miércoles, 11 de noviembre de 2009

El atún rojo del Mediterráneo, en peligro a causa de capturas ilegales

MADRID.- Dos organizaciones ecologistas denunciaron este miércoles las capturas ilegales de atunes rojos en el Mediterráneo que, según ellas, amenazan la pervivencia de la especie, y reclamaron la suspensión temporal de la pesca.

A partir de un estudio realizado este año por expertos de la consultora independiente ATRT, Greenpeace y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) se dicen en el comunicado preocupados por "el altísimo porcentaje de pesca de juveniles de atún rojo (menores del tamaño legal permitido en el momento de captura) en el Mediterráneo".

El destino de esos ejemplares son las "granjas de engorde", situadas en el mar y donde los peces son engordados antes de ser vendidos, principalmente a Japón, donde se los consume crudos en forma de 'sushi'.

"Todos los datos señalan el riesgo inminente de colapso" de la especie en el Mediterráneo, asegura en el comunicado Celia Ojeda, responsable de océanos de Greenpeace. "A estas alturas el cierre de la pesquería y la protección de sus zonas de reproducción son la únicas soluciones, hasta que la pesquería dé señales evidentes de recuperación", añadió Celia Ojeda.

Ambas organizaciones no gubernamentales piden a la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), actualmente reunida cerca de Recife (noreste de Brasil) "la adopción de medidas extraordinarias".

Según el estudio citado por las dos ONG, "el caso de España es el más alarmante, ya que entre julio de 2008 y mayo de 2009 el 46% del atún rojo vendido en fresco en el mercado japonés, proveniente de granjas de engorde, eran juveniles en el momento de ser pescados", por lo que no habían podido reproducirse aún.

Las organizaciones afirman que, siempre según el estudio, "entre un 8,4% y un 21,09% del atún rojo engordado en el Mediterráneo y vendido en fresco en el mercado japonés eran menores del tamaño legal permitido en el momento de captura".

"Los científicos (de la ICCAT) estimaron en octubre que sólo queda un 15% de la población original de atún rojo y los nuevos datos de tallas demuestran que la pesquería sigue fuera de control", dijo en el comunicado Raúl García, responsable de Pesca de WWF España.

Por ello reclama el "cierre temporal" de la pesca y "la prohibición" del comercio internacional.

La ICCAT advirtió recientemente contra las "interpretaciones parciales" hechas por "varias organizaciones" sobre su informe científico de octubre.

El Parlamento andaluz aprueba la modificación de la Ley de Cajas pero rechaza tramitarla como proyecto de ley

SEVILLA.- El Pleno del Parlamento andaluz convalidó hoy, con los votos a favor del PSOE-A y la abstención de PP-A y IULV-CA el Decreto-Ley que modifica la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía, para facilitar el proceso de fusión iniciado por las entidades financieras Unicaja, CajaSur y Caja de Jaén. Si bien, la Cámara rechazó, con los votos del PSOE-A, la solicitud del PP-A e IULV-CA para que la reforma de la normativa se tramitara como proyecto de Ley.

En su intervención ante el Pleno del Parlamento, la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, solicitó el voto favorable para la convalidación del Decreto-Ley para que se consiga que "nuestro sistema financiero salga fortalecido de la complicada situación económica y financiera en la que el mundo entero está inmerso". La responsable de Economía y Hacienda insistió en que "es imprescindible que todos afrontemos el desafío de los próximos meses aunando esfuerzos".

Martínez Aguayo justificó la necesidad del Decreto-Ley aprobado el pasado 20 de octubre en Consejo de Gobierno en la necesidad de dar encaje o cobertura legal a la fusión proyectada entre Unicaja, Cajasur y Caja de Jaén, como consecuencia del especial régimen que en materia de órganos de gobierno tiene actualmente reconocida CajaSur en la Ley, en su calidad de Caja fundada por la Iglesia católica.

También dijo que resulta necesario modificar la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía para remover posibles obstáculos normativos que "pudieran entorpecer, ralentizar o desnaturalizar la marcha de este u otros procesos de fusión".

En tercer lugar, señaló las razones de oportunidad política, adoptadas en el ámbito de la política económica que corresponde dirigir al Gobierno andaluz, y que aconsejan también acometer determinadas modificaciones normativas bajo el objetivo de "incentivar los procesos de fusión, por considerarlos positivos y necesarios para el sector financiero andaluz", según la consejera.

