domingo, 11 de septiembre de 2011

Griñán: La 'dieta Cospedal' en sanidad supondría 15.000 despidos en Andalucía y 3.000 camas menos

SEVILLA.- El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha afirmado este domingo que aplicar en la comunidad andaluza la hoja de ruta seguida en materia sanitaria por la presidenta de Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal, supondría despedir a unos 15.000 profesionales sanitarios, cerrar más de 300 centros de Atención Primaria y contar con 3.000 camas hospitalarias menos.

   Así lo ha expuesto a los medios de comunicación tras visitar, junto con la consejera de Sanidad, María Jesús Montero, los nuevos equipos del Área de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario de Valme de Sevilla, donde ha insistido en que esta hoja de ruta de las comunidades gobernadas por el PP implican una "reducción notable" de los servicios públicos.
   En este sentido, ha recalcado que la Junta "no va a recortar derechos" como la sanidad o la educación, entre otras cosas, porque, "una vez más, mientras que el resto de comunidades aumentaron su déficit en los años de crecimiento económico en la pasada legislatura, Andalucía obtuvo un superávit superior a los 3.000 millones de euros", lo cual, ha posibilitado mantener la estabilidad presupuestaria y "ahorrar" para estos tiempo de crisis económica, algo que, en su opinión, "no hicieron otras autonomías y, mucho menos, las del PP".
   Griñán ha reiterado que "ser eficientes y austeros no significa recortar derechos" y como ejemplo ha destacado las medidas llevadas a cabo en materia sanitaria para "un uso más que eficaz de los recursos". Entre ellas, ha citado las relacionadas con la descentralización de la gestión, con el uso racional de los medicamentos, con la prescripción por principio activo y con el desarrollo de planes de estabilidad de la farmacia y de inversión en I+d+i.
   "En Andalucía buscamos el necesario ahorro para reducir el déficit público en las bolsas de ineficiencia que, es verdad, todavía pueden existir, pero lo que no vamos a hacer ni antes ni después, ni con superávit ni con déficit, es recortar derechos", ha insistido.
   Sobre todo, según ha argumentado, porque "fue la firma de un presidente del Gobierno socialista con la que universalizamos la sanidad, la educación y las pensiones y con la que aprobamos la Ley de la Dependencia, por lo tanto, no vamos a recortar derechos que nosotros hemos puesto en funcionamiento".
   Además de la sanidad, otra de las prioridades de la Junta de Andalucía es la educación, tal y como también ha recordado este domingo Griñán, quien ha valorado que en tiempos de crisis, su gobierno ha sido capaz de no suprimir "ninguna plaza de profesor" y de no aumentar "ni un minuto" la jornada lectiva de la plantilla pública de docentes, que este nuevo curso aumenta en 198 profesores.
   También ha destacado que las familias no van a pagar "ni un céntimo más" en los servicios de aula matinal, comedor y transporte escolar y que el programa de gratuidad de los libros de texto. "Estamos mucho mejor que prácticamente todas las comunidades autónomas del país", ha concluido.

UGT-A se moviliza por la situación "precaria" de los trabajadores en ayuntamientos

SEVILLA.- El sindicato FSP UGT-A retomará este lunes en Sevilla las acciones y movilizaciones para protestar en contra de la situación "precaria" de los trabajadores en los ayuntamientos andaluces, ante los "impagos" e "incumplimientos" salariales y expedientes de regulación de empleo (ERE) presentados en consistorios de la Comunidad.

