ALMERÍA.- La delegada de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería, Sonia Rodríguez, se ha referido a la decisión del Ayuntamiento de Carboneras (PP-Gicar) de precintar la zona de aparcamientos de la Playa de Los Muertos para precisar que las medidas cautelares por las que se pide el cese de la actividad y se prohíbe el estacionamiento se refieren a la explanada de unos 4.000 metros cuadrados creada este año a través de movimientos de tierras que ha sido objeto de apertura de expediente sancionador y no a todo el parking.
La titular provincial de Medio Ambiente ha diferenciado entre el área de aparcamientos que ha creado el Consistorio carbonero y la zona de parking "tradicional" que se da a ambos lados de la carretera, cuyo uso no ha sido restringido. Así, ha recordado que su departamento no entra en el cobro a los usuarios por el estacionamiento en la zona permitida, ya que ésta es una competencia municipal.
Por esto, Rodríguez ha solicitado al gobierno local "colaboración institucional" para trabajar en un acceso "sostenible y ordenado" a las playas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, ya que la polémica desatada esta temporada "perjudica a los agentes sociales, económicos y al turismo" entre otros implicados, al trasladar una "mala imagen" de un parque "cada vez más conocido y valorado por los ciudadanos".
La Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería abrió un expediente sancionador al Ayuntamiento de Carboneras el pasado 8 de agosto debido al desarrollo de unas actuaciones que alteraron el espacio físico del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar sin comunicación previa. Ante esto, el Consistorio ha anunciado que presentará un recurso de alzada para evadir el expediente, puesto que sostiene que aplicó unas labores de limpieza a la zona pero que no modificó el espacio.
Por otra parte, la delegada ha puntualizado en el caso del particular que gestiona el acceso a la Cala de San Pedro, en Níjar, que la apertura de su expediente sancionador lleva aparejadas como medidas cautelares el cese de la actividad en relación al uso de espacio de aparcamiento así como la explotación de la vía de acceso en la que intervino al modificar el espacio.
Por otra parte, la Policía Autonómica de Andalucía ha trasladado la denuncia interpuesta por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía al propietario del acceso de la Cala de San Pedro, en Níjar, en la que se informa de la ampliación de las medidas cautelares de la Junta con respecto a este espacio en el que ha prohibido el aparcamiento, de forma que los agentes han advertido de que la actividad que desarrollan no podrá reproducirse de ahora en adelante.
El empresario Daniel Navarro ha precisado que los agentes se han presentado en el lugar de acceso la semana pasada y han mantenido una conversación con el empleado encargado de cobrar los tickets de acceso a la Cala de San Pedro, servicio por el que el usuario paga unos siete euros.
Navarro ha señalado que los agentes han entregado una copia de la resolución emitida el pasado mes de julio por el Gobierno andaluz en la que adoptó como medidas provisionales sobre el espacio en cuestión el cese del estacionamiento temporal o permanente de todo tipo de vehículos en las zonas denunciada o habilitadas calificadas con distintos niveles de protección a través del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector.
El empresario, quien ha mostrado su intención de continuar con su actividad puesto que considera que "no es ilegal", ha precisado que comunicó a la Junta las labores de limpieza y mantenimiento a desarrollar en el espacio, previamente a la apertura del expediente sancionador, sobre el que ha interpuesto un recuso de alzada en el que argumenta sus acciones con un informe emitido por el Seprona, que puntualiza que las actuaciones en éste área han supuesto un "mínimo impacto medioambiental".
Con esto, Navarro ha detallado que él cobra a los usuarios por entrar en su finca, que está dado de alta en la seguridad social para las actividades empresariales que desarrolla y que las zonas de aparcamiento están delimitadas con hitos, con lo que se diferencian los espacios en los que se puede y no estacionar; un aspecto que se recoge también en los tickets que proporciona a cada usuario.
Ante todos estos acontecimientos, el gestor del acceso a la cala ha indicado que consultará con su abogado las acciones legales que puede iniciar contra la Junta de Andalucía mientras que, por el momento, denuncia de forma diaria desde el pasado 12 de agosto ante el Seprona la ausencia de agentes de Medio Ambiente en el área.
Por otra parte, la Policía Autonómica de Andalucía ha trasladado la denuncia interpuesta por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía al propietario del acceso de la Cala de San Pedro, en Níjar, en la que se informa de la ampliación de las medidas cautelares de la Junta con respecto a este espacio en el que ha prohibido el aparcamiento, de forma que los agentes han advertido de que la actividad que desarrollan no podrá reproducirse de ahora en adelante.
El empresario Daniel Navarro ha precisado que los agentes se han presentado en el lugar de acceso la semana pasada y han mantenido una conversación con el empleado encargado de cobrar los tickets de acceso a la Cala de San Pedro, servicio por el que el usuario paga unos siete euros.
Navarro ha señalado que los agentes han entregado una copia de la resolución emitida el pasado mes de julio por el Gobierno andaluz en la que adoptó como medidas provisionales sobre el espacio en cuestión el cese del estacionamiento temporal o permanente de todo tipo de vehículos en las zonas denunciada o habilitadas calificadas con distintos niveles de protección a través del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector.
El empresario, quien ha mostrado su intención de continuar con su actividad puesto que considera que "no es ilegal", ha precisado que comunicó a la Junta las labores de limpieza y mantenimiento a desarrollar en el espacio, previamente a la apertura del expediente sancionador, sobre el que ha interpuesto un recuso de alzada en el que argumenta sus acciones con un informe emitido por el Seprona, que puntualiza que las actuaciones en éste área han supuesto un "mínimo impacto medioambiental".
Con esto, Navarro ha detallado que él cobra a los usuarios por entrar en su finca, que está dado de alta en la seguridad social para las actividades empresariales que desarrolla y que las zonas de aparcamiento están delimitadas con hitos, con lo que se diferencian los espacios en los que se puede y no estacionar; un aspecto que se recoge también en los tickets que proporciona a cada usuario.
Ante todos estos acontecimientos, el gestor del acceso a la cala ha indicado que consultará con su abogado las acciones legales que puede iniciar contra la Junta de Andalucía mientras que, por el momento, denuncia de forma diaria desde el pasado 12 de agosto ante el Seprona la ausencia de agentes de Medio Ambiente en el área.
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