lunes, 12 de abril de 2010

La defensa de Enciso pide la nulidad de las intervenciones telefónicas del caso 'Poniente'

ALMERÍA.- El abogado que ejerce la defensa del alcalde de El Ejido (Almería), Juan Enciso (PAL), ha solicitado la nulidad de las intervenciones telefónicas autorizadas por la juez instructora de la operación 'Poniente' en abril de 2009 después de que se ordenase el alzamiento del secreto sobre los casi 10.000 folios del sumario que contienen las comunicaciones de Enciso, el ex interventor municipal, José Alemán, y los empresarios José Amate y Juan Antonio Galán.

Del escrito, presentado el pasado día 20, se ha dado traslado para que aleguen a las partes personadas en las diligencias abiertas por la presunta comisión de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental en torno a la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur).

La defensa de Enciso, en prisión incondicional desde el mes de octubre, sostiene que, de lo actuado, no se desprende "absolutamente ningún motivo" para "interferir" en las comunicaciones del alcalde ejidense ya que, a su juicio, constituye "simplemente una escucha a modo de prospección", lo que "jurídicamente" no tendría "ningún encaje".

En esta línea, apunta a la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo (TS) que, según señala, "proscribe expresamente" las intervenciones telefónicas de este tipo, "con el afán --precisó-- de encontrar algo o para ver si algo tiene que ver con lo que se está investigando".

La transcripción de las escuchas telefónicas autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería incluye, entre otras, una conversación "muy reveladora" entre el empresario madrileño Juan Antonio Galán y Enciso sobre el supuesto trato de favor desde Elsur a las subcontratas gestionadas por algunos de los implicados en la presunta trama de corrupción municipal.

La citada conversación fue una de las pruebas sobre las que giró la declaración que, de forma voluntaria, prestó ante la magistrada el 30 de diciembre y que, a la larga, no hizo que ni juez ni fiscal optasen por modificar su situación procesal. El regidor ejidense continúa encarcelado después de que se le haya denegado la concesión de la libertad provisional en hasta tres ocasiones, la última el pasado viernes tras una vista preliminar ante la Audiencia Provincial.

Las primeras intervenciones telefónicas autorizadas por la instructora de 'Poniente' a instancias del fiscal anticorrupción de Almería excluyeron al alcalde de El Ejido y se realizaron sobre los terminales del ex interventor municipal y los empresarios sevillano y madrileño, José Amate y Juan Antonio Galán, además de uno de los hermanos propietarios del grupo 'Lirola'.

Junto a Enciso y al empresario madrileño, Juan Antonio Galán, continúan en prisión incondicional desde la detención de 23 personas entre octubre y diciembre de 2009 el también empresario José Amate, considerado el presunto cabecilla de la citada rama sevillana y el ex interventor municipal, José Alemán.

El PAL ve "positivas" las últimas citaciones del caso 'Poniente' al ir "en línea" con su petición

ALMERÍA.- El secretario general del Partido de Almería (PAL), José Añez, ha mostrado hoy su satisfacción ante la decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de citar a declarar en calidad de imputados a los miembros del consejo de administración de la sociedad municipal de El Ejido 'Elsur', entre ellos el alcalde en funciones, Ignacio Berenguel (PAL), porque se trata de "un paso más para seguir confiando en la Justicia".

El partido municipalista, recordó su secretario general en un comunicado, "se ha mostrado partidario desde el principio del proceso de la operación 'Poniente' de que se elimine cualquier sombra de duda sobre ciudadanos cuyo nombre aparece en el caso, para evitar un uso interesado de este asunto". Llamar a declarar a los consejeros de Elsur, ha señalado Añez, "va en línea con nuestra petición".

Desde el PAL, se considera que esta decisión "es positiva, ya que va a permitir a los consejeros de Elsur responder a las preguntas que pueda tener la juez del caso, haciendo por fin uso de su capacidad de exponerlas sin estar condicionadas por la presión mediática y con posibilidad así de clarificar su situación legal, que ha sido objeto de numerosos rumores infundados desde el principio del proceso".

Tras reiterar su confianza en la actuación de la justicia, José Añez ha mostrado la aspiración del PAL de que este proceso "pueda ver su fin lo antes posible".

