martes, 15 de marzo de 2011

Las parcelas cedidas a El Ejido para acopio de residuos agrícolas fueron pactadas a tal fin

ALMERÍA.- El delegado provincia de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en Almería, Juan Deus, ha precisado este martes que las cinco hectáreas de terreno que el Gobierno andaluz cedió al Ayuntamiento de El Ejido para que estableciera puntos de acopio de residuos agrícolas como alternativa al cierre de Ejido Medio Ambiente (EMA) fueron pactadas a tal fin, y ha recordado que la higiene rural es una competencia municipal. 

  Deus ha señalado la cesión de estos espacios se dio después de que una temporada en la que la Consejería de Agricultura tuvo que asumir la recogida de los campos ejidenses de más de tres millones de metros cúbicos de residuos en el año 2001, lo que supuso un coste de seis millones de euros. Esta recogida vino aparejada además de un compromiso por parte de todos los agentes de mantener limpio el campo.
   Así, ha pedido que cada administración "asuma sus competencias" y ha recordado además al sector que existen otras plantas de compostaje de residuos agrícolas así como cooperativas que ofrecen "otras alternativas" al reciclaje de este tipo de basuras orgánicas, a la par que ha incidido en que "el responsable de los residuos es quien los genera".
   Deus ha afirmado igualmente que desde el cierre de la planta de residuos orgánicos Ejido Medio Ambiente (EMA) el pasado verano a causa de un incendio "no se ha producido aumento de la presión" por parte de los servicios de inspección de la Junta ni por parte del Seprona en relación a la cantidad de denuncias que se reciben, por lo que ha descartado que por esta causa haya un aumento de sanciones.
   El titular provincial de Agricultura ha señalado que durante el año 2010 se han desarrollado 1.600 actuaciones en materia de sanciones por retirada de residuos agrícolas, si bien solo el cinco por ciento se han culminado en una multa mientras que el resto ha quedado en apercibimientos, por lo que ha rechazado las críticas realizadas desde la organización agraria COAG en relación a este asunto.
 Esta misma mañana, el alcalde de El Ejido, Juan Enciso (PAL), ha afirmado que el Ayuntamiento no puede intervenir para "obligar" la apertura de la planta de gestión de residuos agrícolas Ejido Medio Ambiente (EMA), la cual tuvo que cerrar sus puertas el pasado mes de agosto después de que se produjera un incendio en sus instalaciones que se mantuvo en activo durante más de un mes.
   Según ha explicado Enciso en declaraciones a los medios, el Consistorio "ha hecho todas las gestiones que se podían haber hecho" sin resultado, de forma que hay que espera a que "resuelva la justicia" el litigio sobre la propiedad de la planta que desde hace meses se disputan las empresas Hermanos Lirola y Morgan Aqua.
   El regidor ha indicado que se ha estudiado la forma de que el Ayuntamiento pudiera ser "responsable provisional" de este problema, de forma que se ha buscado un punto para el acopio de residuos, si bien "nadie ha querido ver una parcela ni tener al lado de su invernadero residuos agrícolas", en relación a las conversaciones con organizaciones agrarias y agricultores.
   En este sentido, Enciso ha puesto de manifiesto la "seguridad" que le han reclamado los vecinos y que le han "exigido" los técnicos municipales en la ubicación de parcelas de acopio, de forma que el equipo de gobierno "no decide" la localización de estos espacios que deben contar "con un informe medio ambiental y técnico que reúna las condiciones que establece la ley".
   Así, ha explicado que se rechazaron las cinco hectáreas de terreno que cedió la Consejería de Agricultura y Pesca a través de una comisión informativa en la que se dio a conocer que este espacio "no reúne las condiciones" necesarias, por lo que "por unanimidad, todos los partidos políticos" declinaron el uso de esta zona.
   Por otra parte, Enciso ha dicho que la comisión para el seguimiento de la gestión de residuos vegetales, cuya formación se aceptó a propuesta del grupo municipal del PSOE en un pleno, no se ha podido activar por falta de representantes en dos sectores, concretamente uno de la Consejería de Medio Ambiente y otro de una de las principales organizaciones agrarias.

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