miércoles, 4 de agosto de 2010

El MARM remite al TSJA los recursos de Greenpeace y Azata del Sol sobre el abandono de expropiación del hotel El Algarrobico

ALMERÍA.- El Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino ha resuelto trasladar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el expediente relativo a los recursos contenciosos-administrativos de Greenpeace y la constructora Azata del Sol contra la resolución del delegado de Gobierno de Andalucía, Juan José López Garzón, en la que se desistía del procedimiento de expropiación de bienes e inmuebles en el paraje del Algarrobico, en Carboneras así como contra las resoluciones del MARM que desestimaban el recurso interpuesto.

Así consta en el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) consultado por Europa Press, con el que da respuesta al grupo conservacionista Greenpeace después de que esta organización interpusiera un recurso de alzada en junio de 2009 por el desestimiento por parte del Gobierno de expropiar el paraje donde se ubica el hotel.

Estas actuaciones se derivan después de que el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, anunciara en las mismas fechas que el Ejecutivo desistía del procedimiento a la espera de que el Ayuntamiento de Carboneras (PSOE) revisase por orden judicial la licencia municipal de obras concedida al inmueble.

El juez de lo contencioso-administrativo de Almería Jesús Rivera declaró en septiembre de 2008 la nulidad de la licencia de obras concedida al inmueble de 22 plantas y 411 habitaciones en una sentencia en la que se vertían duras críticas contra la actuación de la Junta de Andalucía y la corporación local carbonera, y que fue recurrida ante el Alto Tribunal andaluz.

En concreto, el Gobierno aludía en su acuerdo al informe que la Abogacía del Estado trasladó al MARM en el que se subrayaba la conveniencia de proceder al desestimiento y advertía de que si se confirma el fallo recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la anulación de acto municipal afectaría a la determinación del valor y, por tanto, el "justiprecio" acordado con la promotora Azata del Sol para el edificio.

En el apartado de fundamentos de derecho, y en respuesta a una consulta escrita de la Dirección General de Costas, la Abogacía del Estado explicaba que el proceso de expropiación "podría quedar vacío de contenido al perder todo su valor el objeto", por lo que, ante lo que califica de circunstancias sobrevenidas en referencia a la sentencia de lo contencioso-administrativo, consideraba como "mejor opción" abandonar.

En esta línea, alertaba de que, de continuar, "no se vislumbra resultado de provecho" para la Administración en un procedimiento sino mas bien "un detrimento de los fondos públicos" ya que, según resalta, exigía el "empleo de importantes recursos y deriva en complejo".

Matizaba, no obstante, que adoptar esta vía no sería "óbice" para que, si se alteran las actuales circunstancias sobre la situación jurídica del hotel, se puede iniciar de nuevo la expropiación para dar "de este modo satisfacción al interés general y cumplir el mandato legal de protección del litoral español conforme a lo establecido en la Ley de Costas de 1988.

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