jueves, 15 de octubre de 2009

IU pide que se convoque una conferencia del sector agrario en Almería ante la situación de "crisis generalizada"

ALMERÍA.- IU propondrá en el Parlamento andaluz que se convoque una conferencia del sector agrario ante la situación de "crisis generalizada" en el campo y el "fracaso" de la política en este ámbito desarrollada por la Junta de Andalucía, a la que acusó, junto al Gobierno central, de "cerrar los ojos" a, entre otros, el "dumping social y económico" que ejerce el Reino de Marruecos sobre las exportaciones hortofrutícolas de la Comunidad.

Así lo anunció hoy en Almería el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, que detalló que la cumbre, que se celebraría en la provincia, pretende reunir a la totalidad de los agentes que intervienen en el sector agrario andaluz, incluidas las fuerzas políticas, para realizar un "diagnóstico de situación, otro de perspectivas y diseñar que medidas hay que poner encima de la mesa" para --ahondó-- dar salida a la actividad económica que calificó de "columna fundamental del nuevo modelo de desarrollo sostenible".

Para Valderas, que consideró "nula" la política de la Junta de Andalucía y apuntó que IU-CA "no concibe una Andalucía sin campo", resulta "denunciable" el que tanto el jefe del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán como el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, les "este dando igual" que el Reino de Marruecos se "pase las estipulaciones del Acuerdo de Asociación de la UE por debajo de la entrepierna" en un "combate" con la producción hortofrutícola andaluz "desigual y deshonesto".

El líder andaluz de IU, que visitó y se reunió con representantes de las organizaciones agrarias y las comercializadoras junto al coordinador general de la federación, Cayo Lara, acusó, asimismo, a ambos ejecutivos de "haber tirado la toalla" en la defensa de los intereses españoles y andaluces ante las exportaciones de tomate de Marruecos a los mercados europeos, al tiempo que extrapoló la situación de "crisis, cierre y abandono" a todos los subsectores agrarios.

Medel defiende que la reforma de la Ley de Cajas debe ser "genérica" y dar cobertura a la fusión

MÁLAGA.- El presidente de Unicaja, Braulio Medel, afirmó hoy que la reforma de la Ley de Cajas de Ahorros que prepara el Gobierno andaluz y que se encuentra en fase de borrador debe ser "genérica" y reflejar aspectos "sustanciales" que den cobertura a la fusión.

Medel, que acudió a la presentación en la capital malagueña del libro 'Unicaja 125 años, 1884-2009', explicó a los periodistas que la reforma de la Ley tiene dos finalidades que radican en posibilitar fusiones y tocar algún aspecto de actualidad "que puede venir bien en un futuro, como es ser menos exigente en los requisitos para emisión de cuotas participativas, introducir en la ley sistemas institucionales de protección o clarificar el alcance de las competencias autonómicas en materia de fusiones".

Aseguró que para que Unicaja entre en una fusión, "hay que respetar algunos requisitos", de modo que, según manifestó, "la entidad en la que entre Unicaja será una entidad sometida al régimen general y no a ningún tipo de particularidades, singularidades, especialidades o especificidades".

Además, defendió que la ley debe reflejar aquellos aspectos "sustanciales" que den cobertura a la fusión, "pero no más", al tiempo que añadió que una norma no debe "asfixiar" el principio constitucional de libertad de empresa y autonomía empresarial.

"Una ley no puede sustituir a los estatutos o al manual de funciones de una empresa porque entonces ésta se vería constreñida en su funcionamiento; una ley debe ser lo suficientemente genérica, de modo que permita ese ámbito de autonomía empresarial", apostilló.

En este sentido, aclaró que "una empresa necesita la flexibilidad suficiente como para ejercer la soberanía en su terreno y adaptarse necesariamente a los tiempos", a lo que agregó que "Unicaja no podría entrar en una fusión que estuviera sometida a unos parámetros que dificultaran fusiones u operaciones corporativas ulteriores".