En definitiva, insistió que se trata de aportar certeza, claridad y seguridad jurídica al marco normativo de aplicación a las entidades que decidan fusionarse, removiendo los posibles obstáculos a dichos procesos.

En su turno de intervención, el diputado de IULV-CA Pedro Vaquero dijo que a su grupo le gustaría que en este tema existiera el mayor consenso posible, ya que ni el PP-A ni su formación están de acuerdo con determinadas cuestiones. Por ello, consideró que la mejor opción consiste en la tramitación como proyecto de ley por la vía de urgencia.

Vaquero, que aseguró que su formación apuesta por un poder financiero en Andalucía "lo más compacto posible" y por un modelo de banca pública participada social y institucionalmente, dijo que IULV-CA apoya la fusión siempre que se mantenga el empleo existe y no se reduzca la calidad del servicio público que prestan actualmente Unicaja, CajaSur y Caja de Jaén.

Asimismo, el parlamentario de IULV-CA dijo que su formación rechaza una reforma de la normativa que sólo aborda lo "estrictamente necesario" para la fusión. Si bien, dijo que comparte determinadas cuestiones del Decreto-Ley como la limitación del mandato, la no diferencia de estatus entre consejeros, el contador a cero para la renovación de los mandatos o la regulación de las "fusiones en frío", entre otras cuestiones.

Finalmente, dijo que entre las cuestiones con las que la formación no está de acuerdo se encuentran "que el Consejo de Gobierno pueda autorizar fusiones interterritoriales, que los mandatos sean de seis años y no de cuatro, y que no se garantice que todas las fuerzas parlamentarias participen en los consejos de administración".

Por su parte, el diputado del PP-A Antonio Sanz, que solicitó a la Junta que rectifique en su postura y que acepte una tramitación de la reforma de la Ley de Cajas de Ahorro a través de un proyecto de Ley, dijo que aún existe una oportunidad para alcanzar un consenso.

Sanz destacó la "torpeza política" del Gobierno andaluz al traer a la Cámara andaluza un texto que "no satisface a nadie, ni a los firmantes del protocolo de fusión, ni a los grupos de la oposición".

"Muy mal se han tenido que hacer las cosas para que no lo apoye nadie cuando se partía del consenso", agregó.

En esta línea, el diputado 'popular' consideró que la Junta ha aprobado un Decreto-Ley que es un "auténtico decretazo" para garantizar su poder en las cajas. Además, indicó que no es positivo romper consensos y aprovechar una puntual reforma de la ley para "apuntalar" el poder político de los socialistas, de cara a futuros procesos electorales.

Sanz calificó el proceso de diálogo como un "desastre" y afirmó que el Gobierno andaluz debería haberle haber dedicado más tiempo. "No era nada difícil haber alcanzado un consenso por parte del PP", indicó Sanz, quien afirmó que su formación ha dado un ejemplo de "discreción y de responsabilidad plena" durante las negociaciones.

Por último, el diputado del PSOE-A Rafael Velasco dijo que su formación no cree que la tramitación del Decreto-Ley como proyecto de Ley ayude al proceso de fusión vigente de las tres cajas de ahorros que en estos momentos están negociando la fusión. "No es la mejor fórmula para los actores implicados", apostilló el socialista.

Asimismo, Velasco aseguró que el Decreto-Ley incluye sugerencias de todos los grupos parlamentarios y dijo no comprender como IULV-CA se posiciona en su contra cuando su portavoz adjunto "ha dedicado hoy más de tres minutos a decir las cuestiones que comparte". Por último, dijo sentir "muchísimo" el posicionamiento del PP porque, según dijo, el Decreto-Ley da cobertura a una mayor representación del PP en la fusión "y ellos lo saben".

El Decreto-Ley modifica diversos aspectos de la regulación de los procesos de fusión en nuestra Comunidad e introduce también cambios referentes a la duración de los mandatos, miembros y cuotas participativas en la Asamblea General y sobre las causas de incompatibilidad para formar parte del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de las cajas de ahorros andaluzas.

En referencia a los procesos de fusión, el nuevo texto suprime la obligatoriedad de respetar los porcentajes de representación de los grupos, durante el período transitorio de los órganos de gobierno, y se amplía la duración de este periodo transitorio, de dos a tres años, en los casos de fusión por creación de nueva entidad.

