miércoles, 25 de abril de 2018

Hacienda subirá el impuesto a los carburantes y elevará su precio en nueve autonomías (Andalucía)

MADRID.- El Ministerio de Hacienda prepara un aumento de los impuestos que gravan los carburantes que amenaza el bolsillo de millones de conductores repartidos en nueve autonomías diferentes. Así consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno y en estos momentos se encuentra en plena tramitación parlamentaria, según El Mundo

El cambio consiste en la supresión del tramo autonómico del Impuesto Especial de Hidrocarburos que en estos momentos grava el litro de carburante con hasta 4,8 céntimos por litro, según la voluntad de la autonomía. La crisis de los últimos años y la necesidad de algunas regiones de disminuir sus déficit fiscales llevó a que un total de hasta siete comunidades autónomas -Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Cataluña y Galicia- situaran durante los últimos años el gravamen en su rango máximo de 4,8 céntimos por litro, creando una serie de fronteras fiscales entre las propias regiones que rompe la unidad de mercado.
Sólo el efecto de este impuesto hace que en estas regiones cada repostaje saliera 2,6 euros más caro que en las cinco -Castilla y León, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja- que han aguantado la crisis sin elevar este gravamen a sus habitantes y a los transportistas que aprovechan sus rutas para llenar sus depósitos en estas autonomías. El resto de autonomías ha optado por situar este impuesto en un tramo intermedio que va desde lo 1,7 céntimos por litro en Madrid a los 4 céntimos de Asturias.
Ahora sin embargo serán todos los conductores de estas nueve autonomías quienes verán como el litro de gasolina sube con fuerza en el surtidor si los Presupuestos Generales del Estado salen adelante como están redactados en estos momentos. El plan de Hacienda es «garantizar la unidad de mercado en el ámbito de los combustibles y los carburantes, integrando el tipo impositivo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos en el tipo especial, sin que dicha medida suponga un menoscabo de los recursos de las comunidades autónomas y todo ello dentro del marco normativo comunitario», según consta en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
Esta medida se traduce es suprimir el tramo autonómico y sumar esos 4,8 céntimos por litro al tramo estatal del impuesto, tanto en las autonomías donde ahora mismo está vigente como en las que no. Esto elevará hasta 7,2 céntimos por litro el tramo especial del impuesto sobre hidrocarburos, que ahora mismo está situado en 2,4 céntimos. Es decir, se suma de forma generalizada los 4,8 céntimos de tramo autonómico. A esta cantidad se añadirían por otro lado una carga de 43,1 céntimos por litro de gasolina y de 30,7 céntimos de gasóleo. Los nuevos impuestos entrarían en vigor el 1 de enero de 2019 si los Presupuestos son aprobados.
Hacienda justifica el incremento de la presión fiscal sobre los carburantes en el cumplimiento de la normativa europea que prohibe la existencia de fronteras fiscales entre los territorios de un mismo país, explican a este diario fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro. El ministerio argumenta, por otro lado, que el cambio está vinculado al cumplimiento de la Ley General de Unidad de Mercado que busca romper las barreras económicas entre autonomías.
El tema de las fronteras fiscales en el precio de los carburantes viene arrastrándose desde el año 2012, cuando el Gobierno suprimió el conocido como céntimo sanitario para introducir un triple tramo del Impuesto Especial de Hidrocarburos: general, especial y autonómico. Este cambio permitió a las autonomías modificar sus propios tributos sobre los carburantes para estimular sus ingresos públicos durante los peores años de la recesión.
El cambio iba en contra de la directiva europea que prohíbe la «regionalización» del impuesto, si bien España confiaba en que el reglamento comunitario fuera modificado para acoger la excepcionalidad geográfica del país. Sin embargo, las pretensiones españolas se vieron tumbadas por la postura en contra de otros Estados como Alemania, Bélgica y Polonia, explican fuentes jurídicas.
El incremento de presión fiscal sobre los carburantes a nivel autonómico se suma a la propuesta que ha realizado el grupo de expertos nombrado por el Ministerio de Energía para abordar la transición del país hacia un modelo energético menos contaminante. Una de las principales medidas propuestas por este grupo consiste en el aumento de un 28% del precio del gasóleo para automoción para financiar la tarifa de la electricidad y el mantenimiento de las carreteras.
Las grandes petroleras se mostraron ayer muy críticas con la subida de la presión fiscal sobre el gasóleo que proponen los expertos. El presidente de la patronal AOP -que reúne a grupos como Repsol, Cepsa o BP-, Luis Aires, calificó de "chapuza" la propuesta de subir el precio del litro de diésel -acercándolo a los 1,4 euros por litro- y propuso que la reforma fiscal sobre este sector se aborde tras un debate «con criterio».
«Estamos completamente en desacuerdo con la propuesta de subir el gasóleo un 28%. No se pueden hacer chapuzas porque el gasóleo ahora no está de moda», señaló Aires en un encuentro con medios. Las petroleras consideran que en el campo fiscal -el que más ruido ha hecho tras la publicación del informe- tiene un «claro sesgo eléctrico» con respecto a los carburantes.

La Eurocámara cierra la investigación sobre la subasta de medicamentos de Andalucía

BRUSELAS.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido cerrar la investigación sobre sistema de subasta de medicamentos de Andalucía que había llegado hasta la institución comunitaria a través de la denuncia de la Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (Afaran), según publica hoy Abc.

En concreto, 15 eurodiputados de esta comisión parlamentaria han preferido cerrar el caso, mientras que otros diez eran partidarios de mantener abierta la petición. Esta votación se ha producido después de un debate casi exclusivamente entre eurodiputados españoles. 
El PSOE e Izquierda Unida han defendido el sistema de subastas de medicamentos de la Junta, mientras que los representantes del PP han criticado duramente la medida.
La delegada del Gobierno andaluz en Bruselas, Francisca Pleguezuelos, ha tomado la palabra para subrayar que se trata de un modelo que ha sido avalado hasta en tres ocasiones por el Tribunal Constitucional. 
Además, ha asegurado que «ha generado un ahorro al sistema sanitario» que «revierte en el conjunto de la sanidad pública andaluza».
En la misma línea se ha expresado la eurodiputada del PSOE Soledad Cabezón, quien manifestado que, a través de este sistema de subastas, la Junta negocia de forma «pública y transparente» el precio de los medicamentos, así como que «el negocio y los márgenes de beneficios que tenían los farmacéuticos» ahora van al sistema sanitario andaluz.
También ha defendido este sistema la eurodiputada de Izquierda Unida Ángela Vallina, quien ha deseado que «se generalice» y los Gobiernos centrales organicen subastas para «tener mayor capacidad de negociación con las farmacéuticas».
La Comisión Europea también ha intervenido en el debate para reiterar que la competencia en la organización del sistema sanitario y de su financiación reside en los Estados miembros, por lo que organizar un sistema de subastas «está completamente en las manos» de los países.
Antes de que los grupos políticos iniciaran el debate, la presidenta de Afaran, Teresa Martín, ha denunciado que con el sistema de subastas los pacientes de Andalucía «están discriminados» con respecto al resto de pacientes españoles porque tienen a su disposición 533 medicamentos frente a los 10.000 de otras comunidades autónomas. 
 Además, ha explicado que los laboratorios que ganan las licitaciones «no tienen capacidad suficiente de fabricación de medicamentos, lo que produce desabastecimiento».
En defensa de los argumentos de la asociación de farmacéuticos se han pronunciado varios eurodiputados del PP. La andaluza Teresa Jiménez-Becerril, por ejemplo, se ha preguntado de forma retórica por qué el sistema no existe en otra región española «si es considerada por todos como una maravilla».
Por su parte, la eurodiputada popular balear Rosa Estarás ha acusado a la delegación socialista de querer «abortar» la intervención de Afaran en la Eurocámara y ha criticado que el sistema de subastas de medicamentos incumple el principio de igualdad entre andaluces y entre andaluces y españoles y restringe la libre competencia y la libre circulación.
Asimismo, el eurodiputado de Ciudadanos Javier Nart ha señalado que «la idoneidad del sistema de subastas de medicamentos en Andalucía debe medirse alrededor de una mesa de diálogo, no en una pelea ideológica que solo refleja las mochilas que arrastran los participantes», agregando que «los diputados socialistas y populares no han dejado la mejor de las imágenes en una cámara acostumbrada al diálogo y a los acuerdos políticos».
Por su parte, Isabel Albás, portavoz de sanidad de Ciudadanos en Andalucía, ha lamentado «la desigualdad que plantea este sistema con relación al resto de regiones en España; si fuera tan bueno se estaría aplicando en todas las autonomías», y ha propuesto «reunir a todos los sectores afectados, laboratorios, profesionales farmacéuticos y pacientes y buscar una normativa que garantice la igualdad de los pacientes y no vulnere la competitividad e innovación en un sector industrial clave».

