lunes, 11 de enero de 2010

CCOO pide a Ayuntamiento de El Ejido que suprima las subcontrataciones de Elsur tras el anuncio de despidos

ALMERÍA.- El sindicato CCOO avanzó hoy que remitirá mañana una carta al alcalde en funciones de El Ejido, Ignacio Berenguel (PAL), para solicitar que dé traslado de las medidas que va a adoptar la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) para sus subcontratas después de que la dirección de las empresas propiedad de Juan Antonio Galán, encarcelado por la operación 'Poniente' anunciase la pasada semana que iba a proceder a una "reducción drástica de personal" debido a la rescisión y modificación de las condiciones del servicio de limpieza y mantenimiento de jardines.

El escrito urge a Berenguel, "ante la gravedad de la situación creada" para, al menos, 87 trabajadores, una reunión para que detalle cuáles "son las iniciativas que deberían ser tomadas por la corporación local" con el fin de dar "fiel" cumplimiento al pliego de condiciones de adjudicación de servicios municipales a Elsur ante una resolución de la Inspección de Trabajo en el que se describe como "irregular" la subcontratación por parte de ésta.

CCOO puntualiza que el Ayuntamiento ejidense debe facilitar procedimiento y plazos para tomar lo que califica de "inevitables iniciativas tendentes a suprimir la actual situación de las subcontrataciones" que, según ahonda, "subroga la totalidad de las actuales plantillas" al tiempo que recuerda que estos servicios municipales "son responsabilidad única" del Consistorio por lo que "le corresponde resolver sin que sean los trabajadores quienes sufran las consecuencias de las presuntas irregularidades que se han venido produciendo en la gestión".

La carta, según informó la organización sindical en una nota, se remitirá en los mismos términos al actual gerente de Agua y Gestión, con sede en Sevilla y propiedad de otro de los empresarios en prisión incondicional por la trama, José Amate; el gerente de Elsur, Mario Pulido y los grupos municipales de PP, PSOE e IU.

Los trabajadores de las subcontratas Jardines del Alcor, Jardines del Poniente, y Lobelia Gestión analizaban la semana pasada en anunció de la dirección en el que se comunicaba la "ineludible necesidad de proceder a una reducción drástica de personal" al reducirse el canon de Elsur para 2010 de 4,1 a 2,2 millones de euros y las frecuencias de limpieza y mantenimiento de zonas verdes.

Desde CCOO se apuntó que la "situación es muy complicada" debido a que las tres subcontratas y sus responsables tiene las cuentas bloqueadas por orden judicial o embargadas por la Tesorería de la Seguridad Social, al tiempo que destacó que las nóminas de noviembre, por valor de 122.000 euros, y de diciembre que se adeudan a la plantilla no podrán ser abonadas aún por Elsur.

Aludían, asimismo, a las "precarias" condiciones en que los trabajadores están desarrollando su labor ya que los proveedores están comenzando a retirar la maquinaria en alquiler por falta de pago, "no hay herramientas y, a día de hoy, no tienen ni bolsas de basura para retirar los residuos que encuentran en los parques" mientras que "escasea el combustible".

Parecida situación se da en las subcontratas Arborimar y Maviroad, propiedad de Amate, donde los trabajadores, según CCOO, "están parcheando los socavones ocasionados en las calles y carreteras del municipio con zahorra ya que no hay alquitrán disponible y hasta se tuvo que hacer un bote para comprar folios e imprimir las nóminas en oficinas a las que se ha cortado el servicio de telefonía y el acceso a internet por impago".

Ferrovial se adjudica obras en el puerto de Carboneras por 18,35 millones

MADRID.- Ferrovial se ha adjudicado en consorcio las obras de construcción de dos muelles en el Puerto de Carboneras (Almería) por un importe de 18,35 millones de euros.

Las obras consisten en la construcción de una línea de atraque a partir de cajones flotantes de hormigón armado de 246,10 metros de longitud y un calado de 18 metros.

También suponen la construcción de un muelle de hormigón sumergido en claraboya, adosado al contradique interior de la dársena, de 145,60 metros, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El grupo se ha hecho con las obras, promovidas por la Autoridad Portuaria de Almería, a través de un consorcio que completa la firma Jarquil Andalucía.

La Junta dice que hay "precedente" para parar los derribos de casas de británicos en Albox y remite al Ayuntamiento

ALMERÍA.- El delegado provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Luis Caparrós, advirtió hoy de que existe un "precedente" acerca de cómo suspender la órdenes de demolición dictadas para ocho viviendas propiedad de residentes británicos en Albox y aseguró que "estaría en manos" del Ayuntamiento del municipio la solución a estos casos concretos más allá del plan de la administración autonómica y local para regularizar los cerca de 5.000 inmuebles fuera de ordenación en las comarcas del Almanzora y el Levante.

Caparrós afirmó que la Junta "no puede particularizar" en la resolución del problema sino que está dando respuesta a través de un planeamiento genérico que "responde a un modelo coherente de ciudad que se han dado los propios ciudadanos", al tiempo que se desvinculó que las decisiones judiciales que "pueden gustar más o menos --matizó-- pero que deben ser acatadas y respetadas".

