miércoles, 28 de abril de 2010

Un documental sobre la vida de Walt Disney investiga sobre sus orígenes en Mojácar

ALMERÍA.- La productora 'Pequeño Produce' presentará el próximo día 1 de mayo el documental 'Disney a través del espejo', una cinta dirigida por Eduardo Soler que investiga los orígenes de Walt Disney en el municipio almeriense de Mojácar, donde se supone que pudo haber nacido el empresario y creador de los principales personajes de la etapa clásica de animación.

Soler explicó que la idea surgió después de tener conocimiento de la "leyenda" que existe sobre el posible nacimiento de Walt Disney en la provincia de Almería, versión según la cual su verdadero nombre es José Guirado Zamora, hijo del doctor José Guirado e Isabel Zamora, natural de Mojácar.

Así, a través de las investigaciones en documentación y las entrevistas realizadas en las que también han participado Manuel Pérez Galdeano y Tito del Amo, la película plantea la relación encubierta de los supuestos padres biológicos de Disney en la que ella, tras quedar embarazada, marchó a la ciudad estadounidense de Chicago donde vivió con su hermano.

Tras el viaje, decidió posteriormente entregar en adopción a su hijo a la familia de Elías Disney. "Es extraño el hecho de que los tres hermanos de Walt Disney tengan una partida de nacimiento mientras que él mismo no la tiene, sólo existe una partida de bautismo de un año posterior", indica Soler.

La historia narra también el episodio en el que dos agentes del FBI visitaron Mojácar en la década de los 40 supuestamente para buscar documentos sobre el posible nacimiento de Disney en el municipio almeriense, un hecho del que "se hizo eco la prensa de la época", explica el director del documental.

No obstante, el documento cinematográfico, adaptado también a la televisión, da cuenta además de la versión oficial sobre la vida del Walt Disney, cuya biografía señala que nació en 1901 en Chicago, para lo que el equipo de rodaje, que inició su trabajo a mediados de 2009, tuvo que recorrer las ciudades de Nueva York, Chicago, Washington y Los Ángeles tras visitar Almería, Madrid y Valencia, entre otros puntos.

"El documental ofrece las dos versiones de los orígenes de Walt Disney, pero incluye pruebas fehacientes de lo que se dice en la leyenda", aseguró Soler, autor que recibió una nominación a los premios Goya en 2008 por su corto documental 'Varkirias'.

La presentación de este trabajo, cuyo presupuesto ha oscilado entre los 120.000 y 150.000 euros, tendrá lugar a las 20,30 horas del próximo día 1 de mayo en el Salón de Usos Múltiples de Mojácar. Tras la 'premier', el documental se presentará en la décima edición de 'Mercadoc', en el marco del Festival de Cine Español de Málaga.

Piden cárcel y siete años de inhabilitación al alcalde de Zurgena

ALMERÍA.- El alcalde de Zurgena, Cándido Trabalón (PA) y el ex edil de Urbanismo, Manuel Tijeras, ambos detenidos por la Guardia Civil en abril de 2007 en el marco de la operación 'Costurero', se enfrentan A una petición fiscal de ocho meses de prisión y siete años de inhabilitación como autores de un presunto delito de prevaricación por autorizar una promoción de viviendas en suelo no urbanizable en el paraje de 'El Cucador'.

El escrito de calificación del Ministerio Público en el procedimiento para el que el juzgado instructor ordenó el pasado día 22 apertura de juicio oral acusa a parte de los miembros de la anterior corporación local zurgenera --dos del PSOE, uno del PP y tres del PA--, para quienes solicita la misma pena que Trabalón y Tijeras ya que votaron favorablemente a la concesión de la licencia en una sesión plenaria celebrada el 18 de febrero de 2006.

Para el promotor de la obra, José Torrecillas Cortés y el director técnico, José María Urrea Mira, el fiscal pide dos años de prisión e inhabilitación por un presunto delito contra la ordenación del territorio e interesa la demolición, con costes a cargo del primero, de las cinco viviendas unifamiliares en situación irregular, así como que indemnice a las terceras personas que suscribieron un contrato de compra para los inmuebles "aun sin terminar".

También se sentará en el banquillo acusado de prevaricación, en este caso del artículo 320.1 del Código Penal, el técnico municipal Francisco Salvador Granados, uno de los detenidos en la operación 'Costurero' y quien, según señala el fiscal en el escrito de calificación, emitió el informe favorable "a sabiendas de su injusticia".

