jueves, 4 de febrero de 2010

La planificación urbanística debe estar supervisada por entidades supramunicipales, según un catedrático premiado

VALENCIA.- El Premio Rey Jaime I de Urbanismo, Paisaje y Sostenibilidad 2009, el profesor Joan Nogué Font, catedrático de Geografía Humana de la Universitat de Girona, consideró hoy que la planificación urbanística debería "también, estar supervisada por entidades u organismos supramunicipales", al ser preguntado por los delitos urbanísticos y por si esta materia tendría que estar en manos de los ayuntamientos o de instancias superiores.

Nogué se pronunció de este modo, tras la entrega, esta mañana en Valencia, de los Premios Rey Jaime I 2009. Indicó que para él recibir este galardón es "un plus de responsabilidad, por ser un premio muy prestigioso, y un impulso para seguir adelante".

Los Premios Rey Jaime I 2009, dotados con 100.000 euros en cada categoría para la promoción de la investigación científica en España, se entregaron en un acto presidido por los Príncipes de Asturias, Don Felipe y Doña Letizia.

Joan Nogué comentó que la supervisión, por encima de los ayuntamientos, de las cuestiones urbanísticas "ya se hace en las comisiones provinciales de urbanismo" y por parte de las administraciones autonómicas, que también tienen competencias en esta materia.

No obstante, consideró que "está claro que algo no ha funcionado bien en España en estos últimos años", ya sea "el sistema de financiación local, que ha impulsado a muchos ayuntamientos a autofinanciarse a partir de una construcción sin sentido, que es pan para hoy y hambre para mañana", dijo, o debido a "la falta de un planeamiento territorial supramunicipal que dé coherencia al territorio, que analice el impacto ambiental de determinadas actividades y que tenga en cuenta que el paisaje es un elemento fundamental para las personas".

El profesor Nogué indicó, en este sentido, que "el paisaje no es un tema estético, sino un tema fundamental para la calidad de vida de las personas". Dijo que así lo establece el Convenio Europeo del Paisaje, que España ratificó en 2008, recordó. Tras ello, destacó que esto hace que España tenga "compromisos en relación a un tratado internacional que habla de paisaje y pide que éste se incorpore en las políticas de planeamiento territorial y sectorial".

Agregó que este acuerdo recuerda a todas las autoridades que "el paisaje es un elemento de calidad de vida" y que "los ciudadanos tiene derecho a un paisaje ordenado, bien gestionado y protegido en los casos en los que tenga valores excepcionales".

El PP-A designa a la concejal almeriense Rosario Soto para ocupar el nuevo cargo del portavoz regional del partido

EL EJIDO.- El presidente del PP-A, Javier Arenas, anunció hoy el nombramiento de la concejal en el Ayuntamiento de Almería, Rosario Soto, como nueva portavoz regional de la formación tras un comité ejecutivo en el que también se acordó la renovación por adición de tres vicesecretarías y la creación de seis nuevas secretarías ejecutivas.

Durante su comparecencia pública en El Ejido, Arenas dio a conocer la nueva composición de la ejecutiva andaluza con la incorporación de la malagueña Ana Mata como vicesecretaria de Política Social, la parlamentaria andaluza por Almería Aránzazu Martín como vicesecretaria de Movilización y Afiliados, y Eloy Carmona, diputado provincial de Sevilla y concejal del Ayuntamiento de Tomares, como vicesecretario de Municipios Prioritarios.

Rosario Soto, de 35 años, ostentaba desde 2008, año en el que pasó a formar parte del Comité de Dirección del PP-A la función que ahora asume Mata. Afiliada desde 1992, es concejal en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería desde 2003.

Corredor defiende el urbanismo sostenible en España

BRUSELAS.- La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, reconoció hoy que hay "casos" de desarrollo urbanístico de los que España "no puede sentirse orgullosa", pero defendió los esfuerzos de los últimos años para un crecimiento "sostenible" de las ciudades y vio en la actual crisis una oportunidad para "reformar" el sector.

"Hay casos que no nos hacen sentir orgullosos, pero se está haciendo mucho para lograr un espacio urbano sostenible", afirmó durante su intervención en una conferencia sobre la políticas urbanas en la UE organizada por la Comisión Europea en Bruselas.

