miércoles, 17 de marzo de 2010

Salgado dice que podrá dar más datos a Bruselas tras pactar con CC.AA. y ayuntamientos

MADRID.- La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha indicado que podrá "dar más datos" a la Comisión Europea sobre las medidas que tiene previsto el Gobierno español para reducir el déficit público después de acordarlas con las comunidades autónomas y ayuntamientos, ya que suponen "una parte" de dicha reducción y tiene que acordarla con ellos.

Después de que la Comisión pidiera este miércoles a España que concrete las medidas que tiene previsto adoptar para reducir el déficit público y volver a situarlo por debajo del umbral del 3% en 2013, Salgado aseguró en los pasillos del Congreso que Bruselas "ha hecho ese comentario a un buen número de países".

En cualquier caso, insistió en remitirse a las reuniones que mantendrá con las comunidades autónomas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CFFF) y con los ayuntamientos en el marco de la Comisión Nacional de Administración Local.

La propia Salgado avanzó hace dos semanas que el objeto de esta convocatoria será proponer a los entes territoriales que adopten, en el marco de tres meses, un plan de austeridad similar al aprobado por el Gobierno para recortar su déficit.

El senador y alcalde de Gádor declarará el 12 de abril en el Supremo por presunta prevaricación

ALMERÍA.- El Tribunal Supremo (TS) ha citado a declarar al senador y alcalde de Gádor Eugenio Gonzálvez (PP), como imputado en un presunto delito de prevaricación por la adjudicación de las obras de una nave en este municipio, por valor de 144.837 euros, por lo que se sentará en el banquillo de la Sala Segunda del TS el próximo día 12 de abril.

Pese a todo, Gonzálvez anunció hace unos días que volverá a encabezar la lista del PP en la próximas municipales.

Al ser aforado por su condición de senador, Gonzálvez comparecerá en dicha Sala Segunda, destinada a causas especiales y conformada por cinco magistrados, siendo el instructor de la causa Miguel Colmenero.

El TS se declaró competente para instruir el proceso el pasado mes de junio, tras admitir a trámite una querella interpuesta por el PSOE de Gádor, ya que la Fiscalía del Supremo encontró indicios suficientes de este delito de prevaricación en la adjudicación de las obras de una nave en este municipio, valorada en 144.837 euros.

El auto de la Sala Segunda estimó así la querella tal y como solicitó la Fiscalía del PSOE acerca de "la adjudicación de un contrato administrativo de obras sin tramitar ninguna clase de procedimiento de licitación".

El ponente, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, expone que "Pudiendo, en principio, los hechos relatados en la querella ser, tal y como informa el Ministerio Fiscal", una vez tomado testimonio íntegro del Procedimiento Contencioso-Administrativo interpuesto sobre la misma cuestión, Procedimiento Ordinario 540/2007 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Almería...." y "estando suficientemente acreditado en las presentes actuaciones la condición de Senador del Excmo. Sr. Don Eugenio Jesús Gonzálvez García, es procedente, de conformidad con los arts. 71.2 de la Constitución Española, 57.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 22.1 de Reglamento del Senado, asumir la competencia de esta Sala, para el conocimiento de la causa y la designación de Instructor, conforme al turno previamente establecido".

Las obras fueron iniciadas en el año 2.000, sin que se hubiese realizado un concurso público para escoger a la empresa encargada de las mismas. El portavoz socialista de Gádor, Juan Antonio Almansa aseguró en su día que "para darle apariencia de legalidad, Gonzálvez pidió un presupuesto a tres empresas que pertenecen al mismo grupo y que comparten sede social".

El secretario interventor, ante la orden de pago de las facturas del alcalde puso un reparo en el que se decía que "se habían omitido requisitos y trámites esenciales" o que "no habían sido fiscalizados los actos que generaban las órdenes de pago". Ya en el pleno de 7 de agosto de 2007, donde se dio cuenta de estos pagos, Gonzálvez "se hace el gallito y aunque no era necesario decide votarlos".

Por otro lado, el Supremo ha informado además de las citaciones de los testigos de la acusación. El 19 de abril declararán a partir de las 10:30 horas Juan Miguel Fernández Jurado, secretario interventor del Ayuntamiento de Gádor, Francisco Quesada Sánchez, ingeniero técnico industrial del Consistorio, y María del Rosario Cañizares Gonzálvez, representante de Montajes Metálicos Almería SL.

El día 26 de abril, a la misma hora, pasarán por la Sala Segunda, también como testigos de la acusación, los representantes legales de las empresas Acerama SC y Lamas Estructuras Metálicas SL.

El Corte Inglés recurre ante el Tribunal Supremo la sentencia sobre el valor de sus acciones

MADRID.- El Corte Inglés ha presentado recurso parcial de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Provincial que desestimó la valoración de 16,2 millones de euros ofrecida por la empresa a los hermanos Areces Fuentes por una participación conjunta del 2,04% del capital y que rechazó también los 40,6 millones solicitados que pedían los accionistas, según confirmaron fuentes de la compañía.

Este recurso se sumará al presentado el lunes por Rosario, María Jesús y Ramón Areces Fuentes, sobrinos del fundador de El Corte Inglés, por lo que el Supremo tendrá que decidir sobre si se decanta por una de los dos valoraciones o si nombra a un experto independiente para que determine el precio de las acciones.

Las mismas fuentes explicaron que la empresa se sigue reafirmando en el procedimiento mantenido desde el principio del proceso de compra de los títulos de los Areces Fuentes en 2006 y que supone cumplir los estatutos de la compañía.

Los estatutos reconocen el derecho de tanteo de la sociedad antes de la venta de los títulos y dan capacidad al consejo de administración para solicitar una valoración de las acciones a los auditores de la sociedad.

De esta forma, la compañía seguirá defendiendo la valoración del auditor de cuentas Leandro Cañibano, a pesar de que la sentencia concluyó que su valoración "no había sido razonable y, por tanto, había que considerarla arbitraria", ya que al no haber tenido en cuenta las plusvalías era "manifiestamente insostenible e inaceptable".

La Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, en su sentencia dictada el pasado 29 de diciembre, puso de manifiesto la "dificultad" de determinar el valor del 2,04% de las acciones de El Corte Inglés que los hermanos Areces reclaman vender.

La sentencia también criticó la valoración aportada por Areces Fuentes elaborada en su día por el actual secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, y el profesor del IESE Pablo Fernández, que situaban el valor de la sociedad entre 14.005 y 16.419 millones de euros, según el método de los flujos de caja.

De esta forma, según la sentencia, la valoración ofrecida por la empresa oscila entre 79,91 euros (acciones serie A) y 799,12 euros (acciones serie B), mientras que la de los demandantes es de 227,64 euros y 2.276,44, según el tipo de acción, lo que supone una desviación entre ambas valoraciones extremas de casi un 300%.