y las dificultades para acceder a los mercados de financiación también justifican, según Fitch, la nueva nota de la deuda de Cajamar.
   "Si los beneficios no aumentan y el grupo no logra reequilibrar sus fondos hacia los depósitos, presionarán a la baja la calificación de GCC", explica la agencia.

Blanco confía en que la Unión Europea tendrá en cuenta los corredores ferroviarios desde España

MADRID.- El ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, aseguró estar en "condiciones de afirmar que probablemente" los corredores propuestos por España pasen a formar parte de la nueva relación de Redes Transeuropeas prioritarias que se anunciarán el próximo 19 de octubre.

   Blanco calificó de "muy positiva" la reunión mantenida sobre este tema ayer jueves en Luxemburgo con el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Transportes, Siim Kallas.
   "En la reunión de ayer el comisario reconoció que hemos hecho una gran trabajo, dado que hemos planteado un objetivo muy ambicioso, que busca articular mejor el país", detalló Blanco en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
   "Se trata de un ambicioso proyecto, de la segunda gran modernización de las infraestructuras españolas, que presenta una visión mallada y articulada del conjunto del país", añadió.
   Asimismo, el titular de Fomento confesó sentirse "bastante satisfecho" del trabajo realizado por el Gobierno español ante la revisión de las redes transeuropeas. "Espero noticias positivas para el país", subrayó al respecto.
   El ministro aseguró que la propuesta española establece además los parámetros y el tipo de financiación y la inversión necesarios para cada corredor.
   Con todo, Blanco afirmó estar "en condiciones de afirmar que probablemente se consiga" que los corredores propuestos por España pasen a formar parte de la nueva Red Transeuropea de Transportes para el periodo 2014-2020. Entre estos corredores figuran el Mediterráneo desde Algeciras hasta la frontera francesa, el Cantábrico-Mediterráneo y el Eje central por los Pirineos, entre otros.

Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía mantendrán los fondos regionales

BRUSELAS.- Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía y Murcia mantendrán parte de los fondos europeos procedentes de la política comunitaria de cohesión, gracias a la creación de una nueva categoría de regiones en periodo de transición.

