ALMERÍA.- El Tribunal de Cuentas ha acordado desestimar la demanda por acción pública contra el ex presidente de la Diputación Provincial de Almería y portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de El Ejido, José Añez (PAL), al considerar que los pagos efectuados a los trabajadores del Plan Especial de Fomento del Empleo Agrario (PFOEA) exonerados de empleo por un juzgado de lo social "estaban plenamente justificados en tiempo y forma".
La resolución, confirmada por el órgano fiscalizador y avanzada este jueves por Añez en declaraciones a los periodistas, rechaza en "su totalidad" la solicitud del grupo provincial del PP y los empleados afectados al no apreciar "irregularidad" en su actuación y la de ex diputado de Obras Públicas, Ángel Díaz (PAL), y desestima, pues, que proceda el pago de un total de 400.000 euros con cargo al patrimonio personal de Añez para "indemnizar" a la institución.
Añez ha celebrado la sentencia del Tribunal de Cuentas ya que, a su juicio, viene "una vez más" a demostrar "la persecución personal a determinadas personas" del PAL y el "comportamiento obsesivo y enfermizo" de "algunas personas del PP" para "quitar como sea" a los militantes de la formación que preside el alcalde de El Ejido, Juan Enciso, imputado por la presunta comisión de hasta cinco delitos en el marco del caso 'Poniente'.
En esta línea, ha relacionado la demanda con "una cascada de denuncias y ataques directos y personales" que, según ha asegurado, se produjo para "quitarme de cualquier manera del sillón" poco antes de la elecciones municipales de 2007, época en que los tres diputados provinciales del PAL gobernaban en solitario en la Diputación Provincial tras protagonizar una escisión del PP, partido que ostentaba la Presidencia, en el año 2005.
Los nueve despidos de trabajadores del PFEA fueron declarados nulos por el Tribunal Supremo (TS) después de que un juzgado de lo social obligase a la institución provincial a su readmisión.
El Juzgado de Instrucción nº 6 de Almería imputó a Añez y Díaz por presuntos delitos de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores a finales de 2008 al considerar que ambos políticos decidieron la baja laboral "por razones políticas" y como represalia ante lo que, a su juicio, "no era un comportamiento leal al nuevo equipo de gobierno".
El juez apreció en la causa, sobre la que Añez ha trasladado este jueves su deseo de que "se resuelva algún día", que la readmisión de los trabajadores se ejecutó en "precarias condiciones y sin ocupación efectiva" hasta el punto, según subraya, de que se les "exoneró durante 2007 de la obligación de prestar servicios aunque se les mantuvo, a instancias del mismo juzgado, sus retribuciones y sus cotizaciones a la Seguridad Social" hasta el 30 de junio.
José Añez y Ángel Díaz, quien durante los hechos ostentaban los cargos de presidente de la Diputación Provincial y diputado encargado del PFEA, respectivamente, causaron, según recogía el auto, un coste adicional que hubo de soportar la Administración al decidir ambos ocupar las plazas dejadas por los despedidos con "nuevos ingresos" que, para el magistrado, "no se ajustaron además en su proceso de selección a la normativa aplicable".
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