jueves, 29 de septiembre de 2011

El PSOE critica el nombramiento de la mujer del alcalde de Almería como asesora en la Diputación

ALMERÍA.- El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha considerado este miércoles "bochornoso" el número de cargos públicos que el PP tiene "cobrando un sueldo bien de la Diputación bien de los ayuntamientos" y ha lamentado que se "prostituya la política" con "este tipo de comportamientos que hay que desterrar".

   Sánchez Teruel en referencia al nombramiento como asesora de la Diputación de Guadalupe Hueso, la mujer del alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP). Hueso, madre a su vez del diputado provincial de Empleo y Promoción Económica, Amós García, aconsejará al presidente de la institución supramunicipal sobre asuntos de desarrollo provincial, según aparece publicado en el Boletín Oficial de la Provincial (BOP).
   "Hay un refrán que dice 'otros vendrán que bueno te harán", ha señalado en rueda de prensa el líder de los socialistas almerienses, para quien "no tiene sentido" el uso que de las instituciones se hace "en favor de los partidos y no de los ciudadanos". En esta línea, ha acusado al PP de falta de "coherencia" y augurado "muchas sorpresas" con su gestión al frente de la Diputación Provincial "en los próximos meses".
   Sánchez Teruel ha demandado a los 'populares' que hagan público el número de asesores con los que cuenta y los ha cuantificado "en torno a 40 ya". "Se debe ser coherentes con los que se predica, sobre todo --ha añadido-- si decimos que vamos a ser austeros. Hay que aplicarla a uno mismo y nos a los demás o a los ciudadanos".
   Al hilo de esto, ha reiterado que resulta "bochornoso el nivel de cargos públicos" que tiene el PP "con sueldo de Diputación y ayuntamientos" y ha criticado que en la institución supramunicipal "se esté nombrando a muchos alcaldes como asesores para que les pague un sueldo la Diputación". 
El vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería y portavoz del equipo de gobierno, Javier Aureliano García (PP), ha reprochado al secretario provincial del PSOE, José Luis Sánchez Teruel, las críticas vertidas al considerar "bochornoso" el número de cargos públicos que el PP tiene "cobrando un sueldo, bien de la Diputación, bien de los ayuntamientos" puesto que "ellos --PSOE-- tuvieron 70 asesores" cuando gobernaban en la Diputación.
    García ha señalado que actualmente el equipo de gobierno de la institución provincial cuentan con once asesores con los que se ha conseguido ahorrar "el 70 por ciento" del presupuesto destinado a este fin en comparación con el anterior gobierno, de forma que esto supone una cifra de unos dos millones de euros "que servirá para invertir en los pueblos".
   Asimismo, el portavoz ha recordado que el presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat (PP), tiene la "potestad" de elegir a la persona que estime preparada para "desarrollar un programa político, al igual que hizo el PSOE" al que ha acusado de usar su etapa en el gobierno supramunicipal para "enchufar a amiguetes y cargos socialistas en activo y fuera de activo".
   Con esto, ha pedido a Sánchez Teruel que se ahorre sus "lecciones de moralidad", máxime cuando la Diputación Provincial trabaja ahora en buscar financiación para "pagar los pufos y los loros" que los miembros del PSOE han generado a base de "chuletones, gambas y vino" durante los últimos cuatro años. "Cuando entran a una institución la dejan como un solar y dilapidada", ha aseverado.
   En esta línea, García ha anunciado que el próximo día 7 de octubre la Diputación Provincial de Almería celebrará un pleno extraordinario en el que llevarán una modificación presupuestaria de unos cuatro millones de euros para "intentar pagar alguno de estos pufos", de forma que durante el debate "tendrán que contestar" ante este asunto y otros, que también se verán "en los juzgados", puesto que afirma haber encontrado más "facturas dobles" en los cajones de los despachos.  

   El PSOE ha criticado este el nombramiento como asesora de la Diputación de Guadalupe Hueso, la mujer del alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP). Hueso, madre a su vez del diputado provincial de Empleo y Promoción Económica, Amós García, aconsejará al presidente de la institución supramunicipal sobre asuntos de desarrollo provincial, según aparece publicado en el Boletín Oficial de la Provincial (BOP).

   "Es una práctica que debemos desterrar del comportamiento político al igual, por carecer de sentido, que aquella que lleva a presentar como candidato a alcalde en un municipio a una persona que no es de allí y luego los hagamos diputados provinciales", ha asegurado.