Los comisarios europeos de Política Regional y de Empleo, Johannes Hahn, y Lázló Andor, respectivamente, presentaron en rueda de prensa los nuevos reglamentos que guiarán la política de cohesión en el periodo 2014-2020 y para el que propone un presupuesto de 376.000 millones de euros, casi un 37% del presupuesto de 1.025 billones de euros que la CE ha propuesto para el mismo periodo.
La Comisión Europea propuso la creación de regiones transitorias en la presentación a finales de junio del presupuesto multianual para 2014-2020 y el Parlamento Europeo aprobó la propuesta en julio.
La CE ha propuesto destinar 38.900 millones de euros para apoyar durante el periodo 2014-2020 a las regiones de transición, es decir, aquellas que no serán consideradas objetivo prioritario, pero cuya renta esté aún lejos de la media comunitaria.
Con su nueva propuesta seguirán recibiendo fondos: las regiones menos desarrolladas (cuyo PIB per cápita esté por debajo del 75% de la media europea), las regiones en transición (con un PIB de entre el 75% y el 90% de la media de la UE) y las regiones más desarrolladas (PIB superior al 90% de la media).
Hahn explicó que dos tercios de los fondos de la política de cohesión se destinarán a la primera categoría, las regiones más desfavorecidas, mientras que el resto se repartirá entre las dos últimas.
El objetivo es hacer más suave la transición para aquellos territorios que dejen de ser "objetivo prioritario", porque aunque su PIB supera el 75% de la media europea, aún se encontrará lejos del 90% o el 100% de la media de la UE. Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía están en esa situación.
La UE financiará como máximo el 60% de los proyectos de las regiones en transición. El 40% restante cofinanciarán las regiones. Extremadura seguirá siendo considerada un "objetivo prioritario".
Murcia se beneficia hoy de una "fase de transición", una figura que ahora la CE quiere institucionalizar con la creación de la nueva categoría intermedia. En ella no entrará Asturias, que hoy por hoy está en la misma situación que Murcia.
El reparto del presupuesto propuesto por la CE, aún tiene que ser discutido y aprobado por los países de la UE y el Parlamento Europeo en un proceso que podría demorarse unos 18 meses.
Por otro lado, la Comisión Europea también ha propuesto suspender las ayudas regionales a los países con procedimientos abiertos por incumplimiento de los objetivos de déficit establecidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC).
La reforma pretende dar más énfasis a las ayudas regionales en materia de crecimiento, competitividad, creación de empleo, investigación e innovación, la energía, la educación y la reducción de la pobreza, todos ellos objetivos esbozados en la Estrategia Europa 2020.
El presidente de la CE, José Manuel Durão Barroso, y el comisario europeo para Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, han insistido en incluir la posibilidad de la congelación de las ayudas regionales en la propuesta, pese a la oposición de Hahn.
Barroso dijo este miércoles en la rueda de prensa conjunta con la canciller alemana, Angela Merkel, que quería que la política de cohesión "apoye nuestros esfuerzos de mejorar la disciplina fiscal y estimular el crecimiento". Este cambio fue introducido hace solo tres días en los nuevos reglamentos, según fuentes europeas.
Precisamente, Merkel y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, han presionado a favor de que se incluyera una suspensión de un año de las ayudas de cohesión como sanción económica para aquellos Estados miembros que incumplen el PEC.
En la UE, 23 de los 27 países miembros tienen procedimientos abiertos por déficit excesivo, sólo cuatro estados no superan los límites marcados por el PEC: Luxemburgo, Estonia, Suecia y Finlandia.
El plan ha sido criticado por Danuta Hübner, eurodiputada polaca y presidenta de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, porque considera que las sanciones propuestas socava los esfuerzos del programa de ayudar a los países más pobres de la UE, que dependen de la ayuda europea.
Pero la CE argumenta que la reforma del plan de cohesión pretende mejorar el impacto de la ayuda regional en todas las regiones, no solamente en los más pobres.
La reforma también pretende imponer condiciones más estrictas, condiciones y puntos de referencia en el marco de contratos que la CE va a firmar con los Estados miembros y que establecerán cómo se debe gastar la ayuda regional.
Si los países no se ajustan a los puntos de referencia se podría retrasar el desembolso de más fondos, mientras que aquellos Estados que superan los objetivos se beneficiarán de un sistema de primas.

El ecologismo político avanza lentamente hacia una plataforma de consenso

MADRID.- La mejor consecuencia electoral que podría tener el recién presentado Un Programa por la Tierra. Demandas para una legislatura sostenible es que sirviera de elemento aglutinador, de pegamento general, para las diversas opciones ecologistas que se disputarán probablemente los mismos votos el 20-N. El documento elaborado por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF es una buena declaración programática para cualquier formación verde, aunque las cinco organizaciones promotoras especificaran en su presentación que no piden ni pedirán el voto para ningún partido concreto, según www.cuartopoder.es.

