martes, 5 de julio de 2011

Un 96,05% de los marroquíes residentes en el extranjero votó a favor de la nueva Constitución

RABAT.- La nueva Constitución marroquí, sometida a referéndum la semana pasada, logró el apoyo del 96,05 por ciento de los marroquíes residentes en el extranjero, con un total de 255.783 votos en los 526 centros electorales habilitados en el exterior, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación marroquí en un comunicado difundido por la agencia oficial MAP.  

   Estos resultados son todavía provisionales, a la espera de que sean confirmados por el Consejo Constitucional. Del total de 266.301 votos emitidos en el exterior, sólo un 3 por ciento de los marroquíes en el exterior se pronunció en contra de la nueva Constitución, según el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, que precisa que 2.457 votos fueron nulos, un 0,92 por ciento.
   "La participación en este histórico referéndum es aún más significativa que la nueva Constitución y confirma la plena ciudadanía de los marroquíes en el exterior y consagra su contribución a las instituciones nacionales, tal y como prevé el nuevo texto", ha destacado el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí en su nota.
   Marruecos habilitó un total de 526 centros de votos en diferentes países del mundo, 148 de ellos en Francia, 87 en España, 74 en Italia, 32 en Países Bajos, 21 en Bélgica y 164 en otras naciones. Los centros se habilitaron en diferentes embajadas y consulados en función de la presencia de marroquíes en cada país y la jornada de votación se prolongó durante tres días para que todos los ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto.

Blanco trabaja para que el Corredor Mediterráneo se incluya en las "redes transeuropeas"

SEVILLA.- El ministro de Fomento, José Blanco, ha asegurado que el Gobierno "está trabajando intensamente para que el Corredor ferroviario Mediterráneo sea incluido en la red transeuropea prioritaria", al asegurar que por el momento la UE no ha realizado propuesta alguna en este sentido, prevista para el próximo mes de septiembre.

   Blanco lamentó que este corredor no fuera incluido en las redes europeas en 2003 "cuando se definieron dichas las redes", toda vez que "entonces gobernaba el PP en España y la comisaria de Transportes era una española".
   "Pero el PP no hizo nada por su visión centralista de España, en la que todo tenía que pasar por Madrid, por lo que entonces no incluyó el Corredor del Mediterráneo en las redes prioritarias transeuropeas", añadió el ministro.
   Por ello, reiteró que su Departamento está trabajando para la inclusión de esta línea entre las prioritarias de Europa, una línea "que recorre todo el Mediterráneo, incluido Algeciras, lugar logístico muy importante".
   En este sentido, recordó que la próxima semana se reunirá con los consejeros de las comunidades autónomas por las que discurre el corredor (Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía), para "definir la propuesta de España" y para pedir a dichas regiones "un compromiso  y una estrategia compartida en el objetivo de que sea incluido en los ejes transeuropeos prioritarios y además tenga financiación".
  "Se trata de un proyecto muy importante para el desarrollo social y económico de España tanto en pasajeros como mercancías", concluyó Blanco.

Rosa Díez asegura que "España parece de todo menos un país" y destaca las "extravagancias" de los ayuntamientos

MURCIA.- La diputada nacional y portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha declarado en Murcia que "España parece, desde el punto de vista municipal, de todo menos un país". Y es que, alertó, no parece que exista la misma ley electoral, la misma ley de régimen local, los mismos reglamentos sometidos a la misma ley, "las cosas son tan pintorescas, extravagantes y extrañas" que, aseguró, "vamos a escribir un libro contando estas experiencias que creo incluso que será un best-seller".

   Hay tal opacidad y tan poca transparencia en los ayuntamientos en general, indicó, que sorprende, de hecho, "a los concejales de un ayuntamiento importante de la Comunidad de Madrid se les facilita una tarjeta para que puedan aparcar en doble fila" y aunque parece una anécdota, "esto está institucionalizado y ocurre desde siempre".
   A lo que se une, por ejemplo, la figura del vocal vecino, también en Madrid, que no los elige nadie, son ayuntamientos paralelos "y pagamos todos --entre 800 y 1.200 euros por unos 500 que existen en cada distrito--".
   Un ejemplo, aseveró, "de perversión, picaresca y corruptela, y como nadie lo sabe, nadie puede controlarlo ni opinar y al final lo estamos pagando entre todos algo que no beneficia al ciudadano". De esta forma, sostuvo, "tu tienes tu red clientelar como partido, has nombrado a un montón de ellos a los que le pagas mil euros al mes y matan por ti, y ganas todas las asambleas que haya que ganar".
   Es por ello que UPyD, que ha organizado en Murcia una jornada de trabajo a la que han asistido concejales del partido de todas las capitales de provincia españolas donde la formación ha conseguido representación, con el fin de poner en común líneas básicas de actuación en los Ayuntamientos, propone la reforma de la Constitución para definir con claridad la lista de competencias de cada entidad territorial, los instrumentos de cooperación, coordinación y solidaridad, "así como las reglas de financiación".
   Además, Unión, Progreso y Democracia propone la reforma de la Ley Electoral General para garantizar la igualdad del voto de los ciudadanos y para superar el bipartidismo e imperfecto inducido por una ley "injusta".
   Otras de las propuestas de UPyD, presentadas en el Debate del Estado de la Nación "y que no obtuvieron respuesta por el Gobierno", y que "son imprescindibles para salir de esta crisis política y económica", son la separación efectiva de poderes y restauración de la autonomía del Poder Judicial y la instauración de la igualdad efectiva de los ciudadanos con independencia del lugar donde residen mediante la restitución al Estado de las competencias necesarias para garantizar sistemas comunes de educación, sanidad y servicios sociales.
   Tras lo que resaltó la necesidad de terminar con las diputaciones  provinciales, "que sirve para colocar excedentes del PP y PSOE", así como "agrupar municipios", pues, informó, "si agrupáramos los municipios de 5.000 habitantes, serían más de 3.000 millones de euros al año que se podrían dedicar a prestación de servicios verdaderamente esenciales y de calidad para los ciudadanos".
   En el caso de que fueran municipios de alrededor de 15.000 habitantes se conseguirían más de 20.000 millones al año.
   UPyD porpone, además, la superación de la provisionalidad, la reforma del mercado laboral, la derogación de las normas intervencionistas "que han acabado con la unidad de mercado y la movilidad de profesionales, empresas y trabajadores", la eliminación de todas las duplicidades administrativas e iniciativas de transparencia y lucha contra la corrupción "para la regeneración democrática y para que los ciudadanos recuperen el control sobre los políticos y la confianza".
   Evitando, continuó, medidas "chapuzas como una tirita ante una hemorragia --como es el caso de que el Gobierno dote con 3.400 millones a la nueva línea del ICO para que ayuntamientos reduzcan la morosidad--" y el "sectarismo y cainismo" de la política española actual.
   En este sentido, Rosa Díez, acompañada por los concejales de UPyD en los ayuntamientos de Madrid, Alicante y Granada, aseguró que los ciudadanos podrán un día al mes plantear a los ediles de esta formación política las cuestiones que quieran, quejas o sugerencias, "sin control ni filtro previo y sin hora".
   Además los ediles saldrán una vez al mes a la calle "para abrir la institución, posibilitar que los ciudadanos sientan el control sobre el político y para que a estos últimos no se les olvide que están ahí al servicio del ciudadano".
   Rosa Díez, que se ha congratulado de los resultados "políticos" de UPyD en las elecciones del 22 de mayo, ha resaltado, finalmente, que en las próximas elecciones generales, UPyD "puede convertirse en un partido clave para determinar quien gobierna y como se gobierna España".