El Ministerio Público sostiene que el empresario José Torrecillas, en calidad de administrador de 'Construcciones Torres y Gil CB', promovió la obra de cinco viviendas unifamiliares en el paraje conocido como 'El Cucador' bajo la dirección técnica de José María Urrea, quien realizó la totalidad de los proyectos pese a "tener conocimiento de que el suelo era no urbanizable" y de que, por tanto, "no eran autorizables".

Apunta, en esta línea, que la actuación urbanística se hizo con licencia concedida en sesión plenaria tanto por el alcalde y el ex concejal de Urbanismo, como por otros tres ediles del PA, Emilia Jiménez, Aniceto López y Miguel Marín Ramos --quien en 2007 concurrió a los comicios en la lista del PP-- y por los entonces concejales del PSOE, Juan Morales y José Antonio Ramos, y del PP, José Juan Sánchez.

Los miembros de la corporación local entre 2003 y 2007 que el 18 de febrero de 2006 constituyeron el citado pleno "votaron favorablemente" a las licencias previo informe técnico de Francisco Salvador. Según subraya el fiscal, la autorización y el informe se emitieron "a sabiendas de su injusticia, pues todos ellos --ahonda-- tenían conocimiento de que conforme a la legislación vigente las viviendas proyectada estaban situadas en suelo no urbanizable".

Recoge el escrito, asimismo, el promotor, a quien acusa junto a Urrea de un delito continuado según el artículo 319.2 del Código Penal, celebró un contrato privado de permuta con el anterior propietario del terreno respecto de uno de los inmuebles sin que conste, señala, que haya transmitido la propiedad de la misma no de otros contratos de compraventa con el fin de enajenar a terceras personas lo edificado.

Por su parte, el abogado de los ediles del PSOE y del PP acusados, Juan Manuel Llerena Hualde, subrayó que sus patrocinados se encontraban en la oposición y trasladó estar "absolutamente convenido de su inocencia" ya que votaron a favor de la concesión de las licencias de obras "de acuerdo con los informes favorables del técnico municipal y de la secretaria del Ayuntamiento, licenciada en Derecho y funcionaria de habilitación nacional".

La vista, que se dirimirá ante un juzgado de lo Penal según se desprende del auto de apertura de juicio oral, deriva de una de las 12 causas abiertas contra el alcalde de Zurgena, para quien el juez David Villagrá dictaba la incoación de procedimiento abreviado, junto a otras 24 personas, por presuntos delitos de prevaricación, contra ordenación del territorio, cohecho y falsedad documental en abril de 2009.

En el auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Huércal-Overa se atribuye al regidor zurgenero el permitir la obtención de licencias urbanísticas "ilegales" mediante silencio administrativo o haber dado voto favorable para la concesión de licencias de obra mayor y licencias de segregación sin cumplir requisitos exigidos por la ley.

Al tiempo, le achaca el dar "trato de favor" a empresas promotoras y cuestiona la existencia de "cantidades injustificadas siempre inferiores a 3.000 euros" en cuentas bancarias donde Trabalón figura como titular.

Con respecto a Manuel Tijeras, el auto por el que el juez da traslado al fiscal para que formule escrito de acusación contra un total de 25 imputados entre los que figuran constructores, funcionarios y arquitectos, le vincula a la concesión de licencias en suelo no urbanizable "a sabiendas de que contravenían el ordenamiento jurídico" y, sobre todo, a la expedición de permisos de primera ocupación en viviendas sobre las que pesaban medidas judiciales cautelares de suspensión.

El ex edil de Urbanismo, a quien se imputa también negociaciones prohibidas en funcionarios públicos por realizar actividades directamente dirigidas a favorecer a un constructor, habría percibido cantidades de dinero por la concesión de licencias que justificó, al parecer, con informes técnicos preceptivos favorables pero "inexistentes" mientras que Trabalón certificaba antigüedades de viviendas que no existían antes de que él accediese a la Alcaldía.

La actuación al frente de la corporación local zurgenera de Cándido Trabalón y el que también fuera primer teniente de alcalde, que derivo en su detención y la intervención por parte de la Guardia Civil del Consistorio zurgenero, arrastró también a ocho ediles del PA y del PSOE. El juez considera que todos incurrieron en un delito de prevaricación urbanística al emitir voto favorable en pleno a "multitud de licencias en suelo no urbanizable".