Es una postura prudente, al margen de sus motivaciones ideológicas, dado la atomización existente en el panorama político ecologista español, sobre el que ya se ha escrito alguna vez en este mismo sitio. Pues la dispersión es la principal dificultad con que tropiezan las papeletas verdes para que tuvieran una traslación acorde con la generalización de una concienciación ecologista notable en la sociedad española.
Podría interpretarse que el adelanto electoral a noviembre ha resultado perjudicial para partidos que se están creando, caso de Equo, impidiéndole convertirse en la piedra angular del arco político ecologista. Pero la dificultad que las organizaciones de esa orientación y con vocación electoral están encontrando para hallar terrenos de encuentro indica que hay mucho trecho aún por recorrer, más allá de la circunstancia de que las elecciones se hubieran celebrado en primavera o la exigencia de avales a nuevos partidos, para que pueda concretarse una alternativa estatal aglutinante.
Sin embargo, hay acuerdos unitarios territoriales y provinciales ya alcanzados aquí y allá que señalan la vía a seguir, por un lado, y que la meta es posible de alcanzar. No antes del 20-N, indudablemente. Esa fecha marcará, además de la calibración aproximada de las fuerzas existentes, el inicio real de un proceso que debería llevar a la creación de ese paraguas amplio que otorgue al ecologismo español un mecanismo aglutinador que supere, aunque sea parcialmente, el actual desperdicio de votos favorecido por la ley electoral y demás circunstancias legales impuestas por los dos partidos mayoritarios y sus aliados nacionalistas.
El más reciente consenso en esa línea ha sido el firmado por ICV y Equo en Cataluña. Hubo, hace meses, simbiosis ya establecidas entre organizaciones regionales del partido Los Verdes y Equo, Compromìs, etcétera. Hay otros casi más esperanzadores, como el pacto entre Izquierda Unida y Equo en la Región de Murcia, auspiciado por el Foro Ciudadano local, para formar una candidatura conjunta al Senado elegida en proceso asambleario.
Este último caso es considerado de alguna manera esperanzador por Juan López de Uralde, principal figura de Equo, “en tanto en cuanto las bases de las organizaciones se planteen un proyecto en común y haya confluencia en la diversidad”, a pesar de que cree que el proyecto de la coalición de izquierdas es claramente diferente del de la nueva formación ecologista.
Desde esa visión común de los problemas es desde la que el Programa por la Tierra de las cinco organizaciones ecologistas adquiere sentido, puesto que es un documento consensuado que podría ser programático si los firmantes fueran partidos, pero que en cualquier caso establece objetivos y plantea soluciones a los problemas que la llamada izquierda mayoritaria no considera prioritarios, a juzgar por su práctica política tradicional, aunque crezca entre los ciudadanos la convicción de que sí lo son.

El juez Luis Durbán asume el caso 'Poniente' y compaginará plaza en dos juzgados de instrucción

ALMERÍA.- El magistrado Luis Durbán, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, ha asumido la investigación del caso 'Poniente' sobre la supuesta trama de corrupción política y empresarial en El Ejido después de la jueza Montserrat Peña, que inició la instrucción, cesase el 6 de septiembre para trasladarse a Granada.

   Fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han confirmado que la comisión permanente resolvió la pasada semana una comisión de servicios sin relevación de funciones para el Juzgado de Instrucción número 2 a favor de Durbán, quien compaginará el nuevo cargo con el desempeño de su labor al frente del juzgado del que ya era titular.
   La magistrada Montserrat Peña, instructora del caso 'Poniente' que derivo en una primera fase del encarcelamiento durante ocho meses del exalcalde Juan Enciso (PAL) y en el arresto de 23 personas, cesó el 6 de septiembre para pasar a desempeñar plaza en el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada. El relevo, que adelanta el diario 'La Voz de Almería', se formalizó en la reunión de la comisión permanente del día 27 de septiembre.
   El juzgado mantiene aún el secreto de sumario sobre una parte de las actuaciones que se iniciaron en 2007 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Las diligencias por cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y falsedad describen a la presunta trama como un "grupo criminal perfectamente organizado" que "detrajo" dinero de las arcas públicas "en beneficio propio".
   El sumario revela, asimismo, que el exalcalde Juan Enciso, quien perdió los pasados comicios municipales tras casi dos décadas en el poder, no era una "persona ajena a lo que estaba sucediendo" y le señala como "vinculado" al exinterventor municipal José Alemán y a la "infraestructura organizada" con él a la cabeza.

