lunes, 22 de noviembre de 2010

Ferrmed afirma que la crisis sería más llevadera si se hubiera invertido en el Corredor Meditarráneo y no en el AVE

VALENCIA.- El secretario general de Ferrmed, Joan Amorós, ha mantenido este lunes que el Corredor Mediterráneo es un eje "tan fundamental" para la economía española que si el Gobierno en lugar de una red radial del AVE que "no tienen rentabilidad" hubiera invertido en esta infraestructura la crisis "ahora sería más llevadera". 

  De hecho, en rueda de prensa para presentar el Manifiesto sobre la Red Ferroviaria Trasn-Europea de Mercancías, que incluye el Corredor Mediterráneo, ha concretado que supondría un ahorro económico de 67.000 millones de euros para la economía española entre 2016 y 2045 en comparación con el tráfico rodado.
  En el caso de la Comunitat Valenciana este ahorro sería de 19.000 millones y si además se tiene en cuenta que esta infraestructura permitirá a los puertos de la Comunitat canalizar el tráfico asiático marítimo y crear una industria transformadora de estos productos para ser comercializados en Europa aumentaría un 1 por cieno el PIB regional, con lo que los beneficios rondarían los 55.000 millones de euros en 10 años a partir de 2016. Y puso un ejemplo: de Valencia a Tarragona sólo circulan entre 10 a 20 trenes diarios mientras si estuviera en funcionamiento este corredor serían de 150 trenes.
  Por ello, ha recalcado la necesidad de que el Ministerio de Fomento materialice sus compromisos y establezca un calendario de actuación que, en su opinión, debe comenzar con un cambio de vía o la construcción de un tercer carril hasta Cartagena, presupuestado en 2.350 millones, que esté concluido en 2013. Posteriormente para 2017 las circunvalaciones de Valencia y Barcelona para evitar el tráfico de cercanías llegar hasta Almería para poder alcanzar Algeciras en 2019-2020. "Todo debe estar terminado  para 2020", ha señalado. Además, reclama que se reabra la conexión Lorca-Granada que se cerró a principios de los 80 pero con un trazado más idóneo para las mercancías.  
   Amorós ha expuesto que "siempre se habla del triángulo de oro ferroviario" que es Valencia, Madrid, Barcelona y vuelta a Valencia,. A partir de diciembre estarán dos patas: Valencia-Barcelona y Barcelona-Madrid, pero queda por hacer Barcelona-Valencia. En su opinión, resulta "increíble" que las dos ciudades más importantes, detrás de Madrid, o estén unidas por la alta velocidad y sí lo estén otras capiteles ya que esta unión permitirán liberar la línea para "el transporte de mercancías con la misma prioridad que los pasajeros convencionales".
  En ese sentido, ha recalcado: "las inversiones se debe hacer teniendo en cuenta la cohesión social, pero sin olvidar dónde está la rentabilidad económica", que en esta infraestructura, según ha puntualizado, es de 11,1% de retorno de media aunque en determinados tramos es muy superior, como en el tercer carril. Por ello, se calcula la inversión privada podría participar en un 30 por ciento de todo el corredor hasta Estocolmo. "Si España tiene la pretensión de convertirse en una plataforma logística intercontinental de primer orden sólo lo puede lograr si invierte en el Corredor Mediterráneo", ha señalado.  
  Del mismo modo, el vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat valenciana (COIICV), Javier Rodríguez, ha agregado: "un país vale las inversiones que poseen y los conocimientos que posee y un país sin industria está condenado a vivir de la caridad de los países ricos".
   Por ello, Ferrmed ha elaborado un manifiesto que presentará el próximo 12 de enero en el Parlamento Europeo de Bruselas con tres puntos esenciales: el primero, que están de acuerdo con la concepción de la red que propone la Comisión, es decir, una red ferroviaria europea que interrelacione todas los grandes corredores de mercancías de europea y sus puertos.
   El segundo, que esta red se establezca a partir de un estándares comunes y por último que incluya todas las líneas realmente importantes , los puertos , las industrias logísticas y por supuesto el Corredor Mediterráneo tan importante para Europa y España. Al acto está confirmada la asistencia del presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y esperan contar con el de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, así como de una representación del Gobierno español.
  La Comisión europea presentará en enero u borrador de la red prioritaria que tras su discusión con los países implicados se presentará de forma definitiva en abril para su aprobación por el Consejo de Ministros y el Parlamento europeo. En marzo o a principios de junio estará definida la red europea de transportes y, desde Ferrmed, se espera con el Corredor Mediterráneo incluido.

