jueves, 4 de agosto de 2011

Equo se moviliza por la «abusiva» reforma de la ley electoral

MADRID.- «Más democracia y menos burocracia». Podría ser uno de los lemas que llevan coreando, desde el pasado 15 de mayo, alguno de los integrantes del colectivo «indignado», pero no, el mensaje es uno de los cientos que está colgando en su perfil de Twitter el partido ecologista Equo, que encabeza el exdirector de Greenpeace España, Juan Ignacio López de Uralde, y que recoge 'Abc'.

Él y el resto de miembros de la formación se han indignado sobremanera al recalar, días después de anunciar que están listos para participar en las elecciones generales del 20-N como «alternativa» al bipartidismo, en la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), aprobada el pasado mes de enero. En el tercer apartado de su artículo 169, la reforma legislativa dicta lo siguiente: «Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitarán, al menos, la firma del 1 % de los inscritos en el censo electoral de la circunscripción. Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitarán la firma, al menos, del 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección. Ningún elector podrá prestar su firma a más de una candidatura».
¿Qué significa exactamente? Partidos como Equo, que no sientan todavía a ningún diputado en el Congreso de los leones, deberán salir a la calle entre los próximos días 27 de septiembre al 17 de octubre (un día después de la publicación del decreto de convocatoria de elecciones en el BOE, hasta 20 días después) para recabar las firmas del 0,1% del censo de cada circunscripción en la que quieran presentarse. Después, deben avalar ante notario estas firmas, en aras de que compruebe su veracidad, y posteriormente, registrarlas ante la Junta Electoral Central, que debe dar su «plácet» para que el partido «se estrene» en unos comicios generales.
Esta retahíla de requisitos ha provocado que la formación ecologista estalle, puesto que considera que se están poniendo «trabas a la participación» de más partidos, que abran el melón de la iniciativa política, «se está obstaculizando el pluralismo», y «se intenta mantener el "statu quo" político actual». López de Uralde, la exdirigente de Izquierda Unida, Inés Sabanés (que milita ahora en Equo) y el resto de integrantes del partido verde han comenzado su batalla particular, «preparando a la gente», porque «sacarán las mesas» a partir del 27 de septiembre a las calles, pero necesitan «que les ayuden». No obstante, aunque recaben las firmas, consideran un «escándalo» la reforma del mecanismo electoral porque los partidos que comienzan a organizarse y carecen de recursos económicos suficientes deben gastarse el dinero en el notario que valide las signaturas cuando, a su entender, la Administración goza de los recursos precisos para hacerlo. Por ello, piden a la Junta Electoral Central que sea «flexible», al menos, en la comprobación de las firmas.
«Si queremos presentarnos en todas las provincias, necesitamos recoger cerca de 40.000 firmas -calculan en Equo-, unas 4.500 en Madrid, o 1.776 en el País Vasco», dos de las circunscripciones donde Equo aspira a obtener mejores resultados en caso de concurrir el próximo 20 de noviembre. «Tenemos confianza en lograrlo», agregan.
Aun con todo, López de Uralde censura que «esta medida es un abuso», censura López de Uralde, e invita a una reflexión: «Es una reforma profundamente antidemocrática, que se ha aprobado casi sin publicidad y con el desconocimiento de buena parte de la población». Al menos, hasta ahora.

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