   De esta forma, este lunes se celebrará en la Facultad de Derecho una asamblea con 500 delegados de este sindicato para abordar los problemas que se registran en los ayuntamientos, para debatir la precaria situación de los ayuntamientos y diputaciones, defender el empleo público y hacer propuestas para evitar su quiebra.
   Por su parte, fuentes de CCOO han indicado que este mes de septiembre este sindicato pretende celebrar asambleas provinciales con vistas a diseñar "un mapa para conocer la situación real de los consistorios y el número real de trabajadores afectados, provincia a provincia", tras lo que han reconocido que los sindicatos "estamos pendientes de que se constituya la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)".
   Estas fuentes han explicado que se está barajando para inicios de octubre algún tipo de concentración en Sevilla ante el Parlamento andaluz, algo que CCOO pretende celebrar conjuntamente con UGT, para lo cual están en conversaciones. "No descartamos que haya movilizaciones a nivel andaluz con todos los ayuntamientos implicados y convocando a todos los trabajadores afectados", han agregado fuentes de CCOO.
   En ese sentido, han reiterado que "independientemente de las reivindicaciones de cada municipio, queremos hacer movilizaciones a nivel andaluz, que abarquen a toda la comunidad", de forma que "la idea es hacer asambleas de delegados en cada provincia, remitiendo escritos a los alcaldes, y celebrando finalmente un acto central a nivel andaluz con los trabajadores afectados", algo que pretenden hacer conjuntamente con UGT.

CCOO-A cifra en 60.978 los parados almerienses sin ninguna prestación

SEVILLA.- El sindicato CCOO-A ha cifrado en 479.493 el número de personas desempleadas en Andalucía que no perciben ningún tipo de prestación, tras lo que ha recordado que en el marco del 'Plan Prepara' el Gobierno central ha concedido ayudas de 400 euros a desempleados de larga duración que agotaron sus prestaciones a un total de 31.211 parados andaluces, frente a lo cual ha expresado su temor de que la prórroga de esa ayuda de 400 euros "beneficie a menos personas".

   Según los datos facilitados por el sindicato, de los 479.493 parados que no perciban ningún tipo de prestación, según datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) y analizando el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo del mes de julio, 116.897 se ubican en Málaga, 83.262 se ubican en Cádiz, 73.060 se ubican en Sevilla, 60.978 en Almería, 50.032 en Córdoba, 48.836 en Granada, 20.783 en Jaén y 12.519 en Huelva.
   Por otro lado, el sindicato se pronunció sobre el hecho de que el Consejo de Ministros haya aprobado el pasado 26 de agosto un Real Decreto-Ley de medidas laborales que tiene como iniciativas 'estrella' la suspensión, durante dos años, del límite al encadenamiento de contratos temporales, la prórroga por seis meses de la ayuda de 400 euros para parados sin ingresos y la creación de un nuevo contrato de formación para jóvenes sin cualificación que permitirá combinar formación con un trabajo remunerado.
   En ese sentido, fuentes sindicales ven "posible" que el número de beneficiarios por dichas ayudas "se reduzca", toda vez que "se han establecido unos límites leoninos, con un límite temporal sobre la fecha a partir de la cual una persona se ha quedado parada y agota sus prestaciones, con límites en la renta, pues ningún beneficiario puede alcanzar el 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y además ningún beneficiario de esta prórroga puede cobrar ninguna prestación o subsidio, incluido el Prepara anterior".
   Por ello, el sindicato se teme que "se reduzca con esta prórroga el número de beneficiarios registrados con el Plan Prepara anterior, que fueron en Andalucía algo más de 30.000".
   "Tememos que al reducirse la horquilla y endurecerse los requisitos y la criba, se vaya a dejar fuera a muchas personas y el número será bastante inferior al registrado con la ayuda anterior", han agregado las fuentes de CCOO.
   El sindicato por ello pide que "se amplíen los márgenes de las prestaciones dentro del sistema", algo que, a su juicio, "es más solidario, pues al estar dentro del sistema, repercute aportar al propio paro".
   En ese sentido, han indicado que mañana lunes se celebrará un consejo de administración del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) donde se efectuará una evaluación del Prepara anterior y demandarán algunas modificaciones en el desarrollo del programa.
   Consideran que "si se comprueba con los incentivos no son rentables para generar empleo, habrá que pensar qué tipo de ayudas pueden ser mas eficaces", ante lo que el sindicato apuesta por "transformar dichos incentivos en planes de empleo públicos que generen empleo directo; hay que reconducir la situación".