El alcalde de El Ejido señala la relación de Elsur con caso 'Poniente' y ve necesario ponderar la deuda municipal

ALMERÍA.- El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), ha trasladado este martes que la vinculación de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) a la presunta trama de corrupción política y empresarial que investiga el caso 'Poniente' hace "necesario" analizar de manera "exhaustiva" la cantidad que el Consistorio le adeuda con fecha de 2009 para que los "ejidenses no tengan que pagar ni un céntimo de más".

   Góngora ha hecho estas declaraciones tras hacerse pública la resolución del Juzgado de lo Mercantil nº 1 que declara a Elsur, concesionaria de los servicios públicos, que declara a la empresa mixta en concurso voluntario de acreedores y recoge que cantidad que le adeuda el Consistorio asciende a alrededor de 80 millones de euros, lo que supone casi un 80 por ciento de sus activos.
   El regidor, quien ha accedido a la Alcaldía de El Ejido tras casi dos décadas de gobierno por parte de Juan Enciso (PAL), principal imputado en el caso 'Poniente', ha señalado que la presunta "corrupción" en torno a la gestión de los servicios municipales prestados por Elsur hace necesario "ponderar exhaustivamente" la cantidad reclamada al Consistorio para que así esta sea "depurada".
   "Hablamos de cantidades muy importantes y de que los ejidenses no tengan que pagar ni un céntimo de más. La operación 'Poniente' no es un capricho de nadie", ha subrayado al tiempo que ha recordado que el Ayuntamiento "ya se ha posicionado en la reclamación de cantidades en este sentido".
   El titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 señala en su resolución que la empresa mixta es "dependiente" del cumplimiento de sus "obligaciones" por parte de sus deudores y subraya que el "grueso" de su activo son "fundamentalmente deudas con el Ayuntamiento", lo que supone que "basta con los impagos municipales para generar insolvencia en la sociedad".

El juez declara en concurso de acreedores a Elsur

ALMERÍA.- El juez de lo Mercantil ha declarado en concurso voluntario de acreedores a la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) de El Ejido, a la que reconoce un estado de insolvencia y una deuda con el Ayuntamiento ejidense de alrededor de 80 millones de euros lo que supone, remarca, casi un 80 por ciento de su activo, que cifra en cien millones de euros.

   El auto designa a tres administradores concursales aunque dispone que Elsur, participada en un 30 por ciento por el Consistorio y en un 70 por la mercantil 'Agua y Gestión', conserve las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio al considerar que no existen "riesgos" pese a que ha cesado en su actividad.
   El titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 señala en su resolución que la empresa mixta es "dependiente" del cumplimiento de sus "obligaciones" por parte de sus deudores y subraya que el "grueso" de su activo son "fundamentalmente deudas con el Ayuntamiento", lo que supone que "basta con los impagos municipales para generar insolvencia en la sociedad".
   En el apartado de los fundamentos de derecho apunta el juez que la solicitud cumple las condiciones y que de los documentos que aporta Elsur se desprende el estado de insolvencia. Destaca, al hilo de esto, que la sociedad no se encuentra en "situación de desbalance" y que ha venido dando beneficios de alrededor de "600.000 euros" por ejercicio económico "de forma sucesiva" desde el año 2006 "hasta el presente ejercicio".
   Recoge que, si bien la progresión ha supuesto un aumento de fondos propios que se traduce en un montante de 4,5 millones de euros, este es "un tanto reducido" respecto de un activo que ronda los 100 millones de euros. En esta línea, detalla que Elsur se ha financiado con pasivo a corto plazo, que cifra en 80 millones de euros, con situación de tesorería "muy exiguas --menos de dos millones de euros-- para ese pasivo".
   Argumenta el juez que esta situación hace a la empresa mixta "dependiente" al tiempo que subraya que el grueso de su activo son "los derechos de crédito, fundamentalmente deudas con el Ayuntamiento de El Ejido en torno a 80 millones de euros en el año 2009", lo que supone --ahonda-- casi un 80 por ciento de su activo total. "Basta con impagos municipales para generar la insolvencia de la sociedad y así ha ocurrido con desavenencias que han ido en aumento hasta acordar el Ayuntamiento el secuestro de la entidad", concluye.
   El anterior equipo de gobierno, liderado por el exalcalde Juan Enciso (PAL), dictó el 19 de enero un decreto por el ordenaba el secuestro temporal de la gestión de los servicios públicos de abastecimiento y saneamiento de agua, alumbrado, y mantenimiento urbano al alegar una "situación de reiterado incumplimiento" por parte de la empresa mixta.
   Poco después, un juez de lo contencioso-administrativo de Almería determinó tras el recurso del accionista mayoritario de la sociedad que la mercantil 'Agua y Gestión' debía pagar una fianza de 1,2 millones de euros para recuperar la concesión, una medida que recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
   Por otro lado, la Delegación Provincial de Empleo de la Junta de Andalucía en Almería notificó en mayo a la sociedad una  resolución por la que acordaba inadmitir la solicitud de expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo propuesto para 156 empleados y daba por "concluido" el procedimiento con el archivo de las actuaciones practicadas.
   La empresa mixta Elsur figura como "clave" en el sumario de caso 'Poniente' que instruye la titular del Juzgado de Instrucción nº 2, Montserrat Peña, y por el que estuvo en prisión durante casi ocho meses el exregidor ejidense. La investigación, en la que figuran como imputados más de 80 personas, divide la presunta trama de corrupción política tejida en en torno a Elsur en seis clanes y el grupo Abengoa, del que es filial 'Agua y Gestión'.
   De las actuaciones se desprende que las sociedades de los principales implicados en el caso facturaron de Elsur con subcontrataciones en su mayoría "irregulares" alrededor de 93,3 millones de euros entre los años 2002 y 2007. Señala, asimismo, que los principales imputados constituían un "grupo criminal perfectamente organizado" que detrajo dinero de las arcas municipales a través de las citadas subcontrataciones "irregulares" con la empresa mixta.

El Gobierno español, dispuesto a que los marroquíes voten en las municipales

BARCELONA.- La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez, ha avanzado este martes que el Gobierno está dispuesto a que los marroquíes residentes en España puedan votar en las elecciones municipales, después de que Marruecos haya aprobado por referéndum la nueva Constitución, que prevé que los extranjeros que viven en el país norteafricano puedan participar en los comicios locales. 

   En declaraciones a los medios de comunicación ha explicado que la opción de que los extranjeros puedan votar en las elecciones municipales "siempre se ha basado en la reciprocidad", por lo que ha afirmado que el Gobierno iniciará las conversaciones con el reino alauí con vistas a firmar un acuerdo similar a los que España tiene con una decena de países.
   "Ahora que la Constitución marroquí abre esa posibilidad a los españoles, desde luego vamos a firmar los acuerdos para que sea recíproco", ha asegurado Jiménez, que ha defendido que se trata de una muestra de arraigo y de integración.

España demandará 80 millones por los daños derivados de la 'crisis del pepino'

MADRID.- La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha estimado este martes en unos 80 millones de euros la cantidad que España demandará a Bruselas por el "impacto" de la denominada 'crisis del pepino' en el sector hortofrutícola español.

