El juez anula una quinta orden de derribo de casas de británicos en Albox

ALMERÍA.- Un juez de lo contencioso-administrativo de Almería ha declarado nula la orden de demolición que pesaba sobre una vivienda unifamiliar de una pareja de jubilados de origen británico en la pedanía de La Aljambra, en Albox, lo que eleva a cinco los derribos en firme que se han paralizado al considerar que concurre en todos los casos causa de indefensión ya que los perjudicados no fueron emplazados en ningún momento a lo largo los siete años que duró el procedimiento incoado contra los inmuebles de su propiedad.

El auto dictado por el titular del juzgado número 2 el pasado día 24 revoca el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y ordena que se retrotraigan las actuaciones, la mayoría incoadas en 2002, hasta el momento de contestación de la demanda.

Al tiempo, solicita al Ayuntamiento de Albox que remita el expediente administrativo en un plazo de 20 días para dar traslado a los perjudicados como parte y que estos puedan alegar en defensa del que es, hoy por hoy, su único domicilio.

Según precisó el letrado Gerardo Manuel Vázquez, la decisión judicial se suma a otras cuatro emitidas por los juzgados número 2 y 3 después de que el pasado mes de enero se presentarán hasta ocho incidentes de nulidad contra sendas órdenes de demolición en firme que fueron comunicadas en la víspera de la Navidad a residentes británicos titulares de casas unifamiliares localizadas en las pedanías de Las Hortichuelas (2), La Aljambra (3), Las Labores (1), Las Pocicas (1), Rambla de la Higuera (1), El Saliente (1).

Los ocho inmuebles, una mínima parte de las cerca de 11.000 fuera de ordenación que un estudio elaborado el colectivo Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN) apunta que hay que la provincia almeriense, obtuvieron la licencia municipal pese a contar con un informe desfavorable de la Comisión Provincial de Urbanismo.

Los propietarios alegan que adquirieron "de buena fe" y aluden a que "algo falla en el sistema cuando se prevé echar a unos jubilados sin garantía de indemnización alguna y quebrando sus derechos humanos más básicos".

El TSJA, en fallos contra los que no cabe recurso, ordenó ejecutar el derribo al entender que la nulidad prevalece sobre cualquier modificación que se quiera hacer en el planeamiento municipal, vía que la Junta está consensuado con los ayuntamientos implicados para intentar regularizar todas las viviendas fuera de ordenación a excepción de las que se levanten sobre suelo de especial protección o cauce público.

En esta línea, Vázquez, quien destacó que pese a que sus patrocinados pueden "dormir un poco más tranquilos" a la espera de que se dirima sobre la legalidad de la licencia municipal, reclamó "un poco de sensatez y valentía" a la administración que, a su juicio, debería "coger el toro por los cuernos y mediante un consenso social que incluya a los miles de afectados, agentes sociales y partidos políticos plasme soluciones".

Señaló, al hilo de esto, precedentes sentados en otras regiones de España donde, ahondó, "ha habido cambios normativos mediante los cuales se ha creado la figura de áreas de regularización urbanística a desarrollar mediante planes especiales" al tiempo que advirtió de la necesidad de dar un "primer paso para reconocer que las cosas no pueden seguir así y que esta situación de inseguridad jurídica podría prolongarse durante muchos años".