Respecto a los mandatos en caso de fusiones, el Decreto-Ley considera necesario garantizar la estabilidad y permanencia de los órganos de gobierno, en tanto no haya culminado la fusión proyectada. Por eso, señala que se computará como un único mandato el que se viniera disfrutando desde la última elección o reelección hasta la finalización del periodo transitorio, aún cuando eso suponga superar el límite máximo de 12 años de ejercicio en el cargo.

En el texto se indica que la futura entidad será una caja sometida al régimen jurídico general, si bien se reconoce legalmente la presencia que tendrá la entidad Cabildo Catedral de Córdoba. Concretamente, se contempla el porcentaje y número exacto de representación en la Asamblea General, en el Consejo de Administración, Comisión Ejecutiva y Comisión de Control, de conformidad con el protocolo de fusión suscrito entre Cajasur y Unicaja.

También se hace una referencia expresa a las fusiones interterritoriales, permitiendo que el Consejo de Gobierno de Andalucía acuerde con los Gobiernos que correspondan el régimen del periodo transitorio, incluyendo su duración.

Almunia pide que las CCAA y los ayuntamientos contribuyan también al ajuste presupuestario en España

BRUSELAS.- El comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, pidió hoy un refuerzo de la ley de estabilidad presupuestaria española para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos contribuyan también al ajuste para reducir el déficit por debajo del 3% en 2013, tal y como ha propuesto el Ejecutivo comunitario.

Almunia aseguró que un incremento mayor del déficit y la deuda supondrá un freno para el crecimiento.

La Comisión Europea propuso hoy dar a España una prórroga de un año, hasta 2013, para corregir su déficit excesivo. Bruselas accedió a conceder este plazo extra tras constatar que el Gobierno ha tomado "medidas eficaces" para reducir el déficit, entre ellas el aumento del IVA el año que viene, aunque no esté logrando su propósito porque la crisis económica es peor de lo previsto.

Entre las medidas que debe adoptar el Gobierno para cumplir esta recomendación, Almunia reclamó un "reforzamiento del marco de disciplina presupuestaria que existe en España, la ley de estabilidad presupuestaria".

"En particular, España, que es un Estado muy descentralizado, tiene que coordinar bien las actuaciones de todas las administraciones públicas, no sólo de la administración central", dijo.

"Las autonomías y los ayuntamientos contribuyen de forma muy importante al gasto público en España, y pueden contribuir y deben contribuir también al ajuste presupuestario necesario en España", insistió el comisario de Asuntos Económicos.

Pidió además reformas estructurales "para mejorar las condiciones de crecimiento de la economía española". "Sabemos cuáles son los problemas que va a afrontar la economía española para crecer en el futuro lo mismo que crecía en el pasado, una vez que el sector de la vivienda no va a contribuir como lo hizo. Lo hizo de forma insostenible y por lo tanto no es necesario que lo vuelva a hacer. Y sobre todas estas materias hay un consenso bastante elevado en España, lo que hace falta es traducir ese consenso en medidas concretas", afirmó.

Aunque admitió que el ajuste que deberá realizar el Gobierno para recortar el déficit a tiempo será muy duro, Almunia aseguró que ello no pondrá en riesgo la recuperación. Pero sí avisó de que un mayor endeudamiento podría suponer un freno para el crecimiento.

"A partir de un determinado momento, a partir de un determinado nivel de endeudamiento, a partir de un determinado nivel de la presión fiscal y del gasto público, la política presupuestaria, en vez de convertirse en un impulso para el crecimiento, se puede convertir en un freno para el crecimiento. Y eso lo sabemos en España y en todos los países europeos", dijo.

La Administración eleva en diez días el plazo de pago en 2009, hasta los 51

MADRID.- La Administración Pública ha incrementado en una media de diez días, desde los 41 hasta los 51, su plazo medio de pago durante el presente ejercicio, según un estudio sobre los índices de riesgo de 2009 realizado por la firma de servicios de gestión de crédito Intrum Justicia, difundido hoy.

El estudio concluye que las cuentas a cobrar en España han sufrido un "severo cambio" en su equilibrio dado que, según sus datos, en la actualidad sólo un 19% de las facturas son abonadas en los treinta primeros días tras su emisión.

Los plazos de pago se han extendido, de forma que el 33% de los importes pendientes se abonan a noventa días y un 48% entre los treinta y los noventa días.

Asimismo, el estudio revela que el 90% de las empresas españolas preguntadas admite que recibe los pagos de sus facturas con retraso ante las dificultades financieras que, a su vez, atraviesan sus clientes.

