almeriaconfidencial@gmail.com / 'El poder más peligroso es el del que manda pero no gobierna' (Torrente Ballester) * Newsletter de opinión e influencia, fundado en 2009 sin afán de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, por el periodista profesional Francisco Poveda, titulado en la UCM desde 1976.
jueves, 23 de septiembre de 2010
El PP cree que Usero no da "explicaciones convincentes" sobre asesores que vincula al PAL y ve "un episodio negro"
El PSOE elevará el martes a la comisión regional sus candidaturas a la Alcaldía en Almería, El Ejido y Roquetas
La Junta celebra un taller con agentes económicos y sociales para diseñar el plan de gestión del agua
Caen a la mitad los inmigrantes irregulares localizados en el Mediterráneo
Camacho, quien ha mantenido este jueves un encuentro en el puerto de la capital con los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado que participan en la operación acompañado de la secretaria de Estado de Inmigración, Ana Terrón, ha trasladado que el dispositivo pone de relieve que las políticas impulsadas en esta materia por el Gobierno central "han producido los efectos necesarios" y evidencia por su "importante" presencia internacional que resulta "prioritario" trabajar "juntos" para hacer frente a una de las grandes cuestiones que Europa "debe solucionar a lo largo del presente siglo".
Ha subrayado en esta línea que, en el caso concreto de la provincia de Almería, se ha dado un descenso en un 65 por ciento en la cifra de inmigrantes localizados con un total de 458, lo que se sitúa por encima de la media registrada en aguas del Mediterráneo al tiempo que ha señalado que, de estos datos, se desprende que la inmigración clandestina es un fenómeno "controlado y en el que se trabaja de una manera adecuada" aunque, han matizado, sigue estando presente porque, "sin duda, lo va a estar a lo largo de mucho tiempo".
En los mismos términos se ha expresado la secretaria de Estado de Inmigración, Ana Terrón, quien ha asegurado que la operación 'Indalo' demuestra que los pasos que está dando España hacia lo que ha definido como "una cultura de la regularidad en la inmigración", son "muy importantes" y, además, están dando "frutos". Al tiempo, ha destacado que las cifras de esta edición, que comenzó en junio, suponen "probablemente" los "mejores" resultados en los cuatro años en los que se ha activado el dispositivo.
Camacho se ha referido, asimismo, a las relaciones con Marruecos y Argelia, países de los que proceden la mayoría de las pateras que se interceptan en el litoral mediterráneo, como "magníficas" desde el punto de vista del control de la inmigración irregular y ha recordado que ambos estados "trabajan en sus costas para ejercer ese control".
Al hilo de esto, ha incidido en que lo "más importante" es que las personas de nacionalidad marroquí o argelina localizadas al intentar arribar de forma clandestina al territorio español "son devueltas de acuerdo con sus países de origen" y ha concluido que el saldo de las relaciones con el país alaüí es "positivo" por tener "una política común para el control de la inmigración ilegal".
Reding investiga si España discrimina a los residentes extranjeros en las expropiaciones de casas costeras
Reding ha hecho este anuncio en respuesta a una interpelación parlamentaria presentada por la eurodiputada del Partido Por la Independencia del Reino Unido (UKIP), Marta Andreasen. Andreasen había reclamado la intervención del Ejecutivo comunitario por considerar que la legislación urbanística española vulnera el derecho de propiedad, protegido por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que con el Tratado de Lisboa se ha convertido en jurídicamente vinculante.
"Considerando el número de denuncias recibidas sobre esta cuestión, la Comisión está supervisando la situación para ver si surge alguna discriminación por razón de la nacionalidad y se ha puesto en contacto al respecto con las autoridades españolas", ha respondido la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario.
Hasta ahora, Bruselas se había negado a intervenir ante las denuncias de vulneraciones del derecho de la propiedad y de abusos urbanísticos en España alegando que carecía de competencias. La Comisión denunció ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) únicamente la Ley Urbanística Valenciana por considerar que incumplía la normativa comunitaria sobre contratación pública. Pero el abogado general recomendó la semana pasada al TUE que desestime este recurso.
En todo caso, Reding ha aclarado que "por lo que respecta a la cuestión del derecho a la propiedad en España, la Comisión sólo puede intervenir si el asunto se refiere a la aplicación del Derecho de la Unión". "Tal conexión no se ha establecido aún", ha señalado.
La Eurocámara ha aprobado varios informes que denuncian los abusos urbanísticos en España. En el último de ellos se amenazaba incluso con congelar los fondos estructurales si no se resuelven los problemas denunciados.
La propia Andreasen ya protestó por los abusos urbanísticos en España durante las dos comparecencias ante la Eurocámara del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante la presidencia española de la UE, en el primer semestre de este año. Su intervención en julio enfadó a Zapatero porque llegó a comparar la situación en España con la de Zimbabue.
La representante del UKIP le espetó al presidente del Gobierno que en su circunscripción hay temores a que la situación en España sea "similar" a la que sufrieron los británicos en Zimbabue con el régimen del general Mugabe por el "riesgo de confiscación" de casas de ciudadanos británicos en lugares como Andalucía. Y se preguntó por qué se les da este trato en un país "amigo y europeo".