Como último requisito, Medel indicó que en cualquier regulación "tiene que quedar claro que una empresa es una empresa", por lo que "no debe facilitar la existencia de compartimentos estancos". "En una empresa no caben muñecas rusas, en las que dentro de una empresa hay otra, y dentro de ésa hay otra, etcétera", añadió.

Respecto al proceso de fusión, Medel señaló que Unicaja, desde su constitución en el año 1991, siempre ha apostado a favor de un proceso de concentración entre entidades andaluzas "tan amplia como sea posible, es decir, lo que los órganos de gobierno de las distintas entidades quieran".

Así, manifestó que la historia ha demostrado que ésta es una postura "correcta", aunque reconoció que "nos hubiera gustado que esa ampliación se hubiera hecho en otros momentos y no en los actuales, vinculados a una crisis económica". No obstante, "eso es algo que ya no tiene sentido", pues "el tiempo transcurrido ha transcurrido y ahora hay que mirar al futuro", aseguró.

En este sentido, precisó que el futuro pasa por un proyecto de fusión "más avanzado" con Caja de Jaén y un protocolo de fusión aprobado con CajaSur. La cristalización de estos proyectos, prosiguió, "puede durar un poco más o un poco menos, pero culminarán", afirmó el presidente de la entidad malagueña.

Esa culminación "reafirmará la posición que ya tenemos, que es de una entidad que ostenta desde nuestra creación hasta hoy el liderazgo del sistema financiero andaluz, tanto de las entidades andaluzas como de todas las que operan en la Comunidad Autónoma", resaltó.

Así, insistió en que Unicaja es la entidad líder del sistema financiero andaluz no sólo en lo cuantitativo, "que lo es", sino en lo cualitativo. "Unicaja cumple un papel de servir de referencia en calidad empresarial y en líneas de actuación al servicio de la economía andaluza, una posición queda fortalecida a través de una fusión que nos puede colocar en un volumen de negocios de en torno a 100.000 millones de euros", subrayó.

En cuanto a la reunión de la mesa laboral celebrada entre los sindicatos y las direcciones de Unicaja y Caja de Jaén para determinar las condiciones laborales de la caja fusionada, Medel destacó "el clima de buen diálogo y de mutua responsabilidad", al tiempo que señaló que la reunión se centró en el proceso de fusión con Caja de Jaén, puesto que en el caso de CajaSur "todavía se está en la elaboración de los trabajos previos, donde hay que hacer mucha información previa".

En este sentido, respecto a la posición de los sindicatos que calificaron de "decepcionante" el encuentro, ya que, a su juicio, "la posición empresarial es totalmente inaceptable", el presidente de Unicaja matizó que es "lógico" que los sindicatos "digan esto y la empresa diga lo otro".

Por último, recalcó que en la creación de Unicaja uno de los elementos que permitió que "éste haya sido un buen proyecto fue una responsabilidad de muchos colectivos, entre otros, los sindicatos".

Unicaja cierra el tercer trimestre con una morosidad inferior al 3% y gana 300 millones

MÁLAGA.- Unicaja cerró el tercer trimestre del año con una tasa de morosidad inferior al 3% y con un beneficio ante de impuestos cercano a 300 millones de euros, según informó hoy el presidente de la entidad financiera, Braulio Medel.

Tras el acto de presentación del libro 'Unicaja 125 años, 1884-2009', celebrado en la capital malagueña, Medel señaló a los periodistas que el índice de morosidad obtenido supone algo más de la mitad que la del conjunto del sistema de cajas de ahorro.

Asimismo, manifestó que Unicaja ha finalizado este tercer trimestre con una cobertura del 120%, "el doble de la que tiene el conjunto del sector de cajas de ahorro", un capital básico del 12% y un coeficiente de recursos propios del 15%.