La ley andaluza que impulsa la educación en igualdad arranca su tramitación

SEVILLA.- "Tenemos que perseguir una generación de hombres y mujeres libres del machismo". Con estas palabras resumió esta tarde la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, el objetivo que persigue la reforma de la ley de igualdad andaluza, tal como recoge Público

La norma que esta tarde inició su tramitación en el Parlamento de Andalucía —sin oposición de los grupos parlamentarios— y que el PSOE quiere tener aprobada cuanto antes, a más tardar en julio o septiembre, supondría, de aplicarse en toda su potencia, el fin de cierta impunidad machista, y le daría un fuerte impulso a una educación en igualdad que aún se discute en ciertos sectores sociales.
Si se aprueba la ley en su formulación actual, cualquiera puede dirigirse al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y presentar una queja. La Junta deberá investigar a fondo el asunto. Podrán imponerse sanciones de hasta 120.000 euros en el caso de comportamientos intimidatorios, degradantes u ofensivos que atenten contra la dignidad de una mujer. 
Si el IAM considera que los hechos son un delito, en lugar de la sanción, remitirá el caso a la Fiscalía. Esto supondría, de ponerse en práctica, un mayor grado de protección para las mujeres del que hasta ahora tenían y podría ser, en algunos casos, otra vía, tal vez más amable, para escapar de situaciones insoportables.
El régimen de sanciones le da más valor a las obligaciones que impone la ley a la administración, a las empresas y a los ciudadanos y, en cierto sentido, implica que la igualdad ya no dependerá de la voluntad de la gente, porque si se producen comportamientos machistas, y estos son denunciados, la Junta de Andalucía estará habilitada para sancionarlos.
Podemos e IU reprocharon al Gobierno andaluz su tardanza en traer la reforma al Parlamento, criticaron inconsistencias técnicas en el proyecto de ley, reclamaron más dinero para poder implementar la norma e instaron de manera enérgica a cumplir con ella, porque no se fían en absoluto de que se vaya a desarrollar de manera efectiva. 
"Esta ley lleva esperando desde 2015. Por fin ha llegado. Que en Andalucía y en el resto del país no hay igualdad no hace falta acreditarlo. No es solo el éxito de la huelga feminista. Estamos en un entorno europeo en que la prostitución, la explotación sexual de las mujeres forma parte del PIB".
Lamentablemente, ha sido una década de incumplimientos. No se ha cumplido con la ley del año 2007. El plan estratégico para la igualdad de hombres y mujeres está caducado desde 2013. Hay que aprobar un plan cada cuatro años. Y en estos años, desde que caducó, las mujeres no hemos ido hacia delante", dijo Elena Cortés (IU).
"La inclusión de un régimen sancionador me plantea problemas, seguramente no se ha hecho todo lo bien que se debía desde 2007, porque la realidad es la que es. No hace falta traer las cifras. La ley ha fallado en lo esencial y por eso hablamos de un régimen sancionador ahora. Nos vamos a la aplicación práctica. Solo hemos tenido un plan, caducado en 2013. Vamos a tomarnos la igualdad en serio y eso depende de su gobierno y no solo de lo que hagamos aquí. Esto no es un anuncio, la norma debería de estar concediendo derechos, herramientas a las mujeres", dijo la diputada Esperanza Gómez, de Podemos.
Ciudadanos y PP también criticaron la tardanza en tramitar las mejoras. La diputada de Ciudadanos Marta Bosquet afirmó: "Queda muchísimo que hacer por educar en igualdad. Es verdad que la herramienta más poderosa es la educación. Existe una feminización de la pobreza. Los contratos precarios son femeninos y hay una insultante minoría de mujeres en los puestos de dirección. Cualquier paso que se dé, bienvenido sea. Peor es una reforma que viene con retraso".
Por su parte, Ana Vanesa García Jiménez, del PP, manifestó: "Por fin llega a la cámara este texto. Se lo hemos pedido en numerosísimas ocasiones. Nos regimos por calendarios electorales que es a lo que nos tiene acostumbrados la presidenta. Nos llama la atención el informe jurídico y el informe económico. Significa que este texto es un brindis al sol. Marca de la casa del PSOE. Muchos golpes de pecho, muchas palabras. Es necesario actualizar esta ley pero también creemos que es muy importante cumplir la ley. Hagamos una buena ley, útil, entre todos". Soledad Pérez, del PSOE, cerró el debate que había abierto la consejera y defendió la norma y su régimen sancionador: "Cuando se quiere la democracia, se quiere el feminismo".
La norma establece mejoras sobre la ley del año 2007 en los siguientes ámbitos.

En el ámbito educativo

"Tenemos la necesidad de una formación especializada. La coeducación va a marcar a niños y niñas. Solo a través de una educación en igualdad se va a alcanzar una sociedad respetuosa con la igualdad", dijo la consejera.
Cada centro docente deberá elaborar planes "que fomenten la construcción de las relaciones de mujeres y hombres sobre la base de la igualdad". Cada colegio e instituto de Andalucía contará con una persona responsable de coeducación, con formación específica, que de acuerdo con la dirección, impulsará la igualdad de género y facilitará un mayor conocimiento de la contribución de las mujeres en las distintas facetas de la historia, la ciencia, la política, la cultura y el desarrollo de la sociedad. 
Se incorporarán al aprendizaje métodos para la resolución pacífica de conflictos, la gestión de las emociones y de modelos de convivencia basados en la diversidad, la tolerancia y en el respeto a la igualdad de hombres y mujeres.
La administración, a través de programas con enfoque de género, abordará los contenidos relacionados con la educación sexual y afectiva, la prevención de los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. El profesorado estará obligado a poner en conocimiento de la dirección indicios o sospechas de una situación de violencia de género ejercida sobre una alumna o cualquier profesional de los mismos.
Una comisión en la que participará el Instituto Andaluz de la Mujer, junto con la consejería de Educación, vigilará el lenguaje, las imágenes y los contenidos de los materiales curriculares y los libros de texto que se utilicen en el ámbito del sistema educativo de Andalucía. La inspección educativa evaluará el cumplimiento de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Si estas medidas no se cumplen, o se produce discriminación en centros públicos, incluidos los concertados católicos, la Junta podría imponer sanciones además de obligar a su cumplimiento.
Cada universidad deberá contar con su plan de igualdad y deberá promover cátedras y unidades de igualdad de género.

En el ámbito laboral

La norma persigue combatir la brecha salarial. Se exigirán a las empresas planes de igualdad y planes para acabar con la discriminación salarial. Se promoverá la inclusión de medidas de flexibilidad horaria para facilitar la conciliación y la jornada parcial. La inspección de trabajo deberá elaborar un plan específico para acabar con la discriminación salarial y podría imponer sanciones por estos temas. 
La norma obligará a la Junta a no firmar convenios ni a subvencionar a empresas que discriminen. Tampoco el Servicio Andaluz de Empleo no podrá tramitar ninguna oferta de empleo discriminatoria.

En el ámbito sanitario

La norma prevé de forma genérica, que requerirán de desarrollos posteriores, el impulso de medidas que eviten los embarazos no deseados "con especial atención a las mujeres adolescentes" y la contribución "al empoderamiento en la toma de decisiones respecto a la anticoncepción, interrupción voluntaria del embarazo, el parto y el puerperio". 
Y persigue además corregir cualquier discriminación que pidieran sufrir hoy en día las mujeres lesbianas o que no tengan pareja por una orden del ministerio de sanidad dictada en 2014 que les viene a negar la reproducción asistida: "El sistema sanitario público de Andalucía garantizará el pleno derecho a las técnicas de reproducción asistida a las mujeres, independientemente de su estado civil, orientación sexual, procedencia o identidad".

Cristina Cifuentes mantuvo bastantes encontronazos con los partidos andaluces, incluido el PP

SEVILLA.- Cristina Cifuentes no fue una dirigente estimada en Andalucía, ni siquiera dentro de su propio partido. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que acaba de dimitir hace unas horas, era uno de los pocos apoyos territoriales que le quedaba a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, enfrentada desde hace años con Juanma Moreno y Javier Arenas, cuenta hoy mismo http://www.diariodesevilla.es. 

Cospedal hubiera preferido que a Juan Ignacio Zoido le hubiese sucedido alguien de su propia familia política al frente del PP andaluz, pero Rajoy frustró la operación. Pero lo que terminó por enemistar a Moreno con Cifuentes no fueron las pugnas internas, sino las alusiones de la ya ex presidenta a los andaluces.
A finales de 2017, durante un debate parlamentario, Cifuentes dijo que los madrileños estaban pagando la educación y la sanidad de los andaluces, por culpa de un sistema de financiación autonómica "injusto" e "impuesto" por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 
Esto motivó críticas desde todos los partidos andaluces, incluidos el PP. Su secretaria general, Dolores López, le pidió una rectificación. Cifuentes siempre presumió que la bonanza económica de Madrid se debía a una supuesta magnífica gestión, aunque obviaba que la capitalidad del país beneficia el asentamiento de las mayores compañías en su territorio. 
Había comenzado a calar en Madrid un discurso similar al iniciado por Convergencia en Cataluña en el sentido de que había que limitar el flujo desde las comunidades ricas, aquellas donde más se recauda, hacia las pobres, flujo que es inherente a la función redistribuidora del Estado.
Madrid, según explicó después Cifuentes, pagaba 3.000 millones de euros al fondo de garantía de los servicios básicos, y de éstos, 1.000 iban a parar a Andalucía y el resto a comunidades, como Galicia o Castilla-Léon.
Un año antes de esto, en enero de 2017, y durante la Conferencia de Presidentes, Cifuentes y la presidenta Susana Díaz tuvieron un agarre dialéctico, también a cuentas de la fiscalidad autonómica. Madrid bonifica la totalidad del impuesto de sucesiones y aun así recauda más. Susana Díaz le acusó de ‘dumping’ fiscal y solicitó que este tipo de impuestos estuviese homogeneizado
Finalmente, Andalucía, por acción de Ciudadanos, siguió el camino de Madrid y bajó este impuesto.
Pero en esa conferencia hubo algo más. Colaboradores de Cifuentes publicaron un tuit donde se leía: "Cuando disfrutas con tu trabajo y cuando no". Era el pie de una imagen donde se veía a Cifuentes sonriente y a Susana Díaz, más seria. 
Aquello provocó bastante malestar. “No estoy para contestar sobre tonterías”, respondió el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, en ese momento.
Para redondear estas relaciones, Cifuentes le arruinó a Juanma Moreno la conferencia nacional que hace un mes celebró el PP en Sevilla. Ideada como una plataforma de lanzamiento de su candidatura a la Junta, Cifuentes se convirtió en la estrella, un agujero negro que atrajo todos los focos a causa del falseamiento de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos
Fue ella la que abrió la convención con una rueda de prensa sobre este título y fue ella la quien forzó los plausos de los congresistas para blindarse ante la dimisión que solicitaba Ciudadanos. De nada le ha servido.