El juez alza la suspensión de funciones al exinterventor de El Ejido, imputado en el caso 'Poniente'

ALMERÍA.- Un juez ha resuelto levantar de manera cautelarísima la suspensión provisional de funciones que el Ayuntamiento de El Ejido ordenó para el exinterventor municipal y presunto cerebro de la trama de corrupción empresarial que investiga el caso 'Poniente', José Alemán, quien  compareció este jueves junto al Consistorio en una vista en la que se iba a decidir si se reincorpora o no al puesto que actualmente desempeña en el Área de Turismo.

   Alemán interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el decreto de Alcaldía por el que el pasado día 22 se acordó suspenderle provisionalmente de sus funciones hasta que se resolviese el expediente sancionador incoado contra él por presunto "incumplimiento de los principios y criterios en contabilidad pública".
   El Consistorio detectó que el remanente de tesorería según la liquidación del presupuesto del pasado ejercicio 2010 arrojaba un balance negativo de 91 millones de euros por "derechos de cobro reconocidos ficticios" a los que habría que sumar 13 millones de deuda extrajudicial pendiente de regularizar e imputarse en el presupuesto.
   Según han precisado fuentes judiciales, el auto de medidas cautelarísimas dictado por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería resuelve conceder al exinterventor municipal ejidense la medida cautelar solicitada en el marco del citado recurso "inaudita parte", por lo que cita a ambos a una vista que se celebró a partir de las 11,30 horas para decidir "con más elementos de juicio".
   Alemán argumentó para interesar al juez a levantar la suspensión provisional de funciones que esta se decidió tras proponerla el instructor del expediente sancionador abierto por unos hechos que se refieren a su etapa como interventor del Ayuntamiento cuando, según subrayó, en la actualidad desempeña su labor en el Área de Turismo, por lo que, a su juicio, la medida "no guarda proporcionalidad".
   El expediente sancionador que actualmente se tramita deriva de otro expediente, en este caso de información reservada, que el Consistorio resolvió incoar contra él en agosto ante la sospecha, entre otras, de que se pudieran haber falseado tanto derechos de cobro como deuda extrajudicial durante mandatos anteriores, con el exregidor Juan Enciso (PAL) al frente y con Alemán con interventor accidental.
   De demostrarse lo investigado se trataría de un infracción administrativa tipificada como muy grave, descrita en el artículo 95.2.g de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, por lo que podría ser sancionado con separación de servicio del Funcionario o suspensión firme de funciones con una duración máxima de seis años.
   El sumario de caso 'Poniente', que mantuvo encarcelado durante casi ocho meses al exregidor y al propio Alemán tras su detención en octubre de 2009 junto a otras 19 personas, divide la presunta trama de corrupción política y municipal tejida en torno a la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) e investigada en El Ejido en seis clanes y el grupo Abengoa. Alemán está en libertad tras abonar una fianza de 600.000 euros.
   Del sumario que instruye el Juzgado número 2 de la capital se desprende que las sociedades de los principales implicados facturaron de Elsur, considerada eje de la supuesta trama, con subcontrataciones en su mayoría "irregulares" alrededor de 93,3 millones de euros entre los años 2002 y 2007. Señala, asimismo, que los principales imputados constituían un "grupo criminal perfectamente organizado" que "detrajo" dinero de las arcas municipales a través de las citadas subcontrataciones con Elsur.

Los ayuntamientos de La Mojonera, Antas y Huércal de Almería deciden denunciar los convenios colectivos

ALMERÍA.- Los ayuntamientos de La Mojonera, y de Antas, ambos gobernados por el PP, así como el de Huércal de Almería (PP-Grinp), han denunciado la integridad de sus convenios colectivos ante la autoridad laboral, una medida que también ha efectuado el gobierno de la Diputación Provincial de Almería y la empresa pública de Gestión de Aguas del Levante (Galasa), quienes tratarán de negociar "desde cero" las condiciones de sus empleados. 