De esta forma, el porcentaje medio de ingresos que las compañías pierden por impagos se ha elevado este año desde el 2,2% hasta el 2,4%.

En consecuencia, el 67% de las empresas que atendieron a la encuesta realizada por la firma espera pérdidas en sus ingresos a consecuencia del retraso en los pagos y los impagos. Asimismo, un 78% teme incluso que ello afecta a su liquidez.

Además, un 82% de los encuestados por Intrum Justicia cree que el riesgo de impago seguirá creciendo. Esta tasa dobla a la del 42% empresas que en 2008 ya temía un alargamiento de los plazos de pago.

Preguntadas por el orden en el que suelen pagar sus facturas, la mayoría de empresas coinciden en señalar que en primer lugar pagan sus impuestos y tasas a la Administración, posteriormente cumplen con la Seguridad Social y después con sus principales proveedores.

Unos 100.000 agricultores protestarán en Madrid contra el desmantelamiento del campo

MADRID.- Unos 100.000 agricultores y ganaderos, procentes de distintas comunidades autónomas, se manifestarán el próximo 21 de noviembre en Madrid para denunciar el "desmantelamiento" del campo español y la "mayor crisis de su historia", por la falta de rentabilidad de las explotaciones, según datos de las organizaciones convocantes.

Dicha manifestación, convocada por Asaja, COAG y UPA y apoyada por Cooperativas Agrarias, irá precedida de un paro general "inédito" en el sector, que tendrá lugar el día anterior, 20 de noviembre, en el que habrá concentraciones y tractoradas en distintos puntos de la geografía.

Bajo el lema 'El campo se arruina, movilizate', la manifestación "unitaria e histórica" partirá de la confluencia de la calle Alcalá con la plaza de Cibeles, discurrirá por el paseo del Prado y concluirá en Atocha, ante la sede del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

El objetivo de estas movilizaciones es denunciar la "grave situación" por la que atraviesa el sector agrario y ganadero, que tiene su origen en una "profunda crisis de mercado" con los precios de los productos "hundidos" y los costes de producción "disparados".

Según los datos del sector, en los últimos cinco años (2003-2008), la renta agraria ha registrado un descenso del 26%, lo que sumado a una pérdida de 124.000 empleos en dicho periodo ponen de manifiesto la "grave crisis" en la que se encuentra el sector en la actualidad.

Asimismo, en dicho periodo, se ha producido un incremento "espectacular" de los costes de la producción agraria (34,3%), que representan ya un 86% de la renta agraria final.

Ante ello, las organizaciones agrarias destacaron que el descenso de precios en origen es cada vez "más generalizado y acuciante", con caídas que alcanzan el 60,84% en el caso de los limones.

Asimismo, las tres organizaciones agrarias denunciaron las prácticas oligopolísticas en la cadena agroalimentaria y señalaron en este sentido que la gran distribución alimentaria presiona a la cadena agroalimentaria imponiendo sus condiciones e impidiendo el normal funcionamiento del mercado.

A su juicio, resulta "curioso" que en este "marco de desregulación" de los mercados agroalimentarios, la Comisión Nacional de Competencia (CNC) en lugar de ser un instrumento al servicio del sector agrario para defenderlos de los abusos de posición dominante de la gran distribución y de la agroindustria, se haya convertido en el principal mecanismo para "desmembrar y desestructurar" el sector agrario.

Además de exigir precios justos para los productos, las tres organizaciones reclamaron mayor transparencia en los precios de los insumos agrarios; una fiscalidad adecuada; un plan de financiación y refinanciación del sector; el establecimiento de una Política Agrícola Común (PAC) más allá de 2013; un plan de apoyo a las energías renovables y la puesta en marcha de un plan de concentración de la oferta e integración cooperativa.

El Ayuntamiento de El Ejido encarga un informe para decidir si pide a la Junta un plan de saneamiento económico

EL EJIDO.- El Ayuntamiento de El Ejido ha encargado a los servicios jurídicos municipales un informe sobre la situación económica para analizar la viabilidad de solicitar a la Junta de Andalucía la implementación de un plan de saneamiento a la espera de debatir en pleno las mociones presentadas por la oposición para que se realice una auditoría externa de las cuentas locales.