'Primark' abrirá este año una nueva tienda en Almería

VALENCIA.- La firma irlandesa Primark prevé abrir nuevas tiendas este año en Sevilla y Almería, y otra, sin fecha a la espera de encontrar donde ubicarla, en Bilbao, según ha anunciado el director general de la compañía para España y Portugal, Stephen Mullen.

En una entrevista, Mullen ha explicado que España es el segundo mercado para la marca tanto en número de ventas y tiendas como en empleados, y hasta el momento las aperturas se han realizado en centros comerciales, salvo algunas excepciones como Madrid o el establecimiento que tienen previsto abrir en Valencia el 13 de junio, que será el número 45 de la marca en este país.
Precisamente, uno de los objetivos de la compañía en este país es alcanzar el equilibrio que tiene en otros lugares entre tiendas urbanas y las ubicadas en centros comerciales, una estrategia que le está costando en España por las dificultades para encontrar locales del tamaño que busca Primark, de unos 6.000 o 7.000 metros cuadrados.
Una «tendencia» de la firma, ha dicho Mullen, aunque admite que en España «está costando» llegar a situar las tiendas al 50 % en los centros urbanos y en los centros comerciales.
El directivo también ha recordado las colaboraciones que mantienen en otras ciudades con cafeterías o centros de belleza, una manera de «potenciar» el servicio al cliente.
Primark opera más de 350 tiendas en once países: Irlanda, Reino Unido, Portugal, España, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Austria, Francia, Italia y Estados Unidos, y cuenta con más de 73.000 empleados.

El Tribunal Supremo rebaja el margen de error de los radares de Tráfico

MADRID.- El Tribunal Supremo ha establecido que los radares móviles de Tráfico que realizan la medición de la velocidad desde una ubicación en trípodes o en coches parados tienen un margen de error del 5 % y no del 7 %, por lo que atribuye a este tipo de dispositivos el mismo porcentaje que a los fijos.

Con este criterio, el tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por un conductor, que fue grabado por un radar cuando conducía a 214 km/h por la AP-68 (sentido Zaragoza), contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que le impuso el pago de una multa de 1080 euros y la prohibición de conducir durante un año y un día por un delito contra la seguridad vial.
La Sala se plantea si un radar cuando se coloca sobre un trípode o en un vehículo parado es un instrumento fijo o móvil a los efectos de determinar el índice de error del 5% o del 7%, ya que considera que las órdenes ministeriales que regulan estos dispositivos -fijos y móviles (estáticos o en movimiento)- no aclaran esta cuestión.
En el caso planteado en este recurso de casación -señalan los magistrados- dicho porcentaje es relevante pues, en función del margen de error que se aplique, el conductor puede ser absuelto o condenado.
De hecho, el juzgado de lo Penal nº 3 de Pamplona le absolvió al considerar que el aparato de medición era móvil, por lo que después de aplicar un margen de error del 7% concluyó que la velocidad a la que circulaba el conductor podía ser de 199 km/h, y no superaba en 80 km/h la velocidad máxima permitida en esa vía, luego no era delito.
Por su parte, la Audiencia Provincial de Navarra entendió que el sistema de medición era estático, con un margen de error del 5%, por lo que la velocidad a la que circulaba era como mínimo de 203 km/h. Al superar el margen legal, revocó la absolución y condenó a este conductor como autor de un delito contra la seguridad vial.
La conclusión a la que llegan los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo es que “si el aparato de medición, cinemómetro, es empleado desde una ubicación fija, esto es sin movimiento, ya sea fijo o estático, el margen de error es del 5%“.
Y afirman, además, que esa catalogación es “lógica” porque “la medición de la velocidad, desde un radar fijo, o desde una instalación sin movimiento, supone un menor margen de error que la medición realizada desde un dispositivo en movimiento”.

El fin de la 'happy hour' y las copas en los parques de bolas

MADRID.- La ley para retrasar el inicio del consumo de alcohol por parte de los menores tomó forma este martes en el informe que ha aprobado la Comisión Mixta del Congreso y Senado para el estudio del problema de las drogas, que incluye nuevas prohibiciones sobre consumo y exhibición de alcohol ante los menores de edad, tal como recuerda 20Minutos.

También recupera otras, como la prohibición a menores de 18 años de entrar a espectáculos y conciertos donde se venda alcohol y propone revisar la contabilidad fiscal de los impuestos especiales de todas las bebidas en relación con su cantidad de alcohol puro, con la idea de ir elevando "progresivamente" esta tasa.
Estas y otras medidas que, tras escuchar a 38 expertos, la comisión quiere que se refleje en una futura ley.
Fin de la "happy hour". El informe prohíbe las ventas reducidas en horarios específicos porque "fomentan el consumo de atracón". Los bares, además, deberán suministrar agua gratuitamente o a "precio reducido". Prohíbe la venta ambulante de bebidas alcohólicas, en gasolineras y venta online y recomienda prohibirlo también en máquinas autoexpendedoras, así como endurecer las medidas para el reparto a domicilio de bebidas alcohólicas, con el fin de asegurar que los compradores no son menores.
Botellón. El informe insta a las administraciones públicas, sobre todo a los ayuntamientos, a asegurar que no hay menores consumiendos en espacios públicos, haciendo botellón, y pide prestar "especial atención a la dispensación gratuita y la venta a menores en fiestas, festejos o eventos de gran confluencia".
Propone prohibir también el consumo en la vía pública, salvo terrazas o áeras autorizadas, y pide a las administraciones públicas que se pongan de acuerdo en las restricciones que se pueden aplicar los macrobotellones y botellódromos.
Lejos del niño. Para no promocionar la cultura del alcohol, la ponencia propone prohibir su venta en lugares donde haya menores de edad. Además de colegios e institutos, cita centros deportivos, parques temáticos, ludotecas, museos, biblotecas o cines. También pide que se revise "la densidad" de puntos de venta alrededor de lugares destinados a menores o frecuantados por ellos, un perímetro en el que tampoco se podrá publicitar.
Asimismo, propone prohibir la exposición de bebidas alcohólicas en los escaparates e insta a supermercados y grandes superficies, a aumentar la vigilancia sobre los productos alcohólicos y a colocarlos detrás del lineal de cajas para que "sea imposible su robo".
Tasa "0". Para los menores de edad, la tasa de alcoholemia debería reducirse de 0,25 a 0 y las fuerzas y cuerpos de seguridad deberían poder hacer controles de aire respirado a menores aun cuando no estén conduciendo o requistar envases con supuesto contenido alcohólico.
Por lo que respecta a la autoridad, el informe también propone dar potestad para que responsables de bares o de venta a domicilio puedan obligar a que se les muestre el DNI del cliente para comprobar su edad.
"Ni una gota" . La publicidad ocupa varios apartados de un informe que propone modificar la recomendación de "consumo moderado" o "es tu responsabilidad" por otro más taxativo como "tolerancia cero en menores", "menores sin alcohol" o "menores ni una gota". Propone campañas contra el consumo entre menores similares a las campañas de "circulación vial".
Cierre de bares. La ley contra el consumo de alcohol por parte de menores incluirá sanciones, entre ellas, el cierre de bares o comercios que les vendan alcohol"de manera reiterada". También, aumentar las sanciones para establecimientos que vendan fuera de los horarios permitidos, así como por consumir en la calle, en cuyo caso se contemplan más sanciones o su sustitución por "trabajos para la comunidad".
En este punto, el informe regresa a la responsabilidad de padres y tutores –a quienes dedica un capítulo anterior para que sean vigilantes– y para los que establece también sanciones "proporcionadas" y con "una clara orientación educativa".
Por eso, propone que los tutores puedan "condonar la sanción" con "actividades reeducativas" junto a los menores a su cargo. En caso de "reincidencia grave", el informe se remite a la ley de Protección del Menor.
Conciertos y espectáculos. Si obedece al informe, la futura ley contra el consumo de alcohol entre menores daría un paso atrás respecto a leyes autonómicas que, en la Comunidad Valenciana o Cantabria, permiten la entrada de menores a conciertos sin su tutor. La ponencia busca prohibir "la entrada  de menores de 18 años en establecimientos cerrados que sirvan  bebidas alcohólicas, como salas de fiesta, discotecas, eventos o espectáculos salvo que vayan acompañados".
Cada vez beben más y más pronto. En su introducción, la ponente del informe, la diputada Tania Sánchez (Unidos Podemos) dibuja un panorama alarmante sobre los hábitos de consumo de alcohol entre los menores de edad, que cada vez empiezan antes y entre quienes son frecuentes los "atracones". "Más de 700.000 menores admiten beber cinco o más copas en un corto espacio de tiempo", señala.
El informe alude a estadísticas que señalan que 14 años es la edad a la que empiezan los menores a consumir alcohol.
El "consumo de atracón", prosigue el informe, ha provocado en los últimos años  fallecimiento de niños y niñas por tomar excesivas cantidades de alcohol y, en algunos casos, importantes daños para su salud. Al menos 6.000 menores fueron ingresados por comas etílicos en el año 2016, dice el documento.

Plagio: por qué la Universidad es blanda con los tramposos

MÁLAGA.- Mientras las universidades cuentan cada vez con herramientas más eficaces para detectar plagios, siguen careciendo de un reglamento nacional y moderno que les diga a qué se enfrentan los que suelen trabajar con el copia y pega o los que directamente lo subcontratan, sobre todo trabajos de fin de grado o el de máster, como el polémico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, recuerda El Mundo

En España, las sanciones al incumplimiento de los deberes académicos se recogen aún en un texto franquista de 1954 debido a que los distintos gobiernos han incumplido el plazo de un año para renovarlo que fijó en 2010 el decreto del Estatuto del Estudiante Universitario.
Entre los deberes de los universitarios está el "abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la universidad". 
Ahí estaría el uso del pinganillo, las chuletas digitales, el pasarse las respuestas por el móvil y el fusilar trabajos a gogó. Pero, pillados en esas actitudes, no suele caber más que el suspenso en la asignatura.
Sin embargo, universidades como la Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona han innovado en la interpretación de ese deber e incluyen en él "omitir conscientemente el reconocimiento de una persona en trabajos o actividades académicas, o falsear esta aportación. 
El plagio, la copia, las citas evidentemente incorrectas en los documentos y las demás carencias graves de respeto a la propiedad intelectual. La publicación duplicada de trabajos no autorizada, la supresión relevante de datos pertinentes o la inclusión de datos falsos". O sea, el plagio en sus muchas acepciones, con una sanción que puede llegar hasta la expulsión.
¿Qué ha pasado con el mandato para actualizar a Franco en 2018? Pues no mucho. El Ministerio de Educación informa de que está a la espera de que la Conferencia de Rectores (CRUE) mande sus aportaciones y, ésta, a su vez, reconoce que están en una fase "inicial" de diálogo con los representantes del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (Ceue). A su vez, fuentes de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (Creup), finalmente, confirman: "Muy inicial". Ocho años después de la aprobación del estatuto, no hay ganas de derogar un texto franquista que, en su ejecución, además, resulta de lo más farragoso de aplicar, como explica Benito Arruñada, catedrático de la UPF, quien sólo recuerda un expediente abierto a un alumno.