"Somos los primeros que nos sentimos cerca de las personas, en este caso británicos, que hayan podido ser objeto de estafa por algún depredador del sector inmobiliario. Y en ese sentido estamos trabajando en el Parlamento Europeo y con los grupos parlamentarios y trabajaremos y haremos todo lo que esté en nuestras manos", dijo el presidente del Gobierno.
El escándalo de la vivienda/ Joaquim Sempere *
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante los años 2007 a 2009 se habían firmado unas 178.000 ejecuciones hipotecarias (frente a las 47.379 del trienio anterior) y el diario Cinco Días estima que habrá que añadir otras 180.000 en el presente año. De ser así, el total de ejecuciones hipotecarias en los últimos cuatro años ascenderá a más de 350.000. En general, estos expedientes acaban en desahucio en un plazo inferior a un año y el CGPJ señala que las cifras son engañosas, ya que una misma petición puede conllevar la subasta de varios bienes, de modo que "puede ser todavía más alarmante el incremento detectado".
Las viviendas hipotecadas van a subasta, y son las propias inmobiliarias de los bancos acreedores las que concurren a las subastas y acaban adjudicándose las viviendas a precio de saldo. La ley hipotecaria les permite adquirir el inmueble por el 50% del precio de la subasta pública si esta queda desierta, lo que ocurre en el 90% de los casos.
El aquelarre no termina aquí. El banco desahucia a la familia, recupera la vivienda en pública subasta y sigue cobrando hasta el final la deuda hipotecaria. En los últimos meses, la prensa ha dado a conocer numerosos casos de familias puestas de patitas en la calle y obligadas a seguir pagando la deuda.
El 30 de marzo de 2010 –según señala David Fernández en el semanario catalán Directa (7-04-2010)–, se reunió en Barcelona la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que propone que, en caso de impago, la recuperación del inmueble hipotecado por parte del banco "comporte automáticamente la cancelación de toda deuda", como ocurre en otros países europeos y en Estados Unidos. Allí, si no puedes pagar, cedes la vivienda y la deuda queda cancelada. ¿Qué sentido tiene aportar como garantía del crédito hipotecario una vivienda si, en caso de que el acreedor no pueda pagar, la garantía del bien no baste y persista la obligación de devolver hasta el último céntimo, incluidos los intereses?
La plataforma señala que esta realidad jurídica "abusiva y extorsionadora se enmarca en una situación de asistencia permanente del Estado al sector bancario". En efecto, a través de las hipotecas, la banca española ha hecho y sigue haciendo un negocio fabuloso con un bien de primera necesidad. Lo hace con la angustia de cientos de miles de desahuciados o amenazados de desahucio, y lo hace con los afortunados que pueden seguir pagando unas hipotecas contratadas durante la fase ascendente de un ciclo especulativo, con inmuebles sobrevalorados. Según The Economist, esta sobrevaloración ascendía en España al 55% el pasado enero.
¿Acaso deben los bancos españoles protegerse de una alta tasa de morosidad e impago? Los bancos Santander y BBVA afirman que desde 2001 han recuperado hasta el 90% de los préstamos por hipotecas impagadas. Y la Asociación Española de Banca anunciaba el pasado marzo que los beneficios netos de la banca española habían alcanzado en 2009 los 14.934 millones de euros, un 8,9% menos que el año anterior, lo cual no está nada mal para un año de grave crisis en la venta de viviendas. De modo que ni siquiera el impago es una coartada válida para la banca.
Las familias endeudadas se han visto obligadas a cumplir sus compromisos con las entidades de crédito mientras han tenido empleo y los intereses lo permitían. Y cuando no han podido hacerlo, se han quedado sin vivienda. En cambio, con el estallido de la crisis, la banca ha apelado al apoyo del Estado y lo ha conseguido. Unos han perdido lo que necesitan vitalmente. Los otros nunca pierden.
No es de extrañar que entre los años 2000 y 2007 el porcentaje destinado por los hogares españoles a la vivienda pasara del 12,40% al 25,63% del gasto total; es decir, más del doble, según reflejan las encuestas de los presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE). En cifras absolutas, significa pasar de gastarse unos 80.000 millones de euros en vivienda a más de 200.000 millones. Como son muchos los propietarios de viviendas que las han pagado ya, se deduce que quienes todavía las están pagando les destinan una parte desorbitada de su presupuesto, que puede alcanzar un 40% o un 50% o más entre quienes están todavía atrapados por las hipotecas.
Esto representa una reducción muy substancial del nivel de vida, puesto que queda mucho menos para otros gastos. Tal reducción resulta enmascarada por el hecho de que el PIB ha aumentado un 26,5% en esos ocho años, mostrando una vez más que el PIB es una pésima medida del bienestar, incluido el bienestar material. Los gastos de vivienda son una sangría invisible pero real para la ciudadanía, la sangría que ha permitido engordar a los empresarios de la promoción y construcción de vivienda y a los bancos. La ciudadanía de este país no sólo está perdiendo a mansalva derechos sociales, sino poder adquisitivo. Es un fracaso económico espectacular que una necesidad básica como la vivienda no pueda ser satisfecha por millones de personas o lo sea a un coste enorme, y que esta situación haya empeorado visiblemente en el último decenio. La industria de la vivienda no debe seguir siendo una fuente de negocios abusivos ni un nido de especulación y corrupción. Urge considerarla un servicio público atentamente vigilado y regulado desde los poderes públicos.