El PSOE de Huércal-Overa exige al alcalde que recurra el fallo que obliga al Consistorio a pagar a un promotor

ALMERÍA.- El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Huércal-Overa demanda al primer edil que no incurra en una dejadez de funciones y recurra "de manera inmediata" la sentencia del Juzgado de lo Contencioso de Almería por la que se condena al Ayuntamiento de Huércal-Overa a pagar a un promotor del municipio, que en el mandato de 1995 a 1999 fue alcalde del Partido Andalucista y "posteriormente aterrizó en el Partido Popular".

   Para el Grupo Municipal Socialista de Huércal-Overa si el alcalde no quiere incurrir en dejadez de funciones, debe recurrir cuanto antes ante el Tribunal Superior de Andalucía (TSJA), la sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar a este promotor. El PSOE de Húercal-Overa no solamente no comparte dicha sentencia, sino que, tras consultar diferentes fuentes jurídicas, considera que es posible y necesario recurrirla.
   En este sentido desde el Grupo Socialista de Huércal-Overa han recordado que todo el expediente administrativo que afecta a este caso, fue avalado en su día por el Consejo Consultivo de Andalucía, concluyendo que la actuación municipal era conforme a derecho y que, por lo tanto, se había actuado por parte del anterior equipo de Gobierno en defensa de los intereses del Ayuntamiento que son los ciudadanos y ciudadanas del municipio.
   Los informes técnicos y jurídicos, reflejan que el edificio de la promoción sobre la que pesa la sentencia superaba en su fachada principal un metro de altura y en su fachada posterior un metro con noventa centímetros. Esta altura es ilegalizable tanto con las Normas Urbanísticas como con el PGOU de Huércal-Overa y en base a ello se paralizó la obra y se instó a restaurar la legalidad urbanística por parte del anterior equipo de Gobierno municipal, según han explicado desde el Grupo Municipal Socialista.
   El promotor de esta edificación presentó un primer recurso judicial ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que finalizó con la decisión judicial de inadmitirlo el recurso aunque no obstante en la fundamentación jurídica de dicha Sentencia se aclaraba que la obra había quedado legalizada por el nuevo PGOU, según el Grupo Socialista.
   El Grupo Municipal Socialista ha detallado que en este momento, el Gobierno municipal del Ayuntamiento de Huércal-Overa requirió al promotor para que solicitase licencia de obras, para legalizar el exceso no incluido en la primera y única licencia solicitada para esta promoción.
   El promotor no atendió el requerimiento municipal y se procedió a cumplimentar la resolución de paralización de obras que el Juzgado no había anulado; el promotor recurrió de nuevo al Juzgado, y éste aclaró su anterior decisión insistiendo que la obra de hecho había quedado legalizada, según ha informado el Grupo Municipal Socialista de Huércal-Overa.
   El Grupo Socialista también ha recordado que con posterioridad se inició un expediente de reclamación de indemnización, que finalizó denegándose por parte del Ayuntamiento la indemnización solicitada, en función de los supuestos daños y perjuicios que la actuación municipal descrita había ocasionado al promotor. Para esta denegación el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huércal-Overa se basó en el informe preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía que avala la decisión municipal.
   Nuevamente, el promotor con la obra ya en funcionamiento presentó un nuevo recurso contencioso por considerarse perjudicado cuyo resultado es que el Juzgado lo ha admitido y, por tanto también la indemnización solicitada, según ha asegurado el Grupo Municipal Socialista.
   Desde el punto de vista del Partido Socialista, y tras realizar consultas jurídicas, la Sentencia debe ser recurrida, en el tiempo legal previsto, cuyo plazo termina el próximo lunes día 3 de octubre, ante el TSJA y para con ello permitir que este tribunal pueda revisar el fondo y la forma de este asunto.
   Para el PSOE de Huércal-Overa el alcalde y su equipo tienen la obligación de defender hasta las últimas consecuencias el interés general de los vecinos y vecinas del municipio, alejándose de conductas partidistas, personalistas y de amiguismo, distantes de dicho interés.
   El Grupo Municipal Socialista de Huércal Overa se reserva el derecho a llevar a cabo las acciones de carácter político y jurídico que resulten pertinentes, si el equipo de Gobierno del Ayuntamiento no defiende los intereses generales del municipio, al no recurrir la Sentencia que, a todas luces, es perjudicial, y sobre la que existen opiniones jurídicas fundadas que discrepan abiertamente de la misma.

Telvent pide en su recurso contecioso-administrativo "medidas cautelarísimas"

ALMERÍA.- La compañía de soluciones tecnológicas y servicios de información Telvent ha solicitado en un recurso contencioso-administrativo contra las medidas "temporales" contempladas por el acuerdo adoptado por la junta de gobierno municipal este martes la adopción de "medidas cautelarísimas y subsidiariamente cautelares" al no mostrarse de acuerdo con la decisión tomada por el Ayuntamiento de Almería (PP) de rescatar los servicios derivados de la Ciudad Digital. 

