jueves, 24 de septiembre de 2009

La UE endurece la normativa sobre pesticidas y prohíbe el uso de sustancias "muy tóxicas" para su fabricación

BRUSELAS.- Los Veintisiete aprobaron hoy definitivamente la nueva normativa sobre el uso de productos fitosanitarios que supone un endurecimiento de la legislación comunitaria al reducir el número de pesticidas que pueden utilizarse y prohibir para su elaboración ciertas sustancias químicas consideradas "muy tóxicas". Tampoco estarán permitidos los plaguicidas en zonas residenciales, parques, escuelas, hospitales y ríos.

La nueva norma fija una lista europea de sustancias activas --componentes químicos de los pesticidas-- que permitirá a los Estados miembros conceder autorizaciones nacionales a los productos fitosanitarios o reconocer las licencias aprobadas por otros países comunitarios.

Gracias a un mecanismo para el reconocimiento mutuo y autorización zonal, un Estado miembro podrá autorizar un pesticida tras la evaluación de este en otro país de su misma zona. La UE estará dividida en tres zonas según las condiciones agrícolas, climatológicas y ecológicas de los países: norte, centro y sur, incluyendo esta última a los países del arco mediterráneo, entre ellos España.

La armonización de la evaluación no impedirá, sin embargo, que un país pueda prohibir a título individual un producto alegando circunstancias medioambientales o agrícolas específicas.

Esta normativa, que entrará en vigor a finales de este año, fue adoptada formalmente en un Consejo de ministros de Competitividad de la UE celebrado este jueves en Bruselas, después de haber sido criticado por los propios agricultores y por las organizaciones ecologistas, que consideran insuficientes las nuevas reglas tanto para la protección de los ciudadanos como del medio ambiente.

La comisaria de Salud, Androulla Vassiliou, sin embargo, celebró la decisión de los Veintisiete porque considera que establece el sistema "más moderno y protector" para la salud de los consumidores. "También beneficia a nuestros agricultores porque garantiza sus propia protección y promueve los productos saludables", añadió.

También queda prohibido el uso de una serie de sustancias químicas consideradas muy tóxicas (cancerígenas, mutagénicas, etc.) para la fabricación de pesticidas y se aplicarán criterios más estrictos de seguridad en el caso de las sustancias neurotóxicas e inmunotóxicas. La lista de componentes vetados incluye también sustancias perjudiciales para las abejas de miel.

No obstante, existe la posibilidad de que se autorice durante un máximo de cinco años aquellas sustancias que, aún no cumpliendo los estándares de seguridad, resulten necesarias para combatir una plaga importante. Además, habrá un plazo de tres años para sustituir por alternativas más seguras aquellos pesticidas que tengan alguna de las sustancias peligrosas.

Otra de las novedades con las que se pretende frenar el uso abusivo de plaguicidas, especialmente en el sector agrícola, y minimizar su impacto, es que cada Estado deberá contar con un plan de acción nacional que incluya medidas de formación para la venta y manejo de los pesticidas, de inspección y de protección. También deberán trabajar en métodos alternativos de control de las plagas.

Asimismo, queda prohibida la fumigación aérea, si bien se admiten una serie de excepciones limitadas que deberán contar con el visto bueno de las autoridades competentes. Dichas excepciones nunca podrán ser aplicadas para la pulverización o uso de pesticidas en zonas residenciales, parques y jardines públicos, escuelas, hospitales, ríos y lagos.

La próxima semana se constituye la mesa laboral de la fusión Unicaja-Caja Jaén

SEVILLA.- Los sindicatos y las direcciones de Unicaja y Caja de Jaén constituirán la próxima semana la mesa laboral de fusión, con vistas a negociar las condiciones laborales de los trabajadores de ambas entidades, que se encuentran en proceso de integración.

Fuentes financieras precisaron que la constitución de la mesa laboral tendrá lugar a finales de la semana próxima, después de que el pasado 14 de agosto fuera solicitada por escrito por CCOO y Csica.

Las fuentes precisaron que este acuerdo afectará a 5.300 trabajadores de Unicaja y Caja de Jaén, sumando las dos plantillas. Los trabajadores están representados por CCOO, que tiene mayoría en Caja de Jaén y es el primer sindicato en Unicaja, UGT --también presentes en ambas entidades-- y Secar y Csica, ambos sindicatos presentes en Unicaja.

