ALMERÍA.- El alcalde de Huércal de Almería, Juan Ibáñez, ha anunciado este jueves su renuncia como militante de IULV-CA debido a "discrepancias con algunos miembros" del Consejo Local y ha tildado de "difamaciones contra su imagen y su persona" las consideraciones que dieron lugar en noviembre a la incoación de un expediente disciplinario contra él por parte de la dirección provincial del partido.
En una nota, Ibáñez señala que, de todo lo recogido en las citadas acusaciones, "la más grave ha sido la relativa a mi supuesta subida en la retribución salarial" y lamenta que, "pese a la justificación documental certificada", continúen "poniendo en duda" sin que se haya producido "ningún desmentido" acerca de la cifra que trascendió y que cuantificaba su sueldo "en 60.000 euros".
Apunta, en esta línea, que sólo una de estas consideraciones "se aproxima a la verdad" y concreta que se trata de la privatización del servicio de limpieza en los colegios por un periodo de tres años "a fin de optimizar --argumenta-- los escasos recursos de que dispone esta administración, suponiendo esta gestión un ahorro para el municipio de 450.000 euros durante dicho periodo".
Ibáñez, quien subraya que "desde un principio" su equipo de gobierno ha buscado optimizar los recursos de que dispone "sin tener en consideración las filosofías propias y ajenas", asegura que se han antepuesto siempre "los intereses generales del municipio sobre cualquier interés particular o partidista".
IULV-CA decidió en noviembre abrir un expediente disciplinario al regidor de Huércal de Almería al estimar que éste podría haber actuado en contra de los principios fundamentales de la formación con la privatización de servicios como la limpieza en los colegios del municipio.
"En Izquierda Unida nadie puede vulnerar los principios de identidad en defensa de lo público" defendió la coordinadora provincial, Rosalía Martín, quien matizó que "nadie por muy alcalde que sea, un concejal o un alto cargo dentro de la Administración puede vulnerar esa coherencia2.
El inicio de apertura de expediente estuvo motivado además por la presunta intención de Ibáñez de elevar su sueldo de cara al próximo ejercicio, con lo que haría "caso omiso a los acuerdos adoptados en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que fijan que debería "cobrar 45.000 euros y no 60.000 euros".
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