En su intervención ante el Pleno del Parlamento, la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, solicitó el voto favorable para la convalidación del Decreto-Ley para que se consiga que "nuestro sistema financiero salga fortalecido de la complicada situación económica y financiera en la que el mundo entero está inmerso". La responsable de Economía y Hacienda insistió en que "es imprescindible que todos afrontemos el desafío de los próximos meses aunando esfuerzos".
Martínez Aguayo justificó la necesidad del Decreto-Ley aprobado el pasado 20 de octubre en Consejo de Gobierno en la necesidad de dar encaje o cobertura legal a la fusión proyectada entre Unicaja, Cajasur y Caja de Jaén, como consecuencia del especial régimen que en materia de órganos de gobierno tiene actualmente reconocida CajaSur en la Ley, en su calidad de Caja fundada por la Iglesia católica.
También dijo que resulta necesario modificar la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía para remover posibles obstáculos normativos que "pudieran entorpecer, ralentizar o desnaturalizar la marcha de este u otros procesos de fusión".
En tercer lugar, señaló las razones de oportunidad política, adoptadas en el ámbito de la política económica que corresponde dirigir al Gobierno andaluz, y que aconsejan también acometer determinadas modificaciones normativas bajo el objetivo de "incentivar los procesos de fusión, por considerarlos positivos y necesarios para el sector financiero andaluz", según la consejera.
En definitiva, insistió que se trata de aportar certeza, claridad y seguridad jurídica al marco normativo de aplicación a las entidades que decidan fusionarse, removiendo los posibles obstáculos a dichos procesos.
En su turno de intervención, el diputado de IULV-CA Pedro Vaquero dijo que a su grupo le gustaría que en este tema existiera el mayor consenso posible, ya que ni el PP-A ni su formación están de acuerdo con determinadas cuestiones. Por ello, consideró que la mejor opción consiste en la tramitación como proyecto de ley por la vía de urgencia.
Vaquero, que aseguró que su formación apuesta por un poder financiero en Andalucía "lo más compacto posible" y por un modelo de banca pública participada social y institucionalmente, dijo que IULV-CA apoya la fusión siempre que se mantenga el empleo existe y no se reduzca la calidad del servicio público que prestan actualmente Unicaja, CajaSur y Caja de Jaén.
Asimismo, el parlamentario de IULV-CA dijo que su formación rechaza una reforma de la normativa que sólo aborda lo "estrictamente necesario" para la fusión. Si bien, dijo que comparte determinadas cuestiones del Decreto-Ley como la limitación del mandato, la no diferencia de estatus entre consejeros, el contador a cero para la renovación de los mandatos o la regulación de las "fusiones en frío", entre otras cuestiones.
Finalmente, dijo que entre las cuestiones con las que la formación no está de acuerdo se encuentran "que el Consejo de Gobierno pueda autorizar fusiones interterritoriales, que los mandatos sean de seis años y no de cuatro, y que no se garantice que todas las fuerzas parlamentarias participen en los consejos de administración".
Por su parte, el diputado del PP-A Antonio Sanz, que solicitó a la Junta que rectifique en su postura y que acepte una tramitación de la reforma de la Ley de Cajas de Ahorro a través de un proyecto de Ley, dijo que aún existe una oportunidad para alcanzar un consenso.
Sanz destacó la "torpeza política" del Gobierno andaluz al traer a la Cámara andaluza un texto que "no satisface a nadie, ni a los firmantes del protocolo de fusión, ni a los grupos de la oposición".
"Muy mal se han tenido que hacer las cosas para que no lo apoye nadie cuando se partía del consenso", agregó.
En esta línea, el diputado 'popular' consideró que la Junta ha aprobado un Decreto-Ley que es un "auténtico decretazo" para garantizar su poder en las cajas. Además, indicó que no es positivo romper consensos y aprovechar una puntual reforma de la ley para "apuntalar" el poder político de los socialistas, de cara a futuros procesos electorales.
Sanz calificó el proceso de diálogo como un "desastre" y afirmó que el Gobierno andaluz debería haberle haber dedicado más tiempo. "No era nada difícil haber alcanzado un consenso por parte del PP", indicó Sanz, quien afirmó que su formación ha dado un ejemplo de "discreción y de responsabilidad plena" durante las negociaciones.
Por último, el diputado del PSOE-A Rafael Velasco dijo que su formación no cree que la tramitación del Decreto-Ley como proyecto de Ley ayude al proceso de fusión vigente de las tres cajas de ahorros que en estos momentos están negociando la fusión. "No es la mejor fórmula para los actores implicados", apostilló el socialista.
Asimismo, Velasco aseguró que el Decreto-Ley incluye sugerencias de todos los grupos parlamentarios y dijo no comprender como IULV-CA se posiciona en su contra cuando su portavoz adjunto "ha dedicado hoy más de tres minutos a decir las cuestiones que comparte". Por último, dijo sentir "muchísimo" el posicionamiento del PP porque, según dijo, el Decreto-Ley da cobertura a una mayor representación del PP en la fusión "y ellos lo saben".
El Decreto-Ley modifica diversos aspectos de la regulación de los procesos de fusión en nuestra Comunidad e introduce también cambios referentes a la duración de los mandatos, miembros y cuotas participativas en la Asamblea General y sobre las causas de incompatibilidad para formar parte del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de las cajas de ahorros andaluzas.
En referencia a los procesos de fusión, el nuevo texto suprime la obligatoriedad de respetar los porcentajes de representación de los grupos, durante el período transitorio de los órganos de gobierno, y se amplía la duración de este periodo transitorio, de dos a tres años, en los casos de fusión por creación de nueva entidad.
Respecto a los mandatos en caso de fusiones, el Decreto-Ley considera necesario garantizar la estabilidad y permanencia de los órganos de gobierno, en tanto no haya culminado la fusión proyectada. Por eso, señala que se computará como un único mandato el que se viniera disfrutando desde la última elección o reelección hasta la finalización del periodo transitorio, aún cuando eso suponga superar el límite máximo de 12 años de ejercicio en el cargo.
En el texto se indica que la futura entidad será una caja sometida al régimen jurídico general, si bien se reconoce legalmente la presencia que tendrá la entidad Cabildo Catedral de Córdoba. Concretamente, se contempla el porcentaje y número exacto de representación en la Asamblea General, en el Consejo de Administración, Comisión Ejecutiva y Comisión de Control, de conformidad con el protocolo de fusión suscrito entre Cajasur y Unicaja.
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