Así lo dijo la ministra durante la presentación en Madrid del proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
El pasado 27 de junio, la ministra cifró en 51 millones de euros la primera estimación de los daños, si bien señaló que quedaban cuestiones por evaluar y cuantificar.
En cualquier caso, Aguilar aseguró entonces que el consumo interno de las hortalizas españolas se estaba recuperando "a buena velocidad", ya que durante el último mes había aumentado un 9,9% el consumo de hortalizas en España.

José Manuel Vargas dimite como consejero delegado de 'Vocento' (Ideal)

MADRID.- José Manuel Vargas ha presentado ante el consejo de administración de Vocento su dimisión como consejero delegado del grupo, cargo que ocupaba desde el año 2008, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Las labores de coordinación del equipo directivo serán asumidas por el presidente de la compañía, Diego del Alcázar.

Según ha señalado la empresa, Vargas, que presentó su dimisión en una reunión del consejo de administración celebrada este lunes como consejero delegado y miembro del consejo, abandona su cargo "por motivos personales". El exconsejero delegado estaba vinculado a Vocento desde hace más de una década.
Entre 2000 y 2002 fue director de servicios jurídicos de la entonces Prensa Española y secretario del consejo de ABC entre 2000 y 2005. Pasó después a ser director general financiero durante seis años y director general de mercados nacionales del grupo.
El 28 de enero de 2008 fue nombrado consejero delegado de Vocento, cargo que compaginó con el de consejero delegado de ABC. Al frente del grupo ha trabajado durante estos años para impulsar la transformación y reposicionamiento de la compañía en todas las áreas del negocio de la comunicación (Internet, prensa, televisión, radio y nuevos soportes), así como la renovación y refuerzo de la oferta informativa y editorial de las marcas multimedia que componen el grupo.
La compañía ha subrayado que Vargas ha realizado este trabajo "a pesar de las dificultades de un periodo marcado por la crisis económica, la fuerte contracción del mercado publicitario y la gran revolución del mundo de la comunicación por los cambios en los hábitos de los lectores y consumidores" y ha agradecido al directivo "su dedicación, compromiso y esfuerzo en estos años difíciles".
Para Vocento, la estrategia puesta en marcha durante el periodo de gestión de José Manuel Vargas, ha permitido, "a pesar de la difícil coyuntura, mantener la posición de liderazgo en el mercado español, tanto en lo referente a la difusión y audiencia, como a la rentabilidad". 
Como uno de los logros en la gestión del exconsejero delegado, el grupo ha subrayado el cambio dado en el origen de los ingresos (Internet y audiovisual suponen ya más del 25% del total), así como el haber mantenido una "sólida posición financiera, claro diferencial de Vocento respecto a otros grupos del sector.

Los precios de las hortalizas caen hasta un 11,5% en junio tras 'la crisis del pepino'

MADRID.- Los pimientos verdes, los tomates de ensalada y las judías verdes fueron los alimentos frescos que más se abarataron en junio respecto al mismo mes de 2010, con descensos que oscilaron entre el 11,5% y el 6,13%, según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

La crisis del pepino, que se inició el pasado 26 de mayo a raíz de las declaraciones de la senadora regional alemana Cornelia Prüfer-Storcks en las que achacaba el origen del brote infeccioso provocado por la bacteria 'E.coli' a los pepinos españoles, ha arrastrado a otras hortalizas, que han liderado la caída de los precios de los alimentos frescos.
En concreto, los limones encabezaron el 'ranking' de productos alimenticios que más bajaron de precio en el sexto mes del año, con un descenso interanual del 12,97%, seguidos de los tomates (-12%) y las naranjas (-8,95%).
Otros alimentos frescos que experimentaron descensos significativos fueron la pescadilla, cuyos precios se abarataron un 8,50%, y la anchoa o boquerón, con descensos del 8,30%.
En el lado opuesto, destacan las subidas de los plátanos de Canarias y de las patatas, que se encarecieron en el último año un 30% y un 8,66%, respectivamente.
En tasas mensuales (junio respecto a mayo), los alimentos frescos que más bajaron fueron también las hortalizas, con descensos del 11,47% en el caso de los pimientos verdes y del 7,19% en el de los tomates para ensalada.
Por detrás se situaron las judías verdes, cuyo precio cayó un 6,13% en junio sobre el mes anterior, las naranjas (-4,37%) y las anchoas (-1,74%), mientras que la bacaladilla subió un 2,60%, la carne de pollo, un 1,01%, y el salmón, un 0,97%.
En el caso de los alimentos envasados, nueve de los 30 productos analizados registraron descensos en sus precios, con caídas significativas en el pan de molde de trigo (-8,49%), la merluza congelada (-4,13%), y el arroz (-4,08%). Por contra, se encarecieron el aceite de girasol refinado (+14,76%), el café soluble (+8,81%) y el azúcar (+8,68%).
El departamento de Miguel Sebastián destacó, en el caso de los productos envasados en términos mensuales, la bajada de los refrescos de cola (-1,22%) y la subida de las salchichas de Frankfurt(+1,73%).

La Unión Europea confirma como probable causa del E.Coli un lote de semillas egipcias

BRUSELAS.- La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha confirmado hoy que uno de los lotes de semillas de fenogreco importadas desde Egipto por varios países europeos, entre ellos España, es el "vínculo común más probable" entre los brotes de la bacteria E.Coli O104 de Alemania y Francia.

No obstante, la agencia destaca que "no puede excluirse que otros lotes de fenogreco importados de Egipto durante el periodo 2009-2011 puedan estar implicados".
La EFSA publica hoy en un informe esa conclusión, a la que ha llegado el grupo de trabajo especial establecido por la agencia para detectar el origen de los brotes infecciosos.
Teniendo en cuenta estos hallazgos, la EFSA recomienda a la Comisión Europea que haga todos los esfuerzos necesarios para evitar que los consumidores se expongan al consumo de semillas sospechosas, y que se haga un seguimiento en todos los estados miembros que hayan podido recibir alguno de estos lotes.
Además, ha pedido a los ciudadanos que no cultiven brotes para consumo propio, ni que coman brotes o semillas germinadas a menos que hayan sido cocinadas.
Los brotes de esta cepa de E.Coli se iniciaron en mayo en Alemania y en junio en Francia.
La agencia ha recordado que, por el momento, se han producido 48 muertes en Alemania y una en Suecia a causa del brote de esta bacteria, que ocasiona diarreas sanguinolentas y el síndrome urémico hemolítico (HUS).
En total, se ha informado de 4.178 casos en países de la Unión Europea, Noruega y Suiza.
Tras analizar la información recogida en Alemania y Francia, los expertos de la EFSA han llegado a la conclusión de que un lote de semillas de fenogreco o alholva ("Trigonella foenum-graecum") para producir brotes importado de Egipto por una empresa alemana es la causa más probable de los brotes, aunque otros lotes también pueden estar implicados.
El informe dado hoy a conocer señala igualmente que los resultados negativos de las pruebas microbiológicas realizadas a las semillas no deben ser interpretados como una prueba de que un lote no está contaminado.
Además, apunta a que no debe excluirse una "contaminación cruzada" al venderse a menudo las semillas para brotes mezclando varias especies.
El Sistema de Alerta Rápida de Alimentos y Piensos (RASFF) de la UE ya advirtió a los Estados miembros el pasado 30 de junio de que el origen de los brotes de E.Coli podía estar en semillas importadas de Egipto, al hilo de la publicación por parte de la EFSA de un primer informe sobre la causa de la infección.
Las autoridades europeas indicaron entonces que las semillas habrían entrado al mercado comunitario a través de Italia, desde donde habrían sido distribuidas a España, Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda y Austria.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura egipcio rechazó el pasado viernes que semillas de fenogreco exportadas a Europa fueran el foco de la infección, y aseguraron que la presencia de esa bacteria en Egipto "no se ha demostrado en absoluto", ya que no se ha registrado ningún caso de E.Coli en el país, concluyó.