El 'Remedio Turnitin'

Mientras, surgen portales como nohagasnada.com, donde se pueden encargar los trabajos universitarios por número de páginas y referencias que se quieran incluir. Pero, a la vez, herramientas de software como Turnitin les obligan a ser muy sofisticados en los trabajos, porque el programa, usado en universidades de todo el mundo, es muy eficaz detectando plagios. 
Es otra de las batallas que se libran en el ciberespacio: plagiadores y detectores.
Mientras, según el director del Secretariado de Promoción de la investigación y Cultura Científica de la Universidad de Sevilla, Ricardo Chacartegui, en esta institución llevan ya un año de programa de prevención antiplagio, enseñando cómo usar Turnitin: "Tenemos campañas en todos los centros y los trabajadores de la biblioteca son muy buenos con ellas. Además, están todos muy conectados a redes de bibliotecarios por España y comparten buenas prácticas". 
El objetivo es que plagiar, copiar, esté muy mal visto, según Chacartegui. 
 Que nadie pueda ir presumiendo de lo que ha fusilado, además de ofrecer formación, porque hay ocasiones en las que los alumnos no saben cómo citar bien. 
Todavía parecemos estar algo lejos: hace sólo un año se ovacionaba a Fernando Suárez, ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, pese a las evidencias de que había copiado partes de trabajos en su trayectoria académica.
No obstante, debido al precio de las licencias de este programa, por ahora sólo se usa en Sevilla para los trabajos de fin de grado y máster, así como las tesis doctorales. De todos modos, dos profesores consultados confiesan no tener ni mucho tiempo (ni ganas) para comprobar los plagios en los trabajos de las asignaturas. 
En las tesis es imposible que haya plagio- afirma Chacartegui-, por cómo trabajan los profesores con sus alumnos. En fin de grado y de máster sí ha habido casos en los que se han echado para atrás los trabajos, lo que supone de facto no conseguir el título.
Mientras, en países donde se lleva años usando la herramienta, como en Reino Unido, sí que hay ya informes sobre la incidencia en las prácticas universitarias y el descenso de los plagios detectados. Porque la compraventa de trabajos, por ejemplo, no es algo que sólo ocurra en España.
La batalla en el ciberespacio no es nada comparada a la que podría surgir entre partidos, sindicatos de estudiantes y rectores si se decidieran finalmente a regular las sanciones por estas faltas graves en esa parte del Estatuto que quedó por desarrollar.

¿Una propuesta fascista?

Federico Morán, catedrático de Bioquímica y ex secretario general de Universidades con José Ignacio Wert, no es optimista sobre la actualización del texto de 1954: "En España, cualquier norma sancionadora no nos gusta. 
Unos dirán que las propuestas son fascistas, otros que son populistas y no vas a poner de acuerdo a todos" en una norma que debería dejar claro por qué se puede expulsar de la Universidad a un alumno o a un profesor. 
Por plagio, por ejemplo, como ocurre en las universidades anglosajonas, donde hay códigos de conducta en los que, como en Harvard, dicen que vender apuntes o realizar trabajos por encargo es una falta disciplinaria que puede acarrear la expulsión.
Jesús de Alba, recién elegido presidente de la Creup, sí cree que hace falta un texto nuevo "que proteja a estudiantes y sus derechos, así como garantice la adecuación al actual marco normativo del procedimiento sancionador, puesto que la normativa que sigue vigente es preconstitucional y hace referencia a preceptos y tipos penales ya derogados" e insiste en el mandato de 2010. 
Además, enfatiza que "los plagios son un acto inaceptable que ataca la credibilidad de quien lo ejecuta y de la institución que lo sufre, cuestionando la calidad de la misma".
Algo en lo que está de acuerdo Lluis Val, representante de Turnitin en España, que cree que ahora mismo "todas las universidades son conscientes de la amenaza que supone el plagio" y pone la lucha contra esa práctica como una de las condiciones para que España alcance la élite universitaria mundial.
 La CRUE explica que el plagio tendrá su "tratamiento específico en la normativa a la que se ha hecho referencia, sin excluir acudir al Ministerio Fiscal en aquellos casos en que se estime necesario".
En Reino Unido, hace un año, se encargó un informe sobre lo extendida que estaba la práctica de pagar por trabajos que, allí, está considerada "plagio masivo". El informe de la agencia de calidad de las universidades hablaba de cientos de sitios web donde se podían encargar los trabajos y recomendaba medidas legales contra ellos inspirados en Nueva Zelanda, donde se cerraron y congelaron activos. 
También se aconsejaba las sanciones para los alumnos. Ellos ya han dado la batalla contra el plagio por concluida, gracias al software, pero están en cómo combatir los trabajos por encargo.
En nuestro país, mientras tanto, aún seguimos dándole vueltas a un texto de Franco.

China, paraíso del copia-pega

China es otro de los países que no penalizan mucho socialmente el plagio. Medio millón de universitarios chinos estudian en el extranjero y, con ellos, llega una cultura donde está asentado el 'subcontratar' trabajos académicos. 
En EEUU, en 2015, 8.000 de ellos fueron expulsados, provocando una situación curiosa: por un lado, los estudiantes asiáticos siguen manteniendo una imagen de esfuerzo e inteligencia pero, por otro, las nuevas hornadas de hijos de ricos son muy distintas.

Ultimátum de Sanidad a los productos homeopáticos

MADRID.- El Ministerio de Sanidad dará tres meses de plazo a los fabricantes de productos homeopáticos para que los preparados sean sometidos a las pruebas de seguridad y calidad por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). 

En caso de no presentarse, tendrán que ser retirados de las farmacias y su venta quedará prohibida en España, según se acordó durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, explicó al término de la reunión que todos los productos homeopáticos que pasen las pruebas tendrán que llevar la etiqueta de 'medicina homeopática sin indicación terapéutica'. Y es que, según subrayó la titular de Sanidad, sobre estos artículos «no hay evidencias terapéuticas».
Sanidad al realizar la transposición de la directiva de la Comisión Europea que regula estos preparados da la oportunidad a los fabricantes para que presenten los productos que consideren oportunos a los controles médicos y ensayos clínicos que, una vez superados, les darían la categoría de medicamento. 
«Esos controles serán los mismos a los que se somete cualquier otra medicina», apuntó la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al término de una reunión que se prolongó ocho horas, en la que sobre este asunto concreto hubo unanimidad entre el Gobierno y los consejeros autonómicos.
La ministra de Sanidad recordó que España está obligada a trasponer esta legislación europea porque «de no hacerlo, no podríamos evitar la sanción». En todo caso, insistió en que la Aemps garantizará la transparencia y rigor en esta evaluación por lo que está previsto que, una vez determinados los productos de venta autorizada, el ministerio realizará una «campaña informativa sobre los que van a entrar en el mercado». 
Desde Sanidad insistieron en que no saben en este momento cuántos productos homeopáticos de las decenas de miles que actualmente están a la venta pasarán los exámenes.
Respecto a los profesionales de la medicina, el Consejo Interterritorial fue informado sobre el real decreto que creará la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. En este punto, los consejeros requirieron que también fuesen aprobados en el futuro los de Urgencias y Enfermedades Infecciosas, lo que, según Montserrat, será abordado por la comisión de recursos humanos.
También fue analizado el futuro real decreto de indicación enfermera, para que este grupo de profesionales sanitarios queden habilitados para prescribir medicamentos o realizar vacunaciones, competencias actualmente de los médicos. 
De entrada, durante la sesión se insistió en la acreditación para estas labores de los titulados universitarios en Enfermería. Varios consejeros destacaron que la acreditación es automática en el caso de los titulados superiores, no así para los antiguos auxiliares técnicos sanitarios (ATS) que tendrán que demostrarla.
Por otra parte, Montserrat anunció a los consejeros que la próxima reunión del Consejo Interterritorial, que se celebrará el 16 de mayo en Toledo, será dedicada exclusivamente a la financiación sanitaria.

El Congreso aprueba el desalojo exprés de viviendas de particulares okupadas

MADRID.- La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado una proposición de ley del PDeCAT que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para proteger la propiedad privada frente a la okupación ilegal. Esta comisión de la Cámara baja ha enviado la reforma de la ley al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y el texto no encontrará ningún obstáculo para salir adelante, aunque luego deberá volver al Congreso. 