El presidente de la entidad andaluza se mostró "satisfecho" ante lo que consideró una "buena" situación comparativa con el conjunto del sistema financiero, al tiempo que destacó que, según una de las grandes agencias internacionales de raiting, Unicaja es la segunda mejor caja española.

Bruselas promete a los agricultores tradicionales mayor firmeza ante los OGM

BRUSELAS.- La Comisión Europea se comprometió este jueves en Bruselas a condicionar la homologación de OGM a la certidumbre de su inocuidad para el medio ambiente, ante un grupo de agricultores que exigían su prohibición porque contaminan las plantaciones tradicionales.

"Acepto recibir su petición y pueden estar seguros de que vamos a mostrarnos muy atentos a sus argumentos", aseguró la comisaria europea de Sanidad, Androulla Vassiliou, durante el encuentro organizado por Greenpeace ante la sede de la Comisión Europea.

Uno de estos agricultores, el español Eduardo Campayo García, propietario de una explotación en Albacete, explicó a Vassiliou cómo había debido abandonar su cultivo de maíz cuando sus campos fueron contaminados con OGM (Organismo Genéticamente Modificado), haciéndole perder su certificado de "producto biológico".

"Cuando descubrimos estas contaminaciones, buscamos su origen pero no hallamos nada a 500 metros a la redonda, lo que demuestra que el polen viaja a distancias mucho más largas de lo que se dice", subrayó Campayo García.

España es el primer país productor de maíz transgénico de la Unión Europea, con cerca de 800.000 hectáreas de cultivo.

"Lo que producimos, es lo que ustedes comen", subrayó Campayo. "Estamos a punto de perder la biodiversidad, Ayúdennos a conservarla", reclamó este español pronunciándose por el fin de los OGM.

El uso de OGM es "uno de los asuntos más sensibles que debemos tratar y nuestra prioridad es estar seguros de que los que autorizamos no implican ningún riesgo para la salud humana, los animales ni el medio ambiente", recordó la comisaria.

La Comisión Europea solicitará el próximo lunes a los ministros de Agricultura de la UE autorizar la comercialización de varias variedades de maíz transgénico.

Ayuntamientos e impositores andaluces reducirán presencia en las cajas fusionadas en favor de los fundadores

SEVILLA.- Los ayuntamientos y los representantes de los impositores verán disminuida su presencia en la asambleas de las cajas de ahorros fusionadas, en beneficio de las entidades fundadoras de las cajas de ahorros, según el borrador del decreto ley por el que se modifican determinados artículos de la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía.

Según dicho borrador, la caja resultante de un proceso de fusión tendrá una composición distinta a la establecida para el resto de cajas, de forma que la asamblea de la caja fusionada podrá tener hasta un máximo de 300 miembros, frente a los 160 consejeros para el resto de cajas de ahorros. Ello supone una ligera modificación en relación con la actual norma, que establece una horquilla de entre 60 y 160 consejeros para todas las entidades de ahorro.

Asimismo, el borrador establece diferencias en las proporciones de representación entre las cajas 'ordinarias' y las resultantes de un proceso de fusión con creación de nueva entidad.

De esta forma, mientras que en las cajas 'ordinarias' se mantienen los mismos porcentajes que figura en la normativa vigente, en el caso de las cajas fusionadas, las corporaciones locales bajarán su representación en el seno de la asamblea, del 22 al 20 por ciento, igual que le pasará a los impositores, que pasarán de tener el 27 por ciento de consejeros generales a un 25 por ciento.

Esos porcentajes de representación se verán mermados en beneficio de las entidades fundadoras de la caja, que verán incrementados en cuatros puntos su representación, pasando del 13 por ciento --porcentaje que se mantiene para las cajas que no se fusionen-- al 17 por ciento del total de consejeros de la asamblea general de la entidad fusionada.

En el caso del resto de organismos e instituciones, mantienen su grado de representación en la asamblea, esto es, la Junta de Andalucía, con un 15 por ciento; empleados de la caja (15 por ciento); y otras organizaciones (ocho por ciento).