La Comisión Europea destina seis millones euros a España para la promoción de productos agrícolas

BRUSELAS.- La Comisión Europea (CE) destinará seis millones de euros para financiar cuatro programas en los que participa España, destinados a la promoción de productos agrícolas en la UE como vino, lácteos, plátanos y los alimentos con denominación de origen, informó hoy el Ejecutivo comunitario.

El listado incluye tres iniciativas cien por cien españolas, que tendrán un coste total de 5,1 millones, de los que la mitad serán cofinanciados con fondos de la UE.
Además, hay un programa que engloba a España, Francia y Portugal para promocionar productos de las regiones ultraperiféricas (en el caso español plátanos), que costará 16,9 millones y al que se destinarán 8,4 millones de ayudas comunitarias.
Bruselas dio el visto bueno en total a 26 programas en 13 Estados miembros para fomentar el consumo de sus productos agrícolas, por valor de 75 millones de euros, de los cuales 37,6 millones procederán de la UE.
Dentro de los programas españoles, la CE aprobó una iniciativa de Insdelcava, para difundir las cualidades del cava en España, Bélgica, Reino Unido y Polonia, que tendrá un coste de 1,9 millones de euros (la contribución de la UE será de 991.900 millones) y una duración de tres años.
Otro plan aceptado es el de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), de tres años, con un gasto de 1,9 millones (960.000 euros de la UE) para acciones a nivel nacional.
El último plan es el de la asociación Confercarne que costará 1.2 millones de euros (de los que la CE cofinanciará con 633.279 euros).
La iniciativa durará tres años y permitirá promocionar ese producto en Alemania, Dinamarca y Polonia.
Por su parte, el programa que engloba a las regiones ultraperiféricas, en el que participa la Asociación de Productores de Plátano Canario (Asprocan) permitirá promocionar el plátano de Canarias en España, Francia y Portugal, durante tres años.
La asociación española recibirá 3,5 millones de euros en el marco de esa iniciativa.
Bruselas dio el visto bueno a planes en Bélgica, Bulgaria, Alemania, Grecia, Francia, Italia, Letonia, Holanda, Austria, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido.
El objetivo es la promoción de productos ecológicos, de alimentos de calidad o con denominación de origen, de distinto tipos como lácteos, aceite de oliva, huevos carne, vino, frutas y hortalizas.
Por otra parte, Bruselas recordó que destinará 15 millones de euros adicionales para promocionar las frutas y verduras en la UE y en países terceros tras la caída de las ventas provocada por la crisis del "E.coli".
Esas campañas se podrán poner en marcha en otoño, para lo cual los productores tienen hasta el 15 de agosto para presentar sus propuestas.
La decisión de la CE tendrá lugar el 15 de noviembre, sobre la base de los proyectos enviados por los estados miembros.
El comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, señaló que "en un mercado mundial cada vez más abierto no basta con producir alimentos y bebidas de excelente calidad", sino que "hay que aumentar los esfuerzos para explicar a los consumidores los estándares y la calidad de los productos y la agricultura europea".
Según el comisario "los programas de este tipo pueden ayudar a nuestros productores de manera eficaz".

La Eurocámara aprueba la creación de regiones intermedias que incluye a Andalucía

BRUSELAS.- El Parlamento Europeo aprobó hoy la creación de una categoría de regiones intermedias que podrán seguir beneficiándose de los fondos europeos pese a superar el objetivo de convergencia, entre las que se incluye Andalucía.

Los eurodiputados aprobaron la propuesta de la Comisión Europea con 506 votos a favor, 48 en contra y 101 abstenciones durante el pleno que se celebra en Estrasburgo (Francia).
La Comisión Europea (CE) ha propuesto destinar 39.000 millones de euros para apoyar durante el periodo 2014-2020 a las regiones de "transición", es decir, aquellas que no serán consideradas objetivo prioritario pero cuya renta esté aún lejos de la media comunitaria.
En concreto, el informe del diputado alemán Markus Pieper (Partido Popular Europeo) apoya la iniciativa de la CE de crear esta categoría intermedia para las regiones cuyo Producto Interior Bruto (PIB) pero cápita se sitúe entre el 75 % y el 90 % de la media de la Unión Europea (UE).
Las regiones con un PIB inferior al 75 % se benefician de las ayudas de convergencia destinadas a las más pobres de la UE.
Los territorios que entran en la nueva clase seguirán recibiendo fondos, aunque menos que cuando formaban parte del objetivo de convergencia.
La propuesta beneficiará también a otras regiones de Alemania, Reino Unido, Bélgica, Grecia, Francia, Portugal, Finlandia, Austria, Polonia, Italia y de Malta.
El pleno del PE pidió además incrementar al 7 % el porcentaje de los Fondos Estructurales comunitarios dedicados a financiar las redes transeuropeas de transporte y energía, así como a las infraestructuras transfronterizas.
Los eurodiputados propusieron además que los fondos se destinen a "lograr resultados en un número limitado de prioridades", a fin de centrar los programas en reforzar el empleo y la competitividad de las regiones.
La Eurocámara pidió también que la Comisión Europea reduzca los trámites administrativos, que actualmente impiden a pequeñas y organizaciones de pequeño tamaño beneficiarse de los fondos.
El PE abogó también por simplificar y hacer más eficaz el sistema de control que garantiza el buen uso de los fondos europeos.
Tras la decisión de hoy, la Comisión debe presentar un paquete de propuestas legislativas (que está previsto inicialmente para finales de septiembre) y que incluya un reglamento general y reglamentos específicos para el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo de Desarrollo Regional y la cooperación territorial
A finales de este año, la CE presentará también otra propuesta sobre un nuevo marco estratégico común para todos los fondos europeos.

Esclavos en Europa / Ignacio Ramonet

Dos siglos después de la abolición de la esclavitud, regresa una práctica abominable: la trata de personas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 12,3 millones de personas en el mundo se ven sometidas, por redes ligadas a la criminalidad internacional, a la explotación de su fuerza de trabajo en contra de su voluntad y en condiciones inhumanas.

Tratándose de mujeres, la mayoría son víctimas de explotación sexual mientras muchas otras son específicamente explotadas en el servicio doméstico. También se da el caso de personas jóvenes y en buen estado de salud que, bajo diversos engaños, son privadas de su libertad con el fin de que partes de sus cuerpos alimenten el tráfico ilegal de órganos humanos.

Pero la trata se está extendiendo cada vez más a la captura de personas que sufren explotación de su fuerza de trabajo en sectores de la producción muy necesitados de mano de obra barata como la hostelería, la restauración, la agricultura y la construcción.

A ese tema preciso, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) dedicó en Viena, los días 20 y 21 de junio pasado, una Conferencia internacional con la participación de autoridades políticas, organismos internacionales, ONGs y reconocidos expertos (1).

Aunque el fenómeno es mundial, varios especialistas subrayaron que la plaga del trabajo esclavo está aumentando imparablemente en el seno mismo de la Unión Europea. El número de casos revelados por la prensa, cada vez más numerosos, sólo constituyen la punta del iceberg. Las organizaciones sindicales y las ONGs estiman que hay en Europa centenares de miles de trabajadores sometidos a la execración de la esclavitud (2).