La Audiencia ordena seguir con diligencias por presuntas coacciones de un fiscal decano a una jueza

ALMERÍA.- La Audiencia Provincial de Almería ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el fiscal decano de Huércal-Overa, Juan Sánchez, contra la incoación de diligencias previas para investigar si incurrió en un presunto delito de coacciones en su comportamiento con la que fuese titular del Juzgado de Instrucción nº 1 del municipio, Marina Hidalgo.

   La resolución, según han informado hoy fuentes judiciales, ratifica la decisión del juez de instrucción nº 2 de El Ejido y ordena continuar con las diligencias abiertas en enero, por lo que, en "próximos días", se procederá a la toma de declaración judicial a la denunciante y al denunciado, así como a los testigos que citen cada una de las partes.

   La magistrada Marina Hidalgo, quien ejerce desde mayo de este año en la vecina localidad de Lorca (Murcia), interpuso la denuncia ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Huércal-Overa el 8 de enero. En su escrito, relata incidentes que podrían ser constitutivos de un presunto delito de coacciones.

   La causa, sobre la que se alzó el secreto en mayo, está siendo instruida, no obstante, por el titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de El Ejido, ya que los dos magistrados que ejercen en el partido judicial de Huércal-Overa tramitaron su abstención.

De momento, se han practicado algunas actuaciones, que también han sido confirmadas por la resolución de la Audiencia Provincial, aunque el fiscal decano Juan Sánchez aún no ha prestado declaración.

   Según los datos que han trascendido de la investigación, la jueza Hidalgo habría sido objeto supuestamente, entre otros incidentes, de acciones por las que se causaron daños en su vehículo y de la remisión de anónimos a su casa o la presencia de fotocopias "de muy mal gusto" en su despacho.

Cáritas alerta sobre la fuerte exclusión social de personas sin hogar en Andalucía

SEVILLA.- El día 28 de noviembre se celebra en toda España el día de los 'Sin techo' con el lema 'Nadie sin derechos. Nadie sin hogar', y por este motivo Cáritas Regional de Andalucía quiere poner de relieve la situación de fuerte exclusión social que viven las personas sin hogar en la comunidad andaluza, donde un total de 5.476 personas han sido atendidas por Cáritas, que advierte que "lo duro está por venir en la medida en que, debido a la situación de crisis, se agoten las prestaciones sociales y se acabe el apoyo de las redes sociales y familiares". 

