lunes, 16 de noviembre de 2009

El juez investiga en Arboleas delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio

ALMERÍA.- El registro efectuado hoy en el Ayuntamiento de Arboleas, gobernado por el PSOE, se enmarca dentro de unas diligencias previas incoadas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Huércal-Overa encaminadas a esclarecer la presunta comisión de delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio en la concesión de licencias de obras en este municipio del Valle del Almanzora.

Según se recoge en el auto de registro y entrada dictado por el juez Alberto Blanco el pasado día 13 por orden de la Fiscalía, los agentes de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía tenían orden de localizar en el despacho del ex secretario municipal, ubicado en la planta baja del inmueble, originales tanto de las solicitudes de licencias como obras como de los proyectos de ejecución de las mismas.

En el escrito, que responde a unas diligencias previas incoadas en el presente año 2009, se ordena, asimismo, que se intervengan originales de las resoluciones de Alcaldía sobre licencias de obra, los permisos de primera utilización de la edificación, así como los informes técnicos favorables a la concesión de licencias de segregación.

Los agentes de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía han decomisado, asimismo, el ordenador personal de Fernando García Benito para la obtención de archivos y ficheros "relacionados con la anterior documentación" que pudieran existir en el disco duro o que hubiesen sido borrados.

De la actuación, iniciada a las 10,00 horas, no ha trascendido, sin embargo, si se ha producido alguna imputación por la presunta comisión de los delitos que se investigan.

García Benito, quien fue relevado del cargo de ex secretario e interventor municipal el pasado mes de julio por el actual alcalde, Ángel Jesús García (PSOE), abandonaba las dependencias del Consistorio arboleano pasadas las 16,45 horas después de permanecer retenido en el departamento que ocupa con la categoría de técnico de la Administración General junto a tres agentes de la Policía Autonómica de paisano y otros dos uniformados que lo han acompañado a la salida por la puerta de atrás del edificio.

La operación relacionada con la concesión de licencias urbanísticas no ha paralizado el normal funcionamiento del Ayuntamiento, tal y como ha destacado el primer edil ya que toda la atención de los efectivos movilizados por el juzgado instructor se han centrado en la persona del funcionario que asumió las competencias antes mencionadas en el año 2000, según García, aunque consta en registro que hasta 2004 estuvo ejerciendo en el Ayuntamiento de Bacares para después ser trasladado a Arboleas.

El ex secretario e interventor municipal fue cesado en virtud de una de las primeras decisiones "que adopte --explicó el regidor-- al llegar a la Alcadía de Arboleas" tras el fallecimiento en enero del anterior alcalde, el también socialista Francisco Pérez Miras. Aseguró, en esta línea, que la documentación oficial que se refiere "a los primeros años de su gestión como secretario municipal y no a periodos recientes".

García asumió la Alcaldía el 30 de enero tras seis años como concejal en el equipo de Gobierno, afirmó sentirse "sorprendido" por la presencia de la Policía Autonómica en el Consistorio de Arboleas que --ahondó-- "nos ha pillado un poco a contrapié", aunque resaltó la "discreción" del operativo que le ha permitido continuar "con la agenda de visitas a obras y reuniones que tenía previsto para esta jornada".

La Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Zurgena, Albox, Cantoria, Arboleas, Partaloa, Albanchez y Lubrín alcanzaron en septiembre de 2008 un acuerdo de colaboración para elaborar planes de Inspección locales que servirán para detectar las viviendas fuera de regulación en el término municipal y diseñar una ficha individualizada sobre la situación específica de cada una de ellas.

El delegado provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Luis Caparrós, anunciaba entonces que la solución a las más de 5.000 viviendas propiedad de residentes británicos fuera de ordenación en doce municipios de la Comarca del Almanzora y el Levante almeriense pasaba por los instrumentos de planificación municipal y autonómicos al tiempo que afirmaba que la Junta de Andalucía estaba "obligada a colaborar con la Justicia" y a acatar cualquier resolución judicial referente a los inmuebles.

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