El PP va a por la mayoría absoluta en Almería

MADRID.- El Partido Popular considera "clave" para lograr la mayoría absoluta la obtención de un buen resultado en Cataluña y Andalucía y ve prioritarias una treintena de provincias, en las que cree que puede conseguir uno o hasta dos escaños más que en las elecciones de 2008 y también incluye algunas en las que hace casi cuatro años el PP ganó por muy poco.

   Según informaron hoy fuentes populares, esta estrategia se la ha transmitido la vicesecretaria general de Organización y Electoral Ana Mato a sus compañeros de la dirección del partido, a quienes ha pedido especial dedicación en estas dos CCAA y también en las más de 30 provincias donde el resultado del PP es susceptible de mejorar.
   Uno de los objetivos del PP para lograr la mayoría absoluta es lograr arrebatar al PSOE parte de los apoyos que tienen los socialistas en sus dos principales graneros de votos, Andalucía y Cataluña. Dos regiones en las que el PSOE logró casi cuatro millones de votos en las elecciones de 2008 y un total de 61 diputados en el Congreso (36 procedían de Andalucía y 25, de Cataluña).
   Sin embargo, el número de escaños conseguido por el PP entre ambas autonomías se elevó en 2008 a 32 escaños, casi la mitad que los socialistas. El PP se tendrá que aplicar para superar los 7 escaños que logró en Cataluña y los 25 de Andalucía. Algo que los populares, según las fuentes consultadas, confían en conseguir ya que en las elecciones generales del año 2000, cuando el PP logró la mayoría absoluta con Aznar, obtuvieron 12 escaños en Cataluña y 28 en Andalucía.
   El PP también se ha marcado como prioritarias una treintena de provincias en las que prevé que puede mejorar el resultado de las últimas elecciones generales. En el caso de las andaluzas, tiene margen para lograr al menos un escaño más por provincia en Córdoba, Jaen y Sevilla, aunque confían también en poder mejorar resultado en Almería (donde casi sacaron 9 puntos al PSOE en 2008) y Málaga, dos provincias en las que el PP empató en escaños con el PSOE.
   En el caso de Cataluña, el PP tiene margen para lograr más escaños en: Barcelona, donde obtuvo 5 diputados hace cuatro años, pero había logrado 8 en el 2000; Tarragona, donde logró un escaño en las últimas generales, pero había tenido dos también en 2000 y en Girona, donde no tiene ningún diputado, pero sí lo tuvo cuando Aznar logró la mayoría absoluta.
   En el caso de Madrid, el PP cuenta con 18 escaños en el Congreso, frente a los 15 de los socialistas, pero no descartan conseguir algún escaño más en la capital ya que en 2008 los populares sacaron 10 puntos de ventaja a los socialistas (340.000 votos más) y además tienen el precedente de 19 diputados en el 2000.
   Navarra también se ha convertido en otro de los lugares prioritarios para los populares, ya que tras la ruptura con UPN y los exiguos resultados de las autonómicas, el PP está tratando de recomponer los acuerdos con Unión del Pueblo Navarro para ir conjuntamente a los próximos comicios, también para hacer de tapón a las aspiraciones de Bildu en esta CCAA, que podría lograr un escaño si el voto del centro-derecha se divide.