En España, en Francia, en Italia, en los Países Bajos, en el Reino Unido y en otros países de la UE, numerosos migrantes extranjeros, atraídos por el espejismo europeo, se ven atrapados en las redes de mafias que les obligan a trabajar en condiciones semejantes a las de la esclavitud de antaño. Un informe de la OIT reveló que, al sur de Nápoles, por ejemplo, unos 1.200 braceros extracomunitarios trabajaban 12 horas diarias en invernaderos y otras instalaciones agrícolas sin contrato de trabajo y por sueldos miserables. Vivían confinados en condiciones propias de un campo de concentración, vigilados militarmente por milicias privadas.

Este “campo de trabajo” no es el único en Europa. Se ha descubierto, por ejemplo, en otra región italiana, a centenares de migrantes polacos explotados del mismo modo, a veces hasta la muerte, esencialmente para la recogida de tomates. Se les había confiscado su documentación. Sobrevivían subalimentados en una clandestinidad total. Sus “propietarios” les maltrataban hasta el punto de que varios de ellos perdieron la vida por agotamiento, o por los golpes recibidos, o empujados al suicidio por desesperación.

Esta situación concierne a miles y miles de inmigrantes sin papeles, víctimas de negreros modernos en los más diversos países europeos. Según varios sindicatos, el trabajo clandestino en el sector agrícola representa casi el 20% del conjunto de la actividad (3).

En esta expansión de la trata de trabajadores esclavos, el modelo económico dominante tiene una gran responsabilidad. En efecto, la globalización neoliberal –que se ha impuesto en los tres últimos decenios gracias a terapias de choque con efectos devastadores para las categorías más frágiles de la población– supone un coste social exorbitante. Se ha establecido una competición feroz entre el capital y el trabajo. En nombre del libre-cambio, los grandes grupos multinacionales fabrican y venden en el mundo entero. Con una particularidad: producen en las regiones donde la mano de obra es más barata, y venden en las zonas donde el nivel de vida es más alto. De ese modo, el nuevo capitalismo erige la competitividad en principal fuerza motriz, y establece, de hecho, la mercantilización del trabajo y de los trabajadores.

Las empresas multinacionales, al deslocalizar sus centros de producción a escala mundial, ponen en competencia a los asalariados de todo el planeta. Con un objetivo: minimizar los costes de producción y abaratar los salarios. En el seno la Unión Europea, eso desestabiliza el mercado del trabajo, deteriora las condiciones laborales y hace más frágiles los sueldos.

La globalización, que ofrece tan formidables oportunidades a unos cuantos, se resume para la mayoría de los demás, en Europa, a una competencia sin límites y sin escrúpulos entre los asalariados europeos, pequeños empresarios, y modestos agricultores, y sus equivalentes mal pagados y explotados del otro lado del mundo. De ese modo se organiza, a escala planetaria, el dumping social.

En términos de empleo, el balance es desastroso. Por ejemplo, en Francia, en los dos últimos decenios, ese dumping causó la destrucción de más de dos millones de empleos únicamente en el sector industrial. Sin hablar de las presiones ejercidas sobre todos los salarios.

En semejante contexto de desleal competencia, algunos sectores en Europa, en los que existe una carencia crónica de mano de obra, tienen tendencia a utilizar a trabajadores ilegales. Lo cual estimula la importación de migrantes sin papeles, introducidos en el seno de la UE por traficantes clandestinos que en muchos casos les obligan al trabajo esclavo. Numerosos informes evocan claramente la “venta” de braceros agrícolas migrantes.

En el sector de la construcción, muchos trabajadores jóvenes extracomunitarios, sin papeles, se hallan bajo el control de bandas especializadas en la trata de personas, y “alquilados” a empresas alemanas, italianas, británicas o griegas. Estos trabajadores esclavos se ven forzados por las bandas que los explotan a pagar sus gastos de viaje, de alimentación y de alojamiento cuyo total es en general superior a lo que ganan. De tal modo que pronto, mediante el sistema de la deuda, pasan a “pertenecer” a sus explotadores (4).

A pesar del arsenal jurídico internacional que sanciona esos crímenes, y aunque se multipliquen las declaraciones públicas de altos responsables que condenan esa plaga, hay que reconocer que la voluntad política de poner fin a esa pesadilla resulta más bien débil. En realidad, las patronales de la industria y de la construcción  y los grandes exportadores agrícolas influyen en permanencia sobre los poderes públicos para que hagan la vista gorda sobre las redes de importación de migrantes ilegales.  

Los trabajadores sin papeles constituyen una mano de obra abundante, dócil y barata, una reserva casi inagotable cuya presencia en el mercado del trabajo europeo contribuye a calmar los ardores reivindicativos de los asalariados y de los sindicatos.

Los partidarios de una inmigración masiva siempre han sido las patronales. Y siempre por el mismo motivo: abaratar los sueldos. Los informes de la Comisión Europea y de Business Europe (la patronal europea), desde hace decenios, reclaman siempre más inmigración. Los patronos saben que cuanto mayor sea la oferta de mano de obra, más bajos serán los salarios.
Por eso ya no sólo los negreros modernos explotan a los trabajadores esclavos; ahora se está desarrollando una suerte de “trata legal”. 

Véase, por ejemplo, lo que sucedió en febrero pasado en Italia, en el sector de la industria del automóvil. El grupo Fiat colocó al personal de sus fábricas ante un chantaje: o los obreros italianos aceptaban trabajar más, en peores condiciones y con salarios reducidos, o las fábricas se deslocalizaban a Europa del Este. Enfrentados a la perspectiva del paro y aterrorizados por las condiciones existentes en Europa del Este donde los obreros están dispuestos a trabajar sábados y domingos por salarios miserables, el 63% de los asalariados de Fiat votaron a favor de su propia sobreexplotación...

En Europa, muchos patronos sueñan, en el marco de la crisis y de las brutales políticas de ajuste, de establecer esa misma “trata legal”, una especie de esclavitud moderna. Gracias a las facilidades que ofrece la globalización neoliberal, amenazan a sus asalariados con ponerlos en competencia salvaje con la mano de obra barata de países lejanos.

Si se quiere evitar esa nociva regresión social, hay que empezar por cuestionar el funcionamiento actual de la globalización. Es hora de comenzar a desglobalizar.

(1) Bajo el título: "Preventing Trafficking in Human Beings for Labour Exploitation: Decent Work and Social Justice", la Conferencia fue organizada por la Representante especial y Coordinadora para la lucha contra la trata de seres humanos, Maria Grazia Giammarinaro, y su equipo, en el marco de la Alianza contra la trata de personas.
(2) Léase el informe: Combating trafficking as modern-day slavery: a matter of rights, freedom and security, 2010 Annual Report, OSCE, Viena, 9 de diciembre de 2010.
(3) Léase el informe: The Cost of coercion, OIT, Ginebra, 2009.
(4) Cf. No trabajar solos. Sindicatos y ONG unen sus fuerzas para luchar contra el trabajo forzoso y la trata de personas en Europa, Confederación sindical internacional, Bruselas, febrero de 2011.

José Manuel Naredo, economista y estadístico: "La burbuja devoró los ahorros del país"


PALMA DE MALLORCA.- José Manuel Naredo (1942), economista y estadístico, fue uno de los primeros investigadores en hablar en España de 'economía ecológica'. En 2010 codirigió para el Ministerio de Vivienda el  ́Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español ́. Ahora analiza el modelo inmobiliario en un libro.