Aludió, en esta línea, a que, en un Estado de Derecho, "como ya he dicho por activa y por pasiva poco puede hacer" el Gobierno andaluz que, además, según resaltó, "no demuele ninguna vivienda sino que solo actúa cuando el juez pide auxilio para ejecutar la orden si el ayuntamiento o el propietario la desobedecen".

Caparrós aseguró, asimismo, que las asociaciones Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN) y Abusos Urbanísticos Levante almeriense No (AULAN) "tendrían que dirigirse al juez" quien "seguro ha dictado una sentencia ajustada a derecho" e hizo referencia a la paralización la pasada semana de un orden firme de derribo sobre una vivienda en Vera después de que el Consistorio interpusiese un recurso de incidencia.

Sobre los inventarios que elaboran los ayuntamientos afectados --que "están colaborando muy gratamente", apuntó--, para hacer una radiografía del parque de viviendas fuera de ordenación, el titular del ramo detalló que los municipios de Lubrín y Arboleas cuentan ya con un planeamiento que resuelve el problema al 90 por ciento mientras que Albox tiene "un plan vigente aunque trabaja con la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio en modificaciones puntuales "para regularizar viviendas conforme a derecho".

Cantoria se encuentra "en el mismo punto" que el anterior municipio y Oria, Partaloa, Albanchez y Zurgena "cuentan con un planeamiento en aprobación inicial", por lo que Junta y consistorios están manteniendo "reuniones periódicas". Los inventarios --concluyó-- se están "trabajando y pronto los técnicos podrán analizarlo, dividir las viviendas en grupos y ver las posibilidades de regularización sin hacer una respuesta a salto de mata".

Medio millar de británicos marchan en la capital para urgir una solución al derribo de ocho viviendas en Albox

ALMERÍA.- Medio millar de residentes británicos en las comarcas del Almanzora y el Levante de la provincia de Almería marcharon hoy por las calles de la capital en demanda de una solución "inteligente" a la situación de inestabilidad jurídica de miles de viviendas de las que son propietarios y ante las órdenes de derribo firmes y en ejecución dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para ocho inmuebles ubicados en diseminados del término municipal de Albox cuyas licencias municipales han sido declaradas nulas.

Bajo lemas como 'Permitiría usted que se demoliese la casa de sus abuelos', 'Llegamos, compramos y fuimos engañados' o 'Basta de corrupción e incompetencia administrativa', los manifestantes, en su mayoría jubilados y convocados por la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN) y el grupo homónimo en el Levante, reclamaron al Gobierno andaluz y al Ayuntamiento albojense que "evite estas actuaciones objetivamente injustas", así como que visualicen "los dramas humanos que causan sus decisiones que se escudan en la Ley".

La protesta llega tres días después de que un juez, a instancias de un recurso de incidencia interpuesto por el Consistorio de Vera, ordenase paralizar la ejecución de una orden de derribo dictada contra una vivienda de un miembro de la AULAN y cuando se cumplen dos años de la demolición del inmueble propiedad de Leonard y Helen Prior, a quienes el amparo del Tribunal Constitucional (TC) llegó meses tarde y ahora viven en un garaje.

En declaraciones a los periodistas, una de las portavoces de la AUAN, Patricia Sampson, resaltó que al menos cinco de los afectados por las últimas ejecutorias firmes decretadas en Albox no tuvieron conocimiento del proceso judicial incoado contra sus viviendas en 2002 hasta 24 horas "antes del Día de Navidad", al tiempo que expresó su confianza en la gestión del actual equipo de gobierno en Albox "que nos ha dicho que no va a actuar de forma impulsiva, que no tiene fecha para la demolición y que van a hacer todo lo que esté en su poder para evitarlas".

Los ocho inmuebles, una mínima parte de las cerca de 11.000 fuera de ordenación que un estudio elaborado por los dos colectivos apunta que hay que la provincia almeriense, obtuvieron la licencia municipal pese a contar con un informe desfavorable de la Comisión Provincial de Urbanismo. Los propietarios alegan que adquirieron "de buena fe" y aluden a que "algo falla en el sistema cuando se prevé echar a un jubilados sin garantía de indemnización alguna y quebrando sus derechos humanos más básicos".

Las casas unifamiliares se localizan en las pedanías de Las Hortichuelas (2), La Aljambra (2), Las Labores (1), Las Pocicas (1), Rambla de la Higuera (1), El Saliente (1) aunque desde la AUAN y la AULAN destacan que hay "cientos más" inmersos en procedimientos contencioso-administrativos y critican "la lentitud" del sistema judicial español ante lo que califican como un problema que se ha convertido "en un escándalo a nivel nacional e internacional" con amplio eco "en la prensa británica. Esta tontería --advierten-- va a provocar que todos los inversores británicos abandonen la zona".

El TSJA, en fallo contra el que no cabe recurso, ordena ejecutar el derribo, para el que aún no hay fecha, al entender que la nulidad prevalece sobre cualquier modificación que se quiera hacer en el planeamiento municipal, vía que la Junta está consensuado con los ayuntamientos implicados para intentar regularizar todas las viviendas fuera de ordenación a excepción de las que se levanten sobre suelo de especial protección o cauce público.