El magistrado Juan Ruiz-Rico presenta su solicitud para ser candidato a la presidencia del TSJA

ALMERÍA.- El presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería, Juan Ruiz-Rico Ruiz Morón, ha presentado su solicitud para ser candidato a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), según fuentes judiciales.

La candidatura para presidir el TSJA de Ruiz Rico se suma a la del presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Lorenzo del Río, y a la del presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Javier Arroyo Fiestas, quienes anunciaron su intención de optar a la presidencia del TSJA en los últimos días.

Juan Ruiz-Rico, natural de Granada, llegó a la Audiencia Provincial de Almería en 1983 y cinco años más tarde llegó a ser su presidente hasta el año 2003, un cargo que más tarde volvió a asumir por un corto periodo de tiempo tras la marcha de Benito Gálvez al Tribunal Supremo y hasta la llegada de la presidenta Lourdes Molina.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicó a principios de mes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el acuerdo de 24 de marzo en el que acordaba anunciar la vacante que ha de producirse en la presidencia del TSJA por jubilación voluntaria del actual presidente, Augusto Méndez de Lugo, quien ostenta el cargo desde mayo de 1995, siendo el único presidente de tribunales superiores de Justicia de comunidades autónomas reelegido dos veces.

En este sentido, el CGPJ señalaba que la plaza que se anuncia es de nombramiento "discrecional y carácter gubernativo y jurisdiccional", y a la misma podrán aspirar los magistrados en situación administrativa de servicio activo o de servicios especiales que, a la fecha en que ha de producirse la vacante, 19 de julio de 2010, hubiesen prestado 10 años de servicios en la categoría y, al menos, 15 en la carrera judicial.

En su solicitud, los interesados deben aportar además una relación detallada de los méritos acreditativos de sus conocimientos jurídicos, capacidad e idoneidad para ocupar la plaza anunciada, sin perjuicio de otros que puedan alegar.

Asimismo, a la solicitud se acompañará un programa de actuación descriptivo de las principales iniciativas encaminadas a la mejora del funcionamiento del órgano judicial a cuya presidencia aspiran.

Con el fin de acreditar el mérito y la capacidad específicamente referido al ejercicio de la función jurisdiccional, quienes formulen solicitud aportarán una memoria comprensiva de los datos identificativos de las resoluciones jurisdiccionales de especial relevancia jurídica que hubieran dictado durante su trayectoria profesional en juzgados o en calidad de ponente en órganos judiciales colegiados y un resumen de su contenido literal, en especial, de los fundamentos jurídicos que se consideren relevantes.

Para la provisión de la plaza anunciada, serán objeto de ponderación el tiempo de servicio activo en la carrera judicial, el ejercicio en destinos correspondientes a los órdenes jurisdiccionales civil y penal, el tiempo de servicio en órganos judiciales colegiados y las resoluciones jurisdiccionales de especial relevancia jurídica y significativa calidad técnica dictadas en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Asimismo, se valorarán las aptitudes para la dirección, coordinación y gestión de medios materiales y humanos vinculados a las plazas de carácter jurisdiccional y gubernativo; la participación en órganos de gobierno del Poder Judicial, en especial en órganos de gobierno de Tribunales; el conocimiento de la situación de los órganos jurisdiccionales comprendidos en el ámbito territorial de la plaza anunciada y el programa de actuación para el desempeño de la misma.

Como méritos complementarios a los anteriores, se tendrán en cuenta el ejercicio de profesiones o actividades jurídicas no jurisdiccionales de análoga relevancia. Los méritos adquiridos entre las fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes y de producción de la vacante podrán acreditarse hasta diez días después de esta última fecha.

Los solicitantes que no resulten excluidos por incumplimientos de los requisitos legales y/o reglamentarios serán convocados por la Comisión de Calificación a una comparecencia en la sede del Consejo, que se celebrará en audiencia pública, y que tendrá por objeto la explicación y defensa por los aspirantes del currículo y programa de actuación presentados y se desarrollará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del Reglamento 1/2010 antes citado.

Rodríguez-Comendador cree que "no hay por qué esperar" para la fusión de PP-GIAL y apela a la "voluntad política"

ALMERÍA.- El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP), apremió hoy al presidente de GIAL y concejal de Urbanismo, Juan Megino, para que la fusión entre ambos partidos pueda producirse a finales del mes de mayo, ya que, según indicó el primer edil, "si hay voluntad política y ganas, no hay por qué esperar más tiempo".