—¿Haremos honor a nuestra condición y tropezaremos con la misma piedra del boom inmobiliario cuando pase esta crisis?␣
—No me parece bien meter en un mismo saco a toda la gente. Habrá algunos que estén deseando tropezar muchas veces con esa piedra, porque se han forrado. Sin embargo, otros seguirán pagando durante decenios las hipotecas con unos valores inflados. Y el Estado tiene que salvar cajas de ahorros con el dinero de los españoles. Unos pagan los platos rotos y otros han sacado tajada. Habría que hacer un diagnóstico acertado para que la ciudadanía tuviera información de lo que ha ocurrido y de los problemas que ha generado la burbuja inmobiliaria.
La finalidad del libro ́El modelo inmobiliario español ́ es elaborar el diagnóstico de lo que ha ocurrido, sus consecuencias y los posibles remedios y alternativas.

—¿Cómo ha funcionado la burbuja inmobiliaria y quién se ha beneficiado de ella?␣
—Se han beneficiado los que han conseguido añadir varios ceros al valor de determinados terrenos y obtener unas plusvalías jugosas, por la varita mágica de las recalificaciones y reclasificaciones que les permitía pasar las hectáreas de suelo rústico a metros cuadrados de superficie construida. En este proceso hay colectivos que se han lucrado masivamente, algunos sin invertir y sin riesgo, como los gestores de suelo. Buscaban por los municipios suelo para reclasificar, meter volumen construido y ofrecerlo a promotores y constructores.
Pero cuando ya han sacado la plusvalía, las viviendas se han quedado en el esqueleto. La burbuja funciona de sacar plusvalías. Al mismo tiempo se piensa que van a subir los precios inmobiliarios y la gente compra porque piensa que va a subir. Y sube porque la gente compra y cada vez compra más a crédito, gracias a la bajada de tipos de interés y la ampliación de los plazos... Se ha financiado esta burbuja que ha devorado el ahorro de los españoles y que, después, se ha financiado con el endeudamiento exterior de la economía española, que es lo que ahora lastra la crisis. Y todo esto con unos riesgos superconcentrados de las entidades financieras y muy en particular de las cajas de ahorro que han concentrado su exposición al riesgo inmobiliario de forma espectacular.
 
—Y parece que los especuladores esperan volver a las andadas.␣
—La crisis no ha durado todavía lo suficiente para que aún piensen que se puede volver a las andadas. Sin duda, pueden esperar sentados. Si la financiación de la burbuja ha devorado el ahorro del país una vez, no lo puede devorar otra vez de inmediato. Cuando España ha pasado de ser el país con menor porcentaje de endeudamiento respecto a la renta disponible de nuestro entorno a estar por encima de todos, incluido EE UU... En los años finales del boom los hogares pedían más dinero a los bancos de lo que aportaban... Todo esto no podía prolongarse indefinidamente, era imposible, aunque nuestros políticos miraran para otro lado.
Ha sido un boom de precios pero también de construcción pues se ha sobredimensionado el parque inmobiliario y se ha producido un stock inmobiliario muy potente en busca de compradores. Es lo que lastra el mercado, que tardará al menos un lustro en digerirlo.
 
—¿Qué ha influido más en la burbuja el ansia de los especuladores por sacar tajada o que nadie renuncia al beneficio de comprar un piso y venderlo por el doble?␣
—Son las dos caras de la misma moneda. Se generan expectativas de subidas de precios y se desata la burbuja, que hace que los particulares que compran pisos vean cómo se revalorizan, y se induce a la gente a comprar viviendas en propiedad, porque trae a cuenta. Es la simplificación total del modelo inmobiliario el que empuja a comprar vivienda en propiedad. Y también la falta de diversificación financiera. ¿Qué hacen los hogares? O ingresan su ahorro a plazo, con una rentabilidad bajísima o se lo juegan en la bolsa o lo invierten en ladrillo. En otros países hay más diversificación financiera, hay entidades especializadas en alquiler que emiten en los mercados financieros, ofreciendo productos de gran seguridad y apreciable rentabilidad. Esta posibilidad no existe en este país.
 
—Además de engullir las viviendas vacías habrá que decidir qué hacer con las proyectadas.␣
—Ése es el problema: si se añaden las viviendas en venta a las que están en construcción y las que están con licencia pero no iniciadas, nos topamos con más de dos millones de viviendas. Esto es lo que lastra cualquier repunte en el sector inmobiliario, porque es absurdo iniciar nuevas viviendas cuando ya existen tantas pendientes de venta. Se intentan terminar viviendas en construcción y rematar operaciones de suelo para hacer que luzcan mejor en el activo de las empresas. Es el caso de la ́Operación Chamartín ́ en Madrid con 17.000 viviendas. No tiene sentido construirlas ahora, pero si consolidar la operación para que luzca en el balance de la inmobiliaria -del Grupo BBVA-, en el que figura y que ya no sea una entelequia. Es el forcejeo en el que la crisis de liquidez ha pasado a ser crisis de solvencia.

—¿Se podría renunciar a construir las viviendas pendientes?␣
—Hay que tomar conciencia de que sufrimos las consecuencias de un modelo inmobiliario agotado, que no permite resolver los principales problemas que tiene planteados el país y pide a gritos su reconversión. ¿Cuál es el primer problema? Que hay un exceso e infrautilización del suelo urbanizable, de infraestructuras y viviendas. ¿Cuál sería el principal objetivo del planeamiento? Gestionar en régimen de escasez los dos grandes stocks patrimoniales que son el suelo y el patrimonio construido, reconvertirlos y reutilizarlos para paliar la carga excesiva de la deuda inmobiliaria. Esta opción debería plantearse en un plan, donde se reorientara el modelo hacia las antípodas del actual. ¿Cómo sería eso? Habría que ir desde privilegiar la vivienda como inversión a hacerlo como bien de uso. Desde la realización de plusvalías hacia el cobro de rentas, desde la construcción de nuevas viviendas a la rehabilitación, reutilización y ocupación del patrimonio construido, de la vivienda libre a la vivienda social. Pero lo que no tiene sentido es dar dinero a las cajas de ahorro y que se coman ellas los stocks de vivienda que tenían. Se deberían canjear esos stocks y reconvertirlos en vivienda social.

—Su propuesta para salir de la crisis es firmar un Pacto de Estado de la reforma del modelo inmobiliario. ¿Qué incluiría?␣
—Un diagnóstico claro para plantear los objetivos: reconvertir o reutilizar los stocks de suelo, infraestructuras, vivienda, paliar la carga de la deuda, etc. Un problema es que se han cedido las competencias en urbanismo a los gobiernos autonómicos y locales. Aunque el Estado mantiene competencias de mínimos en medio ambiente, y si se vincula el urbanismo a la sostenibilidad, como es de cajón, el estado podría recuperar la posibilidad de coordinar ese giro. Pero los gobiernos regionales y locales están con unos problemas de financiación tremendos al haber vinculado buena parte de sus ingresos y a la burbuja. Habría que replantear la financiación de los ayuntamientos y las comunidades, pero no sin contrapartidas.
No tiene sentido un Plan E de dar dinero a tontas y a locas sin contrapartida alguna a los ayuntamientos. Tiene que haber exigencias. Hay una cuestión que es básica. Debería establecerse un protocolo de mínimos, en el que exista una estrategia de reconversión del modelo. Ese protocolo debería tener un núcleo administrativo responsable de la gestión a nivel regional, municipal o de mancomunidades. Este núcleo sería responsable de normas e instrumentos e incluiría un sistema de información que abarque todo el territorio y que incluya un proceso de participación ciudadana. Serían las tres patas sobre las que tendría que apoyarse esta reconversión del modelo. Sin ellas no debería dárseles financiación.
Habría que hablar más de metabolismo económico, con todas sus dimensiones, con visión integrada y un cambio de lógica... Es lo que dicen los documentos de la Unión Europea. Que se asegurara esa visión integrada, ese cambio de lógica que supondría ver el proceso como proyecto urbano, con todo su metabolismo, y su incidencia territorial. Implantar los sistemas de información, los núcleos administrativos responsables y el proceso de participación, que concretaría el compromiso público institucional hacia esa reconversión.