Recordaron que el proyecto de fusión "requiere de la existencia de acuerdo laboral, algo necesario legalmente para regular las condiciones de la nueva entidad, al no tratarse de una operación de absorción, sino del nacimiento de una nueva caja".

Precisaron que los plazos para alcanzar el acuerdo laboral de fusión "dependerán de la fecha de convocatoria de las asambleas en ambas cajas", que aún no están convocadas, de manera que "debe existir acuerdo laboral antes de la celebración de dichas asambleas que ratifiquen la fusión".

En la mesa laboral estarán presentes los representantes sindicales, en función de su promoción y representatividad, y la dirección de ambas cajas, y en ella se deberán establecer y regular íntegramente todas las condiciones laborales de la nueva entidad, para lo que debe haber acuerdo "aunque sólo fuera trasladar las condiciones laborales de una de las dos entidades".

Las fuentes indicaron que en ese acuerdo laboral se pretende "obtener las máximas garantías de empleo para los trabajadores, que será algo fundamental en el acuerdo laboral, así como los protocolos necesarios en caso de integración de oficinas para garantizar los intereses de los trabajadores".

Rambla y Costa dirigían la financiación ilegal del PP valenciano, según la Brigada Policial de Blanqueo de Capitales

MADRID.- La cúpula del PP valenciano ha amparado y dirigido la financiación ilegal de esta formación política durante los últimos años, según el informe de la Brigada Policial de Blanqueo que investiga el caso Gürtel. La sala de lo Penal del Tribunal Superior de Valencia, que preside Juan Luis de la Rúa, amigo declarado del presidente autonómico Francisco Camps, se niega a investigar estos hechos e incluso ha eliminado este informe policial del sumario sobre el supuesto cohecho impropio de cuatro altos cargos del PP, según revela 'El País'.

El vicepresidente valenciano, Vicente Rambla; el secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa; el vicesecretario, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos, estaban al tanto de la operativa financiera irregular de esta formación política. Entre los cuatro dirigentes del PP arreglaron los problemas financieros de Orange Market, la empresa valenciana de la trama Gürtel, abonando supuestas deudas con dinero de procedencia desconocida o con facturas por servicios no prestados endosadas a empresas constructoras que han recibido múltiples contratos de la Generalitat Valenciana.

La Sala de lo Penal ha sostenido en un auto que estos hechos no guardaban relación con la investigación abierta por cohecho impropio contra cuatro altos cargos del PP, entre ellos Costa, que recibieron cuantiosos regalos de la trama corrupta.

La investigación policial, resumida en 89 folios y cinco anexos, describe con detalle los mecanismos para la financiación ilegal del PP valenciano.

Doble facturación. "De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación, una real plasmada con una factura formal emitida por Orange Market al PP valenciano por los servicios prestados con el correspondiente IVA, que se integra bajo la denominación Alicante [la A mayúscula se refiere a su origen legal] y otra sin factura, y por tanto sin reflejo contable y sin repercutir el IVA bajo la denominación Barcelona [la B se refiere a dinero negro sin justificación legal]. En consecuencia no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al PP de la Comunidad Valenciana.

Pago de constructoras. La investigación ha acreditado que hay casos en los que para pagar las facturas legales con IVA, Orange Market ha recurrido en ocasiones al cambio de cliente, endosando una factura por servicios prestados al PP a dos empresas constructoras que tienen múltiples contratos con la administración valenciana: Ortiz e Hijos y Facsa (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA).

En los pagos en dinero B por actos del PP, la policía ha recabado numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial Sedesa y sobrino del vicepresidente valenciano Juan Cotino, y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado".

Costa, canalizador de los pagos. "Además el propio PP en la persona de Ricardo Costa actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas. Esta forma de actuación da opacidad a la verdadera naturaleza de la operación y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica de la formación política.

Este sistema de doble facturación y de financiación irregular de los actos realizados para el PP por el conjunto de empresas dedicadas a la organización de eventos de Francisco Correa, Special Events y Orange Market, tiene una persistencia en el tiempo suponiendo actuación sistemática en las relaciones que mantiene la organización con la formación política como se deriva del conjunto de elementos aportados.