Durante su presentación de las prioridades de la presidencia de turno de la UE, la titular española de Vivienda tuvo que hacer frente a las dudas que despierta España en esta área después de que el Parlamento Europeo haya criticado varias veces los abusos urbanísticos en la costa.

Corredor explicó que la ley estatal de vivienda en vigor desde 2009 tiene entre sus objetivos la "mejora" de los ambientes urbanos y de la accesibilidad, así como desarrollar un transporte "más sostenible" y dar una escala "más urbana" a determinados barrios, con lo que concluyó que en España "las cosas ya se están haciendo bien desde hace tiempo".

Además dijo que el país es "líder mundial" en la introducción de la energías renovables en las urbes y que la ciudad europea y la española son "ejemplo en todo el mundo".

En su opinión, el crecimiento sostenible de las ciudades "no es novedad en España", pero sí lo será utilizarlo para "reformar y reconvertir" un sector, el de la construcción residencial, que figura entre los que "más han sufrido" los efectos de la crisis.

El objetivo es que la mano de obra desocupada "se ocupe de las viviendas existentes y de su rehabilitación", ya que es un subsector que requiere "mayor mano de obra y más especializada".

La titular de Vivienda también repasó el programa de trabajo para este semestre de presidencia europea y dijo que el enfoque integrado de regeneración urbana será una "prioridad" para España, por "su capacidad para mejorar la sostenibilidad social, económica y medioambiental de las ciudades".

Finalmente recordó que el 21 de junio se celebrará una reunión informal de ministros europeos de Vivienda que se centrará en "impulsar la rehabilitación del parque residencial desde una perspectiva múltiple", incluida la eficiencia energética, las necesidades de vivienda y la creación de empleo.

Un día más tarde, el 22 de junio, los responsables de Desarrollo Urbano de los gobiernos europeos se reunirán en Toledo para "definir los conceptos clave de la rehabilitación urbana integrada" y abordar la mejora de las políticas de regeneración urbana en el ámbito comunitario.

El FMI y el modelo económico / Luis Portillo Pasqual del Riquelme

El FMI señala que España tendrá que bajar los salarios. No cabe esperar del FMI una propuesta hacia una sociedad mundial más justa, equitativa y social. También sugería a los Gobiernos, en su revista Finanzas y Desarrollo, que -antes de meter la pata- le consultasen sobre "el momento adecuado para introducir las reformas" que ahora se pretenden justificar: recortes para los trabajadores al tiempo que se mantiene el statu quo para el capital. No, no se tocan las sicav, los paraísos fiscales, el fraude fiscal, entre otras cosas.

El FMI no se plantea, por supuesto, modificar el modelo económico trasvasando poder y riqueza hacia los trabajadores. Es lógico que si se pretende mantener el "pacto social vigente", favorable a los poderes dominantes, se opte por hacer reformas contraproducentes para los trabajadores y el Estado de bienestar.

Pero hay una alternativa diferente, más justa y más social, que el FMI no va a tocar: caminar hacia una distribución más justa e igualitaria de la renta y la riqueza (desde las ingentes ganancias de la banca y las finanzas especulativas hacia las clases trabajadoras y los desposeídos). Modificando el statu quo vigente y dominante no habría necesidad de alargar la edad de jubilación o los años de cómputo, ni reducir tiempo de trabajo, salarios, pensiones...

Es cuestión de avanzar hacia una sociedad socialista, tener esa perspectiva de largo plazo, defender las conquistas sociales y mejorarlas. ¿Quiénes se llevan los astronómicos sueldos y beneficios en épocas buenas y también en las malas? Si la correlación de fuerzas no es suficiente, habrá que plantearse medidas para presionar por una modificación del modelo dominante, en favor de un sistema económico donde pérdidas y ganancias estén más repartidas entre capital y trabajo. ¿O vamos a continuar con más de lo mismo?

¿Se ha planteado esto el PSOE? Los sindicatos de clase, ¿van a seguir manteniendo el statu quo vigente? Ése es el fondo de la cuestión, no las medidas a corto plazo.

