ALMERÍA.- El Juzgado de Instrucción nº 6 de Almería, ha admitido a trámite la querella formulada por la Comunidad de Regantes Rambla Morales contra Antonio García Pardo por múltiples irregularidades en su gestión.
La querella fue presentada a principios del pasado mes de diciembre, según lo acordado y aprobado por la Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado mes de septiembre. Tal y como se anunció entonces, la actual Junta de Gobierno está trabajando por depurar responsabilidades entre quienes llevaron a la Comunidad de Regantes a una situación de deuda económica insostenible, motivo por el cual se ha presentado esta querella en la que se describen varios delitos de estafa, apropiación indebida, delitos societarios, contra la Hacienda Pública y delitos de falsedad en documento público y privado.
Junto al anterior presidente de la Comunidad, Antonio Fernando García Pardo, figuran en la misma como presuntos responsables de los hechos el asesor técnico de la Comunidad, Faustino Parras, un antiguo colaborador de Antonio García Pardo, Francisco Pérez Segura, así como Ángel Pérez Burzaco, y Mónica y Ángel Pérez Saiz.
De acuerdo a los hechos relatados en la citada querella, la actual Junta de Gobierno considera que Antonio García Pardo firmó y autorizó sin conocimiento ni aprobación de la Asamblea, numerosos contratos con distintos proveedores con objeto duplicado, inexistente o innecesarios en otros casos, por cuantiosas sumas de dinero, y que fueron pagados con cargo al crédito que en su día otorgó La Caixa, si bien el importe recibido por este préstamo debía ir únicamente destinado a sufragar las obras y no al pago de caprichosos contratos firmados de manera indiscriminada por la anterior Junta de Gobierno.
Igualmente, se dirige la querella contra las personas a cuyo cargo figuraba la elaboración del elenco o padrón de usuarios de la Comunidad de Regantes y en el que se han observado múltiples irregularidades y manipulaciones de la documentación en base a la cual se daba de alta a los Comuneros, muchos de ellos inscritos de forma fraudulenta.
La querella fue presentada a principios del pasado mes de diciembre, según lo acordado y aprobado por la Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado mes de septiembre. Tal y como se anunció entonces, la actual Junta de Gobierno está trabajando por depurar responsabilidades entre quienes llevaron a la Comunidad de Regantes a una situación de deuda económica insostenible, motivo por el cual se ha presentado esta querella en la que se describen varios delitos de estafa, apropiación indebida, delitos societarios, contra la Hacienda Pública y delitos de falsedad en documento público y privado.
Junto al anterior presidente de la Comunidad, Antonio Fernando García Pardo, figuran en la misma como presuntos responsables de los hechos el asesor técnico de la Comunidad, Faustino Parras, un antiguo colaborador de Antonio García Pardo, Francisco Pérez Segura, así como Ángel Pérez Burzaco, y Mónica y Ángel Pérez Saiz.
De acuerdo a los hechos relatados en la citada querella, la actual Junta de Gobierno considera que Antonio García Pardo firmó y autorizó sin conocimiento ni aprobación de la Asamblea, numerosos contratos con distintos proveedores con objeto duplicado, inexistente o innecesarios en otros casos, por cuantiosas sumas de dinero, y que fueron pagados con cargo al crédito que en su día otorgó La Caixa, si bien el importe recibido por este préstamo debía ir únicamente destinado a sufragar las obras y no al pago de caprichosos contratos firmados de manera indiscriminada por la anterior Junta de Gobierno.
Igualmente, se dirige la querella contra las personas a cuyo cargo figuraba la elaboración del elenco o padrón de usuarios de la Comunidad de Regantes y en el que se han observado múltiples irregularidades y manipulaciones de la documentación en base a la cual se daba de alta a los Comuneros, muchos de ellos inscritos de forma fraudulenta.
De acuerdo a los contratos firmados por Antonio Fernando García Pardo, los responsables de la elaboración del elenco eran los querellados Ángel Pérez Burzaco y sus dos hijos, a través de varias sociedades familiares (Bamin Almer SL, INANCA 2000 SL, Canal 34 TV y Burzaco Sáiz SL). La gravedad de la falsedad de este documento es extrema, dado que el elenco es el documento esencial de la Comunidad, y que sirve de garantía tanto a los proveedores como a los propios comuneros.
La Junta de Gobierno tasa inicialmente los daños y perjuicios ocasionados a la Comunidad en unos treinta millones de euros.
La declaración de todos los querellados está prevista para el próximo día 25 de enero, sin que pueda descartarse la inclusión de nuevos imputados en función de las diligencias que se practiquen.
En las intenciones de la Junta de Gobierno figura igualmente la de solicitar una auditoria que determine el estado de la red de riego y su ajuste o no al proyecto.
Entre las diligencias que se interesan figuran la declaración, en principio sólo en calidad de testigo, de Juan Jesús Martínez López, miembro de la Junta de Gobierno de Antonio Fernando García Pardo, e igualmente de la actual hasta que fue expulsado de la misma el pasado nueve de junio, y que desde entonces viene denunciando en algunos medios irregularidades cometidas por la actual Junta de Gobierno por lo que tendrá la opción de ponerlas de manifiesto, y acreditarlas, en sede judicial.
La Junta de Gobierno tasa inicialmente los daños y perjuicios ocasionados a la Comunidad en unos treinta millones de euros.
La declaración de todos los querellados está prevista para el próximo día 25 de enero, sin que pueda descartarse la inclusión de nuevos imputados en función de las diligencias que se practiquen.
En las intenciones de la Junta de Gobierno figura igualmente la de solicitar una auditoria que determine el estado de la red de riego y su ajuste o no al proyecto.
Entre las diligencias que se interesan figuran la declaración, en principio sólo en calidad de testigo, de Juan Jesús Martínez López, miembro de la Junta de Gobierno de Antonio Fernando García Pardo, e igualmente de la actual hasta que fue expulsado de la misma el pasado nueve de junio, y que desde entonces viene denunciando en algunos medios irregularidades cometidas por la actual Junta de Gobierno por lo que tendrá la opción de ponerlas de manifiesto, y acreditarlas, en sede judicial.
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