   En rueda de prensa, la secretaria general de Cáritas Regional de Andalucía, Auxiliadora González, ha presentado, en el marco del Año Europeo de Lucha contra la pobreza y la exclusión social, la campaña 'Acabar con sinhogarismo es posible' cuyo objetivo principal es que nadie duerma en la calle en 2015, una realidad "posible con el trabajo real y efectivo de todas la Administraciones, que se deben poner de acuerdo, y con una concienciación de la sociedad en general para ayudar en la defensa de la invisibilidad de los sin techo".
   Según González, aunque el "fenómeno de los sin hogar se va manteniendo en sí mismo en Andalucía porque se trata de procesos largo que se mantienen en el tiempo", Cáritas ha atendido durante 2009 a un total de 5.476 personas, y "la tendencia puede ir a más", porque "desde Cáritas llevamos anunciando que lo duro está por venir la medida en que se agoten las prestaciones sociales y se acabe el apoyo de las redes sociales y familiares".
   Así, la población atendida se ha caracterizado por ser mayoritariamente hombres --82 por ciento frente al 10,8 por ciento de mujeres--; con una edad media de 45 años; algunos de ellos con ingresos medios correspondientes a pensiones no contributivas; con problemas derivados del consumo de tóxicos, problemas de salud física y mental y problemas judiciales; la mayoría de ellos están en la calle por la pérdida del empleo; y sus niveles de estudios con cada vez más altos --enseñanza secundaria y superior--.
   De este modo, apunta González, las Cáritas andaluzas han atendido al colectivo de personas sin hogar a través de 23 centros y servicios, de los que Cáritas posee la titularidad del 31 por ciento. Se cuenta, además, con 560 plazas disponibles, distribuidas entre centros de baja exigencia, casas de acogida, pisos tutelados, centros de día, viviendas de apoyo al tratamiento y a la reinserción, puntos de información y asesoramiento para personas en la calle y un unidad móvil. A su vez, Cáritas Parroquiales y Diocesanas realizan la acogida y atención a la multitud de demandas puntuales de alojamiento de emergencia, comida o desplazamiento.
   Además, el total de recursos destinados por Cáritas para los sin techo "ha sido de 2.234.000,68 euros, de los cuales 51,73 provienen de recursos propios de Cáritas, porque en tiempos de crisis como el actual la gente dona más; el 47,07 por ciento proceden de la Administración Pública; y 1,20 por ciento de entidades privadas", ha afirmado González, quien ha informado que a través de un convenio para 2010-2011 firmado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía "se han aumentado en un 33 por ciento los recursos de los que disponemos, una parte de los cuales van destinados a las personas sin hogar".
   Pero, ha apuntado González, los problemas de la crisis también se visualizan en otros colectivos de gran vulnerabilidad o con problemas de exclusión social, sobre todo "entre personas jóvenes e inmigrantes". Así, aumenta el número de personas que solicitan ayuda en los centros y recursos para personas sin hogar, por la falta de recursos económicos y de redes sociales y familiares y los temporeros que solicitan estos recursos, sobre todo en Huelva, Almería y Jaén; además, suben las personas que viven en infraviviendas, o en casa okupadas, y sin empadronamiento, con la consecuente pérdida de derechos"; y aumenta el hacinamiento severo y las personas inmigrantes con dificultades para poder renovar los permisos de residencia y trabajo al no poder acreditar recursos económicos.
   Por todo ello, apunta González, desde Cáritas Regional "pedimos a las Administraciones Públicas la coordinación y creación de un Pacto de Estado por la Inclusión Social; a nivel autonómico solicitamos que se garantice a las personas sin hogar están en un proceso de inclusión, el tipo de alojamiento que se adapte a su proceso persona; y el desarrollo de la Ley de Inclusión para Andalucía, puesta en marcha desde 2000, y bloqueada en la actualidad", expone González, que ha añadido que "Cáritas no parará hasta que se salga adelante esta Ley", presente ya en algunas comunidades como Navarra o Cataluña.
   Por su parte, el presidente/director de Cáritas Diocesana de Sevilla, Felipe Cecilia, y la coordinadora del Área, Gloria Rivas, han presentado los datos en la provincia de Sevilla en 2009, donde se dedicó a la atención de personas sin hogar 723.830 euros, 18 profesionales y 75 voluntarios. Los recursos con los que cuenta para ello son el 'Centro Amigo' --recogida residencial y centro de día-- y el piso tutelado 'Alba' --ayuda a los sin techo a adquirir las habilidades necesarias para desarrollar las actividades de la vida diaria-- en los que se atendió a 99 personas.
   Mientras, el proyecto parroquital 'Levántate y Anda' --un proyecto de acompañamiento a los sin hogar con objeto de acercarlas a los recursos sociales llevado a cabo por la Parroquia de San Vicente-- atiende diariamente en la calle a una media de 26 personas, entre las que "ha aumentado la presencia de personas inmigrantes jóvenes que ya no encuentran trabajos temporeros y que proceden sobre todo de Europa del Este y Marruecos", ha informado Rivas.
   En cuanto al perfil, Rivas ha señalado que el 77 por ciento de personas atendidas son hombres, la media de edad es de 45 años, los ingresos medios del 30 por ciento corresponden a pensiones no contributivas, y el 70 por ciento no tiene ingresos; el 94 por ciento son personas procedentes de Andalucía, frente a un 6 por ciento que son extranjeros; y en cuanto al estado de salud, padecen desnutrición proteico-calórica un 53 por ciento, infección por VIH un 50,5 por ciento y un 37 por ciento trastornos psiquiátricos.
   Además, ha concluido Rivas, Cáritas Diocesana de Sevilla atendió a través de su red de Cáritas parroquiales un total de 51.140 personas en distintas situaciones de pobreza y vulnerabilidad, de ellas el 5 por ciento, personas sin hogar.

El 68% de los españoles defiende que los inmigrantes mantengan sus costumbres

MADRID.- El 68 por ciento de los españoles está a favor de que la población inmigrante mantenga sus tradiciones y costumbres "siempre y cuando" no entren en conflicto con los valores propios de España, según se desprende de la encuesta 'La percepción de los españoles sobre la diversidad y la inmigración', elaborada por la Fundación Bertelsmann.