Además, cuando las cajas de ahorros andaluzas tengan abiertas oficinas en otras comunidades autónomas la representación en la asamblea de los grupos de corporaciones municipales e impositores deberá ser proporcional a la cifra de depósitos entre las diferentes comunidades en que haya abiertas oficinas.

Según el borrador consultado, esos porcentajes en la asamblea de la caja fusionada se ven modificados aún más a la hora de determinar los porcentajes de representación en el consejo de administración de la caja fusionada.

De esta forma, para las cajas que no estén fusionadas, se mantiene la cifra de 20 vocales del consejo, cuyo reparto se realizará en función de los mismos porcentajes aplicados en la asamblea general.

No obstante, en el caso de las cajas fusionadas, el consejo de administración tendrá una composición distinta de la establecida para el resto de cajas.

De esta forma, la caja resultante tendrá 25 miembros, de los que el 17 por ciento corresponderán a corporaciones locales, lo que supone tres puntos menos al 20 por ciento que tendrán de representación en la asamblea.

La Junta tendrá un 12 por ciento en el consejo, frente al 15 por ciento que tendrá en la asamblea, y los empleados tendrán un 12 por ciento de representación en el consejo, frente al 15 por ciento que tenían en la asamblea.

Estos descensos irán otra vez en beneficio de las entidades fundadoras, que tendrán un 26 por ciento del consejo de administración, nueve puntos más que su representación en la asamblea general de la caja fusionada.

Los impositores mantendrán en el consejo su 25 por ciento de representación, el mismo que posee en la asamblea, y otras organizaciones también mantendrán su ocho por ciento.

En cuanto a la comisión ejecutiva, se mantiene lo dictado en la actual norma de diez miembros para el común de las cajas, aunque se eleva a 12 miembros en el caso de las entidades resultantes de un proceso de fusión. Lo mismo ocurre con la comisión de control, donde se establece con carácter general que ésta tendrá entre ocho y diez miembros, pero para las cajas fusionadas dicho órgano tendrá 12 miembros, con las proporciones apuntadas en la asamblea.

Asimismo, según el borrador, ciertos documentos que antes se requerían al inicio del proceso, como las cuentas anuales e informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las entidades

participantes en la fusión, el informe de los expertos independientes designados por el Registro Mercantil, o los balances de fusión de cada una de las entidades participantes en la fusión, no son requeridos inicialmente y pueden ser aportados con vistas a la asamblea general.

Inicialmente sí se requiere una justificación económica del proyecto de fusión, la organización resultante y el programa estratégico de la entidad resultante de la fusión, además del proyecto de escritura fundacional de la nueva entidad, que deberá recoger el proyecto de estatutos y reglamento.

'Cajamar' coloca una emisión de cédulas hipotecarias a cinco años por más de 800 millones de euros

ALMERÍA.- Cajamar Caja Rural ha concluido hoy "con éxito" la colocación de una emisión de cédulas hipotecarias a cinco años por importe de más de 800 millones de euros, informó hoy la entidad.

La suscripción ha tenido lugar en un 65% en España y el restante 35% en el exterior, del que la mayor parte ha correspondido a inversores de Alemania, United Kingdom, Francia y Holanda. El precio de la colocación de esta emisión ha sido de 85 puntos básicos sobre midswap (referencia del mercado interbancario europeo).

La buena acogida que ha tenido esta nueva emisión de cédulas hipotecarias demuestra la confianza de los inversores europeos en Cajamar Caja Rural, según explicó la caja, que destaca que la confianza viene avalada por "la buena gestión" de los activos de la entidad, así como por sus prudentes controles del riesgo y por la máxima valoración 'Aaa' otorgada por las agencia Moody's a esta operación.

Cajamar Caja Rural es la primera cooperativa de crédito española con 900 oficinas, 4.000 empleados, 2 millones de clientes, 25.500 millones de activos y 40.500 millones de volumen de negocio de clientes.