La reforma ha sido aprobada por 19 votos a favor y 18 en contra —se han opuesto el PSOE, Unidos Podemos y ERC— y en cuanto entre en vigor tras su ratificación en la Cámara alta permitirá el desalojo exprés de las viviendas de propietarios que sean "personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias de viviendas social". Los tres partidos que se han opuesto mantienen que la modificación no garantiza el realojo de las familias vulnerables que hayan okupado un inmueble, según El País.
El grupo parlamentario confederal ya había alertado de que la proposición de ley para agilizar los procesos de desalojo ante ocupaciones de vivienda abre la puerta a que los bancos y fondos buitre pudieran acogerse a este procedimiento de desahucio exprés.
El PSOE finalmente se ha descolgado de un texto que, en buena parte, había acordado y respaldado en la fase de ponencia. Lo ha motivado en que el resultado "final no tiene medidas concretas contra los extorsionadores, sino contra los ocupantes". 
En la votación de enmiendas en la comisión se han excluido del proceso de desahucio exprés a las entidades privadas y gestoras de un fondo de viviendas destinadas al alquiler social, que venían incluidas en el texto aprobado por la ponencia, lo que abría la puerta a que entidades financieras o fondos buitre pudieran acogerse a estos procedimientos.
Podemos había denunciado que entre las entidades que pueden acogerse a este nuevo procedimiento figuran "entidades titulares o gestoras de un fondo de viviendas destinadas a alquiler social al que pertenezca el inmueble que no gocen de privilegios administrativos para recuperar la posesión". Es decir, "bancos y lo que haga falta", había denunciado este lunes la portavoz de En Comú, Lucía Martín.
La propuesta finalmente aprobada abre la puerta a pedir "la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento" las personas físicas propietarias de vivienda, entidades sin ánimo de lucro y "entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social".
En este caso, se trasladará una notificación a los ocupantes, extensible a aquellos que en ese momento no se encuentren en la vivienda. Desde entonces, se exigirá a estos ocupantes que justifiquen la situación de posesión. 
Ante esto, "exclusivamente" podrán fundamentar su oposición a la demanda en "la existencia de título suficiente para poseer la vivienda o en la falta de título" por parte del demandante. En caso de no aportarse "justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda". Contra este auto, señala la ley, "no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda". 
También se dictará sentencia "de inmediato" en caso de que el demandado no contestara al requerimiento en el plazo previsto de cinco días. La ley, además, posibilita la ejecución, si así lo solicitara el demandante, sin la necesidad de que transcurra el plazo de 20 días previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La ponente del PDeCAT, Lourdes Ciuró, ha asegurado que en ningún caso buscaban permitir "que puedan acogerse ni fondos buitre ni cualquier entidad que pueda especular con la vivienda". 
"No es nuestra intención", ha declarado. Ciuró ha confirmado que han trabajado en "un redactado para que no quede ni la más mínima duda de que únicamente puedan acogerse Administraciones públicas y ONG, tal y como constaba en la iniciativa original, y hasta en el propio título inicial de la propuesta, que mencionaba la disposición de viviendas a entidades sociales y Administraciones públicas. Ahora, se limita a hablar de la okupación ilegal de inmuebles".
La ley también contempla la comunicación "a los servicios públicos competentes en materia de política social" en diferentes fases del proceso "si procediera su actuación", aunque no de oficio sino una vez se obtuviera consentimiento de "los interesados". 
La primera de ellas, en caso de identificarse a los ocupantes al efectuar la notificación de la demanda, al acordarse la entrega de la posesión de la vivienda y el desalojo y también cuando se fije la fecha para ejecutar el desahucio. Al acordar la entrega de la posesión, se fija un plazo de siete días para que estos servicios públicos puedan "adoptar las medidas de protección que en su caso procedan".
Sin embargo, la proposición de ley no garantiza una alternativa para los desahucios de estas okupaciones y no tiene definidas medidas concretas para aquellos casos en los que las personas desahuciadas se encuentren en una situación de vulnerabilidad. 
Pero sí que establece la obligación de las Administraciones públicas de que incorporen en sus protocolos de vivienda "medidas ágiles de coordinación y cooperación al objeto de prevenir situaciones de exclusión residencial", con el fin de "dar respuesta adecuada y más lo más inmediata posible" a casos de vulnerabilidad.
Estos protocolos, subraya esta medida incluida en una disposición adicional, "garantizarán la creación de registros" donde incorporar "datos sobre el parque de viviendas sociales disponibles para atender a personas o familias en riesgo de exclusión".
La aprobación del desalojo exprés ha agrandado la brecha en Cataluña entre el PDeCAT y la CUP. La diputada autonómica de la CUP Natàlia Sànchez ha acusado al partido de Carles Puigdemont de facilitar los desahucios de viviendas con su propuesta para "blindar privilegios" de "la elite que especula con las propiedades" inmobiliarias. 
En ese sentido, ha considerado "gravísimo que el PDeCAT lidere políticas que van en contra de las clases populares para convertir las viviendas en material de beneficio y de especulación".
También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha denunciado que esta sea la única ley que se está planteando en materia de vivienda, que a su juicio acelerará los desahucios de viviendas ocupadas y "generará una nueva ola de desahucios". 
"Es muy fácil ir legislando a favor del desahucio y que después todas las consecuencias las tengan que gestionar los Ayuntamientos", ha criticado.

La mayoría de los jubilados no se ha financiado su pensión pública

MADRID.- Llama mucho la atención que la algarada callejera promovida por los sindicatos y los partidos de izquierda con los pensionistas en las últimas semanas, y que ha sido neutralizada con poco más que un aguinaldo del Gobierno, resista todavía en el País Vasco, sobre todo en Bilbao, según Cinco Días