   Según han informado hoy fuentes de la compañía, con la interposición de este recurso se ha pedido la suspensión "urgente" de la ejecutividad de las medidas provisionales, como es la entrega por parte de la UTE de los instrumentos y bienes necesarios para garantizar y mantener la adecuada prestación del sistema de control de tráfico y seguridad vial; "medida que al Ayuntamiento preveía llevar a cabo en cualquiera de las formas de gestión previstas en la Ley".
   Entre esas medidas provisionales, desde la empresa también se han mostrado contrarios al acceso por parte del Ayuntamiento, a través de cualquiera de los medios admitidos en derecho, para la posesión y uso del edificio de usos múltiples de El Toyo, impidiendo el acceso al mismo al personal de la UTE, que en la mañana de este miércoles se mantenía en las instalaciones.
   "Consideramos contrario a Derecho el acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento y, aunque estamos en desacuerdo con la totalidad de las medidas provisionales contempladas en dicho acuerdo, tan sólo solicitamos las medidas cautelarísimas y subsidiariamente cautelares a las medidas provisionales de dicho acuerdo", han matizado desde la entidad.
   Por su parte, la concejal de Desarrollo Económico, Empleo y Nuevas Tecnologías, Ana Martínez Labella, ha señalado este miércoles en declaraciones a los periodistas que el Ayuntamiento iniciará ahora un proceso judicial con el fin de conseguir una orden que obligue a la empresa a abandonar las instalaciones desde donde se gestionan los servicios digitales avanzados de El Toyo y la Ciudad Digital.
   El Ayuntamiento de Almería firmó en 2004 un contrato con Telvent para el diseño, construcción y explotación de un centro de servicios digitales avanzados para la urbanización de El Toyo y la ciudad de Almería con durante un plazo de 20 años, si bien hay acciones programadas en el contrato no prestadas, según el Consistorio, por lo que se ha producido un rescate de los mismos. En este sentido, la empresa observa una deuda de unos diez millones de euros que el Ayuntamiento cifra en seis millones, por lo que ha suspendido "temporalmente" su actividad.

Telvent pide una orden judicial para abandonar las dependencias de la Ciudad Digital

ALMERÍA.- La compañía de soluciones tecnológicas y servicios de información Telvent ha solicitado una orden judicial al Ayuntamiento de Almería (PP) para abandonar el edificio de usos múltiples en el que permanecen y hacer entrega de los recursos necesarios para gestionar los servicios digitales avanzados de El Toyo y la Ciudad Digital después de que el equipo de gobierno aprobara este martes en junta de gobierno extraordinaria el rescate de la concesión. 

   Así lo ha explicado a concejal de Empleo, Desarrollo Económico y Nuevas Tecnologías, Ana Martínez Labella, quien acompañada por el secretario del Ayuntamiento, el jefe de servicio del Área de Tecnología, dos informáticos municipales y dos agentes de Policía Local, ha acudido en la mañana de este miércoles hasta las instalaciones de El Toyo para solicitar la entrega de los servicios, puesto que, según el acuerdo alcanzado en junta de gobierno, deberían haberse entregado antes de las 9,00 horas.
   Tras mantener un breve encuentro con personal de Telvent, Martínez Labella ha explicado a los medios de comunicación que el Ayuntamiento iniciará ahora un proceso judicial con el fin de conseguir una orden que obligue a la empresa a abandonar las instalaciones para cedérselas a Acisa, la empresa a la que se han adjudicado los contratos para el mantenimiento y conservación de instalaciones semafóricas y de la sala de control semafórica por un importe de 12.709 euros con IVA incluido y por el plazo de un mes, y cuyo director también ha acudido al encuentro.
   Ante el anuncio de la UTE Telvent-Inabensa de dejar de prestar los servicios "temporalmente" sin devolver la concesión, la edil 'popular' ha señalado que desde el Consistorio "no podemos garantizar el buen funcionamiento de un servicio básico" que implica el control telemático del tráfico de la ciudad, si bien ha descartado que se hayan producido "incidencias" por el momento.
   "La Policía Local no nos ha remitido que haya ninguna incidencia digna de reseñar", ha explicado la concejal, quien ha matizado, no obstante, que el control de la central semafórica "está funcionando de forma autónoma" por lo que "necesita un control por parte de técnicos que avalen que funciona adecuadamente" puesto que se trata de una "máquina".
   Por otra parte, Martínez Labella ha asegurado que el edificio de usos múltiples es "de titularidad municipal" de forma que la UTE tiene el uso del edificio "mientras dure la concesión". Y es que, los trabajadores de la empresa se atribuían en la mañana de este miércoles la propiedad del edificio, por lo que han solicitado a los miembros de la prensa que abandonaran las instalaciones.
   El Ayuntamiento de Almería firmó en 2004 un contrato con Telvent para el diseño, construcción y explotación de un centro de servicios digitales avanzados para la urbanización de El Toyo y la ciudad de Almería con durante un plazo de 20 años, si bien hay acciones programadas en el contrato no prestadas, según el Consistorio, por lo que se ha producido un rescate de los. En este sentido, la empresa observa una deuda de unos diez millones de euros que el Ayuntamiento cifra en seis millones.