Así lo avanzó hoy en rueda de prensa la portavoz del equipo de gobierno, Adela Cantón (PAL), tras la reunión de la primera junta de portavoces celebrada en la corporación local desde que alcanzó la Alcaldía Juan Enciso y en la que se informó a PP y PSOE de un segundo informe jurídico que servirá para decidir sobre la situación de la funcionaria Isabel Carrasco, esposa del interventor, José Alemán, en libertad bajo fianza por su implicación en la operación 'Poniente'.

Según explicó, se ha solicitado a los técnicos del Ayuntamiento que realicen informes "exhaustivos, rigurosos y reales" tanto sobre el estado económico como sobre el personal funcionario mientras que Carrasco "continúa de baja laboral y aún no se ha incorporado a su puesto" desde que fuese detenida el 20 de octubre.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de El Ejido ya avanzó ayer su intención de elevar a comisión las mociones de PP y PSOE que solicitan la realización de una auditoria sobre el estado de las arcas municipales para su debate en pleno de la corporación local en diciembre, si bien aseguró que "no hay problema" ya que la información sobre "todos" los ejercicios contables han sido remitidos a la Cámara de Cuentas "sin que se hayan producido inconvenientes".

En declaraciones a los periodistas tras la celebración del primer pleno desde que el alcalde, Juan Enciso (PAL), fue detenido y encarcelado, el primer edil accidental, Ignacio Berenguel, trasladó un "mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía ejidense sobre el estado económico del Consistorio, que equiparó al de "otros muchos ayuntamientos con problemas" debido a la "parálisis de la actividad empresarial", y vinculó el "equilibrio" de las cuentas al desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.

El PSOE acusa al Ayuntamiento de Almería de llamar a un arquitecto "ligado al PP" para el concurso del Palacio de Congresos

ALMERÍA.- El portavoz del grupo municipal del PSOE en Almería, José Antonio Amate, criticó hoy que el Ayuntamiento de Almería (PP-GIAL) haya invitado al arquitecto Antonio Lamela, "muy ligado al PP de Madrid" según los socialistas, a participar en el concurso restringido para el diseño del futuro Palacio de Congresos de la capital después de que éste fuera "excluido" en consenso por ambos partidos.

En rueda de prensa, Amate afirmó que en las reuniones mantenidas por su partido con el portavoz del equipo de gobierno local, Pablo Venzal (PP), se optó por dejar fuera a este aspirante, quien en su momento diseñó la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas, por lo que se mostró "sorprendido" de que se volviera a invitar "sin haber dialogado" anteriormente con el PSOE.

El portavoz socialista, que consideró que actualmente "no es el momento" de realizar un palacio de congresos valorado en 40 millones de euros, señaló además otros arquitectos que habían sido 'pactados' como Frank Gehry, José Selgas o Lucía Cano, y que "finalmente no han sido convocados".

Así, según apuntó el edil del PSOE, los arquitectos invitados a un precio de 25.000 euros por firma son Norman Foster, Rafael Moneo, Carlos Ferrater y Zaha Hadid, además de Lamela.

Por su parte, el Ayuntamiento de Almería anunció ya en el mes de enero que, junto con el concurso restringido, también se realizaría de forma paralela un concurso público internacional abierto a todos los arquitectos que se quieran presentar de forma que, un jurado elegirá tres proyectos finalistas que pasarán a concursar con los de los arquitectos del concurso restringido que se animen a participar.

El TSJA elige al juez que dictó procesamiento del alcalde de Zurgena para ayudar en la 'operación Poniente'

ALMERÍA.- El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa, David Villagrá, ha sido designado como candidato para cubrir la comisión de servicio ofertada para reforzar el órgano encargado de las diligencias de la operación 'Poniente' contra una presunta trama de corrupción urbanística en El Ejido.

Así lo ha decidido hoy la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha optado, entre dos concurrentes, por Villagrá, quien firmó el pasado mes de julio el auto por el que se incoaba procedimiento abreviado contra el alcalde de Zurgena, Cándido Trabalón, y el ex concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA), por presuntos delitos de prevaricación, contra ordenación del territorio, cohecho y falsedad documental.

Según informó el Alto Tribunal en una nota, el acuerdo responde a la "carga competencial" que soportan los órganos de los que son titulares los dos aspirantes que respondieron a la oferta de comisión de servicio con relevación de funciones para reforzar el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería a petición de la juez Montserrat Peña ante la envergadura de las diligencias que han derivado en la encarcelación del regidor de El Ejido, Juan Enciso (PAL) y el interventor municipal, José Alemán.