Todas las semanas centenares de señores y señoras reclaman en la calle una “revalorización digna” de sus pensiones. Llama la atención hasta la sorpresa que la aristocracia de la Seguridad Social mantenga el pulso de manera tan vívida, cuando disponen de los mejores niveles de renta pública de todo el país. 
En el País Vasco la pensión media de jubilación es ahora un 23,5% más elevada que en el resto de España, pero esa ventaja llega al 26,3% si el perceptor es del mismo Bilbao, donde se cobran los retiros más elevados del Estado. Nada menos que un 53% más altas que las extremeñas o las gallegas.
Puede interpretarse su numantina reivindicación como un ejercicio de solidaridad con el resto del Estado, en el convencimiento de que su demanda se imponga y se extienda a todo el territorio. 
Pero sorprende descubrir que la solidaridad se manifiesta más bien al revés. Las cuentas de la Seguridad Social desagregadas por territorios revelan que uno de los mayores niveles de déficit de cotizaciones se registra precisamente en el País Vasco: en 2016, últimas cuentas plenamente cerradas por la Tesorería General del sistema de pensiones, las cotizaciones empresariales y sociales aportaron 5.951 millones de euros en el País Vasco, mientras que el gasto en pensiones contributivas (las que teóricamente deben costearse con cotizaciones) ascendió a 8.223 millones de euros; un déficit de 2.272 millones de euros, nada menos que del 27,6%.
 Un déficit de unos 4.139 euros por cada pensionista (y hasta 4.852 si se trata de los residentes en el mismo Bilbao), y que se incrementaría si su reivindicación de una “revalorización digna” fuese atendida. Por supuesto que todas las reivindicaciones son legítimas, pero algunas, y esta está entre ellas, son imposibles porque son infinanciables.
La solidaridad en la Seguridad Social viaja en todas las direcciones, y dado que se trata de un compromiso entre generaciones, entre niveles de renta y entre territorios, su tesorería debe estar unificada en una sola caja y sometida a un criterio de aportaciones y prestaciones unificado para todo el territorio que garantice la igualdad de todas las personas, vivan allá donde lo deseen. 
Una caja única que en ocasiones han pretendido descerrajar las demandas nacionalistas, pero que han sido neutralizadas por unas simples cuentas de entrada de recursos y salida de prestaciones. 
La hoja de ruta diseñada por los independentistas catalanes preveía la creación de su propia Seguridad Social, pese a que en Cataluña el sistema de pensiones tiene también un importante déficit de cotizaciones, de nada menos que 3.214 millones de euros, un 15,22% de los gastos en prestaciones contributivas. Debe ser por ello que entre sus planes estaba que España siguiese abonando las pensiones durante un tiempo después de creada la República Català. 
En el caso del País Vasco, también estuvo entre sus demandas en el pasado; pero hace ya mucho tiempo que ha desaparecido del catálogo de competencias por inconveniencia financiera. Ahora ha revivido por conveniencia parlamentaria, pero solo se reclama abonar las pensiones a los ciudadanos, pero que el dinero lo ponga Madrid.
Hoy, con un desfase financiero de unos 18.000 millones de euros, la Seguridad Social no dispone de recursos aportados por los trabajadores y los empresarios para satisfacer las prestaciones contributivas. 
Y un análisis regional de las cuentas revela que casi todas las comunidades tienen déficit contributivo, con las únicas excepciones de Madrid, Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y si las cuentas territorializadas de las pensiones registran abultados déficits con las citadas excepciones, es porque las cuentas de cada uno de los españoles con la Seguridad Social también son deficitarias. 
De hecho, nadie, ni el español que por más tiempo y por mayores cuantías haya aportado al sistema público de previsión se ha financiado la totalidad de la pensión que con la esperanza de vida actual va a llegar a su casa. Nadie.
Un cálculo de la prestación a cobrar por cualquier cotizante con la actual legislación demuestra que nadie ha puesto lo que se va a llevar en condiciones normales. La gente precisa cotizar durante al menos 15 años para acceder a una prestación contributiva de retiro, y la prestación será superior cuantos más años y por mejores cuantías haga las aportaciones. 
Dado que desde que comienza Juan Español a cotizar con su primer empleo hasta que percibe su última pensión cambian las condiciones de vida, la norma aplica coeficientes que corrijan los efectos destructivos de la inflación, tanto en las cotizaciones como en las pensiones.
Pero aplicando las fórmulas de cálculo recogidas en la norma como si no hubiese inflación en los 40 años que cotiza un trabajador y los 20 que de media percibe pensión para hacer un ejercicio lo más fiel posible de lo pagado y de lo cobrado, podemos aproximarnos al nivel de autofinanciación que cada cual tiene con su pensión.
Realizamos el cálculo de la pensión a percibir por seis individuos que se jubilan en enero de 2022, cuando haya culminado una parte importante del periodo transitorio de la reforma de 2011, cuando sean precisos ya 66 años de edad, 36 de cotización mínima para disponer del 100% de la base reguladora, y cuando se contabilicen los 25 últimos años de cotización para calcular las cuantía.
El Ciudadano A, un ingeniero industrial de carrera ininterrumpida de cotización, ha aportado siempre por la base máxima, pongamos los 3.751,2 euros actuales durante 36 años (recuerde que España ha vivido en el mejor de los mundos sin inflación durante seis décadas para hacer este simulacro), y con una aportación neta de 1.061,58 euros al mes (de los que la mayor parte los ha puesto la empresa, y no él), alcanza los 12.739 euros al año, o la nada despreciable cantidad de 458.604 euros durante los 36 años de activo.
Dado que tendría derecho a percibir el 100% de la base reguladora (base de cotización multiplicada por 300 y dividida por 350), cobraría una prestación de 3.215,29 euros al mes, que llegarían a los 45.014,06 euros con las 14 pagas. Como ya prácticamente ahora la esperanza de vida a la jubilación legal es de casi 20 años, el Ciudadano A se llevará a su casa 900.281 euros. 
Pero como una de las virtudes de la caja única para garantizar la solidaridad es topar la prestación máxima en 2.580 euros, el citado pensionista solo percibirá tal cantidad 14 veces al año, y 722.428 euros hasta el fallecimiento. El déficit personal con el sistema ascenderá a 263.824 euros, y sus aportaciones solo habrían financiado la pensión 12,69 años.
El Ciudadano B, con una vida laboral más dilatada, con 46 años de aportaciones, siempre en base máxima de cotización, habría cotizado 558.992 euros, su déficit personal llegaría solo a los 136.436 euros, y habría financiado 16,22 años de jubilación.
Veamos qué relación financiera tiene con el sistema un trabajador en el polo opuesto: un auxiliar administrativo que solo aportó los 15 años exigibles para disponer de retiro contributivo. Con la base estanca de 858,6 euros (la mínima), el Ciudadano C aporta 2.915,8 euros al año, y 43.737 durante los 15 años de cotización. 
Como solo tiene derecho a percibir el 50% de la base reguladora (base de cotización multiplicada por 180 y dividida por 210), cobrará una pensión de 367,97 euros 14 veces al año, que pueden llegar a los 103.031 durante todo su retiro. Pero la Seguridad Social, con la virtud de la caja única y solidaria entre niveles de renta, le abonará un complemento hasta llegar a la pensión mínima garantizada de 639,3 euros al mes. 
Así, percibirá 8.950 euros al año, y 179.004 durante los 20 años de media que vivirá como pensionista. Su déficit personal con el sistema será de 135.267 euros, y solo habría financiado la pensión de 4,88 años. Un hipotético Ciudadano D, con la mala suerte de aportar solo 15 años, pero con la buena fortuna de hacerlo por base máxima, solo podría financiarse la prestación de retiro durante 8,49 años.
Cotizar por bases medianas, que es lo más común, como hace el Ciudadano E, no mejora mucho las cosas respecto a su relación financiera con el sistema aunque se haya aportado durante 30 años: el déficit personal sería de 242.000 euros, la mitad de la prestación, y solo cubriría 9,83 años. Si se cotizan 36 años por la base mínima, como hace el Ciudadano F, donde se refugian autónomos y trabajadores manuales, el déficit es también de la mitad de la prestación cobrada, justo para 10,1 años.
Pero la Seguridad Social no son cuentas personales. Es un mecanismo de reparto que no es otra cosa que un sistema piramidal de adscripción obligatoria en el que con las aportaciones de los entrantes se les abona la pensión a los salientes, y siempre se necesitará una masa suficientemente elevada de ahorradores (cotizantes) para poder devolver lo ahorrado a los pensionistas. 
Con los actuales volúmenes de aportación y de pensión individual, siempre serán necesarios cerca de tres afiliados por cada prestación, al menos mientras el retorno de la primera pensión sea tan elevado como es (casi el 80% del último sueldo, el más generoso de Europa); ahora únicamente hay dos personas pagando por cada una cobrando, pero con grave desequilibrio para el mecanismo, que se agravará si no se modifican las cuantías a aportar (al alza) y las cuantías a cobrar (a la baja).
En marzo pasado cotizaban en su condición de ocupados 18,5 millones de personas (también lo hacen los desempleados con seguro contributivo, pero lo hacen de forma transitoria hasta que agoten la prestación), para sostener a 9,58 millones de pensiones públicas. Una ratio de dependencia de 1,93 cotizantes por pensionista. 
Y una vez más, solo Canarias (2,51), Baleares (2,38), Madrid (2,71), Murcia (2,31) y Navarra (2,05), junto con Ceuta y Melilla, superan el listón de lo aceptable. Cantabria (1,51), Asturias (1,18), Castilla y León (1,46) y Galicia (1,29) están en situación cuasi dramática, acuciadas por una despoblación y una desocupación crecientes.
Estas ratios tan desiguales tienen también bastante que ver con la movilidad demográfica tras el retiro, de tal forma que las regiones que concentran mayores niveles de empleo lo pierden en favor de las de mayor arraigo rural para acoger a los pasivos, un fenómeno que se manifiesta de forma intensa en Castilla, Extremadura y Galicia. En algunas provincias la ratio de dependencia es inferior a uno, con menos de un cotizante por cada pensionsta: Zamora, León, Orense, Soria, etc.
Este déficit territorial que empaña a casi todas las comunidades es el que convierte a la caja única de la Seguridad Social en sagrada, para atender las deficiencias allí donde se producen, ya sea de forma puntual (acogida de pasivos) o endémica (falta estructural de activos).

España en su burbuja / Sandra León *

Debatimos estos días sobre la burbuja especulativa que está disparando el alquiler de vivienda en algunas ciudades. Pero hay burbujas de otro tipo y más preocupantes. Me refiero a la forma en que conviven distintos grupos en el ámbito político, mediático y socioeconómico de este país. Comunidades herméticas replegadas en su burbuja que, en conjunto, conforman un mapa social lleno de fracturas.

La burbuja política es el efecto de un debate dominado por el relato partidista y tribal, asentado sobre la identidad de grupo —ya sea el partido, la nación o la patria— y su sesgo característico: aplaude al tuyo y culpa al otro. Son relatos impenetrables a la razón. Argumentarios impermeables ante el fracaso o la mentira.

La segunda es la burbuja de las redes sociales, el eco mediático de ese relato político. Cuando consumimos información no somos neutrales. Lo hacemos con lentes ideológicas, incorporando la evidencia que confirma nuestra visión del mundo. Por eso las redes sociales son una cámara de resonancia ideal para reafirmar los sesgos de cada uno.

La tercera es la burbuja socioeconómica. La que encapsula a los ciudadanos en realidades desiguales en la salida de la crisis. Una es la de quienes cuentan con más ingresos y formación, ahorran, creen en el esfuerzo personal y la meritocracia y se mueven en un entorno que apenas conoce el paro. Muy diferente a la de quienes llegan justos o no llegan a fin de mes, están menos formados, tienen más probabilidad de convertirse en precariado, viven en un entorno más castigado laboralmente y creen en mayor medida que el éxito depende de los contactos y la familia.

Esos dos grupos se han distanciado en el último año: los primeros llegan un poco mejor a fin de mes y los segundos un poco peor, según el CIS. Nada augura el cierre de esa brecha. Sobre todo si la inversión en educación sigue aupando a la escuela concertada frente a la pública, cristalizando el impacto de la clase social en el éxito educativo.

España es una sociedad encapsulada en sus fracturas, alimentadas por la polarización política y la desigualdad social.
 
 
(*) Politóloga
 
 
 
 

lunes, 23 de abril de 2018

Soterrar en Almería costará unos 200 millones y obligará a ampliar la intermodal hacia el mar

ALMERÍA.- Aún no hay fecha para la cita -el ministro la anunció para finales de este mes, aunque el propio alcalde admitió que podría ser a primeros del mes que viene-. Pero la propuesta pactada entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Almería ya está lista para que la Junta de Andalucía le dé el visto bueno y la sociedad Almería Alta Velocidad la apruebe, según publica hoy Ideal

