ALMERÍA.- El Ministerio Público ha solicitado este martes una pena de multa de 120 euros para una vecina de Uleila del Campo por grabar una sesión plenaria del Ayuntamiento y colgarla en una página web al considerar que desobedeció una orden "expresa" del alcalde en funciones, Ángel Hernández (PSOE), quien, al percatarse de la grabación, le transmitió que no autorizaba esta acción en el "ejercicio de su potestad".
Durante el trámite de informes del juicio de faltas celebrado en el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital, la fiscal ha calificado los hechos denunciados por Hernández como una falta de desobediencia leve y ha interesado para una condena de multa de 20 días con cuota de seis euros al día para Carmen P., quien en sala ha reconocido que grabó el pleno y lo subió a internet aunque ha negado que el regidor en funciones se dirigiese a ella para prohibírselo.
La acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Uleila del Campo, ha pedido, sin embargo, la pena máxima que recoge el artículo 634 del Código Penal con respecto a faltas al orden público --60 días de multa-- y ha añadido a sus conclusiones una presunta falta leve de vejación injusta, por el que ha solicitado otros 20 días de multa al estimar que las viñetas y comentarios que acompañaban al video colgado en internet "se mofan y ridiculizan" al primer teniente de alcalde y primer edil en funciones durante esa sesión plenaria.
La letrada del Consistorio ha expuesto ante la juez que la demandada incurrió "en una conducta incívica que vulneró el principio de autoridad" al continuar grabando con la cámara encendida sobre una silla después de que Hernández "diese la orden prohibitiva como ha quedado acreditado en la prueba testifical y documental con el acta emitida por el secretario municipal" y ha criticado que Carmen P. "se ampare en que no fue directa ya que alguien con un mínimo de intelecto percibe que no puede grabar", por lo que, ha ahondado, "se aprecia ánimo tendencioso de incumplir".
Por su parte el abogado de la defensa, quien ha elevado varias protestas a la sala por no admitir como prueba "de parte" la reproducción del pleno colgada en la web en la que figura como administradora la demandada, ha apelado para pedir la absolución y rechazar la falta de vejación al artículo 20.1 de la Constitución española y al "derecho de los vecinos a saber" y ha negado que existiese una "orden expresa para no grabar" por parte de Hernández.
En esta línea, y tras reivindicar que prime la libertad de información, ha aludido al carácter público de las sesiones plenarias que recoge la ley de la administración local y ha remarcado que en el ánimo de su patrocinada estaba el "darle publicidad a un debate ante el que había expectación porque se abordaba la construcción de una depuradora muy reclamada debido a los continuos vertidos muy contaminantes que hay en el pueblo".
Así lo ha explicado de hecho ante la juez Carmen Pascual, quien ha reiterado a preguntas de la fiscal y la letrada de la acusación que el alcalde en funciones no le dijo "en ningún momento que no podía grabar" sino que, según ha detallado, "hubo una conversación entre el secretario y él que entablaron después de que un edil preguntase si estaba permitido grabar un pleno". Aún así, la que fuese número 2 de la lista del PP en las últimas elecciones municipales, ha asegurado que dejó la cámara "a un lado, la baje ante la polémica y se siguió grabando el audio".
Ha pedido, asimismo, "disculpas si he ofendido" por las alusiones a Hernández como "desmemoriado" que acompañaban al video subido a su web y ha negado que cuelgue "de forma sistemática" videos de las sesiones plenarias. El denunciante, sin embargo, quien ha contado con el apoyo en sala de la alcaldesa y coordinadora provincial del IAM, Agueda Cayuela, ha ratificado que dio una "orden inmediata a Carmen Pascual" para que cesase "como consta en acta" y ha trasladado que se sintió "ridiculizado" con las imágenes y "los comentarios que tratan de humillarme".
La Fiscalía ha pedido la absolución para una segunda denunciada, la presidenta de la plataforma vecinal 'Cerro de la Virgen de Uleila del Campo', Juana Antolín, que reivindica la nueva depuradora ante el problema "grave" de aguas residuales al considerar que su participación se limitó a su presencia en la sesión plenaria junto a otras dos personas.
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