El magistrado David Villagrá, cuya designación deberá recibir el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tiene pendiente de valoración, aunque con propuesta de archivo, una queja elevada por el alcalde de Zurgena en la que le atribuye la presunta comisión de un falta grave o muy grave por adoptar de decisiones "deliberadas" para "impedir en normal desenvolvimiento" del Ayuntamiento o haber "inducido" a varias de las 25 personas imputadas en la denominada operación 'Costurero' a que modificasen sus primeras declaraciones en sede judicial para señalarle como máximo "responsable".

La juez Peña solicitó de manera formal el pasado día 23, dos días después de que se produjera la detención del alcalde de El Ejido, Juan Enciso (PAL) y 19 personas, que se adjudicará a su juzgado un segundo profesional de la magistratura para compatibilizar la instrucción de unas diligencias que superan los 20.000 folios con el resto de los procesos incoados en ese órgano.

La Junta de Andalucía también autorizó el pasado día 28 la realización de horas extras en turno de tarde a dos funcionarios del Juzgado de Instrucción número 2, al tiempo que pidió a la Audiencia Provincial que destinase un tercer funcionario del grupo adscrito al servicio de apoyo y especializado en la tramitación de asuntos penales para su incorporación a jornada completa.

La juez Peña solicitó, asimismo, que se estudiase por parte de la secretaria coordinadora provincial asignar un secretario judicial al mismo órgano, una decisión que debe adoptar el Ministerio de Justicia y que se incluía en la solicitud remitida al Decanato de Almería.

La Diputación refinancia con 3,5 millones la deuda de varios ayuntamientos con Galasa

ALMERÍA.- El consejo de administración de la empresa pública de abastecimiento de agua Galasa acordó hoy aprobar una operación de crédito por valor de 3,5 millones de euros que permitirá a la Diputación Provincial de Almería refinanciar la deuda de algunos ayuntamientos de las comarcas del Levante y el Almazora con la entidad.

En una nota, el presidente de la Diputación, Juan Carlos Usero, manifestó que con esta acción "se pretende ayudar a los ayuntamientos a hacer frente a los recibos atrasados y, al mismo tiempo, garantizar que la empresa preste un servicio de calidad a todos los municipios donde lleva el agua".

La operación permitirá también realizar nuevas inversiones a través de la empresa pública Acuamed, en colaboración con la Junta de Andalucía, para impulsar la construcción de dos importantes infraestructuras hidráulicas, como los depósitos de almacenamiento de agua procedente de la desaladora de Carboneras para su envío a la estación de tratamiento y potabilización del Almanzora, y la construcción de la tubería que llevará el agua desde Carboneras hasta el Campo de Tabernas.

Junto a ello, la empresa pública Galasa aprobó también la dotación, para los cuatro próximos años, de 53 vehículos mediante la fórmula de 'renting', necesarios para la prestación del servicio, por importe de 1,1 millones de euros.

La UDEF vuelve a Águilas y detiene al arquitecto Sotelino tras implicarlo en el 'caso Zerrichera'

ÁGUILAS.- Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, sección Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA) del Cuerpo Nacional de Policía están de nuevo de gira. De gira por Murcia. Y ello casi siempre es sinónimo de un nuevo golpe a la corrupción urbanística y de altos funcionarios y políticos detenidos.

Ayer le tocó el turno al arquitecto aguileño Jorge Sotelino Vico, quien fue arquitecto municipal de la localidad costera hace años, que actualmente posee un exitoso gabinete en Águilas y otro en Granada y que por la mañana fue arrestado por los agentes anticorrupción por su supuesta implicación en el caso Zerrichera.

Fuentes próximas a la investigación señalaron a 'La Verdad' que los policías judiciales, que están actuando bajo la supervisión del juez instructor Antonio Alcázar, registraron su despacho de la calle Conde de Aranda de Águilas y luego lo trasladaron a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, donde está siendo interrogado.

Sotelino está vinculado profesionalmente al notario y promotor urbanístico Sebastián Fernández Rabal, quien ya fue detenido el pasado mayo por el mismo asunto y que más tarde volvió a serlo por el caso Limusa. Igualmente, según las mismas fuentes, el arquitecto ha trabajado para el empresario Trinitario Casanova, el impulsor del plan parcial La Zerrichera, y además se habría encargado del desarrollo de este proyecto urbanístico desde su despacho.