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Almería cuenta con 12 edificios públicos con instalación de energías renovables

ALMERÍA.- La provincia de Almería posee un total de 12 edificios públicos que cuentan con algún tipo de fuente de energía alternativa de los cuales, uno es dependiente de la Junta de Andalucía, según le consta a la Administración autonómica a través de la Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía (Redeja), organismo que alberga el conjunto de infraestructuras, medios y servicios necesarios para la gestión energética de los centros de consumo de la Administración general de la Junta de Andalucía.

Según indica una respuesta parlamentaria ofrecida desde la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, el único centro dependiente de la Junta de Andalucía que cuenta con una instalación de energías renovables es el IES 'Alto Almanzora', situado en la localidad almeriense de Tíjola y que posee una instalación fotovoltaica de 2,5 kilovatios que suministra a la red de Endesa desde 2004.

Así, fuentes del centro escolar señalaron que la instalación se acoge a un convenio de colaboración entre la Junta y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por el que el organismo financió la instalación a través del programa 'Solarízate' en el que también colabora la organización Greenpeace.

De esta forma, de entre los once edificios restantes no dependientes de la Junta de Andalucía con fuente de energía limpia, dos se encuentran también en Tíjola, localidad que ostenta el liderazgo en la provincia. Así, el municipio mantiene dos instalaciones solar-termoeléctricas para la producción de agua caliente sanitaria, una en su pabellón deportivo y otra en la residencia de asistidos.

En cuanto al resto de edificios incluidos en el listado proporcionado por el Gobierno andaluz, la mayoría posee una instalación solar-termoeléctrica para la producción de agua caliente sanitaria como es el caso del albergue juvenil de Purchena y el centro de discapacitados de Adra, así como las instalaciones deportivos de Huércal de Almería, el campo de fútbol de Dalías, el pabellón de deportes de Berja y la piscina municipal de Santa Fe de Mondújar.

De igual modo, la única casa consistorial que cuenta con un sistema de energías renovables es el Ayuntamiento de Fiñana que tiene una planta solar fotovoltaica aislada, mientras que la capital, según el registro de la Junta, cuenta con una instalación fotovoltaica que vierte la energía que produce a la red eléctrica en la Oficina de Gestión y Comercialización de El Toyo.

S&P no descarta bajar el rating de algunas CC AA y ayuntamientos en 2010

MADRID.- La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) no descarta realizar en 2010 más acciones negativas sobre los ratings de los gobiernos regionales y locales de España, dado que muchos de ellos mantienen actualmente una perspectiva negativa, lo que les convierte en las entidades regionales y locales de Europa peor posicionadas de cara al próximo año, junto a las de Rusia.

S&P recalcó que la "abrupta recesión" de la economía española ha puesto bajo presión la capacidad crediticia de los gobierno locales y regionales del país, y añade que "un sector inmobilario enfermo ha detenido el crecimiento de la antiguamente robusta economía española", con efectos indirectos sobre estos gobiernos. Explica además que esta situación es especialmente significativa en aquellas regiones cuyos ingresos se basaban en el ciclo económico.

De cara a 2010, S&P espera que sus ingresos se contraigan significativamente, lo que llevará a "unos saldos de explotación negativos o muy apretados, unos altos déficits y una acumulación de la deuda sin precedentes". Como consecuencia, los gobiernos locales y regionales serán los segundos más importantes emisores de deuda de Europa, después de los alemanes, y se espera que esta posición se consolide en los próximos años.

"Un nuevo sistema financiero ha aumentado los recursos disponibles para las regiones españoles, pero no lo suficiente para compensar la significativa caída de los ingresos fiscales", remarca la agencia.

S&P cree que, dado que "la recuperación de la economía española será lenta y su reestructuración dolorosa", la finanzas locales y regionales estarán bajo presión como mínimo tres años más, al menos que tengan éxito a la hora de implementar amplios recortes en sus programas, lo que parece todo un reto dada su natural orientación social.

En su opinión, sólo un control de los costes estrecho y sin precedentes, o incluso una reducción de costes, permitirá a estas regiones evitar una grave perturbación de sus finanzas públicas y un aumento de la carga de su deuda, elementos que podrían tener consecuencias negativas en su calificación.

