SEVILLA.- El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha informado en comisión parlamentaria de la nueva estructura de su departamento, en la que se integra toda la organización, medios y recursos de la actual Agencia Andaluza del Agua.
De esta manera, se incorpora como una Secretaría General de Aguas capaz de hacer frente a los retos del siglo XXI en Andalucía, mejorando la transparencia, la información y la participación pública en la gestión de este recurso, objetivos incorporados en la nueva Ley de Agua de Andalucía y que responden a la aplicación de los criterios de la Directiva Marco de Agua y del Pacto andaluz por el Agua.
Esta reestructuración, ha indicado el consejero, es una respuesta a la realidad económica actual, que demanda de la Administración políticas de austeridad, ahorro y eficiencia para hacer frente a esta situación y promover así las condiciones para la recuperación económica.
Para ello se ha constituido la Agencia Pública de Medio Ambiente y Agua, un órgano instrumental de apoyo y agilización a la Administración hidráulica andaluza y que actuará en el ámbito del derecho público.
Además, con la creación de la Agencia se dota de mayor seguridad jurídica a los cometidos que ejerce la consejería, aumentando el control y supervisión de todas sus actuaciones, así como reforzando la garantía de la empresa privada andaluza al evitar colisionar con sus intereses en su acceso a la actividad pública. Como resultado de la nueva reordenación se suprimen la Dirección General de Planificación y Gestión y ocho puestos directivos correspondientes a las direcciones provinciales de Egmasa.
El consejero de Medio Ambiente ha señalado que este ajuste ha supuesto un ahorro en el gasto cercano a los 600.000 euros al año. Durante su comparecencia ante la Comisión, Díaz Trillo ha explicado además la situación actual en la gestión del Guadalquivir tras la sentencia del Tribunal Constitucional. Para un período de seis meses, el Gobierno andaluz ha suscrito con el Estado una encomienda de gestión de los recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio andaluz.
Esta encomienda, que garantiza la continuidad y la seguridad jurídica en la gestión que ha venido realizando la Junta, asegurando la pervivencia de las resoluciones y actos dictados por la Administración andaluza desde que se formalizó la transferencia de la cuenca en 2008, en aplicación del principio administrativo de conservación de actos. Esta garantía también impedirá que la sentencia del Constitucional suponga una paralización de los proyectos desarrollados durante los últimos años. En cuanto a los cánones y tarifas a aplicar, la comunidad andaluza se hace cargo de los ingresos derivados de los mismos.
Ley de Agua y situación actual
El consejero de Medio Ambiente también ha querido explicar el desarrollo de la Ley de Aguas y su situación actual. Hasta la fecha, se han elaborado y sometido a información pública los Planes Hidrológicos de las tres demarcaciones intracomunitarias en las que la Junta ejerce las competencias de planificación. Así, durante el mes de mayo se convocarán las correspondientes comisiones del agua en los distintos distritos hidrográficos.
El Observatorio Público del Agua es el instrumento fundamental para conseguir una información veraz y transparente hacia los ciudadanos y con él se conseguirá una participación pública activa que mejore la gestión del recurso. Este organismo, ha subrayado el titular de Medio Ambiente, pionero en España y con sede en Málaga, será un órgano colegiado consultivo de participación e información sobre el agua, que tendrá la capacidad de exigir información comparable y fiable a cualquier organismo o entidad con el fin de mejorar y armonizar la prestación de este servicio público.
En cuanto a la gestión de riesgos de inundaciones, en la actualidad se encuentra en elaboración el reglamento de desarrollo de esta materia de la Ley de Aguas y se están abordando los trabajos para la determinación de los mapas de riesgos de inundación de los distritos hidrográficos. En el período 2002-2010, la Agencia Andaluza del Agua ha realizado una inversión de 342 millones de euros en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces (PCAI).
La inversión prevista para el período 2002-2012 era de 356 millones, por lo que se ha invertido hasta la fecha un 96% (342 millones). Por otro lado, dentro del Plan de Saneamiento y Depuración previsto en la Ley, ya se han declarado por el Consejo de Gobierno 300 obras de Interés para la Comunidad, que movilizarán una inversión de 1.765 millones en 548 municipios y conllevarán la generación de un empleo asociado cifrado en 28.400 puestos de trabajo.
Finalmente, el consejero ha puesto de manifiesto el compromiso de la Consejería con la gestión del conjunto de sus cuencas y ha insistido en la Gestión de la Administración Hidráulica de Andalucía de la Cuenca del Guadalquivir, en la que desde 2008 se ha invertido cerca de 235 millones de euros y tiene comprometidos más de 622 millones más en obras para el desarrollo del ciclo del agua y de la defensa contra avenidas e inundaciones en toda esta cuenca andaluza.
José Juan Díaz Trillo ha subrayado, por último, las 22.000 resoluciones anuales emitidas de media en tres años por la Administración andaluza, ofreciendo seguridad jurídica y normalizando regadíos, como ha sido el caso de las 50.000 hectáreas de aguas invernales en la provincia de Jaén, las 4.500 del Guadajoz en Córdoba, las casi 15.000 ha de arroz, o la culminación de procesos de regularización de 30.000 hectáreas en Loma de Úbeda (Jaén), Huéscar-Puebla (Granada), o Doñana (Sevilla y Huelva).
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