Competencia sanciona a la industria alimentaria por recomendar alzas de precios

MADRID.- La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha sancionado con un total de 1,3 millones de euros a la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) y a otras ocho asociaciones del sector por realizar recomendaciones colectivas para elevar los precios, informó hoy el organismo.

Las mayores multas han sido impuestas a la FIAB, con 500.000 euros; a la Federación Española de Asociaciones del Dulce, FEAD (300.000 euros), y a la Confederación Española de Organizaciones de Panadería, Ceopan (270.000 euros).

También han sido sancionadas las patronales de fabricantes de pastas alimenticias (AEFPA), con 52.000 euros; fabricantes de helados (AEFH), de panificación y pastelería de marca (PPM) y de chocolate y derivados del cacao (Chocao), con 45.000 euros cada una; la asociación de fabricantes de salsas y condimentos preparados, con 37.000 euros; y de harinas y sémolas (AFHSE), con 15.000 euros.

La CNC considera a estas asociaciones responsables de una estrategia de recomendación colectiva ilícita, al constituir una conducta "objetivamente restrictiva de la competencia, con aptitud para distorsionar las condiciones competitivas del mercado".

Este expediente tuvo su origen en diversos comunicados de prensa emitidos durante el verano de 2007 "supuestamente" con el fin de alertar a la opinión pública sobre el incremento del coste de determinadas materias primas.

"En todas las notas se cuantificaban estos incrementos, se subrayaba su carácter estructural y se expresaba de forma más o menos explícita la idea de que ello iba a tener un impacto sobre el precio final de los alimentos", explica el organismo.

Varias de las asociaciones estaban gestionadas por una misma entidad, Bonmacor Gestión de Asociaciones, por lo que la dirección de investigación de Competencia realizó una inspección en la sede de esta entidad, así como en la de Ceopan.

La información obtenida en estas inspecciones llevó a incoar un expediente sancionador contra nueve asociaciones del sector, incluida la FIAB y Ceopan.

"La instrucción realizada ha revelado que estas asociaciones llevaron a cabo una estrategia de comunicación e intercambio de información entre ellas para la elaboración y difusión de notas de prensa", señala la CNC.

Según argumenta, el contenido, el lenguaje y la difusión de las notas de prensa contribuían a transmitir el mensaje de que era inevitable la translación de los incrementos de costes a precios finales, lo que "constituía una señal para que las empresas actuaran en un mismo sentido y para predisponer a los consumidores a aceptar los incrementos de precios".

En este sentido, agrega que la comunicación entre asociaciones contribuyó a que unas tuvieran en cuenta las notas de otras, a que se coordinaran los mensajes y a potenciar su difusión, "fortaleciendo la aptitud de la conducta para distorsionar la competencia".

Además, el organismo advierte de que tanto las asociaciones como los directivos "tienen que ser conscientes en materia de comunicación pública de que sus mensajes pueden transgredir el ámbito de lo lícito si son aptos para unificar el comportamiento de sus asociados y el de otros terceros".

Ante esta resolución, la FIAB ha anunciado que someterá a estudio de su comité ejecutivo presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, al entender que la decisión podría vulnerar, entre otros, el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de comunicación.

En un comunicado, la patronal de la industria alimentaria afirmó que someterá a estudio las distintas posibilidades legales que puedan ser oportunas en la defensa de sus intereses, puesto que considera que la decisión "es contraria a derecho y lesiva a los intereses asociativos".

Según destacó, a lo largo de sus 32 años de trayectoria, ha "mantenido, mantiene y mantendrá un estricto respecto al marco legal exigible" y en concreto a la ordenación en defensa de la competencia.

En este sentido, incidió en que la resolución se basa en un comunicado que "no puede encajar en el concepto de una recomendación colectiva", sino que responde a la función de cualquier organización de defender los intereses de sus miembros, "anticipándose a los problemas que se les puedan presentar".