Las únicas entidades regionales que mantienen sus perspectivas estables son las regiones forales de Navarra y País Vasco, ambos con una calificación 'AAA'. S&P justifica esta decisión en su sistema financiero único, a través del cual "recaudan los impuestos en sus respectivos territorios y no contribuyen al mecanismo de compensación".

Sin embargo, S&P considera que su base de ingresos es sensible a los ciclos económicos y la acumulación de deuda, y a la vez están teniendo un comportamiento financiero peor del esperado, por lo que no descarta bajar su perspectiva de estable a negativa. "Ambos parten de lo que podemos evaluar como una posición sólida, en particular el País Vasco, y esto les ha permitido mantener su perspectiva estable hasta la fecha", agrega.

Respecto a los municipios, subraya que aunque sus bases de impuestos dependen en general menos de los ciclos económicos, una serie de municipios españoles tienen una gran dependencia de los ingresos relacionados con la construcción. "En consecuencia hemos notado que la calidad del crédito de algunos municipios españoles se ha visto más perjudicada que la de otros", matizó.

Respecto al conjunto de Europa, S&P recalca que la crisis económica ha puesto a prueba la calidad del crédito de los gobiernos locales y regionales y su impacto "ha sido significativo", como demuestra que las acciones relativas a los ratings en 2009 han sido más negativas que positivas.

Sin embargo, considera que los efectos de la crisis han sido diferentes en cada región y en cada país. Asegura que los gobiernos locales y regionales españoles han sido "los más severamente golpeados" y se esperan aún acciones negativas sobre sus ratings en 2010.

España comparte, según S&P, esta situación con Rusia, donde persisten los tensiones sobre la liquidez y hay escaso margen para acciones positivas. Para el resto de países del continente, la situación es "más estable", y en esta línea se mantendrán las perspectivas de sus gobiernos regionales y locales.

La agencia de calificación cree que en 2010 las acciones negativas sobre los ratings superarán aún en número a las positivas. "A pesar de algunos signos alentadores de una recuperación económica moderada, creemos que el año fiscal 2010 será otro año difícil para las finanzas de los gobiernos locales y regionales. En nuestra opinión, el crecimiento a base de impuestos seguirá siendo pobre, los programas de estímulo seguirán en marcha, y la recuperación económica estará muy lejos de ser robusta", añadió.

A fecha de 4 de febrero, el 75% de los 144 de gobiernos locales y regionales europeos de S&P están en grado de inversión, lo que demuestra que la calidad del crédito en general es saludable del sector. Las calificaciones en grado de especulación se centran en Europa Central y del Este, especialmente en Rusia, Ucrania y Bulgaria.

Andalucía mantendrá en 2010 la cifra de procesos concursales de 2009

ALMERÍA.- Andalucía mantendrá en 2010 cifras similares a los procesos concursales registrados en 2009, con más de 500 concursos, según estimaciones efectuadas por miembros del Registro de Economistas Forenses (Refor), que precisaron que un 25% de dichos procesos se efectuaron sobre personas físicas.

Las fuentes indicaron que, según las estimaciones para finales de 2009, el número de concursos registrados el pasado año oscila en torno a los 550 procesos, en concreto entre 541 y 577 concursos, lo cual supone "una cifra menor a los 700 que esperábamos, debido a que al final de año se registró un parón".

Por ello, apuntaron que para 2010 prevén que las cifras serán similares a las registradas el pasado ejercicio, y, aunque reconocieron que "ya se presentaron muchos concursos pendientes", también indicaron que "es posible que las refinanciaciones que se están negociando no lleguen a acuerdo y las empresas afectadas puedan entrar en concurso".

Asimismo, agregaron que del total de concursados, las personas físicas aglutinan el 25 por ciento, tras lo que auguraron que, con vistas a 2010, el peso de los concursos sobre personas físicas "irá bajando en cinco o diez puntos".

"La subida registrada en los primeros meses de 2009 se ha estabilizado y no ha sido como pensábamos inicialmente, cuando emitimos unas estimaciones altas, al prever un cierre de 2009 con 700 concursos", añadieron las fuentes, que insistieron en la idea de que en 2010 "se mantendrá el número de concursos".