La deuda de Andalucía crece un 18% hasta junio y alcanza el 9,3% del PIB

SEVILLA.- La deuda de la Comunidad Autónoma de Andalucía aumentó un 18,05 por ciento en el segundo trimestre de 2011, hasta situarse en los 13.545 millones de euros, el 9,3 por ciento del PIB, según datos del Banco de España, que sitúan a la región 3,1 puntos por debajo de la media nacional y entre las siete con mejor ratio deuda/PIB.

   En términos generales el endeudamiento de las comunidades autónomas creció un 23,5 por ciento hasta junio, hasta registrar 133.172 millones de euros, lo que supone el 12,4 por ciento del PIB, la cifra más alta de toda la serie histórica. Desde el año 1995, el endeudamiento de las regiones no ha parado de crecer, batiendo en cada ejercicio récords históricos, a pesar del compromiso de estabilidad presupuestaria adquirido en los últimos años.
   Andalucía es la cuarta comunidad autónoma con mayor volumen de deuda entre abril y junio, por detrás de Cataluña, con 38.530 millones de euros, cantidad que representa el 28,9% del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades; Comunidad Valenciana (20.547 millones de euros); y Madrid, cuya deuda ascendió a 14.798 millones de euros. Entre las tres, acumulan el 55,47% del total del endeudamiento regional.
   Tras la región, con los mencionados 13.545 millones, se sitúan Galicia (6.923 millones), Castilla-La Mancha (6.267 millones), País Vasco (5.382 millones), Castilla y León (5.071 millones de euros), Baleares (4.561 millones), Canarias (3.422 millones), Aragón (3.332 millones) y Murcia (2.719 millones). Completan la lista Extremadura (2.017 millones), Navarra (1.994 millones), Asturias (1.956 millones), Cantabria (1.196 millones) y La Rioja (910 millones).
   En cuanto a la evolución de la deuda, ninguna comunidad logró reducir su endeudamiento respecto al pasado año. Los incrementos más destacados se localizaron en Cantabria (+75,3 por ciento), Extremadura (50,4 por ciento), Asturias (49,4 por ciento) y Murcia (48,8 por ciento).
   Tomando el ratio deuda/PIB, Comunidad Valenciana volvió a situarse en el segundo trimestre a la cabeza de la deuda autonómica, con un volumen que alcanza el 19,9 por ciento de su PIB, seguida de Cataluña (19,2 por ciento), Castilla-La Mancha (17,2 por ciento) y Baleares (16,9 por ciento), todas ellas por encima de la media (12,4 por ciento).
   Los porcentajes son menores en Galicia (12,3 por ciento), La Rioja (11,4 por ciento), Extremadura (10,9 por ciento), Navarra (10,6 por ciento), Aragón (10,1 por ciento), Murcia (9,8 por ciento), Andalucía (9,3 por ciento), Cantabria (8,7 por ciento), Castilla y León (8,7 por ciento), Asturias (8,3 por ciento), Canarias (8,2 por ciento), País Vasco (7,9 por ciento) y Madrid (7,7 por ciento).
   Por su parte, las corporaciones locales arrojaron una deuda de 37.640 millones de euros en el segundo trimestre, el equivalente al 3,5 por ciento del PIB, lo que representa un aumento de solo un 3,06 por ciento.
   Del total de la deuda de las corporaciones locales, la mayor parte (29.503 millones) corresponde a los ayuntamientos, con un incremento del 0,48 por ciento, y de esta cifra, 14.737 millones pertenecen a capitales de provincia.
   La deuda de los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes (Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza) alcanzó los 10.772 millones de euros, lo que supone un descenso del 0,18 por ciento.
   Destaca, sobre todo, el incremento del 37,4 por ciento de la deuda del consistorio de Barcelona, que sumó 1.091 millones de euros. La deuda del Ayuntamiento de Madrid (6.819 millones) es superior al de todas las comunidades excepto Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia, aunque descendió un 4,5 por ciento durante el segundo trimestre. Además, es casi siete veces superior a la deuda del ayuntamiento de Barcelona.