La organización negocia el pago de la deuda con los responsables políticos valencianos, siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo (número dosde la trama corrupta), confeccionando facturas ad hoc, con conceptos acordado entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez. David Serra, vicesecretario general, participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono. Y Yolanda García librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de la factura por conceptos ficticios.

El Tribunal valenciano saca del sumario la posible financiación del PP al pedirlo Camps

Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, ha vuelto a conseguir el favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), presidido por Juan Luis de la Rúa, a quien considera más que un amigo. La Sala Civil y Penal ha eliminado de las diligencias, a petición de Camps, el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía en el que consta la supuesta participación de empresas como Sedesa, de la familia del vicepresidente Juan Cotino, y Lubasa, en la presunta financiación irregular del PP valenciano.

El informe, de 89 folios y cinco anexos lo han eliminado de las diligencias los mismos tres magistrados que hace unos días lo incorporaron a la causa, los mismos que también archivaron el 3 de agosto la parte del caso Gürtel que se instruyó en Valencia: Juan Luis de la Rúa, Francisco Ceres y Juan Montero. Los argumentos son puramente formales, sin entrar a analizar el fondo de la información, que forma parte de las averiguaciones del caso Gürtel y que se basa en la actividad de distintas empresas que habrían financiado irregularmente al PP valenciano.

El informe recoge que el PP valenciano supuestamente financió algunos de sus actos con dinero procedente de media docena de constructoras, que pagaban a una intermediaria, Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, hombre en Valencia del supuesto cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa.

Este nuevo carpetazo se sustenta en que el informe policial, que llegó el pasado día 31 de julio (en plena deliberación sobre el archivo de la causa contra Camps), fue remitido "sin que existiera petición al respecto ni por parte de la Sala ni por el magistrado instructor". El tribunal superior agrega que no es ni un atestado ni una denuncia (y, por ello, no les obliga a considerarlo), que se excede del objeto por el que se aceptó la competencia de los hechos investigados (posible cohecho de los cuatro imputados) y que la causa está archivada.

El tribunal que preside De la Rúa no sólo no atiende una posible financiación ilegal sino que estima una súplica de Camps que pedía que se retirase de las diligencias el informe policial. La Sala acuerda que el informe policial con los indicios de financiación irregular del PP valenciano no forme parte de las actuaciones y se devuelva al órgano que lo envió. Y dice más: considera que la fiscalía tuvo oportunidad de presentar un recurso y no lo hizo.

"Tenemos caso Gürtel para rato", dijo Ángel Luna, portavoz de los socialistas en las Cortes Valencianas. Este partido seguirá adelante con el recurso contra el archivo de la causa e iniciará acciones legales para esclarecer si hubo financiación irregular. La portavoz de Compromís pel País Valencià, Mònica Oltra, agregó que el informe completa el rompecabezas. "Es la historia completa que todo el mundo ve menos el señor [Juan Luis] De la Rúa".

Camps negó que exista "ningún problema" con la financiación del PP cuya economía está auditara por el Tribunal de Cuentas. Su vicepresidente tercero, Juan Cotino, dijo que los vínculos de la empresa de su familia con la del Bigotes son "comerciales".

Según fuentes fiscales, la negativa del Tribunal de Valencia a admitir el informe de la Brigada de Blanqueo no significa que éste no pueda ser investigado por el juez de Madrid Antonio Pedreira que también lo tiene en su poder. Si aparecen racionales de delito, no podrán incorporarse a las diligencias archivadas por los trajes de Camps, pero si podría abrirse otro procedimiento distinto.

El Corte Inglés modifica turnos a 40.000 empleados para mantener el empleo, con el rechazo de CC.OO. y UGT

MADRID.- El Corte Inglés modificará los turnos y horarios de aproximadamente 40.000 trabajadores, vigentes desde 1995, con el fin de mantener la viabilidad del empleo en el actual escenario de crisis económica, tras cerrar un acuerdo en el comité intercentros, con el rechazo de CC.OO. y UGT y el apoyo de Fetico y Fasga, informaron hoy fuentes sindicales.

Tanto CC.OO. como UGT calificaron de "auténtica aberración" y "nefasto" el acuerdo, por lo que no descartaron adoptar medidas jurídicas y sindicales para impugnarlo y evitar los "efectos negativos que tendrá sobre los derechos" de la plantilla.