El Ayuntamiento de Roquetas intensificará el control sobre el vertido de residuos en Las Salinas

ROQUETAS DE MAR.- El Ayuntamiento de Roquetas de Mar (PP) anunció hoy que ha intensificado las medidas de control para evitar los vertidos de residuos en la zona de Las Salinas de San Rafael y advirtió a la población de que el incumplimiento de la norma será sancionado según establece la ordenanza reguladora.

En una nota, el concejal de Salud y Medio Ambiente, Antonio García Aguilar, declaró que se han instalado carteles informativos para advertir de la prohibición, y que sólo los camiones municipales tiene acceso a la zona "porque se están tapando con los materiales adecuados todas las lagunas provocadas por las últimas lluvias, además de llevarse a cabo una limpieza exhaustiva de todo tipo de materiales que se han arrojado en la zona, como plásticos y maderas".

Así lo puso de manifiesto anteriormente el alcalde de la localidad, Gabriel Amat, quien explicó en rueda de prensa ante las acusaciones de la agrupación IULV-CA del municipio que la zona presentaba una gran cantidad de charcas de agua propiciadas por el incremento del nivel freático, lo que, según indicó, motivó la aparición de mosquitos, por lo que se decidió realizar movimientos de tierra a fin de tapar las charcas.

Según apuntó el Consistorio, el pasado mes de marzo la junta de gobierno local aprobó requerir a la Consejería de Medio Ambiente, a la Agencia Andaluza del Agua, a la Consejería de Salud y a la Dirección General de Costas, administraciones que considera como "titulares y gestoras de los espacios donde existen grandes encharcamientos", que se procediera a la ejecución de un Plan de Lucha Integrada para evitar la proliferación de estos insectos.

Aguilar indicó que "si todos los años por estas fechas se produce un grave problema por la masiva aparición de mosquitos, en esta ocasión los problemas serán mucho mayores por la cantidad de agua que ha caído durante los últimos meses".

En consecuencia, el equipo de gobierno municipal entendía, ahonda, en que se debe actuar de "forma urgente" por parte de las administraciones competentes "para evitar que esto ocurra".

La juez cita a declarar como imputado al alcalde en funciones de El Ejido

ALMERÍA.- La jueza Montserrat Peña ha citado a declarar en calidad de imputado al alcalde en funciones de El Ejido, Ignacio Berenguel (PAL), en relación a la operación 'Poniente' que investiga una presunta trama de corrupción municipal en torno a la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) y mantiene en prisión incondicional desde el pasado mes de octubre al todavía regidor, Juan Enciso.

Berenguel recibió hoy la notificación del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital, que mantiene bajo secreto la mayor parte de las actuaciones practicadas en las diligencias incoadas por la supuesta comisión de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental, que se han saldado con la detención de 23 personas.

Onda Cero Andalucía, en su informativo regional de las 14,20, ha dicho que la Magistrada Juez Montserrat Peña, ha citado a declarar a los miembros del Consejo de Administración de Elsur, empresa mixta de Servicios de la localidad de El Ejido, participada por el Ayuntamiento y Agua y Gestión, de la que es mayoritaria Abengoa. Algunas informaciones no contrastadas fehacientemente apuntan a que la citación judicial se habría hecho extensiva a "todos los miembros del Consejo desde el año 2002".

El alcalde de Gádor desvía responsabilidades a los técnicos de Roquetas

MADRID.- El alcalde de Gádor y senador del PP por Almería, Eugenio Gonzálvez, afirmó hoy ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) estar "plenamente convencido" de su inocencia en relación al proceso por el que está imputado por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación del contrato para la obra de una nave municipal por valor de 144.837 euros.

Tras declarar ante el instructor del caso, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, el abogado del alcalde, Jesús María Silva Sánchez, afirmó que Gonzálvez lleva "23 años trabajando por el bien del Ayuntamiento de Gádor".

En este sentido aseguró que los actos que ahora enjuicia el Supremo "responden a la misma tónica" de su trabajo como representante municipal, por lo que insistió en que, tanto el imputado como él mismo, están convencidos de la inocencia de Gonzálvez.

"Confiamos en que lo vea el tribunal", concluyó Silva.