Marruecos asegura que no hubo irregularidades durante el referéndum

RABAT.- El ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno, Jalid Naciri, aseguró que no hubo irregularidades durante la celebración del referéndum constitucional del pasado viernes, que consiguió una gran victoria con un 98,50 por ciento de votos a favor de la nueva Carta Magna.

Naciri restó cualquier tipo de credibilidad a las acusaciones de varios activistas que denunciaron irregularidades, y les aconsejó actuar como "buenos perdedores".
Ya antes de la celebración de la consulta popular, la Coalición de la Izquierda Democrática (CID), integrada por tres partidos minoritarios marroquíes, denunciaron que durante la campaña previa al referéndum se registraron varias irregularidades.
La CID -que incluye a la Vanguardia Democrática, el Congreso Nacional Itihadi y el Partido Socialista Unificado (PSU)- apuntó que la Carta Magna obligaba a anunciar, por medio de un decreto del Consejo de Ministros, las fechas relacionadas con la consulta, que fueron anunciadas por decreto real.
En este sentido, Naciri negó que la constitución vigente hasta la fecha obligara al Consejo de Ministros a convocar por medio de un decreto el referéndum.
"Quizá han leído otra constitución", afirmó Naciri en referencia a los críticos, ya que, aseguró, el rey es el encargado de convocar la consulta cuando la reforma constitucional parte de su iniciativa, como así fue.
Por otra parte, Naciri defendió los datos oficiales, que sitúan la participación en la consulta en un 73,46 por ciento, y recalcó que no se pueden computar como abstencionistas a aquellas personas que no se registraron para votar.
El viernes el número de votantes alcanzó los 9.228.020 de un total de 13.106.948 electores registrados en la listas aunque, según la Coalición por una Monarquía Parlamentaria Ahora (CMPA), en Marruecos hay 23 millones de ciudadanos con derecho al voto.
Además, el ilegal movimiento islamista Justicia y Caridad subrayó que "el porcentaje verdadero de participación fue menor del 37 por ciento" y sentenció que "casi dos tercios de los marroquíes mayores de 18 años boicotearon el referéndum".
El rey Mohamed VI anunció el pasado 9 de marzo la nueva reforma constitucional, coincidiendo con las protestas en Marruecos y las revueltas populares en varios países del mundo árabe.

Jordi Sevilla urge a los políticos a esforzarse por alcanzar acuerdos para "desbloquear" la situación de España


VALENCIA.- El exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla ha urgido este lunes a los políticos españoles a abandonar el actual clima de "confrontación" y esforzarse por "llegar a acuerdos en asuntos esenciales" que permitan "desbloquear" la situación del país. 

   Así lo ha señalado el consultor de PwC en una conferencia sobre el futuro de la socialdemocracia enmarcada en la jornada 'Crisis y Estado de bienestar: Nuevas respuestas socialdemócratas', organizada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Valencia.
   Sevilla ha reprobado que el "sistema institucional y constitucional basado en los pactos de Estado" haya derivado en una nueva manera de hacer política con "una visión demasiado centrada en la confrontación, en la radicalidad, sin buscar acuerdos" y en la que  incluso se "critican" y "disfrazan" los pactos alcanzados.
   Ha lamentado así las distintas situaciones de bloqueo generadas, como la dimisión de tres magistrados del Tribunal Constitucional por "falta de acuerdos para renovarlo" o la permanencia de Carlos Fabra al frente de la Diputación de Castellón "diez años como imputado", algo que, a su juicio, "no es de recibo" sea inocente o culpable.
   Sevilla ha abogado por emular el "ataque de sensatez" experimentado durante la Transición, que permitió a los partidos políticos españoles consensuar la Constitución, acordar los Pactos de la Moncloa y, sobre todo, "poner en marcha una voluntad de lograr acuerdos desde las distintas alternativas".
   Así, ha urgido a los poderes públicos a impulsar una "agenda reformista radical" basada siempre en la negociación y búsqueda de acuerdos y ha remarcado la importancia de "no perder las señas de identidad de la socialdemocracia: racionalidad, capacidad de tomar decisiones razonadas, razonables, discutidas, pactadas, negociadas y acordadas con la mayoría de la sociedad".
   Ha alertado asimismo de que, en el actual contexto de "cambio de las reglas del juego" a consecuencia de la globalización, surgen "movimientos intransigentes e intolerantes" a nivel internacional que  "contaminan el debate político", del "estilo del Tea Party".
   Sevilla considera que si bien los gobiernos estatales son "incapaces" de generar o resolver la mayoría de los problemas ciudadanos, sí pueden "controlar la repercusión" de esos fenómenos globales sobre cada país, aplicar "cuidados paliativos" y lograr "jueguen como agente activo en ese nuevo escenario internacional".
   En este punto, también ha abogado por reformar los organismos internacionales y por que la Unión Europea "deje el camino suicida hacia la desmembración emprendido en los últimos años".
   A nivel estatal, ha recalcado que "la peor defensa del Estado de Bienestar es no tocar nada" y ha defendido la conveniencia de reformar los sistemas educativos, sanitario y de pensiones. De hecho, ha apuntado que "hay argumentos para debatir el copago", algo que "nadie quiere" pero de lo que "todo el mundo habla".
   En educación, ha instado a atajar el fracaso escolar y revisar los contenidos que se imparten, más allá de limitarse a "dar más protagonismo al profesor, como propone la derecha".
   Sevilla considera que debería acometerse una "reconversión profundísima de la Sanidad" dado que "es un sistema diseñado para tratar a enfermos agudos, cuando cada vez hay más crónicos".
   Es más, ha resaltado que los pacientes crónicos aglutinan "casi el 70 por ciento del gasto sanitario" y que, por tanto, "convendría adecuar la sanidad a esos enfermos" a todos los niveles.
   Respecto a las pensiones, ha aludido a fórmulas como las empleadas en Francia o Dinamarca e introducir un "impuesto al trabajo", de modo que el modelo de financiación sume a la cotización social parte de la riqueza del país y "aumenten la solidaridad y la pensión media".  
   Además, ha defendido que "las reglas del juego de la producción tienen que tener una respuesta por parte de un país que sigue queriendo que el empleo sea la principal forma de socialización de sus ciudadanos" y ha tildado de "disparate" que "en España, sea más fácil despedir trabajadores que reducir la jornada laboral" para adaptarse a las nuevas circunstancias como hizo Alemania.
   Por otro lado, ha cuestionado la oportunidad de suprimir el impuesto de patrimonio el mismo año en que se congelan las pensiones.
   A pesar de los resultados de las elecciones autonómicas y municipales, Sevilla considera que España cuenta con una "mayoría natural progresista", aunque ha reconocido que "los valores hegemónicos no son los de la izquierda" que, a su juicio, se ha equivocado al "creer que la eficacia está reñida con la igualdad" y ha dejado que "el debate emocional contamine el debate político".