"Nuevamente se impone la maquinaria avarienta y desmedida de El Corte Inglés, consumando un nuevo modelo de distribución de la jornada que en muchos casos puede poder en grave peligro la continuidad de la relación laboral y de manera generalizada la utilización en exclusiva y a su mero beneficio del tiempo de trabajo", señalaron desde UGT.

Por su parte, desde CC.OO. consideraron que dicho acuerdo no es "adecuado ni es la solución a la situación económica de la empresa", ya que "condena" a más de 40.000 trabajadores a unos turnos con los que no podrán conciliar la vida laboral y familiar, al tiempo que denunciaron la negativa del grupo a aceptar ninguna de las propuestas sindicales.

La empresa achacó la puesta en marcha de esta medida a causas económicas y organizativas, centradas principalmente en el profundo deterioro del consumo de los hogares por la caída de renta de las familias, la destrucción de empleo y las restricciones al crédito, apuntaron las mismas fuentes.

Tras el periodo de consultas preceptivo con los representantes legales de los trabajadores, la dirección del mayor grupo de distribución español tiene previsto que esta medida sea puesta en funcionamiento lo antes posible y, en todo caso, antes del próximo 1 de noviembre.

Fuentes sindicales apuntaron en este sentido que los jefes de personal de algunos centros de trabajo ya han empezado a informar hoy mismo a algunos empleados sobre la modificación de turnos y horarios.

En cualquier caso, la intención es que los trabajadores puedan tener su horario laboral planificado hasta con un año de antelación, de forma que el 1 de enero sepan cuales serán sus turnos de todo el ejercicio para que puedan organizar con tiempo sus vacaciones y periodos de libranza.

Según señalaron las mismas fuentes, la empresa explicó a los representantes sindicales que el escenario económico general y de la propia empresa es "absolutamente distinto" al de años anteriores, lo que obliga a aprovechar los recursos empleados, tanto humanos como materiales de una manera "más eficaz y eficiente".

"Esta medida pretende mantener la viabilidad en el empleo asegurando la competencia en el mercado y una mayor optimización de los recursos humanos", subrayó la empresa a los representantes sindicales al dar a conocer su propuesta.

La dirección del grupo considera que las necesidades de atención a la demanda del público no son regulares ni pueden atenderse adecuadamente con una distribución "rígida" de la jornada, como es la vigente, al tiempo que apunta que la distribución actual registra una mayor presencia del personal en momentos que hay menor necesidad comercial.

En consecuencia, la compañía pretende avanzar sustancialmente en la mejora de su atención al consumidor mediante una adecuada presencia de los profesionales en atención a la actividad de venta. "Con ello se mejora la posición competitiva de la empresa y se refuerza la base que garantiza la estabilidad del empleo", argumenta la compañía.

Para este fin, se atenderá especialmente a reforzar los tiempos que registran la mayor afluencia de clientes y a reducir aquellos con más baja actividad.

Otro de los objetivos de la compañía es suprimir momentos de improductividad provocados por los solapamientos de los actuales turnos y horarios en momentos que carecen de justificación.

Asimismo, considera necesario garantizar una óptima cobertura de plantilla en los centros comerciales en las franjas horarias comprendidas entre las 11.30 y las 14.30 horas y entre las 17.30 y las 21.30 horas, que se corresponde con los momentos de mayor actividad de venta diaria.

La compañía cree una acción prioritaria atender a una mayor seguridad en la planificación de desarrollo de la jornada anual de cada trabajador, que le permita la conciliación de su vida familiar y laboral.

Esta regularización de horarios y turnos que acometerá El Corte Inglés se produce después de haberse firmado hace unos meses el convenio colectivo de grandes almacenes, que contemplaba una subida del 2% del salario base para todos los empleados.

Hortyfruta critica que la Administración hace "oídos sordos" a que Marruecos "no cumple los contingentes" de tomate

ALMERÍA.- La Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía, Hortyfruta, reiteró hoy su postura sobre que Marruecos "no cumple los contingentes establecidos" en cuanto a la exportación de tomate a países europeos y consideró que, desde la Administración, se está haciendo "oídos sordos" a un sector "importantísimo" en la economía andaluza.