En declaraciones a los periodistas tras un acto en la capital almeriense, Rodríguez-Comendador recordó que el pacto de gobierno municipal firmado entre ambas formaciones en el año 2007 contiene una cláusula que "contempla la posibilidad de esa integración", pese a que, según apuntó, "podrá haber alguien dentro del PP como seguramente podrá haber alguien dentro de GIAL" que no estén de acuerdo con la fusión.

"Precipitación en la vida son otras cosas", apostilló el regidor ante la afirmación de su socio de gobierno, quien consideró "muy arriesgado" hablar de plazos a raíz de las conversaciones iniciadas para la integración del partido municipalista en el PP, un aspecto que se muestra contrario a los deseos del alcalde, quien indicó que "le gustaría" que se consumara la fusión.

Según las consideraciones de Rodríguez-Comendador, quien ya trasladó que su partido "va a hacer todo lo posible" para que la fusión fuese "total", "en un mes y pico daría tiempo, pero en fin, si no fuera en el mes de mayo y fuera en el mes de junio, tampoco pasaría nada".

De esta manera, el comité de dirección de GIAL estudiará hoy en una reunión si es "viable" la propuesta realizada desde las filas 'populares' tras haber desestimado una primera oferta realizada desde el PP.

Libertad con cargos para el empresario José María Rosell en la 'Operación Jable'

ARRECIFE DE LANZAROTE.- El juez de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Arrecife de Lanzarote, César Romero Pamparacuatro, ha decretado libertad con cargos para el empresario catalán afincado en Almería, José María Rosell, implicado en la 'Operación Jable', después de declarar ayer durante ocho horas. Rosell es marido de la senadora del PP por Almería Mª del Mar Agüero, muy próxima al entorno de Javier Arenas.

El empresario hotelero almeriense, que cuenta en la isla con la propiedad del Hotel Playa Verde, tenía previsto abrir un nuevo establecimiento en Costa Teguise, que todavía está pendiente de ejecución.

Rosell, según informaron fuentes judiciales, ha estado declarando durante ocho horas en los juzgados de Arrecife, donde entró a las 11.00 horas y salió a las 19.00 horas del martes, tras dejarle el juez en libertad con cargos, además de imputarle por alzamiento de bienes y/o blanqueo de capitales.

La 'Operación Jable', sobre cobro de comisiones ilegales a empresarios de Lanzarote para conseguir la adjudicación de contratos para las obras y servicios que se realizaban en la isla, comenzó el lunes, 19 de abril, y la está desarrollando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, permitiendo "poner al descubierto un complejo e importante entramado" de corrupción, asentado en "varias" instituciones de la isla de Lanzarote, según informó la Benemérita.

En dicha Operación, hoy han continuado las detenciones y ya alcanzan hasta los 24 arrestados, entre los que se encuentran desde consejeros actuales del Cabildo de Lanzarote, como María José Docal, hasta empresarios.

Las detenciones se han realizado tanto en Lanzarote, como en Gran Canaria, Madrid y Almería.

Además, en el marco de la 'Operación Jable' también se encuentra implicado otro almeriense, el ex director financiero del grupo Hoteles Playa, Gonzalo Gil Acosta.

Tanto Rosell como Gil Acosta están siendo representados por el bufete de abogados Garrigues.

Los negocios de Rosell en Canarias

Rosell, propietario del grupo Hoteles Playa, con presencia en Andalucía, es dueño también del Hotel Playa Verde, de Costa Teguise, así como de otro establecimiento en construcción en la misma zona turística que fue paralizado por orden judicial.

El empresario fue detenido el pasado sábado a su llegada a la isla, a donde acudió voluntariamente para presentarse ante los agentes de la UCO de la Guardia Civil tras conocer que estaba siendo buscado.

Fuentes próximas a la investigación señalaron que Rosell podría ser una de las personas que, presuntamente, habrían ayudado al fundador y líder del PIL, Dimas Martín, principal implicado en el Caso Unión, a ocultar a la Justicia parte de un patrimonio que se calcula en unos de 8,5 millones de euros.

La vinculación del grupo hotelero de Rosell con el PIL y en particular con Dimas Martín era bastante conocida en la isla, ya que estuvo empresarialmente vinculado a la publicación 'El Maho', periódico oficial del PIL y a Televolcán, cuando esta televisión ya desaparecida estaba controlada por ese partido.

El ex directivo de mismo grupo hotelero, José Gonzalo Gil Acosta, también fue detenido el pasado viernes en Almería, y este martes salía en libertad con cargos, imputado por los mismos delitos que Rossell.