   Y en Asturias, los populares tendrán que pelear por mantener sus cuatro escaños, ya que entra en liza el partido de Francisco Alvarez Cascos, que ya perjudicó al PP en las autonómicas y ha anunciado su intención de presentarse también a las generales.
   Los resultados del PP en las últimas generales en el País Vasco también son mejorables y por ello forman parte de las "prioritarias". En Vizcaya se quedaron con un escaño, frente a los 2 logrados en 2004 y los 3 que habían tenido en el 2000. Lo mismo sucedió en Guipúzcoa, donde los populares perdieron diez puntos desde el 2000 al 2008, pasando de dos a un escaño y algo parecido en Alava, donde pasaron de dos a un escaño, perdiendo en ocho años cerca de 13 puntos.
   Las cuatro provincias gallegas también entran a formar parte de las que aspiran a lograr más escaños para igualar los de la mayoría absoluta de 2000. Desde entonces, el PP ha perdido uno en La Coruña, ahora tiene 4, mientras que hace once años logró cinco; en Lugo tiene 2, frente a los 3 que obtuvo; en Pontevedra cuenta con 3, frente a los 5 que tenía y en Orense tiene 2 frente a los 3 de hace once años.
   En Castilla y León, el PP confía en poder tener un escaño más en Burgos, León y Salamanca; mientras que aspira en recuperar un diputado en cada una de las tres provincias aragonesas, Huesca, Zaragoza y Teruel.
   En Castilla La Mancha, la única provincia donde el PP tiene margen para añadir un diputado más es Toledo, donde empata a 3 escaños con el PSOE, aunque parte con una ventaja de 7 puntos sobre los socialistas logrados en las últimas generales. También en Albacete ambos partidos están empatados a dos diputados, pero la diferencia marcada en 2008 era más pequeña.
   Otro de los graneros de votos del PP por excelencia, Valencia, también tiene algo de margen, ya que el PP logró 9 escaños, frente a 7 del PSOE, pero con once puntos de ventaja y 70.000 votos.
   Lugares donde populares y socialistas empataron en escaños, como Las Palmas o Baleares también se encuentran entre estas provincias con especial interés para el PP, así como La Rioja o Tenerife. En estas dos últimos, el partido de Rajoy logró 3 diputados en cada una en el año 2000, mientras que en 2008, fueron 2, por lo que ahora, el PP espera poder igualar aquel resultado.
  La directora de campaña también ha transmitido a sus compañeros de partido, incluidos los directores provinciales de campaña con los que se ha reunido esta semana, que no tienen que confiarse por los resultados que dan las encuestas, sino que, por el contrario deben trabajar muy duro para lograr los mejores resultados.
   De hecho, puso como ejemplo que los resultados del pasado 22 de mayo, en las elecciones municipales y autonómicas, darían al PP entre 163 y 167 escaños en el Parlamento, es decir, no es la mayoría absoluta que persiguen los populares.
   Por ello, la dirección popular está pidiendo a todos sus representantes provinciales y regionales que impidan la maniobra que intenta Rubalcaba de distanciarse del Gobierno y de la gestión de Zapatero. En este sentido, explican las fuentes consultadas, se ha pedido a las estructuras del partido que movilicen a todos los alcaldes y concejales y que trabajen con la idea de que el adversario no es Rubalcaba, sino el PSOE en su conjunto. Por ello, la idea que transmitirán es que Rubalcaba no es diferente de Zapatero.