A su juicio, sanciones de este tipo ponen en peligro la continuidad de organizaciones profesionales que trabajan para dinamizar el mundo empresarial.

El SIVE fijo entra hoy en funcionamiento en la Región de Murcia

MURCIA.- La Comandancia de la V Zona de la Guardia Civil recibió hoy el acta del dispositivo fijo del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), una obra, realizada por la empresa Indra, que ha supuesto una inversión por parte del Ministerio de Interior de 7,1 millones de euros, informaron fuentes de la Delegación de Gobierno.

Este sistema consta de tres estaciones sensoras fijas (radar y optrónica), una estación dotada de un sensor optrónico y un Centro de Mando de Comunicaciones y Control de dichas estaciones, situado en la Central Operativa de Servicio de la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia.

Este dispositivo se sumará a las dos estaciones sensoriales móviles con las que ya contaba la Región para vigilancia del litoral desde el año 2005. Se trata de dos camiones todo terreno (IVECO, modelo 22-12) con tracción a las cuatro ruedas y gatos hidráulicos, lo que les permite acceder y instalarse en lugares de terreno difíciles. También cuentan con elementos de estabilización, de nivelación y medios sensores.

Las estaciones fijas y móviles formarán parte, a partir de ahora, de un mismo dispositivo, que permitirá detectar las embarcaciones que se dediquen a los tráficos ilícitos, como el narcotráfico o el tráfico de seres humanos, ya que los visores nocturnos y cámaras térmicas localizan los movimientos en el mar hasta una distancia de 30 millas de su punto de ubicación.

La Delegación del Gobierno recordó que el Operativo de Vigilancia de la Costa, integrado por la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, Salvamento Marítimo, Protección Civil y la Cruz Roja seguirá actuando como lo ha venido haciendo desde su creación hace dos años. Las nuevas unidades del SIVE "serán un instrumento más al servicio de este Operativo que permitirá liberar algunos de sus efectivos e infraestructuras".

Y es que, el SIVE fijo que hoy entra en funcionamiento permitirá "detectar más embarcaciones en alta mar y garantizar, aún más, el control de la inmigración irregular, pero no tendrá como consecuencia inmediata la disminución del flujo de pateras", aclararon desde la Delegación del Gobierno.

Así lo atestiguan, añadieron las mismas fuentes, los datos de la costa almeriense, en la que el SIVE terrestre está plenamente operativo y, sin embargo, ha recibido en este año 2.103 inmigrantes irregulares, cuatro veces más de los que han llegado a nuestras costas en igual periodo.

Asimismo, la Delegación del Gobierno explicó que "hasta el momento la detección de los inmigrantes irregulares se produce fundamentalmente en el mar por parte de Salvamento Marítimo y Guardia Civil, con el apoyo del SIVE y las embarcaciones y helicópteros disponibles de ambas unidades".

Dicha actividad se complementa con la intervención en costa de Guardia Civil, Protección Civil y Cruz Roja. Esta última se ocupa de la atención humanitaria de los inmigrantes, en cuanto a alimentos, vestido, atención sanitaria, etc.

Posteriormente pasan a disposición del Cuerpo Nacional de Policía para, una vez identificados, ser trasladados al Centro de Internamiento de Extranjeros y desde allí devueltos a su país de origen. También, ocasionalmente, pueden participar agentes de las policías locales de los municipios ribereños.

Sobre la situación actual de la entrada de inmigrantes irregulares a lo largo de 2009 a través de las costas de la Comunidad, la Delegación del Gobierno ha indicado que, a fecha de hoy, han sido detectados y detenidos 499 inmigrantes, un 25 por ciento menos que en igual período del año pasado.

Los inmigrantes detectados son en su totalidad de origen argelino, por lo que de acuerdo con los convenios de colaboración establecidos entre ambos Gobiernos, una vez son identificados se procede a su devolución en el plazo de unas horas.