Hortyfruta, cuya junta directiva mantuvo hoy una reunión para evaluar el impacto económico que supone para el sector en España el "incumplimiento" del país marroquí y el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos, manifestó en una nota que "no está de acuerdo con cómo se está desarrollando el acuerdo, y considera que el país alauita no está cumpliendo ni con los cupos establecidos ni con los calendarios, lo que provoca un grave perjuicio a los productores hortofrutícolas de Andalucía".

En cuanto al estado actual del acuerdo, la Interprofesional considera que "no se están dando los pasos correctos", ya que, según ellos, "deberían primar los interese de los productores comunitarios", por lo que Hortyfruta indicó que trabajará para que se cumpla con el acuerdo establecido y para evitar que se amplíe el cupo de tomate para Marruecos, así como para que se tengan en cuenta los calendarios de producción de Andalucía.

En este sentido, desde Hortyfruta se considera que el país marroquí está "falseando" los precios de entrada de tomate y cometiendo fraude a la Hacienda comunitaria, tal y como, según mantienen, "ratificó la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude (OLAF) en 2007".

De hecho, el Comité de Tomate de la Federación de Productores y Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas de España (Fepex) presentó durante este verano una reclamación ante la oficina del Defensor del Pueblo Europeo debido a los "incumplimientos" por parte de la Comisión Europea (CE) en cuanto a las importaciones de tomate de Marruecos.

En su opinión, existe "dejación de funciones" por parte de la Comisión por considerar que en los últimos dos años las arcas europeas han dejado de percibir más de 24 millones de euros al no aplicar los precios mínimos en las fronteras europeas a los tomates procedentes de Marruecos, lo cual calificó de "fraude".

Según el presidente del Comité de Tomate de Fepex, José Hernández, las exportaciones de tomate español disminuyeron "entre un 30 y 35 por ciento" en los tres últimos años, lo que ha derivado en un "auténtico desastre" en cuanto al volumen y competitividad de los productos, y que viene causado, a su juicio, por los bajos precios de entrada del tomate de países extracomunitarios.

"Con 29 céntimos por kilo que tuvieran que pagar esos países en la frontera europea, dejarían de producirse las entradas fraudulentas", defendió el gerente de la asociación de Empresarios Cosecheros-Exportadores de Frutas y Hortalizas (Coexphal), Juan Corominas, quien criticó que la CE dejara de aplicar la normativa vigente "en aras de una supuesta discrecionalidad política".

AEMA se reunirá la próxima semana con la Junta para incluir mármol en espacios públicos de Pulpí y Vélez-Rubio

ALMERÍA.- La Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) señaló hoy que durante la próxima semana mantendrá una reunión con la Junta de Andalucía, a través de los técnicos de la Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio en Almería, para estudiar la inclusión de mármol y otros materiales relacionados con la piedra natural en espacios públicos de Pulpí y Vélez-Rubio.

Así lo señaló el presidente del AEMA, Bienvenido Cayuela, quien detalló que durante la entrevista con los miembros de la Junta se abordarán las características técnicas con las que deben contar los materiales para su óptimo aprovechamiento en estos espacios.

De esta forma, según apuntó Cayuela, una de las ubicaciones sobre la que se estudiará la inclusión de la piedra natural será el futuro polígono industrial de Pulpí mientras que en Vélez-Rubio la dotación se destinará a otro espacio comercial, ambas actuaciones enmarcadas en el convenio que la asociación firmó con la Consejería de Vivienda en el mes de febrero del presente año.

Por otra parte, el presidente de AEMA, cuya sede se encuentra en el municipio de Macael, ratificó los datos aportados por la Junta de Andalucía en cuanto al uso de más de 7.000 metros cuadrados de mármol para la confección de viviendas de VPO en Almería, si bien apuntó que "hay que dar crédito a la cifra procedente de un órgano oficial".

Asimismo, desde la Presidencia de AEMA se mostraron "muy agradecidos" por este tipo de iniciativas que ayudan a "paliar" los efectos de la crisis económica en la comarca del Almanzora y Levante almeriense.

El 70% de los indocumentados en España tiene garantizado el acceso a la sanidad

BRUSELAS.- El 72,7% de los inmigrantes sin permiso de residencia en España cumple las condiciones para acceder al sistema sanitario, aunque en la práctica sólo el 40% disfruta de la cobertura sanitaria, según un informe que presentó hoy Médicos del Mundo.