Asimismo, las fuentes indicaron que "aunque todavía están cayendo promotoras inmobiliarias y la crisis arrastra a toda la industria y manufactura del ladrillo", los concursos están afectando a todos los sectores. Además, indicaron que la tendencia observada en Andalucía es similar a la registrada en otras zonas de España.

A finales de octubre, desde Refor, que es un órgano especializado del Consejo General de Colegios de Economistas, se auguró que Andalucía podría cerrar el año 2009 con 700 concursos. Asimismo, las fuentes indicaron que en Andalucía desde la entrada en vigor de la Ley Concursal se han registrado 973 concursos en Andalucía, hasta el segundo trimestre de 2009.

Agregaron entonces que, aunque la mayor parte de procesos concursales se abrieron sobre personas jurídicas, los procesos sobre personas físicas "están creciendo exponencialmente". Apuntaron que esa tendencia "es posible que descienda y no se mantenga, pues muchos de los concursos sobre personas físicas no tienen utilidad".

Apuntaron además que, como consecuencia de este incremento de los procesos concursales, los juzgados de lo Mercantil "están totalmente colapsados y llevan un retraso de un año o año y medio, pues ahora se están abordando los del año 2008, lo que deriva en que en vez de concluirse un proceso en un año, se está tardando dos años".

Góngora, candidato del PP a la Alcaldía de El Ejido, "abre las puertas" del partido al PAL salvo "excepciones"

EL EJIDO.- El recién nombrado candidato del PP a la Alcaldía de El Ejido para las elecciones municipales de 2011, Francisco Góngora, anunció en su primera aparición pública como candidato que, con respecto al PAL --partido presidido por Juan Enciso, en prisión incondicional a raíz de la operación 'Poniente', que surgió como escisión del PP en 2005--, "las puertas del PP están abiertas a todas esas personas que sientan de corazón que el PP es su partido, aunque habrá algunas excepciones".

En declaraciones a los medios tras una rueda de prensa, el también portavoz de la formación política en Almería señaló que "hay gente que ha sembrado mucho odio" en relación a algunos de los cargos públicos del PAL que, según afirmó, "no entran de momento en los planes del PP".

"Son algunas personas que cuento con los dedos de mi mano y que ahora están además gobernando", concretó Góngora quien, por otra parte, sí dijo que dejaría "las puertas abiertas de par en par" para todos los que en su momento apostaron por el PAL "y el tiempo les quitó la razón". "Pienso que ésta siempre ha sido su casa y tienen que volver a su casa", apostilló.

En esta línea, señaló que también apoyará al equipo de gobierno (PAL) siempre que esta formación "tome las medidas que tiene que tomar de manera inmediata", ya que, según Góngora, es necesario que "ser transparente" en la gestión municipal dada la situación "tan complicada" del municipio.

De esta forma, el candidato del PP a las elecciones municipales de El Ejido aseguró asumir el reto "con ilusión y con el compromiso que exige esta responsabilidad" así como con "ganas de servir a El Ejido", lo que le llevó a agradecer la confianza depositada en él por sus compañeros de partido y por el presidente del PP de El Ejido, Juan Cantón.

Góngora explicó que ha llegado con la "fortaleza que va a exigir este reto", por lo que trabajará "con la mayor ilusión" de aquí a las próximas elecciones de forma que irá junto con sus compañeros de partido "puerta a puerta" para explicar el proyecto del PP.

Francisco Góngora llegó a estar a cargo del área de Desarrollo Urbanístico y ser el portavoz municipal y segundo teniente de alcalde de El Ejido con el PP hasta que, después de que la agrupación local pasase a forma parte de PAL, decidiera volver al PP en el mes de octubre de 2005 y formar parte de la gestora que decidió la Junta Directiva del momento para crear la lista local.

Un juez obliga al Ayuntamiento de Vera a dar vivienda a un matrimonio británico tras demolerle su casa

ALMERÍA.- El Juzgado Contencioso-administrativo número 1 de Almería ha dictado un auto judicial por el que obliga al Ayuntamiento de Vera a proporcionar una vivienda o hacerse cargo del arrendamiento de una casa al matrimonio británico formado por Leonard y Helen Prior, quienes en enero de 2008 vieron como su casa fue demolida después de construirla con una licencia municipal que fue declarada nula judicialmente con posterioridad.