Finalmente, la Delegación del Gobierno apuntó que la causa principal de la llegada de esta inmigración irregular se debe a la gran diferencia de nivel de vida entre España y los países de origen de los inmigrantes. Por este motivo, en los meses en los que el buen tiempo mejora las condiciones de navegación, se producen más salidas de pateras desde las costas del norte de África.

Valderas cree que no pueden existir "privilegios para nadie" si se quiere "realmente" una "nueva fase" en las cajas

ALMERÍA.- El coordinador de IULV-CA, Diego Valderas, aseguró hoy que no pueden existir privilegios "para nadie" recogidos en la reforma de la Ley de Cajas de Ahorros que elabora el Gobierno andaluz si se quiere afrontar una "nueva fase en el sector financiero de la región y en su sistema de cajas" que deberá estar marcada, a su juicio, por "un comportamiento ético de las entidades de ahorro y por un mayor nivel de intervención pública".

En rueda de prensa en Almería junto al líder de IU, Cayo Lara, Valderas reafirmó la posición de su grupo parlamentario, que aboga por un cambio "en profundidad de la ley", al tiempo que aseguró tener "muy clarito" que es la hora de "acabar con los privilegios de los que ha gozado la Iglesia y otros en el ámbito del ahorro" con una legislación que ha puesto a las cajas "al servicio de la especulación y no de Andalucía".

En este sentido, apuntó que será "clave" para IULV-CA que el nuevo texto legal contemple "mayor nivel de intervención pública" que contribuiría, en su opinión, a colocar al sistema de cajas a "la vanguardia del sector financiero ético" y reiteró que su formación va a "exigir" que las modificaciones se tramiten como proyecto de ley y no como decreto ley para que pueda debatirse en la Cámara y ser sometida a enmiendas.

La crisis del campo provoca que numerosos agricultores valencianos desistan de instalar riego por goteo

VALENCIA.- La Unió aseguró hoy la grave crisis de precios que sufre el campo valenciano trae como consecuencia que numerosos agricultores "desistan de instalar el riego por goteo en sus campos", como se ha comprobado por las peticiones que reciben las comunidades de regantes en este sentido, según informó la organización agraria en un comunicado.

Además, indicó que la situación de "falta de rentabilidad" comporta que los impagos dentro de las comunidades de regantes "se encuentren a la orden del día porque el descenso en el gasto de agua trae como consecuencia el de los importes de las derramas por consumo, lo que provoca que los gastos fijos y corrientes asfixien económicamente a algunas comunidades de regantes".

La organización agraria señaló que se han dado casos de que los mismos miembros de la junta rectora de la comunidad de riegos "han debido aparecer como avalistas de los préstamos de las inversiones". Como ejemplo, citó que una comunidad de regantes "relevante" de la provincia de Valencia "tiene en estos momentos ya un volumen de impagos del 35 por ciento tanto de las derramas de los socios como de la amortización de la obra ejecutada".

Según La Unió, "los bajos precios que perciben en el campo por las producciones agrícolas hace que el elevado coste que representa para el agricultor la instalación del riego por goteo sea imposible de asumir en muchos de los casos".

Asimismo, añade que, de acuerdo con todas las fuentes consultadas, "la instalación de riego localizado le supone al agricultor entre 500 y 800 euros por hanegada, que incluye el gasto de toma, la caseta, la instalación de cabezal y goteros, el impuesto del contador y el coste del agua".

En estos últimos casos, "existe malestar porque el impuesto fijo del contador resulta a veces más caro que el pago de la contribución rústica o porque el coste del agua sea calificado como demasiado elevado teniendo en cuenta la calidad de la misma".

La Unió añadió que hubo un periodo en el que se creó "una alta expectativa del uso del riego por goteo como instrumento para nuevas demandas de agua en el futuro, pero se ha ido enfriando progresivamente con los resultados económicos de las últimas campañas agrícolas, fundamentalmente en lo que se refiere al cultivo de los cítricos".