El porcentaje de personas que podrían acceder a la sanidad en España es ligeramente superior a la media (69,8%) de los once países que han participado en el estudio -Suecia, Reino Unido, Holanda, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Grecia y Suiza, además de España-.

"España es uno de los países más favorables" a la hora de prestar asistencia sanitaria a los extranjeros indocumentados, explicó hoy a los medios la presidenta de la ONG en España, Teresa González, tras una rueda de prensa para presentar el estudio.

Sin embargo, González puntualizó que el acceso a la sanidad en España "se complica por los trámites administrativos", ya que los inmigrantes se ven obligados a acreditar que no tienen recursos y, además, a presentar su certificado de empadronamiento.

De este modo, aproximadamente el 30% de los indocumentados "se queda fuera del sistema", lamentó.

No obstante, valoró el "esfuerzo" de determinadas comunidades autónomas para garantizar la asistencia a estas personas y, de este modo, reconocer la realidad a la que se enfrenta una parte de la población.

Murcia, Extremadura, la Comunidad Valenciana y Andalucía ya han flexibilizado el sistema de obtención de la tarjeta sanitaria, puesto que todas las personas inmigrantes sin permiso de residencia pueden ser titulares de dicho documento sin necesidad de presentar ninguna acreditación administrativa.

La presidenta de la ONG en España puso como ejemplo a la Comunidad Valenciana, donde las autoridades han diseñado una "tarjeta solidaria" que evita tener que acreditar el empadronamiento.

También manifestó su satisfacción por el hecho de que el País Vasco esté estudiando incorporar un sistema por el cual la residencia quedaría demostrada gracias a la confirmación de un vecino del demandante de la tarjeta.

En cualquier caso, los niños y las mujeres embarazadas están exentos de los requisitos administrativos en todas las comunidades autónomas.

De este modo, de los once países de la UE objeto del estudio, España, Bélgica y Francia son los más abiertos a la hora de prestar cuidados sanitarios a los inmigrantes sin papeles.

Frente a ello, los del Norte, concretamente Suecia, Reino Unido y Alemania, son los que menos reconocen el derecho a la asistencia sanitaria, denunció la española.

Así, los inmigrantes sin permiso de residencia en Suecia, incluidos los menores y las mujeres embarazadas, no tienen ningún tipo de acceso gratuito a la sanidad, aunque se encuentren en una situación de urgencia o con una enfermedad infecciosa grave.

En Alemania, las instituciones administrativas públicas, incluidas las que tienen competencia en materia sanitaria, tienen la obligación de denunciar a los inmigrantes sin papeles que acudan a sus centros, lo que evita que se generalice la atención sanitaria.

González defendió que la sanidad "no es un artículo de lujo, es un servicio público y un derecho de todas las personas".

Además, alertó de los riesgos que puede conllevar "poner a la gente más vulnerable fuera del sistema" desde el punto de vista sanitario y, concretamente, alertó sobre las consecuencias epidemiológicas.

"Me preocupa que los Gobiernos no estén aprobando políticas de salud, sino de control migratorio", dijo.

El informe refleja que la mayoría de los inmigrantes llega a la UE por razones económicas (56%), mientras que tan sólo un 6% lo hace por razones sanitarias.

Por ello, la responsable de Médicos del Mundo abogó por desterrar la idea de la "inmigración sanitaria", aunque reconoció que es un mito que "se está alimentando".

"No me imagino a un maliense cruzando el estrecho en patera para hacerse tratar una enfermedad", dijo.

En su opinión, existe un turismo sanitario, pero protagonizado por personas de países ricos y fríos, como Alemania o Reino Unido, que buscan "un mejor sistema de salud y un clima más cálido".

Por ello, el estudio concluye que los indocumentados "no han venido para aprovecharse del sistema social y sanitario europeo ni para recibir tratamientos médicos".

Finalmente, la ONG demanda la protección del secreto médico y la prohibición de denunciar a las personas sin permiso de residencia cuando estas sean recibidas en consulta.

También solicita que el Parlamento Europeo apruebe una resolución para "reafirmar la necesidad de igualdad en el acceso a la atención médica" y la concesión del permiso de residencia para los indocumentados que sufran enfermedades de gravedad.