lunes, 14 de febrero de 2011

El juez fija una fianza de 1,2 millones a Agua y Gestión para la concesión de servicios en El Ejido

ALMERÍA.- El magistrado Jesús Rivera ha resuelto este lunes imponer una caución de 1,2 millones de euros a la mercantil filial de Abengoa 'Agua y Gestión', para recuperar la concesión de los servicios que venía prestando la Empresa Mixta de Servicios Municipales SL (Elsur), de la que posee el 70 por ciento del accionariado, y dejar sin efecto de manera cautelar el decreto por el que el equipo de Gobierno que preside Juan Enciso (PAL) acordó el rescate temporal de los citados servicios ante la "situación de reiterado incumplimiento" del pliego de condiciones.

   El dictamen, del que se está dando traslado esta tarde a las dos partes implicadas según han informado   fuentes cercanas al caso, llega después de los letrados de 'Agua y Gestión' y del Ayuntamiento ejidense expusiesen esta mañana al titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Almería sus argumentos con respecto al auto por el que el pasado jueves el juez acordó suspender temporalmente la intervención del Elsur a la espera de determinar si el decreto de Alcaldía es un acto administrativo nulo de pleno derecho.
   La fianza estipulada por la autoridad judicial iría encaminada a garantizar que la filial puede afrontar tanto la prestación de las obligaciones contractuales de la empresa mixta, de la que participa al 30 por ciento el Consistorio, como asumir el pago de los salarios a los casi 400 trabajadores que, con anterioridad al rescate, habían iniciado varias medidas de protesta, entre ellas una huelga de hambre, para reclamar las pagas que les adeudaba Elsur desde el mes de noviembre.
   El Ayuntamiento de El Ejido había pedido este lunes al juez en aras del "interés general" que alzase la medida cautelarísima por la que suspendía el secuestro temporal de los servicios que presta Elsur o, subsidiariamente, que se impusiese a 'Agua y Gestión' una caución de dos millones de euros y se adoptasen por la autoridad judicial las medidas adecuadas para delimitar las competencias municipales y garantizar de este modo la prestación de servicios.
   Mientras, la accionista mayoritaria de la sociedad e impulsora del recurso contra el decreto de Alcaldía solicitó que se ampliase el contenido del auto por el que se acordó suspender la intervención de la empresa mixta y que se obligase al Consistorio a abonar el montante que le adeuda por los ejercicios 2010 y 2011 --más de seis millones de euros-- a cambio de asumir los compromisos adquiridos por el nuevo interventor de Elsur con los trabajadores para pagar de forma prorrateada los salarios atrasados.
   Durante la vista, el letrado de la corporación local ejidense defendió el decreto de Alcaldía por el que se intervino Elsur a finales de enero ya que permitió que se asegurase la prestación de "servicios esenciales" en el municipio y se logró "normalizar la situación laboral" de la plantilla que trabaja en labores de abastecimiento y saneamiento de agua, mantenimiento urbano del alumbrado público, conservación de edificaciones municipales y pavimentaciones de vías públicas, así como el mantenimiento de zonas verdes, jardines y parques.
   Por su parte, y tras referirse a la medida de secuestro temporal como "ilegal y nula de pleno derecho" al no haber dado cumplimiento al preceptivo requerimiento previo a la empresa en lo que ha tildado de "colmo de la situación", el letrado de la filial de Abengoa criticó que desde el Ayuntamiento se exija a Elsur "que cumpla con todas sus obligaciones pese a que no le paga el canon y anuncie encima de manera unilateral que va a reducir la cuantía de 15 a 12 millones de euros para el ejercicio 2011 pero sin modificar la contraprestación".
   El auto, del que se dio traslado a las partes el pasado jueves, ordenó a la espera de que se resuelva el fondo objeto de litigio, el cese del interventor nombrado por el Ayuntamiento y la restitución en su cargo del anterior gerente, Mario Pulido, y los integrantes del consejo de administración de Elsur que fueron cesados y estipuló que era obligatorio para el Consistorio ejidense el pago del canon correspondiente a 2010, que asciende a 15 millones de euros.
   El decreto de Alcaldía, que fue aprobado en pleno esta semana con los votos del PAL y la abstención de PSOE y PP que expresaron su dudas sobre el procedimiento llevado a cabo para el rescate de los servicios, fue anunciada en comparecencia pública por el regidor, Juan Enciso (PAL), que calificó la decisión de "meditada" y la justificó en "que los ciudadanos de nuestro municipio sigan disfrutando de unos servicios públicos adecuados".
   El sumario de caso 'Poniente' que instruye la titular del Juzgado de Instrucción número 2, Montserrat Peña y mantuvo encarcelado durante casi ocho meses al regidor tras su detención en octubre de 2009 junto a otras 19 personas, divide la presunta trama de corrupción política y municipal investigada en El Ejido en seis clanes y el grupo Abengoa.
   De este se desprende que las sociedades de los principales implicados facturaron de Elsur con subcontrataciones en su mayoría "irregulares" alrededor de 93,3 millones de euros entre los años 2002 y 2007. Señala, asimismo, que los principales imputados constituían un "grupo criminal perfectamente organizado" que detrajo dinero de las arcas municipales a través de las citadas subcontrataciones "irregulares" con la empresa mixta.

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