ALMERÍA.- Los portavoces de Inmigración del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, y en el Senado, Eugenio Gonzálvez, anunciaron hoy en Almería que su formación presentará 64 enmiendas a la Ley de Extranjería para evitar la "regularización masiva" que, a su juicio, realiza actualmente el Gobierno, así como para cumplir con el Pacto Europeo de Inmigración, ya que consideran que algunos aspectos de la reforma legalizan puntos que el texto "prohíbe". En rueda de prensa, Hernando (en la imagen) incidió en que la nueva ley "no nace del acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas del Parlamento", sino que el PP ha sido "excluido" por el Gobierno a la hora de elaborar el texto, ya que, según expresó, se trata de una ley "continuista" a las políticas desarrolladas desde 2004 en relación al reglamento de extranjería basadas, a su juicio, en el principio de "papeles para todos".
De esta forma, el diputado nacional del PP en Almería argumentó que en 2004 en España había 1.600.000 personas con una tarjeta de extranjería mientras que en 2009, la cifra ascendió hasta los 4,5 millones de personas. "La ley vigente dice que la llegada de extranjeros tiene que estar vinculada a la situación de empleo, y en el último año se han dado 550.000 tarjetas de residencia y trabajo", ahondó Hernando, a la vez que recordó la situación de crisis actual.
En su opinión, "la ley debería haber sido un elemento para favorecer la empleabilidad, el flujo de inmigrantes y para haber puesto el país en sintonía con el pacto de la UE, por eso vamos a seguir con el veto y presentaremos nuestras enmiendas".
Junto a ello, el PP también echa en falta que la ley no vaya acompañada de una memoria económica y una adaptación presupuestaria, de forma que criticó que el texto se pondrá en marcha con un recorte financiero del Estado a las comunidades autónomas así como a los ayuntamientos, y una menor inversión destinada al trabajo de las ONG.
De esta forma, el diputado señaló que la llegada de pateras a las costas españolas continuará pese a los cambios establecidos debido a que "otros países como Italia han establecido leyes más severas", uno de los motivos por el que también indicó la mayor llegada de inmigrantes procedentes de otros países del norte de África diferentes a Marruecos como Argelia.
En cuanto a la regularización de la población inmigrante ilegal, Hernando opinó que se seguirá produciendo de forma "masiva" debido al sistema de arraigo, por el cual, según explicó, "habrá papeles para todos a los dos y tres años de estar en España", un aspecto que desde su partido se quiere "limitar" y que, según observó, "contraviene al pacto europeo que prohíbe las regularizaciones masivas".
En este sentido, también recordó que el incremento de los tiempos de internamiento de los inmigrantes ilegales de 40 a 60 días es un aspecto que el Pacto de Inmigración de la UE "prohibía expresamente", por lo que el PP presentará una enmienda en torno a este aspecto.
Según el portavoz de Inmigración del PP en la Cámara Baja, la aprobación inicial de la ley, que fue apoyada por CC y CiU, ha hecho que el texto "empeore", ya que, según señaló, concede poderes a las autonomías que deberían estar centralizados.
Así, el PP se opone a que la ley permita a los gobiernos autonómicos "puedan limitar o imponer sanciones" para los inmigrantes que quieran cambiar de empleo o de provincia así como que algunas administraciones regionales como Cataluña o Andalucía tengan la opción de conceder permisos de trabajo y residencia. "Es un caos administrativo que va a dificultar la política común y coherente", apuntó.
También cuestionó la capacidad de las comunidades autónomas para sancionar o recaudar tasas, o que éstas puedan abrir oficinas en el extranjero para tramitar permisos de entrada en el país. "Entiendo que Montilla o Maragall quieran abrir oficinas por todo el mundo, pero la política exterior debe ser común para todo el Estado", señaló.
En este sentido, Hernando instó al presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, a que se pronuncie a cerca de esta iniciativa y si seguirá los pasos anunciados por el presidente de la Generalitat en cuanto a la apertura de oficinas en territorio extranjero, algo que, según el diputado 'popular', es un "disparate".
Entre las críticas, también mostró su oposición a que sean las comunidades autónomas las que realicen un informe de control a cada uno de los inmigrantes que llegan a España en el momento de la renovación de su permiso de residencia a razón de su conducta, un aspecto que tachó de "peligroso" debido a la "vulnerabilidad" de esta población. "Se deja en manos de un funcionario que decida si el inmigrante ha tenido voluntad para integrarse", apostilló.
Según Hernando, buena parte de las enmiendas también van dirigidas a introducir modificaciones en el sistema de entrada en el país, ya que, según narró, "la fórmula habitual, además de llegar en patera, es con visado de turista que después se utiliza para quedarse aqui de forma ilegal". De esta manera, el PP propuso diferenciar un visado turístico y de otro que autorice la entrada en España para buscar empleo durante seis meses.
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