   El documento, presentado este lunes en Madrid en el marco del V Congreso Diálogo y Acción, bajo la dirección de Fernando Vallespín, ex presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), también refleja que la crisis "no ha acentuado las percepciones negativas de los españoles hacia la inmigración que llega a España".
   En opinión de Vallespín, España vive "un momento de estancamiento" con respecto al fenómeno de la inmigración ya que "no se percibe un cambio sustantivo en la opinión de los españoles" relativo a este tema. "Los españoles ven la inmigración como algo normal. Se ha integrado la inmigración como un fenómeno globalizado y habitual", ha asegurado.
   Así, mientras que el 63 por ciento de los españoles decía tener contacto con los inmigrantes en el año 2005, el porcentaje se eleva hasta el 85 por ciento en la encuesta de este año. Además, un 89 por ciento de los encuestados se muestra a favor de la inmigración al suscribir que "toda persona debería tener la libertad de vivir y trabajar en cualquier país, aunque no fuera el suyo".
   "Los derechos cívicos son los que mejor van a integrar a los inmigrantes", ha subrayado Vallespín que ha reiterado que "el mejor mecanismo de integración pasa por tratar a los inmigrantes en igualdad de condiciones".
   A modo de ejemplo, el experto ha destacado el apoyo mayoritario que suscitan aspectos como el acceso a la educación pública (97%), la asistencia sanitaria gratuita (91%), obtener un puesto de trabajo en igualdad de condiciones (92%), cobrar un subsidio (93,5%), obtener la nacionalidad española (86%) o votar en las elecciones municipales (83,2%).
   En el capítulo de la educación, los encuestados afirman que les importa poco (83%) o nada (66%) que sus hijos compartan clases con alumnos de origen extranjero. En la misma línea, un 73 por ciento señala que la presencia de hijos de inmigrantes en la escuela "es enriquecedora para el conjunto de los alumnos y no empeora la calidad de la educación".
   Los encuestados consideran que las diferencias de rendimiento entre alumnos españoles e inmigrantes son fruto del desconocimiento de la lengua (66%), del apoyo que reciben de sus padres (71%) o del hecho de que los profesores no puedan prestarles una atención diferenciada (72,5%).
   En cuanto a los aspectos negativos que refleja el estudio, el 67 por ciento de la población considera "elevado" el número actual de inmigrantes censados en España --la población inmigrante supone el 12,2 por ciento de la población, un total de 5,7 millones de personas-- y un 72 por ciento de los ciudadanos ve con "preocupación" el tema de la inmigración. Además, un 31 por ciento es partidario de la expulsión de aquellos inmigrantes que se han quedado sin trabajo y permanecen "en el paro durante mucho tiempo".
   Por otro lado, un 65 por ciento de los encuestados tiene "muy en cuenta" las propuestas de los partidos sobre "cómo actuar con los inmigrantes legales", mientras que un 58 por ciento se interesa "mucho" por las propuestas "en relación con los inmigrantes ilegales". Vallespin ha subrayado que "estos porcentajes no alcanzan el nivel de otros asuntos más decisivos en la intención de voto, como las políticas de sanidad (81%), educación (78%) o económica (72%)".
   El estudio también constata diferentes opiniones en función de la ideología política ya que el 68 por ciento de los votantes de los partidos del PP se muestran contrarios a que los inmigrantes puedan votar en las elecciones generales frente a un 96 por ciento de los votantes de Izquierda Unida que sí concederían este derecho.
   En cualquier caso, Vallespín cree que la utilización de la inmigración como un asunto político es "un error" y ha aclarado que las opiniones de la encuesta no se pueden extrapolar a localidades específicas. "El resultado sería diferente según la comunidad autónoma en la que se realizara el estudio. De todos modos, los problemas específicos de localidades concretas no se pueden trasladar a nivel general", ha insistido.
   En la presentación del estudio, la presidenta de la Fundación Bertelsmann, Liz Mohn,  ha asegurado que "el siglo que viene, no será europeo ni americano, será una siglo global, y eso no tiene parangón en la historia". 
"Una mayor diversidad cultural significa nuevas oportunidades para la sociedad", ha indicado.

