Fuentes cercanas al caso precisaron que el escrito del Ministerio Público, que fructificó el 20 de abril de 2009 coincidiendo con la judicialización de las diligencias de investigación incoadas en 2007, justificó la conveniencia de la medida en "indicios delictivos" entorno a la mercantil propiedad de Alemán, 'Sistemas de Dirección y Gestión', y a los beneficios obtenidos a través de ella.
Así se desprende del primer tomo de la veintena que recogen las escuchas telefónicas sobre las que la juez Montserrat Peña ha decretado el alzamiento del secreto de sumario ordenado hace once meses. En él escrito del fiscal se apunta en la misma línea también al 'Grupo Lirola', concesionario del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras en El Ejido y a las subcontratas de la Empresa Mixta de Servicios Municipales SL (Elsur).
Las cuatro primeras intervenciones telefónicas autorizadas pretendían ahondar también en la relación mercantil con las subcontratas propiedad de Amate, también ex subdirector de explotaciones de Elsur --Arborimar y Maviroad-- y las tres en las que figuraba como administrador Galán; Jardines del Poniente, Jardines del Alcor y Lobelia Gestión.
La juez instructora de la operación 'Poniente' rechazó conceder el alzamiento sobre el total de lo actuado al señalar que "las razones que motivaron" su decreto en abril de 2009 siguen "persistiendo por la naturaleza de los delitos y el carácter de las pruebas periciales a practicar a raíz de la ingente documentación y los elementos informáticos intervenidos durante las entradas y registros" llevados a cabo desde que se produjeron las primeras 20 detenciones el pasado mes de octubre.
Las partes personadas en la causa abierta por la operación 'Poniente' sólo tendrán acceso, así, a la mitad de los más de 16.000 folios que recogen la transcripción de escuchas telefónicas a los principales implicados en la presunta trama de corrupción municipal, aquellas de las que, según señaló el fiscal anticorrupción en su informe, ya "han tenido conocimiento durante el desarrollo de lo instruido a través de las sucesivas declaraciones prestadas" en sede judicial por los imputados.
El auto dictado el pasado día 4, notificado hoy finalmente, estima de manera parcial los recursos de reforma interpuestos por la defensa del ex interventor municipal, José Alemán, y la del empresario Ambrosio Cuevas, en libertad bajo fianza, según precisaron fuentes judiciales. En estos, se apelaba a que la prórroga del secreto de sumario cinco meses después de que se produjeran las 20 primeras detenciones derivaba en "una grave indefensión" para los imputados.
La jueza Peña apunta en el apartado de fundamentos de derecho, tras citar jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), que la medida debe ser la "mínima imprescindible para asegurar la investigación" ante la "merma obvia" que supone al derecho de defensa de las partes y se remite también a lo señalado por el fiscal en su escrito para proceder a levantar el secreto en lo que se refiere a las escuchas telefónicas.
De los 20 tomos que aparecen desglosados en el auto, de poco más de dos páginas, sólo algunos serán de libre acceso a las partes íntegramente ya que, en total, son 8.306 los folios a los que afecta el levantamiento del secreto. Recogen únicamente las transcripciones que los peritos han considerado relevantes penalmente de las conversaciones mantenidas por la más de veintena de detenidos por su presunta implicación en la trama de corrupción municipal.
La transcripción de las escuchas telefónicas autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería incluye, entre otras, una conversación "muy reveladora" entre el empresario madrileño Juan Antonio Galán y el alcalde de El Ejido, Juan Enciso (PAL), sobre el supuesto trato de favor dado desde la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) a las subcontratas gestionadas por algunos de los implicados en la presunta trama de corrupción municipal.
La citada conversación fue una de las pruebas sobre las que giró la declaración que, de forma voluntaria, prestó Enciso ante la magistrada el 30 de diciembre y que, a la larga, no hizo que ni juez ni fiscal optasen por modificar su situación procesal. El regidor ejidense continúa en prisión incondicional después de que se le haya denegado la concesión de la libertad provisional en hasta dos ocasiones si bien a mediados de febrero era transferido al centro penitenciario de Albolote, en Granada.
De momento, ni las defensas ni la acusación popular, que de momento ejerce el PP después de que la juez instructora exigiera el pago de una fianza de 18.000 euros, han tenido acceso a los 20 tomos, con alrededor de 16.000 folios de contenido, ya que éstos permanecen en sede judicial a la espera de que, con medios de la delegación provincial de Justicia y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía, se proceda a digitalizarlos para su entrega en 'pen-drive'.
El auto dictado el pasado jueves termina parcialmente con el secreto decretado hace 11 meses para unas diligencias incoadas por la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental entorno a cinco núcleos familiares y empresariales con ramificaciones en Sevilla y Madrid.
Junto a Enciso y al empresario madrileño, Juan Antonio Galán, continúan en prisión incondicional el también empresario José Amate, considerado el presunto cabecilla de la citada rama sevillana. Figura como apoderado de las subcontratas Arborimar y Maviroad, vinculadas a Elsur, clave en la red de empresas.
Junto a él fueron detenidas su mujer y sus dos hijas --en libertad con cargos--, así como su hijo y sus dos yernos, quienes eran puestos en libertad en enero tras satisfacer fianzas de 50.000 euros.
Galán, encarcelado en octubre de 2009, era arrestado también junto a su esposa y a su hija, en libertad con cargos. Figura como administrador de otras tres subcontratas de Elsur: Jardines del Alcor, Jardines de Poniente y Lobelia Gestión. En la misma situación se encuentra el ex interventor municipal ejidense José Alemán, quien era detenido junto a su hermano y su esposa, la funcionaria municipal Isabel Carrasco, en libertad provisional tras satisfacer una fianza de 90.000 euros.
En diciembre, la Policía Nacional detenía a los tres hermanos propietarios del 'Grupo Lirola', a quienes se imputó la presunta comisión de delitos de cohecho y tráfico de influencias también por su relación con Elsur y quienes eludieron la prisión tras el pago de sendas fianzas de 50.000 euros.
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