ALMERÍA.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia de un juzgado de lo social de Almería que condenó a la congregación religiosa de Hermanos de las Escuelas Cristianas, que gestiona el colegio 'La Salle' de la capital, por acoso laboral a una profesora de FP, aunque ha rebajado en 5.000 euros la indemnización del primer fallo, que era de 45.477 euros.
Los sindicatos CCOO, UGT y Ustea han reclamado por otro lado que la dirección del centro, al margen de la sentencia, sancione a la acosadora de algún modo, ya que de momento sigue ostentado el cargo de directora de ciclos formativos en el mismo centro educativo donde trabaja la denunciante.
La sentencia, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, pero que deja sentado que sí hubo acoso, afirma que hubo indicios "más que suficientes" para determinar que la empresa y la superiora jerárquica de la víctima, que era directora de los cursos de FPO, vulneraron derechos fundamentales a la integridad física y moral, al honor y a la propia imagen. Para ello el juez se basa en la "abundante prueba documental" que aportó la demandante, y que demostraba que desde que se puso nueva dirección en el centro de Formación Profesional, la situación de la profesora fue "empeorando progresivamente" lo que le supuso estar hasta tres veces de baja médica durante dos cursos académicos, entre 2008 y 2010, por un trastorno de ansiedad generalizado cuyo origen sitúa en la "problemática laboral en su centro de trabajo" ya que, pese a recibir tratamiento, recaía "cuando se reincorporaba al trabajo".
Frente al pago solidario de 27.447 euros por perjuicios a su salud y otros 18.000 euros por daños morales a la demandante a los que condenó el Juzgado de lo Social número 3, el Alto Tribunal andaluz fija en el fallo, dictado el 23 de febrero, la indemnización en 40.582 euros.
Los sindicatos CCOO, UGT y Ustea han reclamado por otro lado que la dirección del centro, al margen de la sentencia, sancione a la acosadora de algún modo, ya que de momento sigue ostentado el cargo de directora de ciclos formativos en el mismo centro educativo donde trabaja la denunciante.
La sentencia, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, pero que deja sentado que sí hubo acoso, afirma que hubo indicios "más que suficientes" para determinar que la empresa y la superiora jerárquica de la víctima, que era directora de los cursos de FPO, vulneraron derechos fundamentales a la integridad física y moral, al honor y a la propia imagen. Para ello el juez se basa en la "abundante prueba documental" que aportó la demandante, y que demostraba que desde que se puso nueva dirección en el centro de Formación Profesional, la situación de la profesora fue "empeorando progresivamente" lo que le supuso estar hasta tres veces de baja médica durante dos cursos académicos, entre 2008 y 2010, por un trastorno de ansiedad generalizado cuyo origen sitúa en la "problemática laboral en su centro de trabajo" ya que, pese a recibir tratamiento, recaía "cuando se reincorporaba al trabajo".
Frente al pago solidario de 27.447 euros por perjuicios a su salud y otros 18.000 euros por daños morales a la demandante a los que condenó el Juzgado de lo Social número 3, el Alto Tribunal andaluz fija en el fallo, dictado el 23 de febrero, la indemnización en 40.582 euros.
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