miércoles, 16 de septiembre de 2009

España y Francia invertirán 3.100 millones en la interconexión gasista si ven interés empresarial

MADRID.- España y Francia invertirán en conjunto 3.100 millones de euros en la nueva interconexión gasista por el paso fronterizo de Larrau (Guipúzcoa) prevista para 2013 en caso de que las empresas comercializadoras garanticen su viabilidad expresando su interés por el proyecto y solicitando, antes del 30 de octubre, capacidad de gas a largo plazo.

Fuentes de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), encargada de impulsar junto al regulador francés este proyecto, explicaron que la parte española, a través del transportista de gas, Enagás, invertirá 1.337 millones, mientras que la parte francesa aportará otros 1.800 millones.

El proyecto ya está incluido en la planificación estratégica hasta 2016, y el grupo presidido por Antonio Llardén amortizará el esfuerzo mediante los porcentajes de retorno de inversión previstos. Los promotores pueden además aspirar a los cerca de 200 millones de ayudas que tiene presupuestada la Comisión Europea para este tipo de proyectos de interconexión.

El nuevo gasoducto tendrá una capacidad de 7.000 millones de metros cúbicos de gas en ambas direcciones, una quinta parte del consumo nacional, de 35.000 millones de metros cúbicos. Además, multiplicará por 45 el gas que España vende a Francia y por más de dos el que Francia vende a España.

La CNE confía en que las empresas muestren interés por el gasoducto, a la vista de que en anterior consulta, de tipo informal, se demandó seis veces la capacidad ofrecida y hubo acercamientos de 11 grupos empresariales. Para el regulador, aquella respuesta fue una "señal de mercado clara" de que hay interés por desarrollar esta infraestructura.

Si este proyecto tiene éxito, Francia y España podrían iniciar a mediados de 2010 la segunda fase de la interconexión, que consiste en la construcción del gasoducto Midcat entre Figueras (Girona) y la fronteras francesa, que está prevista para 2015 y que elevará la capacidad de interconexión en otros 7.000 millones de metros cúbicos.

Juan Espadas asegura que articularán fórmulas para "encajar" el proyecto de El Corte Inglés en el PGOU de la capital

ALMERÍA.- El consejero andaluz de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, se mostró hoy "seguro" de que, tanto Junta de Andalucía como Ayuntamiento de Almería, "articularán fórmulas para encajar" la implantación de un centro del Corte Inglés en el solar que ocupa en la actualidad el colegio 'La Salle' en el "ordenamiento urbanístico" que se tramita en el departamento del que es titular.

En declaraciones a los periodistas tras la firma del convenio para abordar la segunda fase de las obras de rehabilitación de la Casa Consistorial de Almería, Espadas se refirió en estos términos a la situación actual del proyecto, recogido en documento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) elevado para aprobación a la administración autonómica y derivado de un convenio que, suscrito por la firma comercial y la orden religiosa que gestiona el centro educativo concertado, fue validado por la corporación local en pleno de noviembre de 2005.

Por su parte, el alcalde de la capital, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP), vinculó el visto bueno de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio al PGOU con que el citado convenio "eche definitivamente a andar" después de que la implantación de la gran superficie haya motivado varios reveses por parte de la Junta a la aprobación del nuevo planeamiento urbanístico.

En concreto, la Consejería de Cultura resolvió en un informe sectorial en 2007 la necesidad de conservar la fachada mientras que el departamento de Obras Públicas y Transportes objeto con respecto a la modificación necesaria de uso de suelo de escolar a terciario.

El convenio suscrito entre Consistorio capitalino, la firma comercial y la congregación religiosa lasaliana prevé la instalación del centro concertado en un finca del barrio de Las Chocillas frente a la opción de mantener el colegio en el núcleo urbano al carecer el Ayuntamiento de suelo disponible.

Luciano Alonso pide la "participación activa" de los empresarios para dinamizar el turismo en Mojácar

ALMERÍA.- El consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, pidió hoy la "participación activa" de los empresarios almerienses para llevar a cabo el Plan de Promoción y Comercialización Turística de Mojácar-Levante almeriense que anunció en el mes de julio tras los incendios forestales de Sierra Cabrera que acabaron con cerca de 7.500 hectáreas de suelo.