Por su parte, Gonzálvez eludió hacer declaraciones pero asintió al ser preguntado por si estaba tranquilo tras su comparecencia ante el juez.

El fiscal del Tribunal Supremo aprecia indicios de prevaricación en la actuación de Gonzálvez en la adjudicación del contrato de obras de la nave.

En concreto, el Ministerio Público señala que éste se tramitó "sin ninguna clase de procedimiento de licitación" y pese a un informe en el que el secretario-interventor de la corporación local gadorense expresaba su "reparo", lo que interpreta como una decisión que contraviene la Ley de Contratos de Administraciones Públicas en varios puntos de su articulado.

Al tiempo, apunta que en la adjudicación de obra y en la orden de pago se "prescindió totalmente" del proceso que fija la normativa.

Atribuyó, en esta línea, a Gonzálvez "conocimiento de la ilegalidad en su comisión" ya que, al margen del informe que advertía de los "graves defectos administrativos" en la actuación que se remonta al año 2000 y se prolonga hasta julio de 2007, "omitió los más elementales requisitos procedimentales" con respecto a tres mercantiles, por lo que habría incurrido en un delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal.

La querella, que fue interpuesta por el portavoz del PSOE en el municipio, Francisco Almansa, aportaba documentación de la que dedujo el Ministerio Público que se "inobservaron las más elementales normas de procedimiento" en la construcción de un nave que se ejecutó entre 2001 y 2005 en diversas fases para un uso como almacén hortofrutícola y telar.

En marzo de 2007, según se detalla en el escrito de la Fiscalía, se realizó por parte de un ingeniero industrial un proyecto de finalización de obras con un presupuesto global que ascendió a 144.837,87 euros.

Tres meses después, Gonzálvez dictó un decreto por el que ordenaba el pago de las actuaciones a Montajes Metálicos Almería SL --42.233,28 euros--, Lama Estructuras Metálicas SL --44.674,89 euros--- y Acerama SC, a la que dispuso el abono de 57.929,69 euros.

El informe del secretario, fechado el 29 de junio de 2007, formulaba además "reparo" ante el citado decreto, pese a lo cual --ahonda el fiscal-- "el querellado emitió un nuevo decreto en el que resolvía la discrepancia surgida entre el órgano interventor y el ordenador de pagos en sentido favorable a éste último" de tal forma que fue llevado al pleno de la corporación local en pleno de sesión extraordinaria.

Según lo previsto, el próximo 19 de abril esta citados a declarar ante la Sala Segunda del Supremo, en calidad de testigos de la acusación, el secretario interventor del consistorio, Juan Miguel Fernández Jurado; el ingeniero técnico industrial Francisco Quesada Sánchez; y la representante legal de la empresa Montajes Metálicos Almería SL, María Rosario Cañizares González.

Del mismo modo, el 26 de abril comparecerán ante el juez, también como testigos de la acusación, los representantes legales de las empresas Acerama SC y Lama Estructuras Metálicas SL.

Desvía responsabilidades

El abogado que ejerce la acusación en el proceso apuntó que durante su declaración hoy ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) el primer edil "ha desviado la responsabilidad" hacia el secretario municipal, técnicos del Consistorio de Roquetas de Mar y un concejal de su equipo de gobierno, al tiempo que ha asegurado que en el "ayuntamiento siempre se han hecho las cosas así", en referencia a la forma en que se adjudicó el contrato para la obra de una nave.

El letrado relató que durante una hora y media, "en la que no ha contestado nunca con un sí o un no", Gonzálvez aseguró ante el juez instructor que el secretario "nunca le puso pegas" a esa forma de proceder y que cuando lo hizo en el caso que ha derivado finalmente en la imputación por prevaricación, recurrió al presidente provincial del PP y regidor de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, quien le prestó el servicio de sus técnicos quienes, al parecer, le dieron el visto bueno.

Al explicar el por qué, tal y como resalta el fiscal, se tramitó el contrato de obra "sin ninguna clase de procedimiento de licitación" y "prescindiendo en la adjudicación y pago de lo que fija la normativa", el regidor gadorense afirmó, siempre según la acusación ejercida por el PSOE, que fue el concejal de Urbanismo, Onofre Martínez, quien lo "gestionó verbalmente".