Este plan -el tercero desde que comenzara a hablarse del soterramiento hace más de tres décadas- supondrá ocultar bajo el suelo 1.750 metros de vías férreas, entre el paso a nivel de El Puche y el cruce de las vías con la avenida del Mediterráneo. Pero la obra se extenderá mucho más allá: entre el río Andarax y los actuales terrenos ferroviarios junto a las estaciones Intermodal y de Renfe (en desuso). 
En total, «unos 200 millones de euros», revelaron fuentes cercanas al proyecto, de los que más de la mitad -unos 120- se irían en la construcción del túnel de cuya primera fase, la supresión del paso a nivel de El Puche, se iniciarán las obras de forma inminente, a principios de este verano.
El nuevo plan surge del Estudio Funcional para la Optimización de los proyectos de Alta Velocidad Murcia-Almería. Un documento encargado por la exministra Ana Pastor que Ineco -la consultora pública del Estado- terminó de redactar en otoño de 2016 y al que ha tenido acceso Ideal
En él se propone reducir la longitud del soterramiento cuyo estudio informativo fue aprobado bajo gobierno socialista, el que preveía incluso la estación bajo la rasante. Y con ello, dejando en túnel sólo el tramo entre El Puche y el cruce con la avenida del Mediterráneo -1.750 metros aproximadamente- se permite «un ahorro sustancial sobre el coste global de la actuación sin perjudicar a la permeabilidad urbana en el corredor ferroviario», advierten los técnicos especialistas en ferrocarriles del gabinete de Ineco.
«El resultado del estudio es la presentación de una nueva propuesta funcional y de trazado para la integración del corredor Murcia-Almería en la ciudad de Almería, que podrá servir de base para la redacción del correspondiente Proyecto Básico y de Construcción», advierten en el texto del documento. Así ha sido, pero con algunos cambios. 
Fuentes cercanas a la sociedad Almería Alta Velocidad advierten que este plan de base ha sido renegociado durante meses entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Almería. Y de esta negociación ha salido un plan «más ambicioso». 
Por ejemplo, si bien en el Estudio Funcional no se prevén cambios sustanciales en la estación -de hecho, llega incluso a proponer que la antigua terminal, ahora en rehabilitación para su cesión al Ayuntamiento de Almería, vuelva a ser la principal para los servicios ferroviarios- en el proyecto final sí que los hay.
Por ejemplo, relatan las mismas fuentes, la antigua estación de Renfe quedará exenta y sin uso ferroviario, sólo para su utilización por parte del Ayuntamiento de Almería una vez que éste defina cuál va a ser el proyecto de «uso ciudadano», repiten constantemente los munícipes del equipo de gobierno local, por el que se acaba optando. Y debido a ello, se posibilitará la apertura de la calle de La Marina hacia la glorieta de Manuel Fraga mediante un vial que dará al frontal de la nueva estación: una ampliación hacia el sur de la Intermodal.
Por su parte, los talleres de Renfe se trasladarán a terrenos ferroviarios situados tras el polígono industrial Sector 20, espacio en el que también se habilitará una playa de vías para la conformación de trenes de mercancías de hasta 750 metros en apoyo a la futura área logística ferroviaria del Puerto de Almería y del puerto seco de Níjar.
Entre medio, en la trama urbana, desde el paso a nivel de El Puche y hasta el cruce con la avenida del Mediterráneo, las vías irán embutidas en un túnel de 1.750 metros de longitud que permitirá derruir los pasos elevados de carretera de Níjar, de la autovía del Aeropuerto y de la avenida del Mediterráneo, así como suprimir el paso inferior existente en la actualidad entre la carrera del Doctoral y el camino de La Goleta para sustituirlos por calles al uso, en superficie. 
«A partir del cruce con la avenida del Mediterráneo se implanta una rampa para desarrollar con posterioridad la playa de vías de la Estación de Almería en superficie», relata el documento que ha servido de base para el proyecto. Dicha playa de vías desembocará en dos andenes de más de 400 metros de longitud que permitirán el acceso de los viajeros a los trenes estacionados en cuatro vías de ancho internacional que se utilizarán para los trenes de pasajeros con destino a Madrid y Barcelona. 
Habitualmente estos trenes tienen una longitud de 200 metros, pero en fechas de máxima ocupación podrían establecerse servicios en doble composición (esto es, dos trenes juntos, con el doble de plazas). Además, habrá otro andén más corto para las dos vías que se usarían para los servicios de Media Distancia con Granada, Sevilla y el resto de Andalucía.
El proyecto prevé que a la altura de la avenida del Mediterráneo continúe un ramal soterrado bajo la carretera de Sierra Alhamilla. Dicho ramal discurriría bajo tierra hasta el interior de los terrenos portuarios -y tal y como anunció el ministro Íñigo de la Serna, responsable de Fomento, continuaría así, embutido bajo el suelo hasta la fuente de Los Peces, donde saldría a la superficie-. 
Este proyecto sería una fase posterior en la que no se abunda, ni en el Estudio Funcional -el borrador inicial- ni en el plan que en pocos días se someterá a decisión de la sociedad Almería Alta Velocidad.
El Ayuntamiento, sin embargo, mantiene como aspiración una última fase para soterrar también la playa de vías y la propia terminal. Sería algo que se ejecutara, según sus deseos, en el largo plazo y que, sin embargo, volvería a situar la inversión total en el entorno de los 280 millones de euros, mucho más de lo que, por el momento, cuenta con el beneplácito del Ministerio de Fomento.

Andalucía recupera 3 millones de ocupados tras diez años pero con el doble de parados

SEVILLA.- Andalucía avanza lentamente en la recuperación del golpe que la crisis asestó al mercado laboral regional. La comunidad superará este año, según las ya tradicionales previsiones de primavera de Analistas Económicos de Andalucía (Fundación Unicaja), la cota de los 3 millones de ocupados (3,02 millones exactamente). Una cifra a la que llegó por primera vez en su historia en 2006, y que perdió en 2008 con el estallido de la crisis financiera, según recoge El Confidencial.

Este listón psicológico se rebasará, sin embargo, en una situación muy diferente a la de hace ahora una década. Fundamentalmente porque la población activa a inicios de 2008 era de 3,7 millones en Andalucía, frente a 3,2 millones de personas con trabajo. Eso dejaba en torno a medio millón de parados y una tasa del 14% al arrancar ese año. Justamente 2007 fue el ejercicio en el que el desempleo llegó a su suelo en Andalucía, con un 11,9% en el segundo trimestre de ese año. 
Frente a ello, 2017 se cerró con una tasa del 25,5%, que surge de restar a los activos (3,95 millones de personas) el número de ocupados (2,94 millones): un millón de parados, el doble que hace una década.
Ese cerca del millón de personas sin empleo, desocupados, es la gran losa laboral que Andalucía aún carga sobre sus espaldas tras la crisis. Por eso, según las estimaciones de los expertos de la Fundación Unicaja, para este año 2018 el desempleo promedio estará en el 23,7% (casi diez puntos más que el 14% con el que se inició 2008). Los ocupados crecerán un 2,5%, hasta los citados 3,02 millones, mientras que la población activa se mantendrá estancada en 3,95 millones de personas.
Es decir, la comunidad necesita generar mucho más empleo que el que está creándose, y más rápido, para ocupar a esas 936.000 personas sin empleo (que seguirán siendo casi el doble que los 500.000 parados de inicios de 2008). Y tratar de reducir con ello la tasa de paro a niveles más parecidos a los del promedio europeo (7,3% en la UE y 8,7% en la zona euro). 
Andalucía, no obstante, creó más empleo proporcionalmente que la media nacional en 2017 (4,1% más frente a 2,6% más) y este año volverá a ocurrir lo mismo según las estimaciones de Analistas Económicos (alza porcentual del 2,5 y del 2,3, respectivamente).
Entrando en el detalle, el informe Previsiones Económicas de Andalucía estima que esa menor creación de empleo se registrará en todos los sectores productivos "excepto en construcción, donde se prevé un incremento en el número de ocupados del 3,2% frente al 1,4% observado en 2017". 
Y añade: "Es en el sector servicios donde se producirá un mayor aumento [de ocupados] en término absolutos, dado que este sector concentra en torno al 77% del total de ocupados de Andalucía".
Con respecto a la evolución del PIB, este crecerá un 2,7%, la tasa más baja de los últimos cuatro años y tres décimas menos que el 3% con el que cerró 2017. La demanda de los hogares y la inversión se mantendrán fuertes y compensarán en parte el descenso en el gasto de las administraciones públicas. 
Por el lado de la oferta, el sector servicios es quien sustenta el alza del indicador, ya que crecerá más que en 2017 y paliará así los comportamientos más modestos de industria, construcción y agricultura (que se recupera tras el bajón del año pasado).

Previsiones meteorológicas para la provincia de Almería hasta el 28 de abril

ALMERÍA.- Semana de inestabilidad meteorológica en la provincia de Almería con bajada de temperaturas y lluvia a partir del miércoles que podrían limpiar la atmósfera del polvo rojo en suspensión que nos ha traído el viento de levante.

La calima y el viento de levante que nos ha acompañado este pasado fin de semana continuaron este lunes en la provincia de Almería, en donde la Agencia Estatal de Meteorología tiene activado el aviso amarillo, hasta las 00.00 del martes, por fenómenos costeros en la capital por olas de tres metros y un viento de fuerza 7 en el litoral.
A partir del martes, el viento irá perdiendo fuerza y comenzarán a bajar las temperaturas en toda la provincia hasta el miércoles que descenderán los termómetros hasta 8 grados.  Para mitad de semana se espera que pasemos de los casi 30 grados de este fin de semana a los 21 de máxima en la capital y 15 en Los Vélez y zona norte de la provincia. 
Las mínimas rondarán los 10, 12 grados en el interior y 15 grados en la costa.  En el Levante, Los Vélez y Valle del Almanzora se espera lluvia a partir del miércoles y permanecer hasta final de semana.
En el resto de la provincia también se esperan precipitaciones lluviosas a partir del miércoles pero de menor intensidad que en el Levante.

El Gobierno central envió requerimientos a 660 ayuntamientos españoles por incumplir sus planes de ajuste

MADRID.- Un total de 660 ayuntamientos españoles recibieron requerimientos del Gobierno central por incumplir sus planes de ajuste durante el ejercicio 2016, el último liquidado a falta del cierre. El dato sitúa Murcia, Andalucía, Madrid y Canarias, como las autonomías que cuentan con una mayor porcentaje de municipios incumplidores.

Los planes de ajuste deben presentarlos las entidades locales que soliciten al Estado el acceso a medidas extraordinarias o mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez dentro del sistema de financiación autonómica, y deben ser consecuentes con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.
Estos datos se han conocido a raíz de una respuesta escrita del Ejecutivo nacional al diputado socialista Miguel Ángel Heredia. A lo largo del país, hay 660 ayuntamientos que recibieron requerimientos del Gobierno por incumplir sus planes de ajuste en el ejercicio 2016. 
La mayoría de administraciones locales pertenecen a Andalucía (201), Comunidad Valenciana (88) y Cataluña (82). Ante estos datos, el socialista Heredia reprocha al Gobierno que «utilice medidas coercitivas, enviando requerimientos a los ayuntamientos, en lugar de buscar soluciones financieras que puedan paliar la situación de los entes locales».
El menor número de ayuntamientos incumplidores son, en general, los de autonomías uniprovinciales como La Rioja, con 3; o Asturias con 5. Solo las provincias de Burgos y Palencia tienen cifras más reducidas, de solo uno en cada caso. 
Para Heredia, las entidades locales tienen que pagar unos «intereses desorbitados» si se acogen al programa del Gobierno para el pago a proveedores, lo que les supone «un serio problema».
En este sentido, el diputado considera que la gestión que realiza el Ejecutivo es «nefasta» porque se resiste a considerar a los ayuntamientos «como adultos» para que puedan invertir el superávit en generar empleo, a través de inversiones que «son mayores de edad» para decidir.