Ciudadanos y Mercado / Manuel Castells *

"Esta vergonzosa reforma de la Constitución dinamita cualquier credibilidad de los políticos que la votaron"
Zapatero quedará en la historia como el peor presidente de la democracia española hasta la fecha (Aznar al menos tenia coherencia ideológica). La pantomima de reforma constitucional perpetrada con nocturnidad y alevosía veraniega por los dos grandes partidos compinchados afecta a la raíz de la democracia y la autonomía del Estado. Ha sido una decisión impuesta por Merkel y Sarkozy, retomando una propuesta del PP. Se razona que era necesaria para calmar la desconfianza de los mercados sobre la deuda española que podría precipitar una crisis de las deudas europeas, en particular italiana, hundiendo así al euro. Reflotar a Grecia, Portugal e Irlanda es difícil. Salvar a España de la quiebra es inviable para las finanzas alemanas y francesas. De ahí la presión sobre el Gobierno español que hace tiempo abandonó cualquier veleidad de soberanía económica. Todo en nombre de vaticinios sobre el comportamiento de los mercados, poder supremo y misterioso al que hay que aplacar con sacrificios humanos: los recortes de gasto social afectan a salud, educación y pensiones, o sea, a la vida.

Pero ¿quiénes son los mercados? ¿Usted conoce personalmente a algún mercado? En realidad se les pueden poner nombres y apellidos: son los inversores (tal vez usted mismo) gestionados por intermediarios financieros. ¿Pero qué quieren los tales inversores y sus intermediarios? ¿El equilibrio fiscal? ¿La capacidad de pago de la deuda a largo plazo? Todo eso son cálculos estratégicos para llegar a otro fin, a lo que verdaderamente mueve la inversión: la ganancia contante y sonante a corto plazo. Así funcionan las finanzas, de eso dependen los dividendos para los accionistas y, sobre todo, las comisiones y primas para los operativos financieros. Y esa ganancia a corto plazo se obtiene por múltiples medios, entre ellos la apuesta por cambios de valoración de efectos financieros, incluidos los bonos del Tesoro y las divisas. De modo que según para quién la devaluación de la deuda soberana española y el aumento de la prima de riesgo pueden resultar en un pingüe negocio. Las grandes ganancias se producen precisamente en situación de turbulencia financiera. En cambio lo que los inversores (llamados mercados) tienen en cuenta son las perspectivas de actividad de cada economía. Porque la recesión y el aumento del paro son mal negocio para todos. Precisamente por eso, cuando en la primavera del 2010 España decretó medidas de austeridad la evaluadora Fitch rebajó la cotización de nuestra deuda pública. ¿Qué no harán ahora esos inversores al saber que, aunque a largo plazo la deuda española pudiera pagarse, a corto plazo el país se queda seco de estímulo fiscal posible en una situación en que la inversión privada no puede salir por si sola de la crisis de empleo y demanda? La atonía económica es la más negra perspectiva para los mercados.

Y por eso el mismo día en que los siseñores de las Cortes del Reino votaban atar de pies y manos al Estado discapacitándolo para obtener recursos cuando hiciera falta, subía la prima de riesgo española y caían las bolsas de todo el mundo como reacción al decrecimiento del empleo en EE.UU. En contraste, hubo una reacción alcista de las bolsas cuando se alcanzó el acuerdo para que EE.UU. pudiera endeudarse más. Y se han vuelto a hundir tras el anuncio por el FMI de la posibilidad de recesión a pesar (o a causa) de los recortes. Por esas razones pueden quebrar España y el euro, no por endeudarnos.

No se trata de salvar la economía española sino de aprovechar la crisis para maniatar a los representantes de los ciudadanos por si tienen la tentación de seguir a sus votantes en lugar de a los mercados interpretados por Merkel, Sarkozy y todos aquellos que salvan su pellejo político en sus países a costa de los otros europeos: una demostración de la des(U)nión Europea.

Pues este es el meollo de la cuestión: en nombre de los mercados (cuyo criterio está por ver) se impone una reforma constitucional a los ciudadanos, sin consultarlos y aprovechando una mayoría parlamentaria que puede disolverse en tres meses. Y de paso, se deslegitima una Constitución de quita y pon, que es intocable para según qué cosas y se manipula en unos días para lo que conviene a aquellos políticos coyunturalmente en el poder. Así jamás se hubiera aprobado la Constitución de 1978 que, por imperfecta que sea, permitió organizar una coexistencia política a partir de un consenso evolutivo que ahora se ha roto sin necesidad perentoria y sin informar a los ciudadanos del por qué de esa urgencia aparte de las oscuras referencias a la percepción de los mercados. Y es que los ciudadanos tienen derecho a equivocarse porque eso también es soberanía popular. Lo que no aceptan es invocar la democracia como fuente de legitimidad para después actuar sobre temas tan importantes aplicando el rodillo parlamentario como si el país fuera de los políticos. El ejemplo islandés vuelve a la memoria: tras meses de movimiento social un referéndum sobre las políticas de crisis llevó a la regulación financiera, al despido y encausamiento de políticos culpables de la crisis y al impago de las deudas bancarias. Y se arregló la cosa para la gente.