El empresario hotelero ha sido el penúltimo de los siete detenidos en la segunda fase de la Operación Jable, en declarar ante el magistrado que instruye el caso.

Por ahora sólo queda por comparecer ante el magistrado el líder y fundador del PIL, Dimas Martín, quien fue detenido el pasado sábado en la celda de del Centro Penitenciario de Tahíche, donde cumple una condena de ocho años por otro asunto.

En la tercera fase de la Operación Jable, fueron detenidos la ex presidenta del Cabildo María José Docal, del Partido Independientes de Lanzarote (PIL) y dos concejales del Ayuntamiento de Arrecife, pertenecientes a esta formación política, así como cuatro empresarios de la isla, con lo que se eleva a 24 los arrestados en esta operación por supuesta corrupción urbanística.

La Operación Jable constituye una pieza separada del Caso Unión, iniciado públicamente en mayo del año pasado con la intervención y registro del Ayuntamiento de Arrecife y en el que se investiga la existencia de una red de corrupción urbanística en la isla.

La Guardia Civil informó de que a los siete detenidos en la última fase de esta operación se les imputan, entre otros, varios delitos de cohecho, en sus distintos tipos.

Los ediles detenidos son el concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Arrecife, Antonio Machín, y la Concejal de Playas, Festejos y Desarrollo Local, Luisa Blanco.

Los empresarios arrestados han sido Demetrio Rodríguez, propietario de la constructora Lanzagrava, José Luis Betancor, propietario de varios medios de comunicación en Lanzarote y del grupo de empresas constructoras Torres, Pedro Rodríguez, empresario vinculado a la empresa Naos Iluminación, y Eduardo Ferrer, del grupo Tecnoson Canarias.

Entre los detenidos está el abogado Francisco Rodríguez-Batllori (CC), que fue consejero de Empleo y viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, además de diputado en la Cámara regional. Asimismo, se ha procedido al arresto de Susana Martín Martín, hija de Dimas Martín, histórico líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL).

Además, entre los detenidos también está José Miguel Rodríguez Sánchez (PIL), ex concejal de Ayuntamiento de Arrecife; Carlos Matías Curbelo Delgado, funcionario del Ayuntamiento de Teguise; Samuel Lemes, piloto de rallyes y ex campeón de España; y el constructor José Ramón Vizcaíno.

Se les acusa de ser presuntos autores de delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad de documento público, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

Esta segunda fase de la investigación se ha centrado principalmente en dos tramas, por un lado, la relacionada con los supuestos delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, "dirigida por un ex alto cargo público en connivencia con varios de los empresarios detenidos".

Así, la investigación ha puesto de manifiesto que, a través de un "importante entramado" empresarial y utilizando a varias personas que actuaban como testaferros, una persona ocultó la propiedad de sus bienes para que estos no pudieran ser intervenidos por la Administración de Justicia.

Por otra parte, la otra de las tramas está relacionada con supuestos pagos, que con fondos de un consistorio de Lanzarote y de empresas públicas, se realizaban a uno de los detenidos por servicios no prestados. Otro ex-cargo público ejercía tráfico de influencias sobre los funcionarios para que hicieran efectivos dichos pagos.

La 'Operación Jable', que se investiga en el marco del 'Caso Unión', comenzó el pasado lunes cuando agentes de la Guardia Civil registraron varias dependencias del Cabildo de Lanzarote, una sucursal bancaria, así como domicilios y empresas del entramado de corrupción.

La investigación ha permitido desarticular "la trama organizada más importante de Lanzarote dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios, así como al enriquecimiento económico de cargos públicos que compartían intereses en sociedades beneficiadas en dichas actividades", según informó la Benemérita en un comunicado.

Los beneficios económicos procedentes del pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos o la revisión de estos contratos, dependían en buena medida de decisiones administrativas de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización.

La organización investigada se ha desarticulado a raíz del análisis de la documentación intervenida en el Ayuntamiento de Arrecife, así como a diversos empresarios, en el transcurso de la 'operación Unión' llevada a cabo el pasado año por la Guardia Civil.

La operación está siendo llevada a cabo por agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 5 de Arrecife y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.

La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, continúa abierta mientras la ex alcaldesa de Arrecife, Mª Isabel Deniz, y el ingeniero jefe del ayuntamiento, Juan R. Arrocha se encuentran en prisión acusados del cobro de comisiones ilegales a empresarios.