Los extranjeros compraron el 13,1% de las viviendas vendidas en España en 2017

MADRID.- Los extranjeros compraron el año pasado el 13,1% de las viviendas que se vendieron en el conjunto de España, según el Anuario Inmobiliario del Colegio de Registradores correspondiente al pasado ejercicio.

Las comunidades autónomas con mayor peso de compra por parte de extranjeros, que coinciden con las de mayor actividad turística, fueron Canarias, con un 31,4%, seguidas de Baleares (31,3%); Comunidad Valenciana (26%); Murcia (18,8%); Andalucía (13,8%) y Cataluña (12,9%).
En términos absolutos, dado el crecimiento del volumen de operaciones, los extranjeros superaron las 61.000 compras de vivienda en el último año en el conjunto de España, frente a las poco más de 53.000 de 2016.
Casi el 7% de las hipotecas sobre vivienda suscritas en España en 2017 fueron firmadas por extranjeros, más de 21.000 préstamos, según el Colegio de Registradores.
La hipoteca media solicitada por este segmento de la población fue de 128.452 euros, una cantidad que superó en un 1,5% a la del año anterior y que se situó por encima de los 117.243 euros que pidieron de media los españoles para este mismo fin.
Las comunidades autónomas con más hipotecas firmadas por foráneos fueron Cataluña (con el 20,2% del total); Comunidad Valenciana (19,2%); Andalucía (17,4%) y Comunidad de Madrid (14,4%).
En cuanto al importe medio de estos préstamos, los más elevados se solicitaron en Baleares, con 244.148 euros, Comunidad de Madrid (155.070 euros); Cataluña (143.143 euros) y Andalucía (141.699 euros).
Por países de procedencia, los rumanos fueron los que más porcentaje de hipotecas sobre vivienda contrataron en relación con el total de las formalizadas por extranjeros, con un 11,6%; seguidos por los británicos (9,3%); chinos (8,4%); italianos (5,8%); franceses (4,6%); marroquíes (4,2%) y alemanes (4%).
Por lo que respecta a los importes medios, los alemanes solicitaron las cantidades más elevadas, con 234.102 euros, seguidos de los noruegos (217.981 euros); daneses (192.990 euros), holandeses (181.429 euros); suecos (171.394 euros), británicos (166.968 euros) y franceses (153.987 euros).

Presupuestos 2018: cómo afectarán a la pensión

MADRID.- Las pensiones de los trabajadores autónomos son, en líneas generales, la más reducidas del grueso de los pensionistas.  De hecho, la pensión media del autónomo alcanza los 646,30 euros mensuales según establece la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA) y 720,09 euros conforme a lo aportado por el Ministerio de Empleo, una cifra limitada, según recoge infoautonomos.eleconomista.es.

Estas cifras son motivo de reivindicaciones por parte del colectivo y tienen que ver con el incremento de la pensiones contemplado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 aún a falta de aprobación y puesta en marcha.
¿A cuánto asciende ese incremento en la pensión del autónomo?
Desde la asesoría online de Infoautónomos analizamos la subida y las razones por las que las prestaciones por jubilación de los autónomos son tan estrechas.
El pasado verano nos hacíamos eco de que las intenciones del Gobierno pasaban por un incremento anual en las pensiones del 0,25%, el mínimo establecido por ley. Esta subida básica se mantendría hasta el año 2022 pero las peticiones populares ha obligado al ejecutivo a dar un giro de tuerca en las Cuentas Públicas de 2018 y finalmente el incremento será mayor de lo esperado.
La partida presupuestaria para estas prestaciones sociales alcanza 127.110 millones, un 3,5%  más que en 2017, periodo en que el aumento de las pensiones fue de apenas 0,25%.
El porcentaje de incremento de las pensiones en 2018 queda establecido de la siguiente forma:
  • 3% de incremento en las pensiones mínimas y no contributivas
  • 2% para las pensiones de viudedad
  • 1.5% para pensiones por debajo de 700 euros mensuales
  • 1% para pensiones entre 700 y 800 euros mensuales
Como ya hemos indicado, la pensión media del autónomo no alcanza los 700 euros, por tanto, según lo indicado con anterioridad,  el incremento estimado para estas pensiones es del 1,5% . Este aumento revalorizará diez euros mensuales la cuantía de la pensión.
Sin embargo, la subida se queda corta; una gran parte de los autónomos seguirán cobrando una pensión tan estrecha que no alcanza los 735 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Si tomamos como referencia la aportación de UPTA,  la pensión media del autónomo pasará de los 646,30 euros actuales a 655,99 euros.
El menor de los incrementos previstos, el del 1% se aplicará sobre las pensiones entre 700 y 800 euros.
La pensión media del autónomo varía entre los 640 y 720 euros en función de la fuente de información y el periodo establecido.
Sin embargo, en lo que no hay variación es en la brecha existente entre la pensión del autónomo y el asalariado que llega a ser de 500 euros.  Esta diferencia abismal es uno de los principales motivos por lo que el trabajador por cuenta propia continúa cotizando tras alcanzar la edad de jubilación en lo que se conoce como jubilación activa.
La falta de un sistema de cotización ajustado a los ingresos reales da lugar a que el 80% de los autónomos esté cotizando, hoy por hoy, por la base mínima lo que redunda en unas coberturas sociales muy limitadas, especialmente la pensión del autónomo que es irriosoria si  el trabajador siempre ha cotizado por la base mínima.
Desde Infoautónomos recomendamos optar por cotizaciones superiores a la mínima cuando los resultados de la actividad económica lo permitan y muy fundamentalmente conforme el autónomo se aproxime a la edad de jubilación.

Rota será un cuartel estratégico de la UE tras el ‘Brexit’

MADRID.- Rota ya es la mayor base de la Armada española y, probablemente, de la US Navy en el sur de Europa. Tras el Brexit, en marzo próximo, se convertirá también en uno de los cinco cuarteles generales estratégicos (OHQ) de la UE, en sustitución de Northwood (Reino Unido), lo que supondrá una inversión de 1,5 millones y la incorporación de unos 50 militares europeos. Rota aspira también a relevar a Northwood al mando de operación Atalanta de lucha contra la piratería, según revela hoy El País.

El ejercicio Milex 18, que se desarrolla desde el pasado 13 abril hasta el próximo miércoles, servirá para certificar a Rota como cuartel general operacional de la UE, listo en todo momento para ejercer el mando de cualquier misión u operación en el marco de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD).
Nadie duda de que Rota superará con creces el examen ya que la base naval, que alberga cuatro destructores lanzamisiles estadounidenses y el cuartel general de la Flota española, está preparada para misiones más exigentes que las “no ejecutivas” a las que se limita la UE. Coincidiendo con este ejercicio, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, junto a una amplia delegación de diplomáticos y representantes militares de la UE y la OTAN visitará este lunes la base.
Con su designación, Rota se sumará a otros cuatro cuarteles generales que ya tiene la UE: París (Francia), Postdam (Alemania), Larissa (Grecia) y Roma (Italia). Y sustituirá a Northwood, cuando Reino Unido salga de la Unión. Estos cuarteles están a mitad de camino entre el Estado Mayor de la UE, en Bruselas, y al mando de la fuerza en el teatro de operaciones.
Defensa estima en 1,5 millones la inversión necesaria para acomodar el nuevo cuartel general, en el que trabajarán 95 militares, la mitad españoles y el resto de los 26 países socios. Gran parte del coste lo pagará la UE, según las fuentes consultadas.
Pero España no quiere que Rota sea un cuartel general solo sobre el papel o inactivo y pretende que herede de Northwood el mando de la Operación Atalanta de lucha contra la piratería, que desde 2009 desarrolla la UE en el Cuerno de África.
Esta aspiración tropieza, sin embargo, con la competencia de Italia, que quiere llevarse el mando de Atalanta a Roma, desde donde se dirige la Operación Sophia de lucha contra el tráfico de inmigrantes en el Mediterráneo central. El argumento italiano es que agrupar las dos misiones en un mismo cuartel general facilita las sinergias y ahorra costes. Justo lo contrario de lo que argumentó en su momento para oponerse a que Sophia se dirigiera desde Northwood.
Consciente de que la batalla no está ganada, España se ha buscado un poderoso aliado. Según adelantó Abc, Cospedal y su homóloga francesa, Florence Parly, remitieron el pasado 28 de marzo a la Alta Representante de la UE, Federica Mogherini, una carta en la que presentaban la candidatura conjunta de Rota, que asumiría el mando de la EUNavfor Somalia, y la base francesa de Brest, que se haría cargo del Centro de Seguridad Marítima del Centro de África (MSCHOA). Este centro, también ubicado en Northwood, vigila permanentemente el tráfico marítimo desde el golfo de Adén hacia el mar Rojo.
España considera que tiene argumentos sobrados para reclamar el mando de la Operación Atalanta. No solo fue uno de los más firmes impulsores de su puesta en marcha, sino que ha sido el único país que ha mantenido una presencia permanente en el teatro de operaciones, con la participación de 37 buques de la Armada y 31 destacamentos del Ejército del Aire durante la última décda. Actualmente, España aporta el buque de aprovisionamiento Patiño y un avión de patrulla marítima P3 Orion desplegado en Yibuti.
Más allá de la Operación Atalanta, España es el único país que ha participado en todas las operaciones de la UE y en este momento es su mayor contribuyente: un 30% de todos los efectivos de las misiones militares europeas son españoles.
La base de Rota tiene, además, acreditada su “eficacía, experiencia, accesibilidad, seguridad y garantía de disponibilidad”, en palabras del jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Fernando Alejandre.
Los expertos coinciden en que el traslado a Rota del mando de la operación Atalanta sería lo más lógico desde el punto de vista militar y lo más justo desde el punto de vista político. Pero el Ministerio de Defensa no se fía y por eso ha buscado la complicidad de Francia y el apoyo de Alemania. La última palabra la dirá, previsiblamente en mayo, la italiana Mogherini.