Si ya había una crisis de legitimidad profunda en la democracia española, fuente de la indignación que comparte una gran mayoría de la población, esta vergonzosa reforma de la Constitución dinamita cualquier credibilidad de los políticos que la votaron. Y de paso se lo pone muy difícil a Rubalcaba, que intentaba salvar los muebles de su partido y de la política tendiendo puentes al sentir de la sociedad. Si la fuente de la Constitución son los mercados, que manden los banqueros por la vía directa. Pero si los ciudadanos piensan que son ellos los constituyentes, tal vez podrían refundar la democracia pacíficamente y limpiar las instituciones de unos partidos mayoritarios que acampan en las Cortes como si fuera su finca y nosotros sus peones. Acampada contra acampada. Cinismo político contra esperanza de ciudadanía. A desalambrar.
(*) Sociólogo y profesor universitario

Generación sin futuro / Ignacio Ramonet

“El mundo será salvado, si puede serlo, sólo por los insumisos”. André Gide
 
Primero fueron los árabes, luego los griegos, a continuación los españoles y los portugueses, seguidos por los chilenos y los israelíes; y el mes pasado, con ruido y furia, los británicos. Una epidemia de indignación está sublevando a los jóvenes del mundo. Semejante a la que, desde California hasta Tokio, pasando por París, Berlín, Madrid y Praga, recorrió el planeta en los años 1967-1968, y cambió los hábitos de las sociedades occidentales. En una era de prosperidad, la juventud pedía paso entonces para ocupar su espacio propio.

Hoy es diferente. El mundo ha ido a peor. Las esperanzas se han desvanecido. Por vez primera desde hace un siglo, en Europa, las nuevas generaciones tendrán un nivel de vida inferior al de sus padres. El proceso globalizador neoliberal brutaliza a los pueblos, humilla a los ciudadanos, despoja de futuro a los jóvenes. Y la crisis financiera, con sus “soluciones” de austeridad contra las clases medias y los humildes, empeora el malestar general. Los Estados democráticos están renegando de sus propios valores. En tales circunstancias, la sumisión y el acatamiento son absurdos. En cambio, las explosiones de indignación y de protesta resultan normales. Y se van a multiplicar. La violencia está subiendo…

Aunque, en concreto, el formato mismo del estallido no es semejante en Tel Aviv y Santiago de Chile o Londres. Por ejemplo, la impetuosa detonación inglesa se ha distinguido, por su alto grado de violencia, del resto de las protestas juveniles, esencialmente no violentas (aunque no hayan faltado los enfrentamientos puntuales en Atenas, Santiago de Chile y varias capitales).

Otra diferencia esencial: los amotinados ingleses, quizás por su pertenencia de clase, no supieron verbalizar su desazón. Ni pusieron su furor al servicio de una causa política. O de la denuncia de una iniquidad concreta. En su guerrilla urbana, ni siquiera saquearon con ira sistemática los bancos… Dieron la (lamentable) impresión de que sólo las maravillas de los escaparates atizaban su rabia de desposeídos y de frustrados. Pero, en el fondo, como tantos otros “indignados” del mundo, estos revoltosos expresaban su desesperación, olvidados por un sistema que ya no sabe ofrecerles ni un puesto en la sociedad, ni un porvenir.

Un rasgo neoliberal que, de Chile a Israel, irrita particularmente es la privatización de los servicios públicos. Porque significa un robo manifiesto del patrimonio de los pobres. A los humildes que no poseen nada, les queda por lo menos la escuela pública, el hospital público, los transportes públicos, etc. que son gratuitos o muy baratos, subvencionados por la colectividad. Cuando se privatizan, no sólo se le arrebata a la ciudadanía un bien que le pertenece (ha sido costeado con sus impuestos) sino que se desposee a los pobres de su único patrimonio. Es una doble injusticia. Y una de las raíces de la ira actual.

