ALMERÍA.- La jueza que instruye las diligencias de la operación 'Poniente' ha reanudado la toma de declaración a otras cinco mujeres detenidas el pasado martes por presunta su implicación en las ramificaciones sevillana y madrileña de la trama de corrupción municipal después de que, en la jornada de ayer, decretase libertad con cargos para la esposa del alcalde de El Ejido, Francisca A.C., una de sus hijas, M.E.E.A., y la cuñada del interventor municipal, Rosalía G. mientras que para la cónyuge de este último dictó auto de prisión eludible bajo fianza de 90.000 euros.
Fuentes judiciales confirmaron hoy que la intención de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, Montserrat Peña, es culminar la tanda de testimonios de las mujeres arrestadas a lo largo de esta mañana, por lo que han sido trasladadas al edificio judicial de Canónigo Molina Alonso la mujer y las dos hijas del ex director de explotaciones de la Empresa Mixta de Servicios Municipales SA 'Elsur' y actual responsable de otras dos subcontratas, José Amate.
Asimismo, estaba previsto que a partir de las 12,00 horas se iniciase la toma de declaración a esposa y la hija de Juan Antonio Galán, administrador único de otras de las sociedades matriz de la red --Gestora Ejidense-- quien era detenido junto a su familia en Madrid y llegaba a las 20,00 horas de ayer a las dependencias de la Comisaría Provincial de Almería en conducción desde Madrid.
La juez ordenó a última hora de ayer el regreso a dependencias policiales de A.A y M.L.A. después de que sólo una de ellas respondiese a sus preguntas en sala sin que quedase resuelta su situación personas mientras que Isabel Carrasco, única de momento con auto de prisión ha pasado la noche en el centro penitenciario provincial de El Acebuche aunque está previsto que abone en próximas horas el importe de la fianza, que asciende a 90.000 euros.
La instrucción del sumario compuesto por más de 15.000 folios decidirá, junto con los testimonios, el diferente grado de implicación en la trama empresarial y societaria por presuntos delitos blanqueo de capitales, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil de los 20 arrestados, quienes han estado en todo momento incomunicados y a los que sólo se les ha permitido un contacto de entre cinco y diez minutos con los letrados que ejercen su defensa.
Fuentes judiciales confirmaron hoy que la intención de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, Montserrat Peña, es culminar la tanda de testimonios de las mujeres arrestadas a lo largo de esta mañana, por lo que han sido trasladadas al edificio judicial de Canónigo Molina Alonso la mujer y las dos hijas del ex director de explotaciones de la Empresa Mixta de Servicios Municipales SA 'Elsur' y actual responsable de otras dos subcontratas, José Amate.
Asimismo, estaba previsto que a partir de las 12,00 horas se iniciase la toma de declaración a esposa y la hija de Juan Antonio Galán, administrador único de otras de las sociedades matriz de la red --Gestora Ejidense-- quien era detenido junto a su familia en Madrid y llegaba a las 20,00 horas de ayer a las dependencias de la Comisaría Provincial de Almería en conducción desde Madrid.
La juez ordenó a última hora de ayer el regreso a dependencias policiales de A.A y M.L.A. después de que sólo una de ellas respondiese a sus preguntas en sala sin que quedase resuelta su situación personas mientras que Isabel Carrasco, única de momento con auto de prisión ha pasado la noche en el centro penitenciario provincial de El Acebuche aunque está previsto que abone en próximas horas el importe de la fianza, que asciende a 90.000 euros.
La instrucción del sumario compuesto por más de 15.000 folios decidirá, junto con los testimonios, el diferente grado de implicación en la trama empresarial y societaria por presuntos delitos blanqueo de capitales, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil de los 20 arrestados, quienes han estado en todo momento incomunicados y a los que sólo se les ha permitido un contacto de entre cinco y diez minutos con los letrados que ejercen su defensa.
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