En declaraciones a los periodistas tras la entrega de subvenciones para instalaciones deportivas en Almería, Alonso indicó que la colaboración de los empresarios almerienses es "muy importante" ya que los touroperadores con los que se trata desde el Gobierno andaluz "tienen que encontrar destinos para su oferta".

No obstante, el consejero de Turismo señaló que el levante almeriense "ha gozado de buena salud este verano" y recordó que, según los datos de ocupación hotelera de julio, Mojácar ha tenido un 20 por ciento más de ocupación con respecto al mismo mes del año anterior.

Así, Alonso anunció que en los próximos días contará con "datos más concretos" sobre la ocupación de agosto y recordó que la campaña de promoción turística "todavía continúa" y que "se comprometió" a otro tipo de actuaciones.

La Junta de Andalucía amplió a 120.000 euros la dotación del Plan de Promoción y Comercialización Turística de Mojácar-Levante almeriense diseñado para contrarrestar la repercusión de los dos incendios forestales de julio y anunció contactos con el touroperador europeo 'Thomas Cook' para realizar "una acción conjunta centrada" en esta comarca como destino preferente.

El plan, según informó la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, comenzó a ejecutarse el pasado día 10 de julio con la campaña de comunicación en medios escritos, radio y televisión de Andalucía, así como la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia, principales mercados nacionales para la región.

La nueva ley española de extranjería vetará el acceso a la sanidad de ilegales

MADRID.- La nueva ley de Extranjería exigirá a los inmigrantes ser residentes legales para poder inscribirse en el padrón municipal, lo que automáticamente les cerrará las puertas a la sanidad y a la educación.

Así lo han denunciado hoy en rueda de prensa Cáritas Española, la Red Acoge y la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados (CEAR), que se han reunido con grupos parlamentarios para presentarles sus enmiendas a la nueva ley de Extranjería, aún en tramitación parlamentaria.

Mañana, el Congreso de los Diputados debatirá la enmienda a la totalidad presentada por el PP, PNV y ERC-IU-ICV para que el Gobierno retire este proyecto.

El secretario general de CEAR, Alfredo Abad, ha recalcado que todavía hay margen y posibilidades para corregir aspectos que, a su juicio, limitan los derechos de los inmigrantes, "contradicen" las sentencias del Tribunal Constitucional en la materia e incluso pueden ser inconstitucionales.

Entre las enmiendas que plantean CEAR, Red Acoge y Cáritas figura modificar la redacción del proyecto sobre el padrón; en sus actuales términos establece que cuando aparezca la palabra "residente" o "residencia" habrá que leer "autorización de estancia o residencia legal", ha explicado Ana Abril, coordinadora del Área de Análisis Social de Cáritas.

Ello implica -según Abril- que los extranjeros que no tengan una de estas autorizaciones, aunque esté documentado (pasaporte), no van a poder empadronarse y, asimismo, tiene "consecuencias sobre el acceso, por ejemplo, a la tarjeta sanitaria o a la educación".

La restricción también supondrá que los ayuntamientos verán crecer su población real, y por tanto sus necesidades de recursos, sin que puedan acreditarla, de acuerdo a estas tres organizaciones.

Begoña Santos, directora técnica de Red Acoge, cuestionó asimismo la ampliación del tiempo que un inmigrante podrá ser retenido en un centro de internamiento (el proyecto prevé pasar de 40 a 60 días), pues "no garantiza" la efectiva expulsión de la persona a su país de origen y, además, la media de estancia gira en torno a "los veinte días".

Las enmiendas redactadas por Cáritas, Red Acoge y CEAR, contenidas en más de un centenar de paginas, exigen además modificaciones del proyecto de ley referidas a la reagrupación familiar, el acceso al derecho de justicia gratuita o a la vivienda.

Entre los aspectos positivos de la reforma, las tres organizaciones han valorado que explicite el derecho del menor a nombrar un defensor judicial en los supuestos de repatriación o la posibilidad de que las mujeres maltratadas puedan obtener una autorización provisional de residencia.