A este respecto, para justificar la furia de los insurrectos de Tottenham, un testigo declaró: “El sistema no cesa de favorecer a los ricos y de aplastar a los pobres. Recorta el presupuesto de los servicios públicos. La gente se muere en las salas de espera de los hospitales después de haber esperado a un médico una infinidad de horas…” (1).

En Chile, desde hace tres meses, decenas de miles de estudiantes, apoyados por una parte importante de la sociedad, reclaman la desprivatización de la enseñanza (privatizada bajo la dictadura neoliberal del general Pinochet, 1973-1990). Exigen que el derecho a una educación pública y gratuita de calidad sea inscrito en la Constitución. Y explican que “la educación ya no es un mecanismo de movilidad social. Al contrario. Es un sistema que reproduce las desigualdades sociales” (2). A fin de que los pobres sean pobres para la eternidad…

En Tel Aviv, el 6 de agosto pasado, al grito de “¡El pueblo quiere la justicia social!”, unas 300.000 personas se manifestaron en apoyo al movimiento de los jóvenes “indignados” que piden un cambio en las políticas públicas del gobierno neoliberal de Benyamin Netanyahou (3). “Cuando a alguien que trabaja –declaró una estudiante– no le alcanza ni siquiera para comprar de comer es que el sistema no funciona. Y no es un problema individual, es un problema de gobierno” (4).

Desde los años 1980 y la moda de la economía reaganiana, en todos estos países –y singularmente en los Estados europeos debilitados hoy por la crisis de la deuda–, las recetas de los gobiernos (de derechas o de izquierdas) han sido las mismas: reducciones drásticas del gasto público, con recortes particularmente brutales de los presupuestos sociales. Uno de los resultados ha sido el alza espectacular del paro juvenil (en la Unión Europea: 21%; en España: ¡42,8%!). O sea, la imposibilidad para toda una generación de entrar en la vida activa. El suicidio de una sociedad.

En vez de reaccionar, los gobiernos, espantados por los recientes derrumbes de las Bolsas, insisten en querer a toda costa satisfacer a los mercados. Cuando lo que tendrían que hacer, y de una vez, es desarmar a los mercados (5). Obligarles a que se sometan a una reglamentación estricta. ¿Hasta cuándo se puede seguir aceptando que la especulación financiera imponga sus criterios a la representación política? ¿Qué sentido tiene la democracia? ¿Para qué sirve el voto de los ciudadanos si resulta que, a fin de cuentas, mandan los mercados?

En el seno mismo del modelo capitalista, las alternativas realistas existen. Defendidas y respaldadas por expertos internacionalmente reconocidos. Dos ejemplos: el Banco Central Europeo (BCE) debe convertirse en un verdadero banco central y prestarle dinero (con condiciones precisas) a los Estados de la eurozona para financiar sus gastos. Cosa que le está prohibida al BCE actualmente. Lo que obliga a los Estados a recurrir a los mercados y pagar intereses astronómicos… Con esa medida se acaba la crisis de la deuda.
 
Segundo: dejar de prometerlo y pasar a exigir ya la Tasa sobre las Transacciones Financieras (TTF). Con un modesto impuesto de un 0,1% sobre los intercambios de acciones en Bolsa y sobre el mercado de divisas, la Unión Europea obtendría, cada año, entre 30.000 y 50.000 millones de euros. Suficiente para financiar con holgura los servicios públicos, restaurar el Estado de bienestar y ofrecer un futuro luminoso a las nuevas generaciones.
 
 O sea, las soluciones técnicas existen. Pero ¿dónde está la voluntad política?
 
NOTAS
(1) Libération, París, 15 de agosto de 2011.
(2) Le Monde, París, 12 de agosto de 2011.
(3) Según una encuesta de opinión, las reivindicaciones de los “indignados” israelíes cuentan con la aprobación del 88% de los ciudadanos. (Libération, op. cit.)
(4) Le Monde, París, 16 de agosto de 2011.
(5) Léase Ignacio Ramonet, “Desarmar a los mercados”, Le Monde diplomatique en español, diciembre de 1997.