sábado, 22 de agosto de 2009

25 almerienses renuncian a la adjudicación de una VPO por no encontrar financiación

ALMERÍA.- La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Rosalía espinosa afirma en 'Ideal' que Almería es la provincia andaluza que «encabeza las renuncias a viviendas protegidas por denegación de préstamos».

El total de viviendas de protección oficial que han sido rechazadas finalmente por los almerienses fueron de 25, seguida por Huelva con 24, Málaga con 16, Granada con 10, Sevilla con 5 y Córdoba con 3.

De esta forma lo que se supone que iba a ser un sueño para muchos almerienses que iban a disponer de una vivienda, se ha convertido en una carrera de obstáculos que la crisis económica se ha encargado de agravar en la provincia.

En cuanto a los municipios donde se han producido las renuncias a VPO por no poder acceder a un préstamo, han sido Huércal-Overa, Oria, Roquetas de Mar, Urrácal, Vera y Vícar.

Rosalía Espinosa afirmó que el principal problema por el que no se puede acceder con facilidad a la vivienda es la «financiación», en el hecho de que los bancos no conceden hipotecas y en el caso en que sí las conceden, el comprador no tiene dinero suficiente para pagar la entrada, la cual constituye normalmente el 20% del valor del inmueble.

Ante esta situación, la parlamentaria popular recordó que la base de todo esto es hacer una apuesta fuerte y para ello «establecer y desarrollar medidas que permitan reducir hasta en un 75% el importe económico que los ciudadanos pagan actualmente por la entrada para acceder a una vivienda protegida».

Por otra parte la parlamentaria del PP señaló que el partido también iba a exigir en el Parlamento Andaluz un registro único de demandantes de vivienda protegida que garantice la igualdad de todos los andaluces y almerienses en el acceso a la vivienda y evite de esta forma que se perpetúe la política de «caos y lotería» en la adjudicación de las VPO.

La parlamentaria del PP recordó que el gobierno andaluz publicó el 1 de julio una orden por la cual se obligaba a los Ayuntamientos a crear registros municipales de demandantes a pesar de que la Junta de Andalucía tiene la competencia exclusiva en materia de vivienda.

«El Gobierno Andaluz pretende hacerse con un registro a costa de los Ayuntamientos sin facilitarles los medios necesarios, la financiación correspondiente ni criterios comunes», afirmó sobre este punto Espinosa.

Otra de los aspectos que fueron señalados y recalcaron en varios momentos, se basó en el caos en las adjudicaciones de las viviendas, al tener 770 registros diferentes que no aseguran unos criterios comunes en la valoración de los datos de demandantes además de no establecer políticas supranacionales en áreas metropolitanas que no garantizan igualdad ni trasparencia pública.

Ante esta problemática Rosalía Espinosa declaró que precisamente esa elaboración de los registros municipales debe ser optativa y en cualquier caso la Junta como responsable es la que debe financiar y dotar de los medios necesarios para ejercer esta competencia impropia de los Ayuntamientos.

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