ALMERÍA.- El alcalde de Berja, Antonio Torres, se mostró "tranquilo" tras conocer que la vista oral contra él por un presunto delito de prevaricación se celebrará el 25 de noviembre ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y mostró su confianza en que el Alto Tribunal andaluz le dará la razón.
"Confiamos en la Justicia, porque un juicio lo forman tres partes, esto es, defensa, acusación y Ministerio Fiscal, y de éstas ni el fiscal ni la defensa no ven ningún delito, mientras que la acusación particular, ejercida por el PSOE, es el único que ve indicios de delito", aseveró Torres.
Torres se mostró por ello "muy tranquilo" y confía por ello en que "al final la Justicia nos dará la razón", toda vez que "por dos veces el Ministerio Fiscal se ha pronunciado en el mismo sentido, solicitando que se archive la causa, porque no ve delito alguno".
La vista oral contra el alcalde de Berja y diputado andaluz del PP por Almería, Antonio Torres, para quien la acusación popular solicita dos años de suspensión de empleo y cargo público por un presunto delito de prevaricación, se celebrará el 25 de noviembre ante la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJA.
El auto del Alto Tribunal detalla que el juicio, en el que no ha formulado escrito la Fiscalía, comenzará a las 09,30 horas con cuestiones previas y el interrogatorio del primer edil, contra el que no ha formulado acusación la Fiscalía al considerar que su actuación en el cese y posterior nombramiento en el año 2007 del jefe de la Policía Local fue una cuestión "administrativa" y no constitutiva, por tanto, de delito.
A la vista oral, durante la que la acusación popular ejercida por el grupo municipal del PSOE en Berja interesará también la pena de multa de ocho meses a razón de 50 euros al día, están citados, además, seis testigos propuestos por las partes, entre ellas, el Ministerio Fiscal. El auto designa como ponente de la sentencia al magistrado Rafael Toledano Cantero.
El magistrado instructor del procedimiento obligó el pasado mes de junio a Torres, con condición de aforado, a abonar una fianza de 12.000 euros para enfrentar las posibles responsabilidades civiles derivadas de la causa, que fue incoada en marzo de 2010.
Para el fiscal encargado del caso, Torres no incurrió en delito al designar un nuevo jefe de la Policía Local en noviembre de 2007 y subraya en su escrito que tanto los decretos de cese como de nombramiento ya fueron anulados por un juzgado de lo contencioso-administrativo en octubre de 2008 y que, en cumplimiento de la sentencia, el alcalde tuvo que reintegrar al perjudicado a su puesto de trabajo, lo que hizo efectivo apenas dos meses después.
La acusación popular, por su parte, sostiene en cambio que el regidor virgitano, a sabiendas de la ilegalidad de su actuación, aupó como Jefe de la Policía Municipal a una persona "sin que concurrieran los requisitos legalmente establecidos para ello" y alude a que la sentencia dictada por el juez de lo contencioso-administrativo número 1 de Almería, quien señaló la decisión de Torres "había sido ilegal y había incurrido en desviación de poder".
El escrito redactado por el letrado que representa a la Agrupación municipal del PSOE en Berja detalla que el primer edil, "inmediatamente después" de su toma de posesión como alcalde tomó la decisión de cesar al jefe de la Policía Local, quien desempeñaba esa función desde 1985 después de acceder a la plaza en propiedad mediante concurso-oposición.
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