El PP niega su culpa en la 'burbuja inmobiliaria'

MADRID.- El Partido Popular niega categóricamente su responsabilidad en la 'burbuja inmobiliaria' y el origen de la crisis que le achaca el Gobierno socialista y considera que la liberalización del suelo nunca se llegó a aplicar, por lo que se trata de una "reforma pendiente" para la economía española y la abordará "cuando se reactive el mercado inmobiliario".

   En un encuentro con periodistas, el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, y el secretario de Economía y Empleo 'popular', Álvaro Nadal, han denunciado que este "mantra" sobre los "pies de barro" del crecimiento de la economía española, reiterado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el último Debate sobre el estado de la Nación es la auténtica "falsedad" y un argumento "destructor de la imagen de España".
   En este sentido, han defendido que cuando al PSOE llegó al Gobierno en 2004 la demanda de viviendas estaba por encima del 'stock' inmobiliario y el crédito "estaba saneado y crecía al mismo ritmo que la construcción", por lo que la "burbuja" se desató por las decisiones del Ejecutivo de Zapatero y no como consecuencia de la Ley del Suelo de 1998.
   Montoro ha remarcado que la "liberalización del suelo" no se pudo llevar a cabo con la Ley de 1998 porque el Tribunal Constitucional lo impidió al reafirmar las competencias de las comunidades autónomas, "que nunca la han aplicado", por lo que se trata de una "reforma pendiente" que abordarán en cuanto cambien las condiciones del mercado inmobiliario se empiece a reabsorber el 'stock'.
   Antes de ello, si el PP vuelve a gobernar tras las próximas elecciones generales, recuperará la deducción por adquisiciones vivienda sin las limitaciones de renta que impuso el PSOE, una decisión que tendría carácter retroactivo para las compras que se hagan en este periodo.
   Para el PP, si la liberalización que planteaban se hubiera llevado a cabo, hubiera conducido a un aumento de la oferta que hubiera abaratado los precios, lo contrario de lo que ocurrió. En este sentido, Nadal ha incidido en que las comunidades autónomas no podían tomar esta decisión "unilateralmente", sino que se necesita un acuerdo, que confían en lograr ahora que la mayoría de las comunidades están gobernadas por el PP.
   "La falta de liberalización es lo que lleva a la burbuja de los precios", ha asegurado Nadal, quien ha lamentado que la oferta de suelo sigue siendo una decisión pública, lo cual ha redundado en la corrupción. "Liberalizar el suelo significa, hablando en plata, que la firma del concejal de urbanismo no valga dinero, y sigue valiendo muchísimo"; ha remarcado.
   Frente a las críticas del Gobierno a la banca, el PP considera que el sistema financiero cometió errores, pero propiciados por una política monetaria, de regulación y de supervisión fallida, por lo que la que la principal responsabilidad no fue tanto de los intermediarios financieros como de los "policy makers".
   "Hay excesos, pero la responsabilidad de los agentes económicos es limitada frente a los gobiernos, autoridades monetarias y supervisión bancaria, que en España hace el Banco de España pr delegación del Ministerio de Economía y Hacienda", ha remarcado Montoro, recordando que la virtud de Zapatero ha sido llevarse bien con algunos banqueros y recabar un "voto de izquierda radical".
   En este sentido, el dirigente 'popular' ha asegurado que "el Gobierno culpa a quien pasa por ahí" y el PP ya se lo advirtió a la banca hace dos años. "Nosotros ya les dijimos que les iban a echar la culpa en cuanto necesitara recuperar a sus votantes de izquierda", ha incidido Montoro, quien ha apuntado que no le sorprendería que los reproches llegaran hasta a la Iglesia Católica.

El sector hotelero ha perdido 80.000 empleos desde el inicio de la crisis

MADRID.- El sector hotelero español ha perdido en torno a 80.000 empleos desde el inicio de la crisis económica a finales de 2008 hasta los últimos meses del pasado ejercicio, según ha indicado el secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos (CEHAT), Ramón Estalella.

   En declaraciones a RNE, Estalella ha matizado que, a pesar de la eliminación de puestos de trabajo, las empresas hoteleras han resistido a la crisis económica y "no han desaparecido muchos establecimientos", puesto que los hoteles son estructuras que "valen mucho dinero y que disponen de mucho personal dentro", por lo que es "muy difícil" que desaparezcan.
   Para el periodo estival Estalella ha vaticinado un aumento de contratación de personal debido a que el turismo "va bien", y ha asegurado que "va a ir mejor", resaltando el incremento que se espera en la llegada de visitantes a España durante 2011, hasta las 55 millones de personas.
   Además, ha señalado que se "están haciendo muchos esfuerzos" por disminuir la estacionalidad en el sector, lo que redundará en una mayor capacidad de creación de empleos en la industria.
   Así, ha explicado que existen "muchos" hoteles ubicados en las playas que ofrecen conferencias para atraer a clientes fuera de la temporada estival, o programas como el Imserso, capaz de movilizar a turistas en el mes de noviembre.
   En ese sentido, ha señalado que luchar contra la estacionalidad es uno de los "retos" del turismo español y "se está logrando", aunque ha matizado que esa consecución es "menor" de lo que los hoteleros quisieran.
   El secretario general de la Cehat ha señalado que para 2011 se espera que el 55% de los turistas que lleguen al país procedan del extranjero, mientras que el 45% restante sean españoles.
   Esto se debe, según Estalella, a que la crisis económica ha "tocado" más el bolsillo de los españoles que de los turistas internacionales, por lo que están "viajando menos al extranjero" y se están realizando salidas "más cortas, más cercanas y más accesibles".
   Por todo ello, los datos con los que cuenta la patronal hotelera, desde ahora hasta finales de septiembre, son "muy buenos", aunque España "aún está lejos" de los resultados obtenidos en 2007, año en el que se registró la mayor llegada de turista al país.
   Además, el secretario general criticó el comportamiento de parte de la población española debido a que aún existen "actitudes negativas" contra los turistas, achacándo a su llegada el encarecimiento de precios o la falta de disponibilidad para aparcar los vehículos, cuando la presencia de los mismos permite a los españoles "mantener" el nivel de vida actual.
   Por ello, Estalella apostó por que se reparta la riqueza turística "por todas las zonas de España" para lograr que el turismo sea visto y aceptado como "algo bueno" por parte de la población autóctona.
   En cuanto al destino, las regiones costeras que ofrecen un turismo de 'sol y playa' siguen estando a la cabeza en las preferencias de los visitantes.
   No obstante, Estalella ha indicado que ha habido algunas zonas que "lo han pasado mal" como las Islas Canarias, frente a todo el Mediterráneo, concretamente Baleares y el litoral catalán, que "este año lo han tenido mejor".
   Asimismo, se ha apreciado una "pequeña caída" en el norte de España, desde Galicia hasta el País Vasco, debido a que estos destinos dependen mucho del cliente español, el cual está reduciendo sus salidas vacacionales.
   Además, Estalella ha pedido que "no se demonice" el turismo de 'sol y playa' porque es "el pan" de los españoles, y ha señalado que, aunque este turismo "no está obsoleto", hay que "modernizarlo".
   En lo referente a las urbes de Madrid y Barcelona, el secretario de la Cehat ha indicado que ambas están obteniendo muy buenos datos en lo referente a la llegada de turistas y "están saliendo muy bien las dos".
   Así, Barcelona está obteniendo números de llegadas "muy buenos", al igual que la capital, cuya cifra de visitantes es "enorme".