   Estas denuncias, que constituyen "la primera vez" que gobierno locales denuncian convenios, se producen para a la renovación del convenio colectivo con los empleados de las distintas entidades públicas tres meses antes de que finalice el que se mantiene en vigor, por lo que se espera que durante el último trimestre del año pueda darse la misma situación en otros municipios. De momento, las negociaciones afectarán a unos 1.500 empleados.
   En este sentido, el secretario provincial de CCOO, Juan Pallarés, ha considerado "bastante desafortunado" el precedente anunciado por la Diputación Provincial, por lo que teme una reacción "en cascada" de los ayuntamientos de la provincia en relación a este extremo. "No es un hecho ni bueno ni malo, pero hay que ver los términos de la negociación y las vías", ha expresado.  
   Por su parte, el secretario provincial de UGT, José Ginel, señala que la denuncia del convenio colectivo por parte de la patronal, o en este caso, de los equipos de gobierno "no es habitual" y suelen ser las representaciones sindicales quienes denuncian los artículos a renovar en el nuevo convenio o, en algunas situaciones, la totalidad del mismo.
   Ginel ha observado además la posibilidad de que esta práctica pueda derivar de "una directriz del PP" dado que las denuncias las producen los ayuntamientos donde gobierna este partido así como en la Diputación Provincial. No obstante, se ha mostrado dispuesto a "encontrar un punto de encuentro" con los gobiernos locales siempre que sus propuestas no planteen "mermar las retribuciones, las prestaciones sociales y los derechos" de los empleados públicos.  
   Igualmente, el dirigente sindical de CCOO reconoce haber abordado brevemente este asunto en una reunión mantenida esta semana con el presidente de la Diputación Provincial de Almería, Gabriel Amat (PP), a quien se le trasladó la predisposición de negociar "cualquier aspecto" siempre que, en relación al convenio colectivo, no se incluyeran despidos de empleados públicos. Asimismo, se ha abogado por no llevar las negociaciones "desde cero".    
   El también presidente del PP de Almería y alcalde de Roquetas de Mar le transmitió su intención de denunciar el convenio colectivo del ayuntamiento roquetero, si bien este aspecto no se ha producido hasta el momento. "Hay que tener en cuenta que la mayoría de los ayuntamientos de la provincia son del PP, por lo que le transmitimos al presidente nuestra intención de dialogar", explica Pallarés.
   Mientras, el secretario provincial de FSC-CCOO de Almería, José María Vicente, plantea dar "transparencia" a las cuentas de las administraciones públicas con el fin de realizar ajustes que eliminen gastos "superfluos" y permitan optimizar al personal. En este sentido, señala que algunos ayuntamientos realizan un "uso abusivo" de los cargos de confianza, que rechazan como tónica general, al igual que el ejercicio de horas extra.
   Vicente, que aboga por "mantener la calidad en el servicio y el empleo", ha señalado que desde el sindicato se está dispuesto incluso a entrar en planes de empleo y "ser consecuentes" con los criterios que deriven de los mismos a razón de la situación económica de los Consistorio y la "realidad retributiva" que deba acompañar a cada caso.  
   Con esto, la primera de las negociaciones para renovar el convenio colectivo tendrá lugar en el Ayuntamiento de La Mojonera (PP) el próximo 17 de octubre. Esta negociación afectará a unos 140 empleados del Consistorio, si bien durante el pleno ordinario del pasado día 30 de septiembre se acordó el despido de tres empleados.
   El Ayuntamiento de Antas, con unos 60 empleados, también denunció su convenio colectivo el pasado 14 de septiembre mientras que el 30 de septiembre el director gerente de Galasa, Juan Ignacio Moya, comunicaba la denuncia del convenio vigente a los sindicatos para iniciar así el periodo de negociaciones. En su caso, la plantilla afectada se sitúa en torno al centenar de personas.