Según indica el auto dictado el pasado 29 de enero, la medida a la que insta el tribunal tiene validez hasta que se resuelva el recurso interpuesto por el matrimonio contra el Ayuntamiento que regenta Félix López (PA) y por el que reclaman más de 600.000 euros al considerar que el Consistorio es responsable civil de la pérdida de su residencia después de que un juez declarase la nulidad de la licencia municipal de obras a instancias de la Junta de Andalucía.

El escrito judicial hace referencia a este proceso, puesto que después de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara la sentencia ordenó repetir el proceso porque consideró que se vulneró su derecho de tutela judicial efectiva y los situó en una situación de indefensión que derivó, a la postre, en la pérdida de su casa. De esta manera, tal y como destaca el texto, "el proceso judicial se ha reiniciado pero la vivienda ha sido demolida".

Así, el juez obliga al Ayuntamiento a proporcionarles una vivienda que reúna las condiciones y características de la vivienda demolida o que, alternativamente, satisfaga la cantidad de 800 euros mensuales en concepto de alquiler de una vivienda de iguales condiciones hasta que se resuelva el recurso, pues, según explica, "no consta que la medida cautelar provoque perjuicio a los intereses públicos" mientras que "la situación económica de los actores les provoca un real perjuicio personal".

La medida, sobre la que cabe recurso de apelación en un plazo de 15 días desde su notificación a las partes, debe comenzar a aplicarse, según se indica, en un plazo de diez días. De esta manera, según informaron los representantes judiciales de la pareja británica, 'Martínez Abarca y Muñoz. Gestión Jurídica', los Prior ya han encontrado una vivienda acorde a sus peticiones y se encuentran a la espera de la tramitación que realice el Ayuntamiento.

Por su parte, el alcalde de Vera, Félix López (PA), anunció ya la intención del Consistorio de recurrir en los próximos días el auto dictado por el juez del Juzgado de lo Contencioso-administrativo 1 de Almería que obliga a la corporación municipal de forma cautelar a proporcionar una vivienda o hacerse cargo del arrendamiento de una casa para el matrimonio británico formado por Leonard y Helen Prior, cuya propiedad fue demolida hace más de dos años después de construirla con una licencia municipal que fue declarada nula judicialmente con posterioridad, pese a lo que indicó que "ayudará a los Prior" para darles un alojamiento.

El regidor veratense mostró su voluntad de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la pareja británica "mientras se decide qué hacer con ellos", ya que, según afirmó, actualmente sus condiciones de vida "no son muy humanas" debido a que ambos habitan en un garaje.

Así, López recordó que, tras el derribo de la vivienda de los Prior, el Ayuntamiento les ofreció una casa situada en la urbanización de Puerto Rey en la localidad, si bien ellos, según el alcalde, no la aceptaron "ya que las características no eran acordes a sus necesidades", puesto que, según especificó, la casa derruida se encontraba aislada en el paraje de La Loma.

No obstante, el primer edil afirmó comprender la situación de la pareja, por lo que quiso transmitirles su "apoyo", de manera que indicó que contribuirá a buscar una vivienda de características parecidas a la que poseía el matrimonio para que "se encuentren a gusto" hasta que se resuelvan los procesos judiciales, una opción que, según señaló, evitaría el pago de 800 euros mensuales a modo de arrendamiento.

En este sentido, Leonard y Helen Prior reclamaron al Ayuntamiento una cantidad de más de 600.000 euros al considerar que el Consistorio es responsable civil de la pérdida de su residencia después de que un juez declarase la nulidad de la licencia municipal de obras a instancias de la Junta de Andalucía.

En concreto, el matrimonio Prior solicita a la corporación local 80.000 euros en concepto de daños y perjuicios más otros 535.000 euros, cantidad en la que estaba valorado el inmueble según el informe de tasación aportado al procedimiento del que derivó la orden de demolición dictada por el juez Jesús Rivera, titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional anuló la orden de demolición ejecutada el 9 de enero de 2008 sobre la vivienda unifamiliar propiedad del matrimonio al considerar "incuestionable" que el proceso contencioso-administrativo incoado por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía vulneró su derecho de tutela judicial efectiva y los situó en una situación de indefensión que derivó, a la postre, en la pérdida de su casa.