35 años de Monarquía y fin de la Transición / Pablo Sebastián

Podría ser que la declaración Atlántica de Lisboa, donde se extienden las responsabilidades de Seguridad y Defensa de los países de la OTAN a todo el Planeta -con el argumento de la lucha contra el terrorismo- suponga entre otras cosas que Ceuta y Melilla ya están bajo el paraguas de la Alianza Atlántica, cosa que no ocurría hasta ahora. De ahí que la situación de ambas plazas españolas constituyera el “talón de Aquiles” del chantaje de Marruecos sobre España, como se ve con frecuencia y ha reaparecido con nitidez durante la reciente crisis del Sáhara donde la monarquía alauita de Mohamed VI ha vuelto a aprovechar -como en la muerte de Franco- la actual inestabilidad política, económica y social de España para avanzar en su política expansionista. Naturalmente, imaginar que la troika diplomática que representó España -Zapatero, Jiménez y Chacón- en la reciente cumbre atlántica de Lisboa se haya percatado de la importancia y alcance de esta interpretación de la nueva definición atlántica es demasiado pedir, por más que sobre el papel no deja de ser una novedad e interesante realidad que debe inquietar a Marruecos.

Sobre todo en este convulso tiempo español, donde las barbas financieras de Irlanda -y pronto las de Portugal- están siendo peladas por el barbero del rescate financiero de la Unión Europea, mientras en Cataluña estamos al borde de una renacer del nacionalismo pro independentista de la mano de un taimado Artur Mas que con su minoría “decisiva” pretenderá someter la soberanía nacional como recientemente lo hizo, con solo siete diputados, el PNV a cambio de aprobar a Zapatero los Presupuestos de 2011, con lo que se completa y escenifica el deterioro de España en la cohesión nacional, así como en la dramática situación económica y social y en la política Exterior, como se aprecia en la crisis del Sáhara.

Ofreciendo todo ello y coincidiendo con el 35 aniversario de la instauración por el general Franco de la Monarquía de don Juan Carlos I un escenario de final del Régimen de la transición de la dictadura franquista a favor de la pretendida Democracia española -más bien una partitocracia-, que si bien consiguió el objetivo de la reconciliación nacional de “las dos Españas” enfrentadas en la Guerra Civil, la recuperación de las libertades y nuestra integración en las instituciones democráticas europeas, lo que constituye un excelente balance, aún tiene pendiente en España el logro de la verdadera y moderna democracia y la primacía de la identidad y cohesión nacional, hoy a la deriva entre el caótico modelo autonómico del Estado y la insaciable sed independentista de los políticos nacionalistas, que viven del discurso de la ruptura al margen del sentimiento ciudadano, como se aprecia ahora en Cataluña con el hundimiento electoral de los radicales de Esquerra (ERC).

El paso de la Transición a la Democracia bien podría ser la misión o tiempo del Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón si las cosas se hacen bien -o en su defecto de la III República- una vez que las grandes fuerzas políticas nacionales, hoy encarnadas por el PSOE y el PP, estén en condiciones de liderar y de sellar un pacto nacional de reforma democrática y del modelo político, económico y social de España, al margen de los chantajes de las minorías nacionalistas, separando de una vez por todas los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cambiando la ley electoral hacia un modelo representativo justo, y poniendo fin al imperio y al dominio del poder por los aparatos de los partidos políticos. Los que están dominados por una clase política sin prestigio social, donde la mediocridad, la falta de formación y la incapacidad de los gobernantes alcanzó cotas insufribles y está en el origen de los graves problemas que inundan la vida española y enturbian el horizonte de nuestro país en un mundo convulso y globalizado.

Los 35 años del Rey don Juan Carlos ofrecen un buen balance global para la Historia de este país, por más que permanecen zonas oscuras relativas al golpe de Estado del 23-F, la corrupción política, los crímenes del GAL, etc. Pero tiempo es de avanzar en la reforma democrática y cohesión nacional de España y ello sólo será posible con un pacto político de las dos fuerzas nacionales más representativas y las minorías que se quieran sumar, que ha de comenzar con un primer pacto de batalla frontal a la crisis económica y social que nos invade, dejando de lado y en su función de minorías a los insaciables del nacionalismo, y buscando una zona de confianza dentro y fuera de España que permita un esperanzado horizonte de recuperación de la economía y de estabilidad financiera.

Un camino sin duda difícil y escabroso pero obligado e imprescindible, y desde luego muy difícil de imaginar bajo el liderazgo de Zapatero una vez que este presidente ha negado a España la crisis económica, y ha probado su incapacidad y la de su gobierno para hacer frente a los problemas de nuestro tiempo y de la sociedad. Al final de este camino habrá que llegar a un verdadero periodo constituyente español -que se nos negó en el difícil inicio de la transición por la presión del franquismo saliente-, sin miedo a las reformas democráticas y de cohesión nacional. Porque los problemas que sufre España en estos momentos no sólo dependen de la crisis general, o si se quiere internacional, ni tampoco y en exclusiva de los malos gobernantes sino de un cúmulo de elementos entre los que destacan las pésimas reglas del actual juego político español que consienten todo esto y que, agotada la transición, nos han conducido a la vigente situación.