El Ayuntamiento almeriense solicita autorización al juez para entrar y acceder a los recursos de la Ciudad Digital

ALMERÍA.- El Ayuntamiento de Almería (PP) ha solicitado al juez una autorización de entrada para acceder al control y los recursos de la Ciudad Digital que acoge el edificio de usos múltiples de El Toyo y que, entre otras cuestiones, alberga los elementos necesarios para controlar el sistema semafórico de la ciudad; después de que los empleados de la concesionaria Telvent "impidieran" a los responsables municipales "hacerse cargo de los sistemas de control". 

   Según explica en una nota el Ayuntamiento, la UTE Telvent-Inabensa "ha impedido este mediodía nuevamente el acceso de personal municipal al control de los servicios que se prestan en las instalaciones de la Ciudad Digital de El Toyo, alegando que sólo será permitido mediante orden judicial".
   Así, la responsable del Área de Desarrollo Económico, Empleo y Nuevas Tecnologías, Ana Martínez Labella, quien se ha desplazado hasta el edificio de usos múltiples acompañada del secretario municipal y técnicos de los servicios de Informática y Tráfico, ha indicado que los servicios jurídicos "solicitarán al Juzgado la autorización de entrada que permita al Ayuntamiento acceder a los instrumentos de control de tráfico y seguridad vial --centralización semafórica-- ubicados en las instalaciones municipales que ocupa actualmente la empresa Telvent".
   El Ayuntamiento de Almería pretendía así este jueves "dar cumplimiento" al auto dictado por el titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Almería que avala los acuerdos adoptados por el equipo de gobierno, por los que "se instaba a la empresa concesionaria de la Ciudad Digital, la UTE Telvent-Ibanensa a la entrega de los instrumentos y bienes necesarios para garantizar y mantener la adecuada prestación del sistema de control de tráfico y seguridad vial, así como el acceso a la posesión y uso del edificio de usos múltiples", de "propiedad municipal".
   Por su parte, fuentes de la empresa han comentado que están pendientes de que el Ayuntamiento de Almería presente una orden judicial que le permita acceder al edificio de usos múltiples de El Toyo, dado que consideran que el auto que levanta las medidas cautelarísmas y subsidiariamente cautelares no constituye instrumento suficiente para facilitar el paso a los técnicos municipales y la empresa contratada temporalmente para gestionar el servicio, Acisa.

Herrero, presidente de la CEA: "Andalucía corre serio peligro de estar ya en recesión económica"

CÓRDOBA.- El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, ha advertido este jueves en Córdoba de que España puede entrar en situación de "recesión económica", mientras que "Andalucía corre un serio peligro de estar ya en recesión económica".

   En declaraciones a los periodistas, Herrero ha explicado que "los datos del desempleo que hemos conocido en los últimos días llevaría a la conclusión de que España puede estar en recesión económica, es decir, con crecimiento negativo", que se produce cuando dos trimestres consecutivos se registra dicho crecimiento negativo, situación que "todavía no se ha dado, aunque se podría dar".
   En cuanto a Andalucía, Herrero ha subrayado que dicha comunidad autónoma "ha caído a crecimiento cero, por debajo de la media nacional", de modo que "Andalucía corre un serio peligro de estar ya en recesión económica", lo que viene dado por datos tales como que "ya hay en Europa 23 millones de desempleados oficiales, en España cinco y en Andalucía uno", siendo este "el verdadero problema y el que hay que resolver".
   Herrero ha argumentado que la mejor forma de combatir el paro es "a través de las empresas", porque, "desde luego, desde ningún otro sitio se va a resolver el problema del desempleo que no sea desde las empresas", combinando la acción "de empresas de tamaño medio y alto con empleo importante, junto con cientos de miles de pequeñas empresas, que es donde se hace una economía real".
   En conclusión, "si los políticos no entienden eso, si no se tiene en cuenta que hay que ser sensibles con la actividad económica y de las empresas, difícilmente saldremos de donde estamos", según ha subrayado el presidente de los empresarios andaluces.