Chaves considera que oponerse a un proceso de fusión de cajas en Andalucía sería un "error grave"

CÓRDOBA.- El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, afirmó anoche que sería un "error grave" oponerse a un proceso de fusión de cajas en Andalucía, cuando se está asistiendo a "otros procesos de fusión en otras comunidades autónomas, que ya han tenido un resultado positivo".

En rueda de prensa en Córdoba, Chaves subrayó que "los partidos políticos están respondiendo de manera positiva al proceso de fusión entre Unicaja, CajaSur y Caja de Jaén" y defendió que "Andalucía necesita un proceso de concentración e ir hacia una gran caja para ser más competitiva".

Finalmente, el también ex presidente de la Junta de Andalucía apuntó que "los privilegios personales no pueden, ni deben obstaculizar ese proceso de fusión".

Unicaja y Caja de Jaén plantean condiciones laborales "a la baja"

MÁLAGA.- Las direcciones de Unicaja y Caja de Jaén plantearon anoche condiciones laborales, salariales "a la baja" para los trabajadores de la caja resultante de la fusión de ambas entidades, según lamentaron fuentes sindicales, que expresaron su oposición a estos planteamientos de la dirección de las entidades.

Las fuentes explicaron que en la reunión de la mesa laboral, cuyo segundo día de encuentro tuvo lugar en Málaga, la empresa presentó una propuesta con contenidos generales sobre condiciones laborales, salariales y retribuciones, horarios, condiciones sociales, previsión social, clasificación profesional, promoción o igualdad.

En ese sentido, lamentaron que las entidades propongan condiciones en las diversas áreas "a la baja", ofreciendo las condiciones laborales de Unicaja "entidad que tiene peores condiciones", de forma que "la empresa plantea y toma como referencia el modelo más bajo de los existentes, que es el de Unicaja, frente al de Caja de Jaén, donde existen mejores condiciones".

"Incluso propone la eliminación paulatina de las condiciones retributivas que existen en Caja de Jaén que son mejores para los trabajadores", añadieron las fuentes, que rechazaron ese planteamiento y explicaron que los sindicatos CCOO, Csica y Secar plantearon una propuesta unitaria, donde abogan por "un modelo alternativo, intermedio entre las condiciones de Unicaja y la caja jiennense".

Para los sindicatos "hay que tener control de los costes, pero no aplicar como norma todas las condiciones a la baja, sino cogiendo elementos de una u otra caja sin quedarnos con las peores condiciones", tras lo que pusieron como ejemplo el establecimiento de una escala salarial básica "intermedia entre las escalas que tienen ambas cajas".

Por ello, en su propuesta unitaria contemplan aspectos coincidentes con las direcciones de las cajas, como el establecer medidas laborales no traumáticas, y otras propuestas adicionales como extender las garantías de empleo a los trabajadores de las empresas participadas y a los subcontratados. Además, esta propuesta conjunta de los tres sindicatos también incluye la responsabilidad social empresarial.

Las fuentes agregaron que, tras la presentación de la alternativa sindical, la empresa ha pedido tiempo "para ver cómo se engarza esa propuesta con los planteamientos empresariales", ante lo que los sindicatos recordaron que "no hay mucho tiempo y se comen los plazos".

En ese sentido, apuntaron que la empresa espera llegar a un acuerdo sobre los aspectos laborales a inicios de noviembre, puesto que la mesa laboral debe estar resuelta antes de la celebración de la asamblea a finales de noviembre o en la primera quincena de diciembre.

La mesa laboral para la fusión Unicaja-Caja de Jaén está constituida por un total de 30 personas, al 50 por ciento entre la parte empresarial y los sindicatos, los cuales cuenta con seis representantes de CCOO, cuatro de UGT, tres de Secar y dos de Csica.