Sotelino Vico es, asimismo, quien ha diseñado la mayor parte de los grandes proyectos urbanísticos de Águilas. Se le considera un hombre bien relacionado con el alcalde, Juan Ramírez, del PP, y su nombre aparece desde hace meses vinculado a la investigación judicial sobre La Zerrichera.

De hecho, ya en el interrogatorio al que fue sometido tras su detención el ex consejero del Gobierno murciano Francisco Marqués, el fiscal le preguntó si sabía que el arquitecto Sotelino estaba detrás del plan parcial La Zerrichera.

Lo que los expertos de la UDEF-BLA investigan en estos momentos es si Sotelino podría haberse prestado a entregar diversas cantidades de dinero a altos cargos públicos, supuestamente por encargo de algún constructor con intereses en Águilas. Esto es, si puede estar implicado en un posible delito de cohecho.

Mientras continúan interrogando al arquitecto, los agentes tratan de cerrar la investigación sobre otros posibles implicados en el supuesto caso de corrupción urbanística, por lo que no se descartan detenciones en las próximas horas. Sotelino será puesto a disposición del juez Alcázar una vez que se concluya el atestado policial, probablemente mañana.

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional lleva más de dos años investigando el asunto Zerrichera. Este plan parcial se iba a desarrollar en Águilas y contemplaba la construcción de más de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf.

Las sospechas de posibles irregularidades se centran en el hecho de que los terrenos estaban especialmente protegidos por las normas medioambientales, lo que no impidió que el proyecto fuera superando todos los trámites administrativos.

En otro orden de cosas, la intervención policial en algunos municipios del Levante almeriense parece ya cosa de poco tiempo y, más en concreto, en Vera y Cuevas del Almanzora se da por segura dado el alto grado e intensidad de la presunta corrupción urbanística, que presagia detenciones de ilustres ciudadanos, alguno hasta aforado y protegido desde las filas políticas contrarias en función de intereses particulares cruzados no conocidos todavía por la opinión pública.

Más datos que indicios / Enrique Badía

Siendo como fue el origen de todo, la coyuntura inmobiliaria se sigue con gran interés. Captan atención la evolución de los precios, el número de operaciones de compraventa, la marcha del stock de viviendas invendidas, el visado de nuevas obras... en definitiva, muchas más cosas que las normalmente observadas en cualquier otro sector. Pero no está resultando nada fácil sacar alguna conclusión.

El dato de los precios es clave. Existe cierto consenso en considerar que sólo cuando alcancen un nivel de equilibrio podrá iniciarse una cierta recuperación. Nadie acaba de tener claro, sin embargo, cuál es el suelo o, dicho de otro modo, cuándo y dónde se detendrá el recorrido bajista, por lo que gana importancia cualquier variación intermensual. El problema es que, más que una tasa cierta, existen muchas discrepantes, entre las que no es nada fácil elegir.

En parte, la discrepancia es lógica, sobre todo si se comparan datos promedio elaborados a nivel estatal. Lo es porque esa forma de medición estadística tiende a ocultar la agudizada tendencia del mercado hacia la segmentación.

El desajuste entre oferta y demanda, por ejemplo, dista de ser uniforme. No lo es en términos de producto: difiere mucho, entre otras cosas, según sea urbano o turístico. También depende del territorio e incluso la zona concreta que se analice y no menos de factores como la calidad de la edificación o el grado de equipamiento instalado y disponible en su derredor. Eso, del lado de la oferta, mientras que de parte de la demanda importa, y mucho, cuál sea el momento socioeconómico de cada lugar. Ello sugiere que no habrá un ajuste, sino varios, no necesariamente todos a la vez.

Pero las discrepancias van más allá. Las hay demasiado relacionadas con la tipología del emisor. Dicho de otra forma, a menudo es sencillo identificar el mensaje que tratan de transmitir con el interés privativo que está detrás.

Abunda, pues, la confusión. No acaba de quedar claro si los precios se han estabilizado, la caída se ha detenido o va a continuar. A partir de ahí, cuesta valorar si la recuperación está próxima o va a tardar todavía. Tampoco es fácil estimar si los valores atribuidos en los balances son ciertos o queda deterioro de activos por absorber. Y, por si fuera poco, sigue percibiéndose en el mercado una actitud un tanto reprimida de los compradores, que se mantienen más o menos convencidos de que si esperan mejores momentos pagarán menos que hoy. Así las cosas, ¿se puede creer que lo peor ha pasado ya?

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