Los 35 años de la Monarquía
Las crónicas celeste y rosa que en estas efemérides y aniversarios nos presentan los canales de las televisiones oficiales y oficiosas no se corresponden en muchos aspectos fundamentales de la transición con la verdad. Por ejemplo, en España no hubo periodo constituyente para pasar de la dictadura a la democracia, como exige todo proceso democrático –o como ocurrió en la Suráfrica de Nelson Mandela-, ni hubo debate constitucional sino conversaciones secretas y a puerta cerrada de los llamados “siete padres constitucionales” cuyo texto final, debatido de espaldas al conjunto de los españoles, se aprobó por casi unanimidad en 1978.

No hubo, por ejemplo, referéndum sobre Monarquía o República, y la Corona se camufló en el texto general de la Constitución de 1978. En definitiva, no hubo una ruptura democrática con el régimen del general y dictador Franco, y además otros países como los Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania ejercieron su influencia sobre el futuro español, promoviendo en nuestro país un modelo de parlamentarismo con sistema electoral de corte proporcional porque temían los liderazgos populistas en un modelo más democrático y mayoritario –o la elección del presidente del Gobierno por sufragio universal directo- como el que impera en sus países. Aquí todo se dejó al control del aparato de los partidos, incluida la soberanía nacional disuelta en las listas cerradas de la partitocracia a la española.

Y todo eso se prolongó por el sendero de la acumulación, en las manos del partido ganador de las elecciones, de todos los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, mas la prensa, la banca, las grandes empresas reguladas por el Estado, los servicios de información, etc. Todo un inmenso poder propicio para la impunidad, el abuso o la corrupción y con gran capacidad para evitar el control democrático, judicial o periodístico, aunque en algunos y sonados casos no se pudo evitar porque algunos jueces, fiscales, periodistas o incluso políticos denunciaron a tiempo los abusos y se pudieron condenar. Pero falta mucho por aclarar.

¿Por qué el Parlamento no investigó la dimisión de Adolfo Suárez, el golpe de Estado 23-F, la corrupción general de los partidos, los GAL- de los que ahora presume Felipe González-, las privatizaciones de empresas públicas, las concesiones audiovisuales, etc? El golpe de Estado, los atentados islamistas de 11-M de 2004 en Madrid y los cerca de mil asesinatos de ETA han sido los momentos más duros de la transición. Así como el ingreso en la OTAN (en tiempos de Calvo Sotelo y luego ratificado por González), y el apoyo de España a la guerra de Irak (bajo el mandato de Aznar) o al Rey Mohamed VI de Marruecos en la reciente crisis del Sáhara (ahora con Zapatero) fueron decisiones de los gobiernos de España que chocaron frontalmente con el sentimiento mayoritario del pueblo español. Y lo mismo ha ocurrido con el estatuto catalán, burlando la legalidad constitucional por la vía de leyes orgánicas bajo el férreo mando de los partidos implicados, y luego rectificado –solo en parte- por el Tribunal Constitucional. ¿Dónde estaba en todos estos casos la soberanía nacional?

Siempre se nos dijo como excusa o argumento que la Democracia española era joven y pecaba de inexperiencia, pero la Democracia no tiene edad, es o no es, y parece llegada la hora de una profunda reflexión y de una reforma moderna, representativa y en profundidad, por más que los beneficiarios –la clase política, que vive de la política y no para la política- del vigente y ya demasiado largo régimen partitocrático español se resista a hacer la reforma aunque pierdan sus privilegios en beneficio de la ciudadanía y de la soberanía nacional. Sabemos que en estos 35 años de transición hubo progreso, libertades y muchas cosas buenas y elogiables pero todo debe mejorar y la actual crisis institucional y de cohesión e identidad nacional, sumada a la no menos importante crisis económica y social deben provocar el cambio definitivo y completar el largo viaje de la transición hacia la libertad con el viaje final hacia la Democracia. Y ese debe ser el objetivo y desafío de las nuevas generaciones, ajenas a la Guerra Civil –que algunos han querido desempolvar- e incluso al tiempo de la transición por más que las clases dirigentes de los partidos, los poderes públicos y fácticos prefieran que todo siga como está.

Toda la información económica mundial, cada día en 'Economía Avanzada'